Red de radios

4.9.2018

Lxs vecinxs del barrio Padre Carlos Múgica (Villa 31 y 31 Bis) realizaron un gran corte en la Av. Libertador cerca de las 19 horas del día de ayer (lunes 3 de septiembre), en repudio al dictamen de ley propuesto por la Secretaría de Integración Social y Urbana (organismo encargado de re-urbanizar la villa 31 y 31 Bis) que pretende re-urbanizar el barrio sin contemplar la voz y participación sus propios habitantes. Al hacer esta medida un fuerte cordón de policía lxs rodeo empujandolxs y tirándoles gas pimienta en lo que fue una represión que pudo ser resistida por vecinxs que se mantuvieron firmes en el corte. En este corte es importante mencionar que también había varias familias con niñxs, siendo una manifestación en la que lo único que estaban haciendo lxs vecinxs es defender sus derechos a una vivienda y reurbanización digna que tome en cuenta sus opiniones y decisiones.

Por otra parte respecto al dictamen y el rol de la Secretaría de Integración Social y Urbanza, lxs vecinxs además cuestionan la falta de control de las obras, y piden que no haya desalojos tal como está planteado en la ley que ellxs mismxs habían armado, la Ley 3343, y que el gobierno incumplió tras un protocolo que permite realizar este tipo de acción sin el consenso de lxs vecinxs tal como ya lo habían hecho a fines de febrero con una familia que fue intimidada y desalojada con represión por no querer aceptar las condiciones de las nuevas viviendas que se siguen construyendo en el sector de Cristo Obrero.

COMUNICADO DEL FOL: REPUDIAMOS LA REPRESIÓN A VECINAS Y VECINOS DE LA VILLA 31 Y 31 BIS

Hoy, lunes 3 de Septiembre, cientos de familias fueron reprimidas por efectivos de infantería de la Policía de la Ciudad, mientras realizaban una protesta pacífica expresándose contra el dictamen que la Secretaría de Integración Social y Urbana (a cargo de Diego Fernández) pretende aprobar sin aprobación popular.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), como vecinas/os e integrantes de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa, nos solidarizamos con todas/os nuestras/os compañeros/as que hoy han sufrido el ataque de las fuerzas represivas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Nos oponemos al dictamen porque pretende llevar adelante una urbanización de reglas poco claras y sin consenso. Ya en agosto logramos frenarlo con lucha y organización, y nuevamente Larreta y Fernández arremeten contra la voluntad popular.

Dicho dictamen no especifica cuestiones clave como el valor de la tierra, qué pasa con aquellas ampliaciones que con mucho esfuerzo y recursos propios pudimos realizar.

Lo que sí ha explicitado es que las organizaciones sociales, comedores, centros culturales, etc debemos pagar un derecho de uso sobre nuestros espacios, aún así hayan sido adquiridos años atrás. Además de hacer el trabajo que un estado privatizador y despiadado no hace, tenemos que tributarle.

Cabe destacar que el gobierno insiste en aprobar un protocolo que les autorice los desalojos forzosos para aquellos vecinos que no acepten voluntariamente las relocalizaciones.

¿Será por el valor de nuestras tierras que el gobierno está tan apurado en avanzar a toda costa con una “urbanización” a su medida? ¿Para quién trabaja? ¿Qué intereses persigue? Parece que intereses muy alejado de las necesidades populares.

Nuestros barrios son parte del rompecabezas de un modelo de ciudad para unos pocos, para los ahora poderosos. Así lo demuestra también el código urbanístico que el PRO y sus aliados quieren aprobar este jueves en la Legislatura Porteña. Sin ningún reaseguro del derecho a la vivienda digna, frente a la voracidad del mercado inmobiliario.

Sin embargo, ya les demostramos y les vamos a seguir demostrando, que con la lucha, la organización y la unidad, logramos nuestro objetivo, que no es otro que vivir dignamente.

¡ No a la represión !

¡ Abajo el dictamen de la Secretaría de Fernández !

Por un proceso de reurbanización real y participativo

FOL Frente de Organizaciones en Lucha

4.9.2018

Primero nos sacan el trabajo, y como nos organizamos para poder trabajar, nos reprimen. ¡Basta de perseguir y criminalizar a los laburantes, Larreta!

“La Policía reprimió a nuestros compañeros de la Cooperativa de recuperadores urbanos El Ceibo, cuando se estaban manifestando frente a la Comisaria 25 por la detención ilegal a dos integrantes de su organización.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue el camino que le pide el presidente Macri, ajustando y reprimiendo a los que menos tienen.
¡Basta de represión y la criminalización de la protesta!
¡Nos tocan a uno, nos tocan a todos!”

3.9.2018

Por Nicolás Romero

La fundación Soberanía Sanitaria alertó en un informe sobre la mortalidad que genera la exposición al asbesto, material que se encuentra en los vagones de los trenes adquiridos por el gobierno porteño. El asbesto se volvió un problema visible cuando fue detectado en vagones comprados por Macri al metro de Madrid.

Mientras continúa por vía judicial el conflicto en torno a la presencia de asbesto en los subtes porteños, un material cancerígeno cuyo uso está prohibido en el país desde 2001, y del que ni el gobierno porteño ni Metrovías se hacen cargo, la fundación Soberanía Sanitaria alertó, a través de un informe, que la mortalidad por exposición a esta fibra mineral viene aumentando desde hace al menos 36 años, que es el tiempo promedio de latencia entre la exposición a la sustancia y el desarrollo de la enfermedad, convirtiéndola en un relevante problema de salud pública. El sanitarista y presidente de la fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, explicó que “el problema del asbesto, a diferencia de otros cancerígenos como el cigarrillo, que si se deja de fumar, con los años, las posibilidades de contraer una enfermedad disminuyen o se igualan a las del no fumador, el asbesto que se introduce en las vías respiratorias nunca se metaboliza y siempre es cancerígeno”, y remarcó que el Gobierno de la Ciudad “debería motorizar la investigación en los vagones de subte y no acallar la situación como lo está haciendo”.

El informe de la fundación detalla que según un estudio reciente, entre 1980 y 2013, se identificaron 3.259 defunciones por mesotelioma en el país. En 1980 se identificaron 64 defunciones, número que se triplicó llegando a 177 en 2013. La mortalidad entre los hombres pasó de 4,1 por cada millón de habitantes en 1980 a 7,5 en 2013; y entre las mujeres, de 2,5 a 3,9 en el mismo período. La diferencia parece resultar de la mayor prevalencia de exposición ocupacional al asbesto entre los hombres, que en mayor proporción estuvieron expuestos muchos años antes de ocurrida la defunción.

Kreplak explicó a este diario que “al tener un tiempo de latencia muy largo el desarrollo de las enfermedades se hace difícil el diagnóstico, por eso se utiliza como indicador la mortalidad por mesotelioma”. El largo período de incubación también explica el aumento de las estadísticas actuales, “las muertes van aumentando porque son acumuladas. Lo que vemos son el resultado de los años de exposición a la sustancia, que aparece 30 años después”, señaló el sanitarista.

El asbesto se volvió un problema visible cuando a principio de año se detectó el material en los vagones CAF 5000, que circularon entre el año  2013 y parte del 2017, que había comprado Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer de trabajadores expuestos a la sustancia.

En julio pasado, el asbesto volvió al centro de la escena local cuando un estudio reveló que otras formaciones también tenían piezas con asbesto. El titular de Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, en diálogo con PáginaI12 resumió la situación actual: “tenemos certeza de que hay asbesto en los CAF 5000, la chatarra cancerígena que compró Macri, quien tenía que saber porque los manuales dicen que tienen asbesto. De los 36 que había, diez están fuera de servicio en el taller Rancagua de la B, el resto los destruyeron”. “Además, mandamos a hacer un estudio unilateral a la Universidad del Sur y se detectó asbesto en los coches Nagoya de la Línea C, en las General Electric de la E y en las Mitsubishi de la B y D”.

Un mes después, los metrodelegados denunciaron que Metrovías y Sbase querían destruir las pruebas del amianto en los trenes, y se opusieron a un operativo que intentó sacar con destino incierto los vagones del taller.

Pianelli afirmó que “lo primero que tienen que hacer es reconocer que tienen asbesto; segundo, los trabajadores tienen que tener un examen anual de salud riguroso por parte de la ART para saber si algún trabajador tiene asbestosis y, en tercer lugar, hay que desamiantar”, y remarcó que “Madrid lo está haciendo, Chile también. Va a llevar varios años reemplazar todo, pero es necesario una política seria para eso. Algo difícil si la comisión que se acordó con el Gobierno de la Ciudad, Metrovías, Sbase y el Sindicato de Supervisores está paralizada. La causa está judicializada”, explicó, cautelar de por medio para que no desaparezcan los trenes con amianto y se los pueda analizar.

En tanto Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, remarcó que “muchas veces se consideran estas enfermedades como propias del trabajo y pasan desapercibidas. Pero los trabajos son peligros para la salud cuando  se hace lo que no corresponde, como comprar trenes con asbesto cuando está prohibido”, remarcó que “es necesario desasbestizar, dar protección adecuada a los trabajadores expuestos”, y sostuvo que “la idea es poder hacer un rastreo de instituciones públicas como se hizo en España, un  catastro para sabe dónde está el asbesto”.

30.8.2018

Quince familias estamos hace un mes sin solución habitacional luego de un incendio en su casa, mientras otras 25 tenemos ordenado un desalojo para el próximo 6/9. El sábado 1/9 desde las 12:30 realizaremos en Gallo y Corrientes una olla popular y jornada cultural.

El 28 de Julio un incendio dejó heridas y heridos, y hogares destruidos en un complejo de viviendas de la esquina de Gallo y Av. Corrientes. Quince familias quedamos en la calle, y hasta el día de hoy luchamos por el derecho a una vivienda digna. Además, otras 25 familias enfrentamos un inminente desalojo sin saber a dónde podremos ir después. Cabe destacar que en todo el grupo afectado hay muchos/as niños/as, ancianos/as y personas con capacidades diferentes.

Tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y Desarrollo Social, como el Gobierno Nacional a través de la Secretaria de niñez, adolescencia y familia (Senaf), sólo miran para otro lado ante nuestro legítimo reclamo por que se cumpla el derecho a una vivienda digna.

Pareciera ser que el PRO y sus aliados se interesan más en favorecer la especulación inmobiliaria y la expulsión de los sectores populares de la Ciudad, que de garantizar derechos. Los incendios y desalojos son cada vez más comunes en el barrio del Abasto, y ya cada vez nos hace acordar más a los incendios y expulsiones de conventillos en la Boca, con quien además compartimos una fuerte presión por el negocio del turismo. Irónicamente, mientras nosotras y nosotros estamos en la calle, tenemos alrededor decenas de casas vacías, esperando el mejor momento para ser convertidas en edificios.

Como si esto fuera poco, la “justicia”, que parece siempre hacer prevalecer el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda, desconoce que hace 33 años que habitamos ahí de manera completamente pacífica. La Jueza María Victoria Pereira, del Juzgado Civil Nº 39, dictaminó que el 28/8 comienza a correr una orden de desalojo contra quienes aún estamos en el inmueble, dejándonos en riesgo de desalojo concreto a partir del 6/9. Sumado a esto, no se nos permite a quienes hemos sido expulsadas/os de hecho por el incendio, entrar para recuperar nuestras pertenencias (incluyendo documentos necesarios para tramitar ayudas).

Retomando las experiencias de lucha y organización por el derecho a una vivienda digna que se han dado en el barrio, como en Pasaje Zelaya o Carlos Gardel, nos mantendremos unidas y unidos hasta que cada una de nosotras y nosotros haya obtenido la solución que le corresponde, sin permitir desalojos que dejen niñas, niños, ancianos/as, discapacitadas/os, familias enteras en la calle.

Las familias afectadas por este incidente totalmente evitable, que sólo muestra la ausencia del estado en lo que a políticas de vivienda se refiere, no nos quedaremos de brazos cruzados. Seguiremos peleando por lo que nos corresponde, y para eso necesitamos la ayuda y el aguante de vecinas, vecinos, organizaciones sociales, políticas, culturales.

Por esto, las y los invitamos a compartir una Olla Popular y Jornada Cultural, este Sábado 1° de Septiembre, en Gallo y Corrientes, a partir de las 12.30hs.

¡EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL QUE GARANTICE NUESTRO DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA! EL IVC, DESARROLLO SOCIAL Y LA SENAF DEBEN RESPONDER.

¡NO MÁS FAMILIAS EN LA CALLE!

¡NO AL DESALOJO!