Red de radios

30.10.2018

Por Lourdes Oliverio

La revolución de las pibas impuso, luego de 12 años de sancionada la Ley, un programa que garantizaría la aplicación de ESI a partir del 2019 en todas las escuelas de la Ciudad. Aseguran la participación de dos estudiantes por colegio como promotores. Continúa el debate por la separación de la Iglesia y el Estado.

Este año, fue el año de la marea verde, donde cientas de estudiantes secundarias se movilizaron, participaron de pañuelazos y tomaron los colegios al grito de: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.”

Mientras tanto la Iglesia también se organizó contra nuestro derecho. Son responsables junto a los dinosaurios del Senado, de que continúen muriendo mujeres por abortos clandestinos.

La Iglesia y los fachos se envalentonaron: El partido celeste lanzó campañas con la consigna: “#ConMisHijosNoTeMetas” entran a impedir que se dicté ESI en los colegios, dicen “perseguir aborteros hasta que no quede ni uno”, como pasó en La Plata, y organizan marchas contra la Educación Sexual Integral, para impedir que accedamos a nuestro derecho a decidir.

Sin embargo, la fuerza de la marea verde logró que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por fin tenga que dar una respuestaal reclamo que las pibas venimos exigiendo en los colegios desde hace años. La educación sexualno se aplica. Para ello desde el Ministerio de Educación decidieron crear un programa que coordine la aplicación de la ley en todas las escuelas públicas y niveles educativos. Se aplicaría a partir del 2019 en toda la Ciudad.

Esta respuesta contempla la necesidad de que seamos los y las estudiantes, las que en los colegios promocionemos y verifiquemos si se aplica o no la ESI, qué contenidos son de interés para los jóvenes; en coordinación con docentes, los centros de estudiantes y las comisiones de género tal como veníamos reclamando desde el movimiento secundario y propusimos desde el proyecto presentado por Myriam Bregman en la Legislatura Porteña junto a Patricio del Corro: “Plan de emergencia en educación sexual con perspectiva de géneros sin injerencia religiosa” elaborado en común con sectores de la comunidad educativa, junto a trabajadoras de la Educación y estudiantes de escuelas secundarias.

Iglesia y Estado, asunto separado

En el marco de esta conquista, no podemos dejar de señalar la necesidad de la inmediata Separación de la Iglesia y el Estado. Recientemente un debate en el Congreso puso de relieve lo que la izquierda y un sector del movimiento de mujeres venimos señalando hace años: la necesidad de modificar el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual para que ninguna Iglesia, ni ninguna ONG o empresa, tengan injerencia en nuestra educación, como sucede actualmente.

La ley no puede seguir dejando lugar a que la Iglesia, que demostró ser uno de los principales enemigos de las pibas este año, entre en algún artículo de manera escondida y decida qué contenidos dar o no dar, que decida sobre nuestra educación, como pasa con la actual ley sancionada en 2006, bajo el gobierno kirchnerista.

Es necesario avanzar ya mismo en separar la Iglesia del Estadotal como lo señalamos en los proyectos presentados desde la banca de Nathalia Seligra y Nicolás Del Caño, para terminar con la injerencia religiosa dentro de los contenidos educativos y para terminar con los subsidios millonarios y las exenciones impositivas a dichas instituciones religiosas.

No nos calmamos nada

Las pibas nos tenemos que poner en pie con la fuerza que ya demostramos tener para ir por mucho más: contra los fachos y reaccionarios de la jerarquía de las Iglesias católica y evangélica, que pretenden arrebatarnos nuestros derechos, como pasa hoy en la Ciudad de Buenos Aires, donde la justicia volvió a atacar el acceso al aborto no punible. Por eso junto a Myriam Bregman presentamos un proyecto en la Legislatura porteña, para que el Estado garantice este derecho elemental.

Necesitamos redoblar las fuerzas para que la Iglesia y el Estado, sean asuntos separados. Si ellos se organizan para defender sus intereses, nosotras, las millones que fuimos este 8A en las calles, tenemos que volver a ser un tsunami que atraviese el Congreso este 14 de noviembre, cuando se vote el presupuesto de ajuste que quiere el FMI para el 2019, que ataca principalmente a las mujeres trabajadoras y jóvenes, que continúa destinando fondos millonarios a la Iglesia y al pago de la deuda, mientras recorta fuertemente en programas de educación sexual, de salud reproductiva y diversidad. Que ataca también el presupuesto para la educación pública, de la cual probablemente surjan más ataques a nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias y docentes.

Nos dicen que nos calmemos. Nosotres decimos: Para que la marea verde vuelva a las calles, contra el ajuste, por la separación de la Iglesia del Estado, por la educación sexual, la anticoncepción gratuita, el aborto legal, y todos nuestros derechos, la lucha es ahora, y es confiando en la fuerza de nuestra organización, junto a las miles de pibas y pibes que este año nos organizamos en cada colegio, junto a les docentes y a toda la comunidad educativa.

29.10.2018

Por Gian Carpucci y Daniel Bologna

Durante la tarde del sábado 27 se llevó a cabo la asamblea organizada por la comunidad educativa frente al presunto cierre de los institutos de formación técnica N° 4, 9, 16, 22 Y 29.

De acuerdo a lo expresado por integrantes de los Institutos de Formación Técnica Superior N° 22 y 29, durante el mes de octubre los rectores y los secretarios académicos fueron citados en al Ministerio de Educación porteño, en donde Facundo Durand (de la Subsecretaría de Carrera Docente), anunció la “desactivación” de los institutos de formación técnica N° 4, 9, 16, 22 Y 29 a partir del 1 de enero de 2019.

Los IFTS desarrollan sus actividades en diversas áreas disciplinarias y tecnológicas con autonomía de gestión dentro de los lineamientos y disposiciones de la política educativa jurisdiccional. Hace ya casi 25 años que tienen como misión la formación de técnicos de nivel superior con las competencias y capacidades adecuadas a las demandas sociales y productivas brindando formación profesional en comercio, administración, tecnología informática, turismo, enfermería, bibliotecología, seguros, ceremonial, producción de indumentaria, telecomunicaciones, entre otras asignaturas.

El anuncio sucede en el mismo mes en el que la Cámara de Diputados de la Nación da media sanción al presupuesto 2019 que implica un recorte del 77 % para infraestructura escolar, del 39 % para formación docente y un 35 % menos para becas estudiantiles. Sin embargo, el dinero destinado al pago de intereses de la deuda externa aumenta en un 49 % y equivale a 2,6 veces el gasto en educación.

Este ataque a la educación pública se suma al que recibieron las escuelas medias con la “Secundaria del Futuro”, la amenaza de cierre de los 29 profesorados ante la inminencia de la Unicaba y el recorte de tres mil millones de pesos, disminución de becas y acuerdos paritarios a la baja en la universidad. La decisión del Gobierno nacional y del FMI para imponer su plan por la fuerza, como se vio en la represión del pasado miércoles 24 en las inmediaciones del Congreso, tiene que ser el motor para que el movimiento estudiantil empalme con todos los sectores en lucha este 14 de noviembre en donde termina de votarse el Presupuesto.

Entre las decenas de estudiantes, docentes y no docentes que participaron de la actividad, también se acercaron estudiantes de la agrupación anticapitalista En Clave Roja de la Universidad Tecnológica Nacional para brindar su apoyo y ponerse a disposición de las resoluciones que se decidan en asamblea. Entre ellas, la de participar de la movilización a la Legislatura porteña, este martes 30 de octubre a las 14 horas.

29.10.2018

La Unión Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires (ADEMyS) rechazaron la oferta salarial del gobierno porteño que eleva al 30% el aumento para todo el año y vuelven a la huelga.

El secretario de prensa de UTE, Mariano Denegris, señaló que la oferta fue rechazada porque “si los pronósticos de inflación para todo el año son del 40 al 50% no podemos aceptar una oferta del 30%”.

El sindicalista señaló que el gremio ratificó el plan de lucha de UTE que incluye un paro de 36 horas, a realizar en noviembre próximo.

La oferta salarial fue rechazada por los dos gremios mayoritarios del sistema educativo porteño, tras una reunión paritaria encabezada por la ministra de Educación del gobierno, Soledad Acuña.

El Ministerio adelantó la reunión de la Mesa Salarial, que integran los 17 sindicatos del sector y ofreció mejorar la propuesta realizada en la anterior reunión, llevando el incremento anual a octubre al 30% en lugar del 25%.

En un comunicado, UTE consideró que la propuesta salarial “no compensa la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ingresos ni contempla una cláusula de activación automática” de acuerdo a la evolución del índice de precios que elabora el gobierno porteño.

El sindicato explicó que con la nueva oferta el salario mínimo de un maestro de jornada simple pasará a 18.487 pesos y significa un aumento de entre 700 y 900 pesos, según la antigüedad del docente y para los profesores una mejora de 35 y 45 pesos la hora cátedra y de entre 600 y 800 pesos para el preceptor.

El gremio consideró que la propuesta “tampoco contempla la pérdida que los trabajadores están teniendo mes a mes a lo largo del año, porque el Gobierno otorga los aumentos después de conocer el índice de inflación”.

28.10.2018

Este domingo 28//10 desde temprano muchos vecinos del barrio que hacían fila en las veredas de las escuelas para votar en las elecciones de Junta vecinal de la Villa 21.24 vieron frustrada esta posibilidad ante el escandaloso fraude orquestado por el macrismo.

Por primera vez en muchos años distintas organizaciones y vecinos independientes se nuclearon para derrotar a quienes desde el 2012 vienen maniobrando políticamente, según las conveniencias del momento.

Primero trabajaron con Cristina K, Tomada y Boudou. Ahora con Macri y los organismos del Gobierno de la Ciudad que acuerdan quienes hacen negocios con las necesidades de los vecinos.

Tienen los mandatos vencidos. No viven en la Villa. Pero manejan todos los “negocios” de un barrio cada vez más castigado por la falta de trabajo y de recursos.

Las organizaciones que luchamos por la emergencia social, alimentaria, de adicciones, contra la violencia de género, etc. confluimos en la Lista Azul, roja y negra. Y con otras listas, aún con las diferencias que tenemos, sumamos en la ley de lemas para enfrentar a los representantes de Macri y Rodríguez Larreta en las elecciones de Junta Vecinal.

Hoy, a la hora de la verdad, los padrones (que no fueron entregados con anterioridad a las listas opositoras, y donde por ejemplo no figuraba casi ningún compañero/a de la CCC), presentaban irregularidades como nombres duplicados y triplicados, vecinos empadronados para votar en dos escuelas, vecinos que debían votar en la escuela 11 y se los mandaba a la 12 y viceversa, generando un desconcierto y desazón sobre la posibilidad de participar.

Siendo aproximadamente las 11.30, la jueza Liberatori decidió suspender la elección. La noticia corrió por pasillos y calles, de boca en boca, causando indignación entre los vecinos, quienes fueron juntándose y movilizándose hasta la escuela donde se encontraba la jueza, gritando consignas contra Macri y contra la actual conducción de la Junta Vecinal.

La jueza decidió posponer la elección hasta el 11 de noviembre, y los vecinos se trasladaron en gran cantidad hasta la puerta del galpón donde tiene su base el candidato macrista Cristian Heredia, de la lista Multicolor, quien con gran desparpajo acusaba al resto de las listas de no querer votar mientras sus laderos amenazaban a los vecinos.

Es fundamental que se acepte un padrón complementario para garantizar la participación, y que se respete la voluntad de todos los vecinos, ya que, acá el Pro “no juega limpio”.

El lunes 29/10 todas las listas opositoras convocamos a la conferencia de prensa, en la puerta de la Legislatura porteña, Perú 160, a las 9.30; y hacemos responsable al gobierno de Rodríguez Larreta de la garantizar la realización de elecciones sin fraudes, sin amenazas ni exclusiones.

25.10.2018

Por Marcelo Langieri / Coordinador de la Carrera de Sociología en el Programa UBA XXII

La instalación de la UBA en el encierro de la cárcel hace más de 30 años fue posible por la energía puesta por la universidad y por la situación de repliegue que vivía el Servicio Penitenciario Federal a la salida de la dictadura.

El Programa UBA XXII tuvo su inicio en la cárcel de Devoto con la carrera de Abogacía y fue incorporando a las carreras de Sociología, Psicología, Contador público, Administración de empresas, Letras y un Laboratorio de computación dictado por la Facultad de Ciencias Exactas. Además de numerosos talleres.

En las sedes de Ezeiza, de mujeres y varones, funcionan también las Carreras de Sociología, Letras, Filosofía y Trabajo social, además del CBC, que está en todas las sedes.

La nave insignia del Programa es el Centro Universitario Devoto (CUD). Ello es así por ser el espacio originario del Programa, por la cantidad de carreras que se dictan, por los centenares de estudiantes que han pasado por sus aulas, por la cantidad de egresados, porque cada uno que ha pisado sus pasillos conoció un espacio donde se respira otro aire.

La universidad siempre ha soslayado cualquier responsabilidad con relación a la resocialización, política mentada y fomentada por el dispositivo judicial y penitenciario cuyos resultados están a la vista. Sin embargo, resulta objetivo señalar que la educación superior es uno de los escasos espacios virtuosos de la cárcel. La universidad, y cualquier proceso educativo, contribuyen a enriquecer a quienes transitan esta experiencia. El objetivo de la universidad es garantizar el ejercicio de un derecho humano fundamental: el derecho a la educación.

Este proyecto tan valioso y trascendente atraviesa una grave situación frente al proyecto de traslado de la cárcel de Villa Devoto a la localidad de Marcos Paz. Esto fue anunciado oficialmente por el ministro de Justicia.

Si bien existe un convenio que liga a la UBA con el ministerio, la decisión del traslado ha sido inconsulta. Dada la cantidad de carreras que se dictan en el CUD y la cantidad de estudiantes, docentes y estudiantes que están involucrados en las cursadas, el traslado del CUD a un lugar como Marcos Paz inviabiliza el dictado de la totalidad de las carreras. Resulta imposible para el cuerpo docente viajar más de 4 horas para dictar las clases. Ello sin sumar el tiempo de ingreso al penal. Es decir que estamos frente a una maniobra de vaciamiento del proyecto más virtuoso y eficaz en el seno del encierro. Una de las escasas actividades que escapa al fracaso de las prácticas punitivas es tratada con el desdén propio de una burocracia despreocupada de la suerte de miles de personas.

Pero este no es un rayo en un cielo sereno. Desde la asunción de las nuevas autoridades nacionales las condiciones de ingreso en la cárcel de Villa Devoto burlan las condiciones establecidas en los convenios existentes, perturbando el normal desempeño de las tareas educativas a través del hostigamiento sistemático a los docentes participantes.

La UBA tiene el desafío de enfrentar esta ofensiva que daña su funcionamiento y vulnera derechos adquiridos. Pero el desafío más profundo es garantizar el desarrollo del Programa en el CUD para todos los estudiantes que hoy pueblan sus aulas y que forman parte de una historia que trasciende las fronteras de la universidad.