Red de radios

22.10.2018

por La Retaguardia

Ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el Protocolo Lemus aparecieron muchas preguntas, miedos y versiones cruzadas. Natalia Gherardi, abogada, feminista, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, actor clave del amparo presentado en 2012, fue entrevistada en el programa Hora Libre, que conducen Rodrigo Ferreiro, Matías Bregante y Natacha Bianchi. Los nubarrones se disiparon con contundencia. “Acá no cambió nada. Los hospitales públicos porteños deben seguir garantizando el acceso al aborto legal como lo venían haciendo”, aseguró.

El Tribunal Supremo de Justicia de la CABA, rechazó un amparo interpuesto hace 6 años contra el Protocolo Lemus, que restringe el acceso al aborto legal en la ciudad. Según la abogada Natalia Gherardi, hasta que el fallo no quede firme sigue rigiendo el código penal y el Fallo FAL que permite el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales.

-Rodrigo Ferreiro: ¿Qué sucedió ésta semana con respecto al Protocolo Lemus, que puede generar una modificación en las prácticas de los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires?

-Natalia Gherardi: El Tribunal Superior de Justicia (TJS) de la Ciudad dictó sentencia en un amparo que interpusimos hace ya 6 años contra el protocolo de acceso legal que había presentado Lemus cuando era Ministro de Salud porteño. Era un protocolo con muchos requisitos para acceder al aborto legal, que excedía lo que dice el Código Penal y que contradecían la interpretación que hizo la Corte con respecto al caso FAL. Entonces, en ese momento (2012), las integrantes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, junto con el CELS y María Rachid, que era legisladora, presentamos un amparo que fue bien recibido en primera instancia y que, junto con medidas cautelares y un fallo posterior del Juez (Roberto Andrés) Gallardo, dejaron sin efecto muchos requisitos restrictivos e ilegales del Protocolo Lemus, permitiendo el acceso a abortos no punibles.  Ayer, la Corte dijo que la forma en que elegimos cuestionar el Protocolo Lemus, con una acción de amparo, no es la correcta. De ese modo, con un argumento procesal y formalista, se desestima la acción de amparo, pero sin analizar el fondo, que es que los requisitos de ese Protocolo de 2012 son ilegales. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Sigue rigiendo en la Ciudad de Buenos Aires la ley nacional, que es el Código Penal, con la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL, y siguen vigentes la cautelares y la adecuación del protocolo tal como se aprobó en primera instancia porque ésta sentencia del TSJ no está firme, entonces la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de garantizar el acceso al aborto legal como lo venía haciendo.

-RF: ¿Por qué motivos era restrictivo el Protocolo Lemus?

-NG: Bueno, establecía requisitos insólitos e ilegales, como por ejemplo restringir el acceso a la interrupción por casos de violación hasta la semana 12 de gestación. Y eso es totalmente arbitrario y un exceso reglamentario de la Ciudad totalmente injustificable. Otra cuestión era la imposición de un proceso burocrático en el acceso, que involucraba hasta al personal directivo del hospital, cuando la Corte claramente dijo que con la intervención de un solo profesional alcanza para realizar el aborto no punible, y que no se pueden interponer cuestiones burocráticas que obstaculicen ese derecho. Un tercer requisito ilegal era la sustitución de la voluntad de las mujeres con discapacidad mental, requiriendo el consentimiento de personas encargadas. Sin dudas era un Protocolo contrario a nuestra Constitución, al Código Penal y a garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos.

-RF: Hubo muchas dudas desde ayer, ¿Cuál es la mejor manera de informar esta noticia?

-NG: Primero, diciendo que el TSJ, con argumentos formales, evitó pronunciarse acerca de la ilegalidad del Protocolo aprobado por la Ciudad. El TSJ le dio la espalda a la Marea Verde, y en lugar de dar certeza y tranquilidad, evita pronunciarse al respecto con un argumento formal. Lo importante es lo que el mismo Ministerio de Salud de la Ciudad aclaró ayer: acá no cambió nada. Para los hospitales públicos porteños no cambió nada y la ILE sigue siendo un derecho.

19.10.2018

Ex oficiales de la Federal coparon el hall de Seguridad en rechazo a su traslado a la fuerza de la Ciudad. Aseguran que cobran menos y perdieron beneficios como obra social y seguro de vida. Confirman su permanencia hasta que sus reclamos sean atendidos.

Anoche, más de 120 ex policías federales armados tomaron el Ministerio de Seguridad porteño en rechazo al traslado a la fuerza de la Ciudad.

El hall del edificio, ubicado en Regimiento Patricios al 1000, se colmó con los manifestantes que ante las fallidas reuniones con funcionarios, aseguraron que se quedarán allí hasta que sus reclamos sean atendidos.

El conflicto data desde la creación de la fuerza por Rodríguez Larreta en 2017, que es una fusión entre la Policía Metropolitana y un sector de la Policía Federal. En marzo de este año, los ex federales  también realizaron una movilización desde Plaza de Mayo hasta la Legislatura, donde entregaron el listado de los policías que pedían volver a la Federal, junto a la denuncia de sus derechos laborales afectados por el traslado.

“Queremos volver a nuestra fuerza de origen. Dicen que estamos mejor y que tenemos sueldos dignos. Esto no es así. Trabajamos más por la misma plata”, declaró a AM 750, Ricardo Braustein, cabo primero de la Federal trasladado.

Ya a mediados de 2017, Ricardo Ragendorfer, periodista especializado en policiales, advertía estas internas. “Hay una preocupación legítima de los uniformados provenientes de la Federal por la posibilidad de perder su obra social y los beneficios como el cobro de horas adicionales que en la Metropolitana no se perciben.

Y agregaba: “hasta detestan ese uniforme violeta y absurdo que les pusieron. Sienten que perdieron autoridad porque ya no tienen chapa y muchos ni siquiera gorra o chaleco. Como consecuencia, parecen vigiladores o carteros gracias a que los uniformes no fueron diseñados por una sastrería militar sino por una agencia de publicidad contratada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”.

Hoy, los agentes aseguran que hubo recortes salariales, y no poseen asistencia médica y seguro de vida por una decisión “arbitraria” del gobierno porteño.

19.10.2018

Por Ludmila Sueiro

Un grupo de estudiantes de la escuela Carlos Pellegrini denunció que sufrió "torturas" por parte del personal de seguridad. El hecho ocurrió cuando participaban de una fiesta de egresados en la discoteca de Mandarine Park. 

Ofelia Fernández, referente estudiantil, denunció en su cuenta de la red social Twiter que un grupo de estudiantes sufrió "torturas y agresiones" por parte del personal de seguridad del boliche Mandarine Park, ubicado en el complejo Punta Carrasco, en la Costanera porteña. Además, la militante feminista relató que fueron parte de las agresiones efectivos policiales y que no sólo se trató de agresiones verbales y físicas sino que “retuvieron a un grupo de pibas, la mayoría menores de edad, sin motivo alguno”. 

Según detalló Fernández, los empleados de seguridad de la discoteca “retuvieron a un grupo de pibas en un cuarto sin motivo alguno, les negaron todo tipo de comunicación con el exterior y entre ellas. Los policías estaban totalmente pasados de merca, tiraban los documentos al piso. A una piba la golpearon y la amenazaron de muerte, todo mientras sostenían ideológicamente la tortura diciendo que querían que volviera la dictadura”.

De esta manera, la ex presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini calificó al accionar del personal de seguridad de “abuso de poder arbitrario y horroroso”.  En este mismo sentido, la joven aclaró: “Les molestó que dos pibas se besen, como si no hubiera una Ley de Matrimonio Igualitario sancionada hace años”. Por último, sintetizó también les molestó que “tuvieran el pañuelo verde, que parece que es un arma de fuego muy peligrosa para portar en un lugar así”. 

Por su parte, la estudiante Valentina Toledo del Colegio Nacional Buenos Aires declaró ante el portal Izquierda Diario en relación a los hechos denunciados: "Somos un montón les que queremos salir con nuestros pañuelos verdes y vamos a pelear contra la persecución a les pibes que como nosotros salen a divertirse, porque sabemos que no sólo pasa en Mandarine, esto hacen los empresarios de la noche junto con la yuta, pongamos toda la fuerza de nuestra marea verde para que ningún policía ni patova puedan tocar más a une pibe en un boliche ni que nadie nos haga guardar nuestros pañuelos."

En esta misma línea se expresó la estudiante del Carlos Pellegrini Magali Peralta que afirmó “sepan que las pibas no vamos a permitir un avance represivo en los boliches, en mi caso no quiero salir a un boliche donde mientras nos divertimos, los patovas agarren a una piba menor de edad y se la llevan a un cuarto con la gorra, no me da igual".

18.10.2018

Lourdes Oliverio

Sancionan a Dante, vocero del turno tarde, y a otros tres alumnos del Liceo 8 de Mataderos por organizarse en defensa de la educación pública y en contra del Presupuesto 2019.

Hoy se realizó un consejo de convivencia en el Liceo 8. A Dante, que es referente del Centro de Estudiantes y de la agrupación No Pasarán, le pusieron dos sanciones por organizar una asamblea y este jueves definieron suspenderlo por tres días. Apenas unas horas habían pasado del corte que realizó el Centro de Estudiantes contra el presupuesto 2019.

Pero la persecución política de las autoridades no terminó ahí. Esta mañana los estudiantes del turno mañana, al intentar ejercer su derecho a hacer una asamblea contra el Presupuesto 2019, recibieron una nueva prohibición totalmente irregular, como respuesta a otro atropello de la Dirección, realizaron una sentada pacífica donde 3 estudiantes más fueron sancionados.

Hay mucha bronca en los cursos. La dirección intenta avanzar con la organización de los estudiantes. No es casual que lancen este brutal ataque a menos de 24 horas de realizar un semaforazo en Murguiondo y Alberdi, corazón de Mataderos, contra del presupuesto 2019 que está escrito por el FMI y que destruye la educación pública.

El liceo 8 es el único colegio secundario público de Mataderos, y hace dos años viene levantando banderas desde un Centro de Estudiantes que organizó todo tipo de campañas para fortalecer la organización por la educación pública. En cada curso con sus delegados y voceros, se hicieron asambleas y petitorios por el código de vestimenta, el edificio nuevo, contra las inundaciones de las aulas cuando llueve, varios pañuelazos y marchas históricas el 13J y 8A por el aborto legal, contra los tarifazos y el ajuste y en cada Paro Nacional. Pero también campañas solidarias en apoyo a las y los trabajadores del Astillero Río Santiago, las trabajadoras de PepsiCo, campañas de Derechos Humanos por Sandra y Rubén, por Santiago Maldonado y tantas más. Todo un ejemplo de organización.

Quieren que la crisis pase sin lucha y por eso atacan a los jóvenes que vienen saliendo a las calles y que se están organizando en los colegios. No podemos dejar pasar un ataque así a nuestros centros de estudiantes. Hay que impulsar con todo la campaña contra la persecución política que ya lanzaron los propios estudiantes con decenas de carteles: "No a la suspensión de Dante".

Es importante redoblar la lucha y defender la organización. Sobre los centros de estudiante y la organización de los y las secundarias ¡No Pasarán!

13.10.2018

El 7 de octubre María Barrechea murió atropellada queriendo resguardar su mercadería del acoso policial. El FIT presentó un proyecto en la Legislatura para que el gobierno dé explicaciones

Myriam Bregman y Patricio del Corro presentaron un pedido de resolución en la Legislatura para que el organismo dé explicaciones sobre la muerte de María Barrechea, que murió atropellada por un colectivo mientras escapaba del acoso policial que responde a Horacio Rodríguez Larreta.

El proyecto le exige al Poder Ejecutivo de la Ciudad que “a esta Legislatura, en el plazo de 30 (treinta) días, de recibido el presente, sobre la situación que culminó en la muerte de la vendedora ambulante María Barrechea, quien fuera atropellada por un colectivo mientras cruzaba corriendo, perseguida por la Policía de la Ciudad, cuyos integrantes cumplen funciones en la Comisaría 7º.”

La muerte de María se dio en el marco de los constantes acosos que reciben las vendedoras ambulantes por parte de la Policía de la Ciudad, que mediante represión y amenazas les incautan la mercadería, que es su única fuente de ingresos.