Red de radios

6.9.2018

Por Ignacio Amoroso

Ignacio Amoroso es graduado y consejero del IES Nº 1 "Dra. Alicia Moreau de Justo". En esta columna responde a las declaraciones de la titular de la cartera de Educación porteña, Soledad Acuña. 

El martes 4 de septiembre, luego de una nueva y numerosa marcha, y a continuación del acto correspondiente, los estudiantes y docentes convocados de los 29 institutos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la CET (Coordinadora de estudiantes terciarios) y el CESGE (Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal), procedieron a la instalación de una carpa educativa en la puerta de la legislatura en donde se realizarán durante toda la semana diferentes actividades de visibilización del conflicto y en repudio de un nuevo proyecto inconsulto, presentado por el oficialismo, que ahora pregona la coexistencia entre los institutos y una UniCABA que, de todos modos, evaluará y determinará su suerte en el corto plazo.

Frente a estos hechos, la ministra de educación porteña Soledad Acuña afirmó ante el diario Clarín que el nuevo proyecto “es el resultado de haber discutido con especialistas, entre ellos los de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) esta propuesta que volvemos a hacer a toda la comunidad. En estos diez meses solo recibimos rechazos, ni una sola propuesta”, y agregó: “Los chicos normalmente se quejan y los adultos traemos propuestas. Hace 10 meses que sólo escucho chicos quejándose. Si no les gusta la evaluación que se propone en el proyecto, que hagan otra propuesta”.

Hacia 1999, Alejandra Brigin y Pablo Pineau, escriben un artículo donde aportan al debate sobre las transformaciones que la formación docente necesita una perspectiva interesante vinculada a las relaciones de poder y a la producción de sujetos en las instituciones formadoras**

De esta manera, dichos pedagogos sostienen que la historia de los Institutos de profesorado estuvo ligada a la forma escolar de la cultura normalista, en cuanto a la organización del espacio, el uso del tiempo, a la disciplina, a las prácticas de evaluación, etc. A diferencia de lo que fue ocurriendo en las aulas universitarias, sobre todo luego del movimiento reformista iniciado en 1918, la formación docente fue asimilando crecientemente a la cultura escolarizada cristalizando la posición de minoridad de los estudiantes ante el resto de la institución: “La continuidad de la forma escolar desconoció la adultez de los alumnos, aunque ya la hubieran adquirido en los planos jurídico y político”. La feminización de la profesión docente estimuló también esta infantilización.

La configuración histórica de nuestros profesorados ha contribuido a la construcción de un sujeto pedagógico que se sabe mayor de edad, pero se posiciona en cuanto a reglas y estructuras burocráticas cotidianas como un alumno de la escuela para la que es formado. Esta situación, que continuó con la posterior tercerización de los profesados, tiene una incidencia directa en el futuro desempeño profesional docente. Un alumno sin saberes, sin experiencias, sin autonomía, sin derechos, es probable que tienda a reproducir estas mismas prácticas y formas de vincularse con otros al momento de ser docente.

La experiencia de organización y movilización que viene atravesando a los 29 institutos de formación docente desde el anuncio en noviembre pasado de la decisión de crear una universidad para la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, tensiona su propia trayectoria histórica y la encuentra irrumpiendo el espacio público. Es que, a diferencia de lo que sucede en las universidades, los institutos formadores carecen de una fuerte tradición de participación política, aunque no así de espacios y mecanismos para que los estudiantes y docentes construyan su propia identidad con relativa autonomía.

Sin la epopeya de los claustros universitarios, y sin la masividad y repercusión que acompaña a cada lucha que allí se emprende, con numerosas asambleas, clases públicas, semaforazos, escraches, presencia y discusión en la legislatura porteña semana tras semana, y marchas nutridas como la del día de ayer, ratifican el rechazo de la comunidad educativa de los profesorados a un proyecto que viene a cuestionar su experiencia, su trayectoria como formadora de docentes y psicopedagogos, y pone en duda su continuidad en nombre de una racionalidad y de una jerarquización de la profesión que poco tiene que ver con las políticas de vaciamiento y de desprestigio de sus trabajadores que son llevadas adelante desde que los autores de este proyecto ocupan sus cargos.

La infantilización a la que recurre la ministra, al referirse al rechazo sostenido de la comunidad educativa de los 29 institutos de formación docente al proyecto de creación de la universidad docente, tiene la intención de inscribir esta lucha en el proceso de escolarización antes mencionado, minimizando sus efectos, deslegitimando sus reclamos, y acallando las voces de sus protagonistas, voces siempre dispuestas a debatir y a pensar propuestas de mejoramiento en condiciones mínimas de escucha y reconocimiento.

Con esta grave descalificación, pronunciada por la autoridad educativa máxima de la jurisdicción, lo que no repara el actual gobierno es que con esta decisión de no retroceder con una propuesta que desconoce la identidad y trayectoria de cada uno de los institutos que se propone clausurar, ha suscitado un hecho político inédito: la construcción de un movimiento estudiantil y docente en el ámbito de la formación docente, organizado frente a este conflicto, como nunca antes había ocurrido en estos establecimientos, y que es orgullo de todos los que forman parte. Jóvenes y adultos, personas autónomas que estudian y enseñan día a día en estas casas de estudio, que portan saberes, experiencias, inquietudes, que mayoritariamente trabajan, que no están dispuestos a renunciar a sus derechos ni al uso de su voz, que aman sus instituciones y que seguirán luchando con todas sus fuerzas por defenderlas. Tomen nota.

4.9.2018

Lxs vecinxs del barrio Padre Carlos Múgica (Villa 31 y 31 Bis) realizaron un gran corte en la Av. Libertador cerca de las 19 horas del día de ayer (lunes 3 de septiembre), en repudio al dictamen de ley propuesto por la Secretaría de Integración Social y Urbana (organismo encargado de re-urbanizar la villa 31 y 31 Bis) que pretende re-urbanizar el barrio sin contemplar la voz y participación sus propios habitantes. Al hacer esta medida un fuerte cordón de policía lxs rodeo empujandolxs y tirándoles gas pimienta en lo que fue una represión que pudo ser resistida por vecinxs que se mantuvieron firmes en el corte. En este corte es importante mencionar que también había varias familias con niñxs, siendo una manifestación en la que lo único que estaban haciendo lxs vecinxs es defender sus derechos a una vivienda y reurbanización digna que tome en cuenta sus opiniones y decisiones.

Por otra parte respecto al dictamen y el rol de la Secretaría de Integración Social y Urbanza, lxs vecinxs además cuestionan la falta de control de las obras, y piden que no haya desalojos tal como está planteado en la ley que ellxs mismxs habían armado, la Ley 3343, y que el gobierno incumplió tras un protocolo que permite realizar este tipo de acción sin el consenso de lxs vecinxs tal como ya lo habían hecho a fines de febrero con una familia que fue intimidada y desalojada con represión por no querer aceptar las condiciones de las nuevas viviendas que se siguen construyendo en el sector de Cristo Obrero.

COMUNICADO DEL FOL: REPUDIAMOS LA REPRESIÓN A VECINAS Y VECINOS DE LA VILLA 31 Y 31 BIS

Hoy, lunes 3 de Septiembre, cientos de familias fueron reprimidas por efectivos de infantería de la Policía de la Ciudad, mientras realizaban una protesta pacífica expresándose contra el dictamen que la Secretaría de Integración Social y Urbana (a cargo de Diego Fernández) pretende aprobar sin aprobación popular.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), como vecinas/os e integrantes de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa, nos solidarizamos con todas/os nuestras/os compañeros/as que hoy han sufrido el ataque de las fuerzas represivas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Nos oponemos al dictamen porque pretende llevar adelante una urbanización de reglas poco claras y sin consenso. Ya en agosto logramos frenarlo con lucha y organización, y nuevamente Larreta y Fernández arremeten contra la voluntad popular.

Dicho dictamen no especifica cuestiones clave como el valor de la tierra, qué pasa con aquellas ampliaciones que con mucho esfuerzo y recursos propios pudimos realizar.

Lo que sí ha explicitado es que las organizaciones sociales, comedores, centros culturales, etc debemos pagar un derecho de uso sobre nuestros espacios, aún así hayan sido adquiridos años atrás. Además de hacer el trabajo que un estado privatizador y despiadado no hace, tenemos que tributarle.

Cabe destacar que el gobierno insiste en aprobar un protocolo que les autorice los desalojos forzosos para aquellos vecinos que no acepten voluntariamente las relocalizaciones.

¿Será por el valor de nuestras tierras que el gobierno está tan apurado en avanzar a toda costa con una “urbanización” a su medida? ¿Para quién trabaja? ¿Qué intereses persigue? Parece que intereses muy alejado de las necesidades populares.

Nuestros barrios son parte del rompecabezas de un modelo de ciudad para unos pocos, para los ahora poderosos. Así lo demuestra también el código urbanístico que el PRO y sus aliados quieren aprobar este jueves en la Legislatura Porteña. Sin ningún reaseguro del derecho a la vivienda digna, frente a la voracidad del mercado inmobiliario.

Sin embargo, ya les demostramos y les vamos a seguir demostrando, que con la lucha, la organización y la unidad, logramos nuestro objetivo, que no es otro que vivir dignamente.

¡ No a la represión !

¡ Abajo el dictamen de la Secretaría de Fernández !

Por un proceso de reurbanización real y participativo

FOL Frente de Organizaciones en Lucha

4.9.2018

Primero nos sacan el trabajo, y como nos organizamos para poder trabajar, nos reprimen. ¡Basta de perseguir y criminalizar a los laburantes, Larreta!

“La Policía reprimió a nuestros compañeros de la Cooperativa de recuperadores urbanos El Ceibo, cuando se estaban manifestando frente a la Comisaria 25 por la detención ilegal a dos integrantes de su organización.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue el camino que le pide el presidente Macri, ajustando y reprimiendo a los que menos tienen.
¡Basta de represión y la criminalización de la protesta!
¡Nos tocan a uno, nos tocan a todos!”

3.9.2018

Por Nicolás Romero

La fundación Soberanía Sanitaria alertó en un informe sobre la mortalidad que genera la exposición al asbesto, material que se encuentra en los vagones de los trenes adquiridos por el gobierno porteño. El asbesto se volvió un problema visible cuando fue detectado en vagones comprados por Macri al metro de Madrid.

Mientras continúa por vía judicial el conflicto en torno a la presencia de asbesto en los subtes porteños, un material cancerígeno cuyo uso está prohibido en el país desde 2001, y del que ni el gobierno porteño ni Metrovías se hacen cargo, la fundación Soberanía Sanitaria alertó, a través de un informe, que la mortalidad por exposición a esta fibra mineral viene aumentando desde hace al menos 36 años, que es el tiempo promedio de latencia entre la exposición a la sustancia y el desarrollo de la enfermedad, convirtiéndola en un relevante problema de salud pública. El sanitarista y presidente de la fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, explicó que “el problema del asbesto, a diferencia de otros cancerígenos como el cigarrillo, que si se deja de fumar, con los años, las posibilidades de contraer una enfermedad disminuyen o se igualan a las del no fumador, el asbesto que se introduce en las vías respiratorias nunca se metaboliza y siempre es cancerígeno”, y remarcó que el Gobierno de la Ciudad “debería motorizar la investigación en los vagones de subte y no acallar la situación como lo está haciendo”.

El informe de la fundación detalla que según un estudio reciente, entre 1980 y 2013, se identificaron 3.259 defunciones por mesotelioma en el país. En 1980 se identificaron 64 defunciones, número que se triplicó llegando a 177 en 2013. La mortalidad entre los hombres pasó de 4,1 por cada millón de habitantes en 1980 a 7,5 en 2013; y entre las mujeres, de 2,5 a 3,9 en el mismo período. La diferencia parece resultar de la mayor prevalencia de exposición ocupacional al asbesto entre los hombres, que en mayor proporción estuvieron expuestos muchos años antes de ocurrida la defunción.

Kreplak explicó a este diario que “al tener un tiempo de latencia muy largo el desarrollo de las enfermedades se hace difícil el diagnóstico, por eso se utiliza como indicador la mortalidad por mesotelioma”. El largo período de incubación también explica el aumento de las estadísticas actuales, “las muertes van aumentando porque son acumuladas. Lo que vemos son el resultado de los años de exposición a la sustancia, que aparece 30 años después”, señaló el sanitarista.

El asbesto se volvió un problema visible cuando a principio de año se detectó el material en los vagones CAF 5000, que circularon entre el año  2013 y parte del 2017, que había comprado Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer de trabajadores expuestos a la sustancia.

En julio pasado, el asbesto volvió al centro de la escena local cuando un estudio reveló que otras formaciones también tenían piezas con asbesto. El titular de Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, en diálogo con PáginaI12 resumió la situación actual: “tenemos certeza de que hay asbesto en los CAF 5000, la chatarra cancerígena que compró Macri, quien tenía que saber porque los manuales dicen que tienen asbesto. De los 36 que había, diez están fuera de servicio en el taller Rancagua de la B, el resto los destruyeron”. “Además, mandamos a hacer un estudio unilateral a la Universidad del Sur y se detectó asbesto en los coches Nagoya de la Línea C, en las General Electric de la E y en las Mitsubishi de la B y D”.

Un mes después, los metrodelegados denunciaron que Metrovías y Sbase querían destruir las pruebas del amianto en los trenes, y se opusieron a un operativo que intentó sacar con destino incierto los vagones del taller.

Pianelli afirmó que “lo primero que tienen que hacer es reconocer que tienen asbesto; segundo, los trabajadores tienen que tener un examen anual de salud riguroso por parte de la ART para saber si algún trabajador tiene asbestosis y, en tercer lugar, hay que desamiantar”, y remarcó que “Madrid lo está haciendo, Chile también. Va a llevar varios años reemplazar todo, pero es necesario una política seria para eso. Algo difícil si la comisión que se acordó con el Gobierno de la Ciudad, Metrovías, Sbase y el Sindicato de Supervisores está paralizada. La causa está judicializada”, explicó, cautelar de por medio para que no desaparezcan los trenes con amianto y se los pueda analizar.

En tanto Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, remarcó que “muchas veces se consideran estas enfermedades como propias del trabajo y pasan desapercibidas. Pero los trabajos son peligros para la salud cuando  se hace lo que no corresponde, como comprar trenes con asbesto cuando está prohibido”, remarcó que “es necesario desasbestizar, dar protección adecuada a los trabajadores expuestos”, y sostuvo que “la idea es poder hacer un rastreo de instituciones públicas como se hizo en España, un  catastro para sabe dónde está el asbesto”.