Red de radios

23.2.2019

La medida fue presentada por la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina (AReCIA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Periodistas Argentinas.

Tras la represión contra cooperativistas de Madygraf y fotoperiodistas en el marco del “cuadernazo” del miércoles 20 de febrero pasado, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina (AReCIA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Periodistas Argentinas, presentaron ante la Justicia un Habeas Corpus preventivo para proteger a los trabajadores y trabajadoras de prensa en el marco de posibles represiones en manifestaciones. 

La presentación contó con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia, también abogada de la familia de Santiago Maldonado. En el recurso judicial se le solicita al juez que “ordene al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstengan de realizar actos que amenacen o perturben la libertad ambulatoria de los y las trabajadoras de prensa mientras ejercen su profesión, especialmente durante la cobertura de manifestaciones y/o protestas contra decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional o el de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, los referentes Sergio Ciancaglini de AReCIA, Fernando Tato Dondero de SiPreBA y Claudia Acuña de Periodistas Argentinas hicieron alusión en el escrito a la represión ocurrida en el Congreso el miércoles pasado: “uno de los fotógrafos detenidos es quien retrató el 14 de febrero de 2019, en el marco de la cobertura de la manifestación denominada ´Verdurazo´, el momento en que una señora mayor levantaba unas berenjenas de la calle mientras cientos de policías desalojaban la manifestación” y enfatizaron: “esa foto se viralizó en redes y generó una fuerte polémica por la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En este mismo sentido desarrollaron: “Esta violencia ejercida por el Estado no sólo afecta los cuerpos de profesionales y trabajadores de prensa, sino también altera el desarrollo de la actividad periodística toda, ya que en estas condiciones es difícil garantizar coberturas informativas sin poner en riesgo a las personas que las realizan”.

Asimismo, detallaron: “como editores, como trabajadores de prensa, como periodistas, comunicadores y reporteros gráficos nos vemos así limitados por la violencia estatal tanto en los lugares de los hechos como en los momentos de decisión de qué coberturas realizar de acuerdo con las expectativas represivas, ya que no podemos ni obligar ni ser obligarnos a realizarlas en situaciones que no garantizan los mínimos derechos a la libertad de expresión y del trabajo periodístico”.

 “Es urgente restablecer las condiciones democráticas de las protestas sociales, que son expresiones de desacuerdo con políticas de Estado y que, en tanto voz social colectiva, es necesario dar a conocer para enriquecer y fortalecer el Estado de Derecho. En primer lugar, debe garantizarse el derecho a la libertad ambulatoria los y las trabajadores de prensa y por eso acudimos ante el señor juez a invocar la acción constitucional y convencional del habeas corpus preventivo”, concluyeron. 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y EL PREMETRO

SIETE COMPAÑERXS SOBRESEÍDOS

23.2.2019

Este viernes se llevó a cabo la audiencia por la causa "Caseros", en la cual la Fiscal Celsa Ramírez pretendía enviar a juicio a siete trabajadorxs por la huelga del 22 de mayo pasado, en el marco de la paritaria.

El Juez Norberto Tavosnaska rechazó los planteos de la Fiscal Ramírez en relación a

los delitos de “asociación ilícita”, “entorpecimiento del transporte” y “atentado a la

autoridad”.

En la resolución el Juez refirió que ese día, ante una huelga, la policía fue convocada como un “grupo de choque” para confrontar con trabajadores y trabajadoras que se encontraban ejerciendo derechos constitucionales.

El Juez fue claro en relación a que se estaba debatiendo un conflicto paritario y que el mismo no podía ser criminalizado; que el derecho de huelga tiene plena receptación constitucional y que el ejercicio de ese derecho, y de los derechos económicos y sociales en general, no puede en modo alguno constituir un delito.

En esta causa, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos acompañó al sindicato con un amicus curiae, en defensa del ejercicio de los legítimos derechos de huelga y de libre asociación.

Este fallo es un enorme paso adelante para los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Subte.

Nahuel Berguier, abogado de AGTSyP

Roberto Pianelli

Secretario General

Néstor Segovia

Secretario Adjunto

SECRETARIADO EJECUTIVO

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

Secretaría de Prensa y Comunicación – Asociación Gremial de Trabajado

23.2.2019

El pedido se da en la misma semana en que la causa contra el policía que asesinó por la espalda a un joven de 18 años fue elevada a juicio oral.

En un comunicado publicado en su página web, la CPM manifestó que "volvió a insistir ante las autoridades del Ejecutivo provincial para que de manera urgente desafecten preventivamente a Chocobar de la policía local de Avellaneda, fuerza en la que todavía presta servicios con normalidad. En este sentido, se enviaron notas a la gobernadora María Eugenia Vidal, al ministro de seguridad, Cristian Ritondo, al titular de la auditoría de asuntos internos de ese Ministerio, Guillermo Berra, y al secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón".

El caso Chocobar fue utilizado por el Gobierno de Macri para legitimar el gatillo fácil y profundizar la política represiva en el marco del brutal ajuste que vienen llevando adelante contra las mayorías obreras y populares.

El policía Luis Chocobar está acusado de homicidio agravado. Esta semana el juez nacional de menores, Cristian Axel Von Leers, consideró concluida la etapa de instrucción y elevó a juicio oral la causa por el asesinato de Juan Pablo Kukok, de tan solo 18 años. El crimen ocurrió en diciembre de 2017.

En el comunicado también manifiestan que: "La CPM considera que la prueba reunida en la causa deja claro que la intervención del agente Chocobar fue contraria a la normativa de actuación policial vigente, que exige un uso excepcional de un arma de fuego y la prioridad en la defensa del valor de la vida por sobre todo bien. Chocobar actuó de manera temeraria y con un alto grado de desprofesionalización, efectuando disparos por la espalda a una persona desarmada que ya no representaba ningún peligro ni para el agente ni para terceros”.

Además señalan que: "Todos estos hechos probados se encuentran tipificados como faltas graves en el decreto 1050/09, reglamentario de la ley provincial 13.483 sobre la organización de las policías en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Según la norma, estas faltas prevén la desafectación preventiva de cualquier agente acusado. La transgresión a esta norma por parte de Chocobar es motivo suficiente para decidir su separación cautelar de la fuerza, independientemente del resultado final que arroje el proceso penal".

Gatillo fácil: una política de Estado

En Argentina una persona es asesinada por el Estado cada 22 horas. En esta terrible estadística realizada por Correpi, se explica que los casos aumentaron y que es indudable la influencia de la ‘doctrina Bullrich’, expresada en la defensa y apoyo oficial al fusilador Chocobar, la resolución sobre uso de armas de fuego para las fuerzas federales y los fallos judiciales en sintonía con esto.

No es un policía, es toda la institución. Y el gatillo fácil, la criminalización de la juventud y represión a los que luchan son una política de Estado.

22.2.2019

¿Por qué rechazamos la Reforma de la Carrera Profesional en Salud de la Ciudad?

Porque la reforma no repara los problemas que atravesamos los y las profesionales de salud, por el contrario los perpetúa y los profundiza. El elemento más claro de esta situación es la exclusión de las enfermeras y los enfermeros, que son profesionales. Es decir, a pesar de haber cursado años en instituciones de jerarquía universitaria se los encasilla en el escalafón general.

¿Por qué se atropellan los derechos de las y los profesionales de la salud?

En el caso de enfermería siendo uno de los sectores más numerosos permite precarizar salarialmente y laboralmente a todo el sistema de salud. Se promueve que las enfermeras y los enfermeros busquen su lugar de trabajo por fuera del sistema público de salud como mecanismo de vaciamiento de hospitales y centros de salud, y como forma de seguir ampliando el negocio de los prestadores privados.

También se excluye a trabajadoras y trabajadores de instrumentación quirúrgica, bioimágenes y se los incluye en el escalafón general. Avanza en la flexibilización de todos los profesionales, al reformular regresivamente las licencias, ampliando la carga horaria y reduciendo la formación profesional, que dependerá de evaluaciones con dudoso criterio de objetividad y eficiencia. Y se reproduce una lógica discriminatoria de excluir y no reconocer a un sector integrado en su mayoría por mujeres

Todo esto podría ser entendido como un error reparable si no fuese que el gobierno elimina el Ministerio de Salud Nacional, cierra hospitales (5×1 “Complejo Hospitalario Sur” y 3×1 Salud Mental), precariza a los trabajadores de los CESAC y las empresas de medicina prepaga son grandes beneficiarias por las políticas de Cambiemos. No es un error, es parte de un proyecto para la salud de la población.

¿Qué estamos haciendo?

-Participar de movilizaciones y espacios de organización contra la “Carrera Profesional de Larreta” y el vaciamiento del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires.

-Dar continuidad jurídica al amparo colectivo presentado por ATE el 21/11 contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 8 que excluyen de la Carrera Profesional a Licenciados en enfermería, instrumentación quirúrgica y bioimágenes.

-Trabajar con las legisladoras y los legisladores de la oposición para elaborar las modificaciones necesarias en la ley para reparar estas injusticias.

-Fortalecer la presencia gremial en cada sector de trabajo, promoviendo el protagonismo de enfermería y de todos los perjudicados por esta reforma.

-Impulsar, en el marco de la discusión paritaria, la pelea por salario justo, jornada reducida, contra la violencia laboral y porque se declare insalubre la actividad del sector salud.

#LaLuchaContinúa
#LaUnidadEsElCamino
#YoDefiendoLaSaludPública

21.2.2019

La movilización votada por cerca de mil vecinos, se realizará en el marco del inicio de las sesiones ordinarias donde hablará el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta.

“El gobierno está llevando adelante un plan de expulsión de las villas de la Ciudad”, fue uno de los reclamos más escuchados durante la jornada.

Desde la 31 denunciaron el accionar de las patotas del barrio y desenmascararon la ley de que pretende imponer el gobierno: “Esta asamblea es para organizarnos y que cuando el gobierno les toque la puerta, no los estafe, no les robe su vivienda.”

Según el testimonio de las vecinas del Playón de Chacharita: “El gobierno no quiere escuchar a los vecinos. Trabajé durante 30 años para tener mi casa, y ahora nos quieren dejar esperando en una casa provisoria y endeudarnos por 35 años”

Las vecinas de la 1 11 14 denunciaron que “Vino el IVC a censar pero hay muchos que no fueron censados. Propietarios que no estaban, a ningún inquilino. Tenemos que exigir que el IVC haga un censo real”

Desde la Villa 20 se planteo que “El IVC funciona solamente como una agencia de créditos. Acá en la 20 no tenemos agua con este calor. La organización en los barrios, en todas las villas va a hacer que esto cambie. Sino acá todos van a terminar dejando su tierra para mudarse a provincia y arrancar de 0 con un terreno. Nosotros somos habitantes de la Ciudad y no queremos ser expulsados por ser pobres.

La vecina de Piletones denuncio que su barrio fue la prueba piloto de las urbanizaciones truchas y declaro “Venimos acá a decir, que venga a urbanizar el Gobierno de la Ciudad. Queremos barrios con todos los servicios, agua, luz, gas, seguridad”.

Por su parte desde la Rodrigo Bueno dijeron “Creemos que hay una coincidencia en todos los barrios. En la Rodrigo Bueno está en un 70% la construcción de vivienda. Lo que pedimos es techo por techo. Hemos trabajado mucho por nuestras viviendas y queremos que todos los que vivimos ahora tengamos un lugar en el barrio.”

A partir de todas estas denuncias los concurrentes votaron por unanimidad movilizar el 1/3 a la Legislatura donde dará inicio Rodríguez Larreta de las sesiones para llevarles todos estos reclamos.

21.2.2019

Por Gastón Rodríguez

Celsa Ramírez los acusa con esa figura legal por considerar que los trabajadores, que participaron de una protesta por la reapertura de paritarias, pertenecían al mismo sindicato. El viernes, audiencia clave.

El próximo viernes, la titular de la Fiscalía Contravencional, Penal y de Faltas N°35, Celsa Victoria Ramírez, deberá defender los argumentos sobre la imputación de asociación ilícita a siete trabajadores del subte durante una protesta el año pasado. Ramírez había basado esa figura legal en el hecho de que todos los acusados pertenecían al mismo gremio.

En mayo de 2018 se llevaron a cabo las protestas para reclamar la reapertura de paritarias. En ese momento, efectivos de la Policía de la Ciudad desalojaron las vías de la Línea H y detuvieron a 16 trabajadores, entre ellos, el delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, por “atentado y resistencia a la autoridad”.

Las medidas de fuerza habían comenzando en abril, luego del acuerdo paritario que firmaron la Unión de Transporte Automotor (UTA), la concesionaria Metrovías y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que estableció un aumento salarial del 15,2%, en dos tramos. Los metrodelegados rechazaron ese convenio por considerarlo insuficiente mientras, en paralelo, no reconocen la representación de la UTA.

En ese contexto, la fiscal Ramírez imputó a siete trabajadores –seis hombres y una mujer– “por impedir el normal funcionamiento del subte, colocando sobre las vías una escalera metálica, una madera de grandes dimensiones y dos hierros en forma de L”.

Para Ramírez, “nos hallamos ante la existencia de una organización que tiene como único propósito o razón de ser, la interrupción de los servicios de transporte público. En tal sentido, cobra especial relevancia la circunstancia de que los acusados refieren pertenecer a la agrupación gremial AGTSyP”.

“La figura de la asociación ilícita se utilizó en reiteradas oportunidades históricas para la persecución política. En este caso en particular, la acusación tiene especial gravedad, porque se impulsa la acusación frente al ejercicio de los derechos constitucionales básicos como los son el derecho de huelga y el derecho de asociación y/o agremiación”, explica Nahuel Berguier, abogado de AGTSyP que ejerce la defensa de los imputados.

Aunque sea repudiada, desde el sindicato remarcan que la figura penal elegida por la fiscal no los sorprendió. Entre los antecedentes de Ramírez, cercanos a la ideología del oficialismo, se cuenta la persecución a migrantes senegaleses que trabajan en la vía pública, a quienes también acusó de organizar una red delictiva o mafiosa (ver recuadro).

“Estamos seguros de que esta acusación se va a revertir en la próxima audiencia, que va a ser rechazada por el juez; de no ser así, estaríamos ante un ataque gravísimo al derecho de asociación y al derecho de huelga”, opina Virginia Bouvet, secretaria de Organización de AGTSyP.

“Nuestra organización sindical –continua– está compuesta por 2500 afiliados, está debidamente inscripta y reconocida por el Ministerio de Trabajo; cumple con todos los pasos legales. Somos parte de una central sindical nacional, como es la CTA, y de una federación internacional. Entonces, decir que somos una asociación ilícita es un disparate, un ataque directo al movimiento obrero y a su derecho a asociarse. Lo que muestra claramente el lineamiento ideológico antiobrero de la fiscal Ramírez, en sintonía con las posturas de este gobierno”.

En su momento, el sindicato de trabajadores del subte recusó a la fiscal argumentando su “falta de objetividad, al mostrar enemistad manifiesta y encono contra las organizaciones sindicales, violentando con sus planteos la normativa constitucional, no sólo en torno a los principios de legalidad e inocencia sino también en lo que hace a las garantías propias del derecho colectivo del trabajo”.

Pero el pedido fue rechazado tanto por el juez de primera instancia como por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, uno de los votos del Tribunal objetó la calificación legal utilizada por la fiscal: “Equiparar la pertenencia de los imputados a la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro a una participación criminal en una asociación ilícita (…) implica denigrar y considerar criminal una actividad en principio lícita y tutelada constitucionalmente”.   «

APOYOS

Organismos de Derechos Humanos se presentaron en la causa como Amicus Curiae solicitando el sobreseimiento de los imputados. “Resulta preocupante la persecución criminal de acciones claramente enmarcadas en el ejercicio del derecho de huelga de las y los trabajadores del subterráneo y Premetro en el Estado de Derecho”, denunciaron.

Su cruzada contra los “manteros” senegaleses

La fiscal Celsa Ramírez está al frente de la mayoría de los expedientes abiertos por contravenciones por el uso de espacio público en la Ciudad de Buenos Aires. Fue en el marco de sus actuaciones cuando en septiembre de 2018 ordenó un operativo policial contra “manteros” senegaleses en el barrio de Constitución, que terminó en detenciones de migrantes y referentes de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre ellos, Juan Grabois, el dirigente social cercano al Papa Francisco.

Esa motivación de perseguir a trabajadores informales quizás haya estado azuzada desde octubre de 2017, cuando recibió el reconocimiento de la filial argentina de la empresa Nike, “en virtud de su trabajo sobre el origen, distribución y venta de bienes destinados al comercio ilegal”.

El galardón coincidió con un hecho no tan grato. Una colega suya, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, solicitó su indagatoria por abusar de su autoridad en el marco de una investigación por actividades desarrolladas sin autorización, en el predio del ex Patronato de la Infancia (PADELAI), en San Telmo. Caamaño consideró que Ramírez dispuso “medidas cautelares restrictivas de derechos constitucionales sobre personas ajenas a los hechos denunciados”.