14.12.2018

Castigo a cuida coches, limpiavidrios y ruidos molestos

Por Nicolás Romero

Las modificaciones al Código Contravencional fueron aprobadas por la mayoría del oficialismo. Habrá multas y sanciones. Las críticas señalan las facultades discrecionales con que podrá intervenir la policía.

 

Con la Legislatura nuevamente vallada, en la última sesión ordinaria del año, el oficialismo aprobó modificaciones al Código Contravencional que, entre otras cosas, penalizará a cuida coches y limpiavidrios, con la aplicación de multas económicas y días de trabajo de utilidad pública, aumentará las facultades discrecionales de la policía en el espacio público, por ejemplo, para determinar qué es un ruido molesto, por el que habrá sanciones y multas, que alcanzarán también a quienes fijen carteles o afiches en lugares no habilitados. Aunque hubo artículos del proyecto que fueron acompañados por legisladores de la oposición, en general, el arco opositor coincidió en calificar el nuevo articulado como punitivista y regresivo. En ese sentido, el legislador Leandro Santoro de Unidad Ciudadana, sostuvo que “es difícil separar” este Código de la decisión del gobierno de “construir un enemigo interno” y que lo que hay detrás “es la criminalización del trabajo informal en la vía pública de gente que subsiste” en un contexto de crisis económica “que expulsa día a día a compatriotas a la pobreza”.

El proyecto aprobado en general con 40 votos a favor (Vamos Juntos, Evolución y Mejor Ciudad) y 20 en contra (Gen, Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Socialismo, FIT, AyL) había obtenido un despacho de mayoría en la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña la semana pasada. Sin embargo, el texto de la ley fue sufriendo modificaciones hasta último momento. Los puntos más ríspidos tenían que ver con la sanción a los trapitos, la inclusión de la figura de los limpiavidrios –que no existía– y la posibilidad de que las denuncias por contravenciones sean anónimas. Este último punto fue descartado durante la votación en el recinto.

La transversalidad de la ley quedó reflejada en la votación en particular, en la que el bloque del Socialismo apoyó los artículos referidos a los trapitos, al punto de sostener que el 80 por ciento de la redacción eran de su autoría y que el macrismo los acompañaba a ellos y no al revés, mientras que los oficialistas de la Coalición Cívica los rechazaron.

Los artículos en cuestión fueron el 6 y el 7, que en su redacción final establecen que se sancionará a quienes ofrezcan o presten sin autorización legal (que el gobierno no provee) servicios de “estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios” con uno a dos días de utilidad pública o multa de cincuenta a trescientas unidades fijas (17,85 pesos cada unidad). Además, “el magistrado interviniente informará al contraventor/a de los programas de asistencia previstos en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat u organismo que en el futuro lo reemplace. Cuando la conducta está basada en la desigualdad de género la pena se elevará al doble”. Las sanciones se aplicarán también cuando se prestan esos servicios “en los alrededores de los grandes parques durante los fines de semana o dentro de un radio de hasta treinta (30) cuadras del lugar donde esté programado un evento masivo de carácter deportivo o artístico, desde las tres (3) horas antes de su inicio y hasta (2) dos horas posterior a su finalización”.

La legisladora Andrea Conde (UC) sostuvo que el proyecto “no es más que la constatación del fracaso de las políticas públicas de un gobierno que excluye y margina, que deja al límite de la subsistencia a muchos de sus habitantes”.

En tanto la integrante del BP María Rosa Muiños dijo que con esta norma “cualquier persona que colabore con el estacionamiento del vehículo de otro, aún a título gratuito es pasible de ser contraventor”, y advirtió que “la actividad de limpiavidrios actualmente no representa infracción alguna. El argumento dado en comisión fue que esta actividad es utilizada como fachada para la comisión de delitos violentos contra la propiedad. Se olvida que a los jubilados por ejemplo, se les cometen delitos violentos contra la propiedad mediante el engaño de ser empleados de empresas de servicios públicos como el gas y la luz, pero no se prohíbe la actividad de gasistas o electricistas matriculados a domicilio”.

La oposición también señaló que el gobierno nunca quiso regular la actividad sino prohibirla, y recordaron el veto de Mauricio Macri en 2011, cuando era Jefe de gobierno, al Registro de Cuidadores de Vehículos sancionado por la Legislatura.

De acuerdo al nuevo Código, también serán sancionados quienes produzcan ruidos molestos que “por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia” con “uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de cincuenta (50) a cien (100) unidades fijas”. Y “cuando el origen de los ruidos provengan de la vía pública con excepción de las manifestaciones artístico-culturales a la gorra” la sanción será de dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública, multa de cincuenta (50) a doscientas (200) unidades fijas o arresto de uno (1) a cinco (5) días”. Pero, según criticó la oposición, será la facultad discrecional de la policía la que determinará cuáles son los niveles de ruido aceptables en la vía pública.

Mayor respaldo legislativo tuvieron las sanciones para las acciones de “intimidación”, “maltrato” y “acoso sexual” en lugares públicos o espacios privados de acceso público. Respecto del acoso, que puede ser penado con hasta 5 días de arresto, se duplicará cuando la víctima sea menor de 18 años, mayor de 70 años o se trate de una persona con discapacidad.

También se incorporan penas para la difusión de imágenes íntimas, el hostigamiento digital y la suplantación de identidad a través de medios electrónicos.

El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, advirtió que con la reforma del Código Contravencional “se pretende instalar mecanismos autónomos de control social en manos de la policía” y destacó que “llevará a la criminalización de colectivos y comunidades en situación de clara vulnerabilidad”.

14.12.2018

Bajo una lluvia torrencial y rodeados de un operativo de seguridad, manifestantes denunciaron que las nuevas normas en la Ciudad penalizarán trabajadores y desocupados. Además repudiaron los negociados inmobiliarios en el ámbito de CABA.

Docentes, cooperativistas, vendedores ambulantes, artistas callejeros, motoqueros, desocupados y vecinos de la Villa 31 coincidieron en protestar contra las medidas que impone el macrismo y sus aliados en la Legislatura porteña.

Bajo una copiosa lluvia, los manifestantes hicieron un acto para dar a conocer los puntos que los diputados de Cambiemos prefieren imponer normas represivas en la última sesión del año, junto a los votos de sus aliados Evolución (Martín Lousteau/UCR), PRO, Confianza Pública y Partido Socialista.

Fueron custodiados por un excesivo operativo de seguridad, montado por la Policia de la Ciudad, en cual superó las inmediaciones del edificio de la Legislatura, llegando hasta la Plaza de Mayo.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), vecinos de la Villa 31 y del Movimiento Barrios de Pie, fueron las organizaciones que se manifestaron. “¡La villa 31 no está en venta! Es nuestra y no se la vamos a entregar a Horacio Larreta”, dijo Mirtha, una vecina que integra la Mesa Participativa del barrio de Retiro.

Al mismo tiempo Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM), hacían su propia protesta en la esquina de la avenida Perú y Diagonal Julio A. Roca, en demanda de una “normalización de la actividad” y contra los despidos en el sector.

 

HOMENAJE A UNA DOCENTE

 

Los diputados opositores sostuvieron durante la sesión un cartel en sus bancas para recordarle al oficialismo de la Legislatura como la aprobación de la UniCABA impactó negativamente afectando a una de las luchadoras en defensa de los profesorados. “Débora Kozak presente”, sostuvieron ante el inesperado fallecimiento de la rectora del Normal 1.

“Vamos a continuar la lucha de manera inclaudicable. No importa el tiempo que lleve. Eso es lo que nos hace invencibles”, señaló la legisladora de Unidad Ciudadana, Paula Penacca. 

En el recinto se realizó un minuto de silencio tras aprobación Proyecto de Declaración por el fallecimiento de Débora Kozak, la luchadora en defensa de la educación pública y columnista de INFOnews.

Los docentes también se movilizaron bajo la lluvia con una radio abierta donde denunciaron la política de ajuste a la educación del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), CTERA y CTA.

La protesta docente denunció la falta de vacantes, se pronunció contra la UniCABA y la Secundaria del Futuro, la falta de Presupuesto Educativo, las paritarias que no cubren las necesidades básicas.

Reclamaron que se deje de trasladar y vender instituciones educativas, como la Escuela de Cerámica de Almagro, el Instituto Romero Brest y las Escuelas Medias del CENARD.

Contra la política de cierre de los Institutos de Formación Técnica Superior, el lactario del hospital Ramos Mejía y para que la Escuela de Enseñanza Artística Rogelio Yrurtia siga ocupando su espacio como lo viene haciendo históricamente.

13.12.2018

Por Valeria Garay

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el pasado jueves 6 de diciembre la reforma de planeamiento urbano con el voto unánime de los legisladores de Cambiemos y el voto negativo de toda la oposición.

Este nuevo código urbanístico y de planificación se votó con la Legislatura vallada y cientos de vecinos manifestando su descontento en el exterior. Entrevistamos a María Eva Koutsovitis -Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA e integrante del Frente de Organizaciones Territoriales Salvador Herrera (FOSH-CTA)- para entender por qué este proyecto le conviene más a las inmobiliarias que a la gente.

 

– ¿Por qué creés que este proyecto le conviene más a las empresas que a la gente?

– El código urbanístico que acaba de aprobarse en realidad viene a legalizar un modelo de Ciudad, que es este modelo de Ciudad Negocio, que muchas organizaciones y asambleas de vecinos vienen rechazando y denunciando. La realidad es que la Legislatura porteña, en particular el bloque del Pro, no ha escuchado a los cientos de vecinos que en las distintas audiencias públicas se han pronunciado en contra de este código.

Nosotros lo que planteamos es que este código urbanístico en lugar de resolver los problemas de la Ciudad, que tienen que ver con problemas de infraestructura, que tiene que ver con el problema del acceso a la vivienda, que tienen que ver con las políticas de transporte, con la integración de los barrios populares al resto de la Ciudad, lo que hace es legalizar el negocio inmobiliario. Entonces, en este sentido, nosotros también desde la CTA-A, desde el Frente de Organizaciones Salvador Herrera y desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria lo hemos venido denunciando.

 

– ¿Por qué fomenta un negocio inmobiliario?

– El Código lo que permite, mediante la figura enrase, es poder elevar las alturas de las construcciones. Entonces, nosotros ahí nos preguntamos por qué queremos aumentar la altura en las construcciones de la Ciudad de Buenos Aires para generar en altura mayor cantidad de viviendas, si en realidad tenemos de entre 100 mil y 200 mil viviendas ociosas. Por otro lado nos preguntamos, si parte de la gestión de Larreta es urbanizar los barrios populares de la Ciudad para poder integrarlos al resto de los barrios, ¿Por qué el Código Urbanístico destina de sus 900 páginas solo una a los barrios populares? También nos preguntamos si el problema de la Ciudad es resolver las inundaciones en la cuenca del Medrano, ¿Por qué no tenemos herramientas concretas en el Código Urbanístico, para poder atender ese problema? ¿Por qué si uno de los problemas en la Ciudad tiene que ver con el acceso a los servicios básicos en los barrios populares, servicio de agua, servicio de cloacas, tampoco contamos con herramientas concretas para poder resolverlo?.

 

– ¿Por qué tampoco tenemos herramientas concretas para resolver el problema de las superficies verdes absorbentes?

– La Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit en superficie verde absorbente. La Organización Mundial de la Salud establece entre 12 y 15 metros cuadrados de superficie verde absorbente por habitante. Y nosotros en promedio en la Ciudad tenemos 6. Es decir, el Código permite entonces, por ejemplo, aumentar la capacidad constructiva de una Ciudad que tiene entre 100 mil y 200 mil viviendas ociosas, por lo tanto nos preguntamos ¿Por qué queremos aumentar la capacidad constructiva? ¿Es para resolver el problema de las viviendas de los porteños y porteñas?

 

– Pareciera que la respuesta la dan cuando contemplan en el nuevo código departamentos de 18 metros cuadrados. En lugares donde antes se hacía un departamento, ahora se hacen tres.

– Sí, por un lado aumenta la capacidad constructiva, por otro lado, ese aumento de la capacidad constructiva habilita además a generar unidades habitacionales de dimensiones muy reducidas. En paralelo tenemos entre 100 mil y 200 mil viviendas ociosas. Entonces, ahí aparece una contradicción. ¿Cuál es el objetivo de aumentar esa capacidad constructiva? No es resolver el problema de vivienda de porteñas y porteños. Y ese aumento de la capacidad constructiva pone en riesgo los servicios públicos que hoy ya están colapsados en la Ciudad. ¿El código establece alguna herramienta concreta para adecuar esos servicios a esta nueva capacidad constructiva? Bueno, observamos que no.

Nosotros hace tiempo que venimos planteando algún tipo de propuesta para estos inmuebles ociosos que la Ciudad de Buenos Aires tiene.

 

– ¿Cómo se presiona para que a los empresarios inmobiliarios y a los propietarios pongan en función social esa vivienda ociosa?

– Hay muchas herramientas para poder regular el mercado inmobiliario. Una es el control sobre las viviendas ociosas, es decir, que esas viviendas no tengan por objetivo sostener un valor del metro cuadrado. Sino que tengan por objetivo poder resolver el déficit habitacional que hoy la Ciudad tiene. O sea, el código lo que nos propone es aumentar la capacidad constructiva con un tipo de vivienda que no resuelve el problema habitacional de una familia.

Nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires actualmente tenemos un 15 por ciento de la población, es decir aproximadamente 400.000 habitantes viviendo en villas, asentamientos o barrios populares. Nosotros tenemos que resolver para ese sector el acceso a la vivienda digna, es una deuda pendiente enorme. Muchos de esos barrios son históricos, son barrios que tienen más de 70 años en la Ciudad de Buenos Aires y por otra parte, nosotros tenemos leyes que establecen hace 20 años que esos barrios deben urbanizarse. Entonces, tenemos una enorme deuda pendiente en relación al acceso a la vivienda digna y en paralelo lo que estamos haciendo es aprobar un código de planeamiento que no viene a resolver este problema, que es el problema estuctural de la Ciudad.

O sea, los problemas estructurales en la Ciudad es el problema de las inundaciones, el problema de los servicios públicos, el transporte, el acceso a la salud, el acceso a la educación, los servicios básicos. En la Ciudad tenemos colapsados los servicios básicos sanitarios. En muchos barrios de la Ciudad el agua se corta o no tiene presión suficiente. En los barrios populares ni siquiera podemos garantizar los servicios básicos.

 

– Vos dijiste que en este nuevo código que se aprobó había una sola hoja destinada para los barrios populares. ¿Qué dice en esa página?

– Por supuesto que si de 900 páginas que tiene el código, si para los barrios populares hay destinada una página, no tenemos las herramientas concretas para poder garantizar la integración y la reurbanización de estos barrios. Sino que tan solo tenemos un conjunto de generalidades. Pero eso también te da pauta de cuál es el foco que tiene este código urbanístico.

Nosotros hubiéramos esperado que ese código nos proporcionara herramientas concretas para poder garantizar la integración de los barrios populares al resto de la Ciudad. Y, por ejemplo, evitar que estos barrios una vez urbanizados mediante los mecanismos del mercado terminen expulsando a los habitantes. Por ejemplo, hubiéramos esperando que el código estableciera tarifas diferenciadas para aquellos barrios populares que van regularizando sus servicios. Mecanismos de compensación para que esas familias a las cuales durante muchos años se le fue negado el acceso a los servicios puedan entones ser compensadas y durante un período equivalente una vez que el servicio se regularice no pagar por el mismo. Es decir, nosotros hubiéramos esperado que el código contemplara herramientas concretas para llevar a cabo el proceso de integración en los barrios populares. Y lamentablemente, a los barrios populares les han destinado una página de las 900 con un conjunto de sentencias u oraciones. Nada más.

 

– En definitiva, la aprobación de este código y el no tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres, configuran un modelo de exclusión por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires.

– Absolutamente. Yo creo que este código viene a legalizar muchas ilegalidades en relación a distintas obras que en la Ciudad de Buenos Aires se llevan a cabo. El Gobierno de la Ciudad viola muchas normativas, entrega muchos permisos para construcciones ilegales. Hay muchas construcciones ilegales abaladas por el Gobierno, y el código viene a blanquear esta ilegalidad y viene a legalizar un modelo de Ciudad que está basado en la especulación inmobiliaria o está pensado a partir del negocio de los grandes grupos concentrados inmobiliarios. Este código legaliza la idea de una ciudad negocio en lugar de venir a resolver los problemas estructurales que la Ciudad tiene.

El código además no viene a resolver el problema de la degradación ambiental en el sur de la Ciudad, en las Comunas 4, 8, 7 y 9 que integran la Cuenca Matanza Riachuelo y comunas donde hay una enorme deuda pendiente en materia ambiental.

Algo muy importante a resaltar es que esto se aprueba aún cuando el conjunto de la ciudadanía lo ha rechazado. Cuando uno revisa las distintas presentaciones en las audiencias públicas, observa que cada uno de esos oradores, cada uno de los colectivos urbanos que se han organizado lo han rechazado, y aún así el Pro nos impone este código.

10.12.2018

COMUNICADO DE LA MUTUAL SENTIMIENTO, LUEGO DEL ATENTADO EN QUE FUERON INCENCIADOS DOS VAGONES EN “LA CHACRITA”, EN LACROZE 4171, CABA, EL DOMINGO 9/12

Cuando lxs necixs no saben qué hacer queman todo. Queman las brujas, los científicos, matemáticos, religiosos, Juanas de Arco, libros, Todito lo que no pueden comprender, lo que produce temor por su importancia, lo que no se entiende y no se está de acuerdo, históricamente fue pasado por las llamas.

El Instituto de la Vivienda está construyendo cientos de viviendas en Chacarita, justo, justo donde tenemos nuestro espacio agroecológico Luego de una ardua lucha de un par de años, logramos que el IVC, no solo respetara el Centro de Abastecimiento “El Galpón” sino que nos ayudara a mudar nuestra huerta y su añosa arboleda, hoy vivita y hojeando a 70 metros de donde estaba. Fue un aquelarre, un esfuerzo agotador de 8 meses pasando tierra orgánica, plantines, plantas, matas, bancales, semillas, lombrices, composteras, toldos y tolditos, herramientas, mangueras, etc. ¡Eso sí! ¡¡Prestando especial atención en que nos siguieran todos los pájaros al nuevo espacio!!

Todo comenzó a florecer, a frutar y a semillar, fue una explosión de naturaleza, agradeciendo tanto humano esfuerzo y fuimos casi, casi felices!! La llamamos “ La Chacrita del Galpón” ¡¡Y se llenó de vecines, de huerteres, de niñes!! 

En un viejo vagón de madera, casi puesto por un decorador en ese espacio, guardábamos el banco de semillas agroecológicas, nuestra biblioteca, las herramientas que teníamos: picos, palas, carretillas, rastrillos, regaderas, mangueras, cositas y cosotas construidas, o sea: ¡¡nuestra tecnología apropiada!! 

Ayer nos lo incendiaron, lo quemaron hasta no poder reconocerlo.

¡Qué costumbre la de quemar! 

Que mala costumbre la del gobierno de mezclar política con drogas planes y trabajo mal pago.

Mala práctica el cóctel molotov de querer ser “verde” y apostar a la ignorancia para desorganizar un barrio.

Muy mal para el gobierno y sus métodos de controlar todo con punterxs que se combinan con empresarios inescrupulosos, casi inhumanos, casi corruptos, casi delincuentes. 

Muy mal señoras y señores del gobierno, que destruyen un espacio para construir otro y no toman medidas de protección para les que habitamos en ese lugar. Una avenida (Triunvirato, la nueva) con vehículos que transitan a más de 100 km x hora. ¡¡Y nadie para controlar!!

Esqueletos de edificios y escombros donde muchas veces se escuchan gritos y llantos que no se sabe de dónde vienen. ¡¡Y nadie para controlar!!

Señoras y señores del gobierno, ¡dejen de usar a la ignorancia como lanzallamas! 

Asociación Mutual Sentimiento

10.12.2018

Por Ulises Valdez

Mariana vivía junto a su familia en una casa-taller de Mataderos. Otro crimen social del Estado y la industria que impulsa Juliana Awada. Ni una muerte más por talleres clandestinos.

 

Este domingo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires otra de esas tragedias anunciadas, a las que empujan las condiciones en que viven y trabajan cientos de miles aún en la ciudad más rica del país.

Dos familias compartían una vivienda en la calle Cañada de Gómez, que también era un taller textil. Por un problema eléctrico que aún no se pudo determinar, la casa se incendió con varias personas adentro. La madre pudo sacar a uno de los niños, pero el fuego no la dejó volver. Según contó Juan Vázquez (CTEP) al sitio ANSOL, “a las 9 de la mañana se originó el incendio en una de las habitaciones de la casa donde funcionaba el taller. Habían estado dos meses sin trabajo y había llegado un corte que lo pensaban trabajar esta semana”.

Es que en varios barrios de la Ciudad que gobierna Rodríguez Larreta siguen funcionando talleres textiles precarios. Algunos familiares, otros “cooperativos” y otros directamente dependientes de las grandes marcas. Más allá de algunas ferias populares, la mayoría de esas familias y jóvenes costureros inmigrantes trabajan para conocidas marcas. Como el caso de Cheeky, la cadena de indumentaria infantil propiedad de Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri. Su empresa era abastecida por talleres clandestinos donde había hacinamiento y reducción a la servidumbre.

El hecho más impresionante fue el incendio de un taller en la calle Luis Viale, donde murieron cinco niños y una joven embarazada en 2006. Juana Vilca (25 años), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3). En 2015 le siguió otro incendio en Flores, donde murieron Rodrigo y Rolando, dos nenes de 7 y 10 años alumnos de la escuela 4. Ante el impacto de esos hechos, y el reclamo de distintas organizaciones, en la Ciudad se han reducido la cantidad de talleres clandestinos. Una parte de esa cadena de explotación y hacinamiento de miles de familias, sobre todo bolivianas, se ha trasladado a la Provincia de Buenos Aires. Pero otra, como vemos hoy, permanece “oculta” en la gran ciudad.

Estas condiciones no las garantizó solo Cambiemos. La industria textil ha sido una de las que más ha crecido durante el gobierno anterior, pero el 80 % lo hizo en estas condiciones, que hoy siguen siendo las mismas. Los sindicatos peronistas, incluso los que se han dicho “oposición”, han sido parte crucial de esta tejido de ganancia.

Mariana iba a quinto grado de la escuela 7 del distrito 13, cerca de su casa. La noticia, como no podía ser de otra manera, golpeó a sus compañeras, amigos y docentes.

Como escribió uno de los maestros de esa escuela, Mariano Garrido, “como docentes no deja de intrigarnos cuáles son las resonancias más hondas en nuestrxs alumnxs cuando trabajamos sobre los derechos de lxs trabajadorxs. O cuando estudiamos, por ejemplo, las condiciones de vida durante la Revolución Industrial y leemos fuentes donde se narra cómo en una fábrica de Manchester lxs obrerxs trabajaban 14 horas al día y eran multados si abandonaban los telares sin permiso. Dos siglos después, de este lado del carretel, lxs hijxs de la clase obrera precarizada siguen encadenados, viviendo pésimamente y muriendo temprano”.

Este fin de semana, el flagelo de la precarización de la industria textil volvió a mostrar su peor rostro: la muerte de niños y niñas entre las máquinas. La responsabilidad de los empresarios, pero también del Estado, es indudable. Como es indudable que se trata de otro crimen social del capitalismo: las brutales condiciones en que viven y trabajan millones de familias trabajadoras las condena a morir en tragedias como esta.

Los gremios que denuncian el ajuste y los movimientos de trabajadores cooperativistas, junto con la comunidad, tienen que convocar a medidas urgentes para terminar con estos crímenes brutales. Ni una muerte más por talleres clandestinos.