28.9.2018
Por Luz Ailín Báez
Se cumple una semana del histórico fallo que condena a los prefectos que torturaron a los jóvenes de La Poderosa. Un paso adelante hacia el control popular de las fuerzas represivas.
“Tanto Ivan como Ezequiel sufrieron prácticas que uno piensa que podía encontrar en el libro Nunca Más, en esa época de la historia argentina y, sin embargo, las encontramos a orillas del Riachuelo el 24 de septiembre de 2016, a quince minutos del Obelisco, en la Villa 21-24”, decía Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, minutos antes de ingresar a la sala Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires.
Este 21 de septiembre, los seis prefectos que torturaron y realizaron simulacro de fusilamiento a Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro -dos jóvenes de la Villa 21-24 de Barracas que participan de la organización La Poderosa- fueron sentenciados a entre 8 y 10 años y medio de cárcel. La sentencia -favorable a las víctimas que aquel 24 de septiembre de 2016 contaban con 15 y 18 años respectivamente- fue vista como un éxito por sus abogados Gabriela Carpinetti y Nahuel Berguier, pese a que se habían pedido penas más altas de las que finalmente otorgaron los magistrados.
Entonces, ¿qué implica esta sentencia en un marco de creciente violencia represiva de las fuerzas de seguridad?
“Acá hay algo en lo que coincidimos todos, acusados y acusadores: que estos seis prefectos participaron en carácter de autores de los hechos -ellos mismos lo reconocieron y por eso piden perdón y que el responsable por estos hechos es el Ministerio de Seguridad. Ellos son responsables penalmente por el delito de Torturas más allá de que crean que no hayan sido torturas sino “errores” o “correctivos”. Hubo un pacto de impunidad que se sostuvo desde el principio de los seis prefectos en connivencia y con el apoyo del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de la Prefectura aunque después fueron desplazados y todos los procedimientos legales que debían cumplirse se cumplieron hasta llegar al juicio”, sostuvo Carpinetti. Además, agregó que fue “un fallo histórico” porque las acciones represivas fueron calificadas como “torturas, tal como corresponde” y recalcó que la decisión del Tribunal Oral N° 9 “debe servir para poner freno a un accionar de las fuerzas de seguridad que es sistemático”.
Una escuela para la represión
Las torturas y el hostigamiento de las fuerzas represivas del Estado a pibes de barrios populares son una práctica corriente y sistematizada desde hace tiempo, sin importar el gobierno que esté de turno. De allí la relevancia de este juicio en el cual media docena de prefectos debieron sentarse frente a un tribunal judicial para responder por sus actos. ¿Por qué es novedad que el fallo haya sido favorable a las víctimas? ¿Por qué nos alegramos con una carátula que deja de lado los eufemismos y llama a las cosas por su nombre? “Tortura”. Eso figura en la carátula de la causa que ha resuelto por una vez que no venciera la doctrina Chocobar: es la primera condena a miembros de fuerzas de seguridad por delitos represivos cometidos en el gobierno de Cambiemos. En todos los casos los imputados fueron declarados culpables por “privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves, en concurso real con robo agravado en poblado y en banda, con el agravante de haber sido cometido por miembros de las fuerzas de seguridad”.
Vivimos rodeados de gobernantes que pelean por ver quién tiene el mayor record de cámaras de seguridad y efectivos y patrullas en las calles, ¿Por qué no es novedad que les pibes de barrios marginales tengan sus vidas a merced de la buena voluntad de aquellos que suponen deben cuidarles? El caso puede resultar icónico por su resolución, pero la sobre criminalización de las y los jóvenes de sectores populares no es novedad.
Según el Informe sobre hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad en su interacción con jóvenes de sectores populares en la ciudad de Rosario, de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, las principales víctimas de hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad y malos tratos son jóvenes -mayores y menores de edad- varones de sectores populares. “Basta con leer atentamente las crónicas policiales para advertir que en aquellos barrios en los que los efectos de la inseguridad se expresan con mayor crudeza tienen, más allá de obvias diferencias, dos características en común. Los varones jóvenes son presa fácil de la policía y de la selectividad del sistema penal”, escribe Enrique Font, criminólogo y ex Secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia de Santa Fe, en un artículo de
Rosario/12
Según Font, la sobre-criminalización consiste en la “focalización policial selectiva, discriminatoria y violenta sobre jóvenes varones de los barrios”. Se trata de la “sobrevigilancia”, que es la manera en la que la policía interactúa con los grupos percibidos como de propiedad policial. Esto ocurre “cuando los poderes dominantes de una sociedad abandonan los problemas de control de esa categoría a la policía”.
Desde La Garganta Poderosa, Levy agrega que “el 99% de los casos de tortura, amedrentamiento, asesinatos que hay en el barrio a manos de las fuerzas de seguridad no aparecen en los medios de comunicación. Son pibes que no tienen la contundencia de poder equiparar la cantidad de trolls de televisión. Construyen un sentido común que después acompaña una doctrina mucho más grave que un caso particular”. El ojo social dominante los ve como grupo “problemático” o “desagradable”, de bajo status -los tan aborrecibles “negros de mierda”- y acepta que sea la policía quien trate con ellos, de la manera que desee. En paralelo, “las victimizaciones de quienes viven en el barrio son desatendidas por las políticas de seguridad”, sostiene Font. El criminólogo llama a esto último infra-protección, producto de la distribución diferencial tanto de la victimización como de las reacciones institucionales y sociales a la misma. La desprotección viene de la mano de la desatención policial, judicial, política y social de las victimizaciones de quienes viven en barrios populares. En otras palabras, los jóvenes de barrios marginales se encuentran desamparados y con pocas respuestas por parte del Estado que debería cuidarlos como ciudadanos.
Mientras la respuesta de la Gobernadora Vidal, de la Ministra Bullrich y hasta del propio Presidente Mauricio Macri frente a los problemas de “inseguridad” consiste en aumentar el número de efectivos en las calles, darles pase libre y poner más cámaras, el Informe Regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Violencia, niñez y crimen organizado de 2015 es taxativo al decir que “los casos de uso excesivo o arbitrario e ilegal de la fuerza por la policía además de suponer graves vulneraciones a los derechos humanos, comprometen la capacidad misma del Estado para reducir la inseguridad y la violencia”.
En relación a esto, Nacho Levy expresó que “es un momento histórico, cargado de angustia, de bronca, de impotencia pero también del orgullo y la esperanza que nos da haber llegado hasta acá fruto de la organización y la lucha popular. No contábamos nosotros con el apoyo inicial del Poder Judicial ni comunicacional. Hubo que fabricarlo desde el barrio. Eso costó muchos momentos de sufrimiento pero hoy hay seis subordinados de Patricia Bullrich sentados en el banquillo que ya han reconocido los hechos. Que intentaron pedir disculpas y que van a pagar una condena por haber torturado a los pibes que tuvieron el valor de ponerse al hombro la sentencia que Luciano Arruga y Ezequiel Demonty no pudieron presenciar”.
Y agregó: “El control popular de las fuerzas se de seguridad es urgente, no lo decimos nosotros solamente, lo dice la ONU, Nils Melzer el relator contra tortura de la ONU estuvo en mi casa, estuvo en el barrio, estuvo acompañando a los vecinos que ejercen el control popular a las fuerzas de seguridad. Estuvo constatando en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) cómo había asentadas 8 denuncias de 8 familias que no se atreven, que tienen miedo y tienen razón de denunciarlo públicamente pero sufrieron en un mes las mismas prácticas como el “levantamuerto” o el gas pimienta en los ojos con las manos atadas. Frente a ese nivel coercitivo que intentan perpetrar cuando utilizan el poder judicial para perseguir opositores, cuando utilizan el poder policial para generar amedrentamiento, cuando utilizan su poder comunicacional para generar silenciamiento, nosotros entendemos que un control popular de las fuerzas de seguridad es una solución a doble vía. No es una policía comunitaria. No le agrega una sola bala al conflicto. Es una comisión de vecinos que regula la acción de las fuerzas de seguridad en comunicación directa con el Ministerio Público Fiscal, con la Fiscalía y los organismos de Derechos Humanos sin pasar por las comisarías, que administran el delito en nuestro barrio. Les daría a nuestros vecinos y vecinas la posibilidad de denunciar el accionar de las fuerzas sin pasar por la centralidad de las fuerzas sino que además le daría al Poder Judicial la posibilidad de acceder al barrio sin estar acompañados de la manito por aquellos a los que están investigando. Necesitamos una entidad autárquica que no responda ni esté subordinada al poder ejecutivo que administra las propias fuerzas de seguridad. En este nivel creciente de hostigamiento de las fuerzas de seguridad en el territorio en los barrios donde hemos podido darle visibilidad al control popular, se ha reducido inmensamente el nivel de inseguridad que sufrimos a manos de las fuerzas de seguridad”.
Desde el CELS sostienen que “la falta de democratización de las estructuras de seguridad posibilita, en primer lugar, la persistencia de hechos graves y reiterados de violencia institucional, y el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupción insertas en las estructuras policiales y penitenciarias” y esto, en proyección, erosiona los cimientos de la gobernabilidad a nivel provincial y nacional.
Font, por su parte, indica que “no existen en Argentina ejemplos de reformas policiales profundas que no hayan sido resultado de ´crisis´ catalizadas a través de eventos con efectos dominó sobre la coyuntura de gobierno. Como ejemplos de reformas en provincias sobresalen las dos lideradas por Carlos Arslanián en Buenos Aires. Ambas fueron precedidas, respectivamente, por el asesinato de José Luis Cabezas y por incrementos de delitos ´no tolerables´ socialmente con evidencias de involucramiento policial”.
Lo que queda claro es que las distintas fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios actuales son un obstáculo insalvable para la inclusión social. Levy da una pista sobre este tema: “Si se pudiera legislar ese punto, los sectores populares estaríamos más al resguardo de lo que estamos. Que dejen de discutir en televisión, ahora que empieza la carrera electoral, quién ofrece más chalecos, más patrulleros y más presupuesto para la policía. Que nos digan cuál es el plan para necesitar menos policía. Y que nos digan, todo el tiempo que dure ese plan cómo nos vamos a cuidar en los barrio pobres que nuestro principal factor de inseguridad no sean los tipos que mandan para cuidarnos”.
