13.11.2018
Por Laura Borse
En su cruzada frenética por cerrar negociados con terrenos públicos, la gestión de Rodríguez Larreta pretende intervenir parques urbanos avasallando el derecho a un ambiente sano y al espacio público porteño.
La intervención del Gobierno de Larreta sobre los espacios verdes públicos fue uno de los temas más discutidos, con casi 500 inscriptos, en las audiencias públicas sobre el nuevo código urbanístico y código de edificación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se están desarrollando estas semanas con exposiciones de representantes de todas las comunas.
En esa misma línea, la Defensoría de la Ciudad expresó que “se necesita un Código de Espacio Público que respete ese espacio, lo rescate y que también en otras, como tenemos el caso de la Reserva Ecológica que a partir de hoy aparece en un listado general de parques, se le dé el tratamiento que se corresponde con su carácter y con las regulaciones específicas que posee”.
También se denunció la falta de un diagnóstico previo y participativo de la situación actual de la ciudad y la nula participación ciudadana para decidir qué ciudad quieren y necesitan los habitantes de Buenos Aires.
Agronomía
En este barrio el nuevo código urbano plantea modificaciones altamente resistidas por los vecinos. Se propone la construcción de un estadio cubierto dentro del Club Comunicaciones, lindero al predio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA. En relación con este proyecto, la apertura de la calle Zamudio, entre las avenidas Beiró y Tinogasta, que atravesaría el predio de la facultad destruyendo su patrimonio natural y generando tránsito vehicular en un área que es utilizada para descanso y recreación de los vecinos. Estos armaron una petición para exigir la cancelación de estos planes.
Por otro lado, se habilita la construcción de torres de 48 metros de altura frente a la facultad, tras el supermercado de la calle Warnes, entre Chorroarín y las vías del ferrocarril Urquiza. Rosa Simón, vecina de La Paternal, denunció en la audiencia pública que “nos venimos a enterar que van a construir 11 torres en nuestro barrio, específicamente sobre las calles Chorroarín, Constituyentes y Joaquín Zabala, obviamente, sin hacer un estudio de impacto ambiental y sin consultarlo con los vecinos. Nos enteramos de casualidad”.
Pablo Pulido, que es veterinario y lleva adelante un proyecto de restauración ecológica dentro del predio de la Facultad de Veterinaria, cuestionó el proyecto: “¿Cuánto volumen de agua dejará de absorberse cuando llueve si se construyen esas torres? ¿Cuánto carbono retenido irá a la atmósfera de Buenos Aires al destruir esa pastura? ¿Cuánto aumentará el consumo de luz para refrigerar los hogares en verano, quitando estas áreas de amortiguación de temperaturas? ¿Cuántas reservas naturales urbanas creará el Estado para mitigar el enorme impacto ambiental y cultural?”.
Saavedra
Uno de los barrios más afectados por este Gobierno es Saavedra, ya que cuenta con la “maldición” de tener una buena cantidad de plazas y parques muy codiciados para la gestión porteña, que hace todo lo posible para privatizarlos mientras los vecinos se rebelan e intentan resistir a cada embate.
Según descubrieron y denuncian los propios vecinos, el nuevo código prevé la construcción de un polideportivo, una biblioteca y alojar a la guardia de auxilio y la policía sobre la traza de la ex Autopista Central 3, hoy Avenida Goyeneche, una línea de plazas que la comunidad utiliza cotidianamente.
Hace pocos meses el Gobierno cambió la zonificación de una de las plazas de este corredor verde para instalar una planta recicladora, a pesar de la oposición barrial, la ausencia de estudios de impacto ambiental y de algún cartel de obra.
En la audiencia pública por el nuevo código, Elma Sosa Ortega, de la Asamblea Vecinos por Saavedra, adhirió a las críticas y observaciones que otros colectivos vecinales aportaron y concluyó que “consideramos que este código es un instrumento anticonstitucional, no responde a una Constitución que es un ejemplo de ambientalismo, porque la pisotean y la ignoran. Este código no es un instrumento válido para nosotros”. Además, Saavedra es un barrio inundable. En ese sentido, Ortega comentó que “en la última lluvia nos inundamos, y en el paso a nivel de Arias había un metro y medio de agua”.
El Parque Sarmiento, uno de los tres grandes parques de la Ciudad, está al borde del completo colapso a causa de la pretensión del Gobierno de mudar allí las instalaciones del Instituto de Educación Física N° 1 Dr. Enrique Romero Brest, abriendo paso a la venta de las tierras donde se ubica el instituto en el costoso barrio de Núñez, lindero al predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) y que el Gobierno también quiere vender. La comunidad educativa del instituto armó una petición para exigir a Rodríguez Larreta que no continúe con esta decisión, reuniendo más de 50.000 firmas.
El Parque Sarmiento es otro espacio vapuleado constantemente por el Gobierno de la ciudad. Cuenta con 64 hectáreas y contiene un poliderportivo. No obstante, en lugar de reparar las instalaciones existentes la gestión prefirió construir cinco canchas de arena sobre la traza del Arroyo Medrano para realizar actividades de los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que generó un altísimo impacto ambiental sin haber hecho el correspondiente estudio previo que informe sobre la modificación del suelo absorbente. Todo esto a pesar de que la licitación indicaba que debían ser realizados, así como también la ley 123 de estudios de impacto ambiental de la Ciudad, que en su artículo 14 dice que se presumen como de Mediano Impacto Ambiental las “las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la disminución del terreno absorbente y/o la modificación de la topografía”.
La Izquierda Diario se comunicó con la Vicerrectora del Instituto Romero Brest, Mercedes Semhan, quien confirmó la voluntad de la institución y sus directivos de permanecer en el predio que hoy ocupan y que les pertenece por derecho. Exigen que continúen con las mejoras prometidas y afirman que no están dispuestos a “invadir un lugar que es de los vecinos de Saavedra” por imposición del Gobierno. Explicaron que al instituto concurren unos tres mil estudiantes que realizan actividades durante seis días a la semana y lo que implicaría que ya no quedaría lugar para que los vecinos puedan disfrutar de su parque como corresponde.
