Red de radios

4.9.2018

Primero nos sacan el trabajo, y como nos organizamos para poder trabajar, nos reprimen. ¡Basta de perseguir y criminalizar a los laburantes, Larreta!

“La Policía reprimió a nuestros compañeros de la Cooperativa de recuperadores urbanos El Ceibo, cuando se estaban manifestando frente a la Comisaria 25 por la detención ilegal a dos integrantes de su organización.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue el camino que le pide el presidente Macri, ajustando y reprimiendo a los que menos tienen.
¡Basta de represión y la criminalización de la protesta!
¡Nos tocan a uno, nos tocan a todos!”

3.9.2018

Por Nicolás Romero

La fundación Soberanía Sanitaria alertó en un informe sobre la mortalidad que genera la exposición al asbesto, material que se encuentra en los vagones de los trenes adquiridos por el gobierno porteño. El asbesto se volvió un problema visible cuando fue detectado en vagones comprados por Macri al metro de Madrid.

Mientras continúa por vía judicial el conflicto en torno a la presencia de asbesto en los subtes porteños, un material cancerígeno cuyo uso está prohibido en el país desde 2001, y del que ni el gobierno porteño ni Metrovías se hacen cargo, la fundación Soberanía Sanitaria alertó, a través de un informe, que la mortalidad por exposición a esta fibra mineral viene aumentando desde hace al menos 36 años, que es el tiempo promedio de latencia entre la exposición a la sustancia y el desarrollo de la enfermedad, convirtiéndola en un relevante problema de salud pública. El sanitarista y presidente de la fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, explicó que “el problema del asbesto, a diferencia de otros cancerígenos como el cigarrillo, que si se deja de fumar, con los años, las posibilidades de contraer una enfermedad disminuyen o se igualan a las del no fumador, el asbesto que se introduce en las vías respiratorias nunca se metaboliza y siempre es cancerígeno”, y remarcó que el Gobierno de la Ciudad “debería motorizar la investigación en los vagones de subte y no acallar la situación como lo está haciendo”.

El informe de la fundación detalla que según un estudio reciente, entre 1980 y 2013, se identificaron 3.259 defunciones por mesotelioma en el país. En 1980 se identificaron 64 defunciones, número que se triplicó llegando a 177 en 2013. La mortalidad entre los hombres pasó de 4,1 por cada millón de habitantes en 1980 a 7,5 en 2013; y entre las mujeres, de 2,5 a 3,9 en el mismo período. La diferencia parece resultar de la mayor prevalencia de exposición ocupacional al asbesto entre los hombres, que en mayor proporción estuvieron expuestos muchos años antes de ocurrida la defunción.

Kreplak explicó a este diario que “al tener un tiempo de latencia muy largo el desarrollo de las enfermedades se hace difícil el diagnóstico, por eso se utiliza como indicador la mortalidad por mesotelioma”. El largo período de incubación también explica el aumento de las estadísticas actuales, “las muertes van aumentando porque son acumuladas. Lo que vemos son el resultado de los años de exposición a la sustancia, que aparece 30 años después”, señaló el sanitarista.

El asbesto se volvió un problema visible cuando a principio de año se detectó el material en los vagones CAF 5000, que circularon entre el año  2013 y parte del 2017, que había comprado Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, al Metro de Madrid, donde estalló un escándalo por casos de cáncer de trabajadores expuestos a la sustancia.

En julio pasado, el asbesto volvió al centro de la escena local cuando un estudio reveló que otras formaciones también tenían piezas con asbesto. El titular de Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, en diálogo con PáginaI12 resumió la situación actual: “tenemos certeza de que hay asbesto en los CAF 5000, la chatarra cancerígena que compró Macri, quien tenía que saber porque los manuales dicen que tienen asbesto. De los 36 que había, diez están fuera de servicio en el taller Rancagua de la B, el resto los destruyeron”. “Además, mandamos a hacer un estudio unilateral a la Universidad del Sur y se detectó asbesto en los coches Nagoya de la Línea C, en las General Electric de la E y en las Mitsubishi de la B y D”.

Un mes después, los metrodelegados denunciaron que Metrovías y Sbase querían destruir las pruebas del amianto en los trenes, y se opusieron a un operativo que intentó sacar con destino incierto los vagones del taller.

Pianelli afirmó que “lo primero que tienen que hacer es reconocer que tienen asbesto; segundo, los trabajadores tienen que tener un examen anual de salud riguroso por parte de la ART para saber si algún trabajador tiene asbestosis y, en tercer lugar, hay que desamiantar”, y remarcó que “Madrid lo está haciendo, Chile también. Va a llevar varios años reemplazar todo, pero es necesario una política seria para eso. Algo difícil si la comisión que se acordó con el Gobierno de la Ciudad, Metrovías, Sbase y el Sindicato de Supervisores está paralizada. La causa está judicializada”, explicó, cautelar de por medio para que no desaparezcan los trenes con amianto y se los pueda analizar.

En tanto Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, remarcó que “muchas veces se consideran estas enfermedades como propias del trabajo y pasan desapercibidas. Pero los trabajos son peligros para la salud cuando  se hace lo que no corresponde, como comprar trenes con asbesto cuando está prohibido”, remarcó que “es necesario desasbestizar, dar protección adecuada a los trabajadores expuestos”, y sostuvo que “la idea es poder hacer un rastreo de instituciones públicas como se hizo en España, un  catastro para sabe dónde está el asbesto”.

30.8.2018

Quince familias estamos hace un mes sin solución habitacional luego de un incendio en su casa, mientras otras 25 tenemos ordenado un desalojo para el próximo 6/9. El sábado 1/9 desde las 12:30 realizaremos en Gallo y Corrientes una olla popular y jornada cultural.

El 28 de Julio un incendio dejó heridas y heridos, y hogares destruidos en un complejo de viviendas de la esquina de Gallo y Av. Corrientes. Quince familias quedamos en la calle, y hasta el día de hoy luchamos por el derecho a una vivienda digna. Además, otras 25 familias enfrentamos un inminente desalojo sin saber a dónde podremos ir después. Cabe destacar que en todo el grupo afectado hay muchos/as niños/as, ancianos/as y personas con capacidades diferentes.

Tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y Desarrollo Social, como el Gobierno Nacional a través de la Secretaria de niñez, adolescencia y familia (Senaf), sólo miran para otro lado ante nuestro legítimo reclamo por que se cumpla el derecho a una vivienda digna.

Pareciera ser que el PRO y sus aliados se interesan más en favorecer la especulación inmobiliaria y la expulsión de los sectores populares de la Ciudad, que de garantizar derechos. Los incendios y desalojos son cada vez más comunes en el barrio del Abasto, y ya cada vez nos hace acordar más a los incendios y expulsiones de conventillos en la Boca, con quien además compartimos una fuerte presión por el negocio del turismo. Irónicamente, mientras nosotras y nosotros estamos en la calle, tenemos alrededor decenas de casas vacías, esperando el mejor momento para ser convertidas en edificios.

Como si esto fuera poco, la “justicia”, que parece siempre hacer prevalecer el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda, desconoce que hace 33 años que habitamos ahí de manera completamente pacífica. La Jueza María Victoria Pereira, del Juzgado Civil Nº 39, dictaminó que el 28/8 comienza a correr una orden de desalojo contra quienes aún estamos en el inmueble, dejándonos en riesgo de desalojo concreto a partir del 6/9. Sumado a esto, no se nos permite a quienes hemos sido expulsadas/os de hecho por el incendio, entrar para recuperar nuestras pertenencias (incluyendo documentos necesarios para tramitar ayudas).

Retomando las experiencias de lucha y organización por el derecho a una vivienda digna que se han dado en el barrio, como en Pasaje Zelaya o Carlos Gardel, nos mantendremos unidas y unidos hasta que cada una de nosotras y nosotros haya obtenido la solución que le corresponde, sin permitir desalojos que dejen niñas, niños, ancianos/as, discapacitadas/os, familias enteras en la calle.

Las familias afectadas por este incidente totalmente evitable, que sólo muestra la ausencia del estado en lo que a políticas de vivienda se refiere, no nos quedaremos de brazos cruzados. Seguiremos peleando por lo que nos corresponde, y para eso necesitamos la ayuda y el aguante de vecinas, vecinos, organizaciones sociales, políticas, culturales.

Por esto, las y los invitamos a compartir una Olla Popular y Jornada Cultural, este Sábado 1° de Septiembre, en Gallo y Corrientes, a partir de las 12.30hs.

¡EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL QUE GARANTICE NUESTRO DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA! EL IVC, DESARROLLO SOCIAL Y LA SENAF DEBEN RESPONDER.

¡NO MÁS FAMILIAS EN LA CALLE!

¡NO AL DESALOJO!

30.8.2018

Por Ademys

Este lunes 27 de agosto, se reunieron en la Legislatura porteña Maximiliano Ferraro (CC-ARI en Vamos Juntos, presidente de la Comisión de Educación) y representantes de muchos Institutos de Formación Docente, excepto aquellos l Educación Artística, que fueron excluidos en la convocatoria. Como resultado de dicha reunión, quedó expuesta y oficializada la política del gobierno porteño: avanzar con la creación de la UniCABA sin transferir, de momento, los terciarios existentes a su órbita. Esto es, la política de la “coexistencia” y competencia entre instituciones que formen docentes. Como expresan las rectoras y rectores, el estudiantado, y como venimos señalando desde Ademys, este proceso busca concretar gradualmente lo que la primera versión del proyecto pretendía en un solo paso: la disolución del sistema actual de formación docente, la pérdida de autonomía de los IFD (sometidos a una evaluación externa para acreditar sus títulos), y el más que probable cierre de institutos que pierdan matrícula.

La coexistencia es competencia: la supervivencia del “más apto”

La reunión llevada a cabo en la Legislatura contó con un acta, de la cual, en un primer análisis, surgen los siguientes elementos. Desde el oficialismo niegan la transferencia de instituciones. Se afirma explícitamente que habrá coexistencia entre los actuales IFD (desfinanciados, sin concursos docentes de titularización hace años, con un notorio deterioro edilicio) y una nueva institución, la UniCABA, que promete un “estatus universitario”. Ante la pregunta de los rectores y rectoras acerca de si los IFD existentes y la universidad que se crearía competirían por matrícula y brindarían carreras afines, el legislador no lo negó. El ejecutivo, mediante la voz del legislador Ferraro, habla de una “ley de formación docente” y de la creación de una universidad para CABA a tal fin. Se trata de un cambio de táctica, pero no de objetivos. La reforma en curso, en sintonía con la exigencia de organismos como el Banco Mundial, la OCDE o los lineamientos del G20 –próximo a reunirse en Mendoza- establecen una agenda de achicamiento de la oferta institucional (esto es el cierre de institutos), reorientación de contenidos y perfil docente a formar (el docente como “aplicador” y “facilitador”) y precarización laboral. La política de coexistencia es una manera relativamente maquillada de avanzar en este mismo sentido.

Un debate para pocos

El legislador Ferraro promete hacer público el borrador de ley recién para el 3 de septiembre. Esta misma promesa ya se había realizado hace alrededor de un mes, en una reunión mantenida entre Ferraro y representantes estudiantiles y el borrador aún no fue dado a conocer. Como sea, queda claro que su elaboración no pretende siquiera formalmente dar cuenta de la participación de quienes protagonizamos el día a día del sistema educativo. Sí fue debatido con un sector de “técnicos” y pedagogos que incluso siendo parte del elenco estable de las reformas neoliberales en educación, habían sostenido su malestar por el desaire de no haberlos convocado para elaborar el primer borrador sobre la UniCABA. Algunos intelectuales orgánicos de las distintas expresiones del arco político empresarial, reconocidos empleados de fundaciones, son Gustavo Iaies y Guillermina Tiramonti. También se mencionó entre éstos al exfuncionario Mariano Narodowski o la funcionaria actual Tamara Vinacur.
Como se ve, la pluralidad no es el fuerte de la gestión. La forma se subordina al contenido: se trata de una reforma contraria a los intereses de la inmensa mayoría.

La evaluación externa como instrumento de presión

Durante la reunión, y ante la preocupación de las y los representantes del CESGE ppor los procesos de presión sobre los IFD que la reforma contiene y que tienden instrumentarse mediante estándares de evaluación externos, Ferraro habló la CONEI (Comisión Nacional Evaluadora de las Instituciones). Éste sería el órgano que en todo el país fijaría estándares y aplicaría este control sobre los IFD. Los resultados del proceso de evaluación externo y adecuación (o no) a las imposiciones de la reforma pueden ir desde el riesgo de la acreditación u homologación de títulos hasta el cierre de cursos o instituciones (temor que manifestaron los propios rectores en esta reunión).

La (falsa) estabilidad laboral como herramienta de extorsión

Ferraro habló acerca de “respetar las situaciones de revista” del plantel docente. Esto no deja de implicar una gran inestabilidad laboral: existe en Ed. Superior una inmensa masa de docentes suplentes e interinos que no cuentan con estabilidad en sus cargos. Recordemos que la última titularización en terciarios se aplicó por ley en 2013, sobre quienes poseían cargo desde, al menos, 2012. Durante los últimos seis años, el estatuto, que prevé concursos anuales, no se cumplió en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras. Respecto de la estabilidad estatutaria, solo para los titulares, la formulación de “respetar las situaciones de revista” también puede ser ambigua: si un cargo docente se pierde, ya sea por cierre de curso, fusión de establecimientos, modificación de estructura, o bien por cambios de planes de estudio (véase Art. 21° del Estatuto Docente de CABA), él o la docente gozará, solamente, de un año con goce de haberes en disponibilidad.

Rechazar la UniCABA es defender la educación pública: no a la coexistencia y retiro del proyecto

Más allá del cambio de táctica, el gobierno se posiciona para intentar avanzar sobre los mismos núcleos presentes en su proyecto original. Ante la enorme resistencia desplegada, traza un itinerario para aplicar la reforma en distintas etapas. La carga de caballería, frontal, posterior al envalentonamiento por un triunfo electoral en la Ciudad, fue reemplazada por un ataque envolvente que buscará quebrar la sólida oposición de docentes y estudiantes. Se tratará de presionar a las instituciones mediante la acreditación y golpear, en primer lugar, a los institutos con menos matrícula.
Este nuevo proyecto, manejado con secretismo e igual de autoritario que el anterior, buscará que rija la ley de la selva entre las instituciones que forman docentes. El desafío es mantener e incluso ampliar los niveles de unidad y movilización para enfrentar a un gobierno al que acentuada la crisis económica también afecta en su imagen y credibilidad.
Frenar este proyecto autoritario y privatista no solo es necesario, sino totalmente posible.

Por ello este martes 04/09 a las 17hs. marchamos en el marco del un paro de terciarios. 
La movilización será de Palacio Pizzurno hasta la Legislatura.
NO a la UniCABA ni a la Coexistencia que busca la muerte lenta de nuestros 29 profesorados.