Red de radios

13.11.2018

Por Laura Borse

En su cruzada frenética por cerrar negociados con terrenos públicos, la gestión de Rodríguez Larreta pretende intervenir parques urbanos avasallando el derecho a un ambiente sano y al espacio público porteño.

La intervención del Gobierno de Larreta sobre los espacios verdes públicos fue uno de los temas más discutidos, con casi 500 inscriptos, en las audiencias públicas sobre el nuevo código urbanístico y código de edificación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se están desarrollando estas semanas con exposiciones de representantes de todas las comunas.

En esa misma línea, la Defensoría de la Ciudad expresó que “se necesita un Código de Espacio Público que respete ese espacio, lo rescate y que también en otras, como tenemos el caso de la Reserva Ecológica que a partir de hoy aparece en un listado general de parques, se le dé el tratamiento que se corresponde con su carácter y con las regulaciones específicas que posee”.

También se denunció la falta de un diagnóstico previo y participativo de la situación actual de la ciudad y la nula participación ciudadana para decidir qué ciudad quieren y necesitan los habitantes de Buenos Aires.

Agronomía

En este barrio el nuevo código urbano plantea modificaciones altamente resistidas por los vecinos. Se propone la construcción de un estadio cubierto dentro del Club Comunicaciones, lindero al predio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA. En relación con este proyecto, la apertura de la calle Zamudio, entre las avenidas Beiró y Tinogasta, que atravesaría el predio de la facultad destruyendo su patrimonio natural y generando tránsito vehicular en un área que es utilizada para descanso y recreación de los vecinos. Estos armaron una petición para exigir la cancelación de estos planes.

Por otro lado, se habilita la construcción de torres de 48 metros de altura frente a la facultad, tras el supermercado de la calle Warnes, entre Chorroarín y las vías del ferrocarril Urquiza. Rosa Simón, vecina de La Paternal, denunció en la audiencia pública que “nos venimos a enterar que van a construir 11 torres en nuestro barrio, específicamente sobre las calles Chorroarín, Constituyentes y Joaquín Zabala, obviamente, sin hacer un estudio de impacto ambiental y sin consultarlo con los vecinos. Nos enteramos de casualidad”.

Pablo Pulido, que es veterinario y lleva adelante un proyecto de restauración ecológica dentro del predio de la Facultad de Veterinaria, cuestionó el proyecto: “¿Cuánto volumen de agua dejará de absorberse cuando llueve si se construyen esas torres? ¿Cuánto carbono retenido irá a la atmósfera de Buenos Aires al destruir esa pastura? ¿Cuánto aumentará el consumo de luz para refrigerar los hogares en verano, quitando estas áreas de amortiguación de temperaturas? ¿Cuántas reservas naturales urbanas creará el Estado para mitigar el enorme impacto ambiental y cultural?”.

Saavedra

Uno de los barrios más afectados por este Gobierno es Saavedra, ya que cuenta con la “maldición” de tener una buena cantidad de plazas y parques muy codiciados para la gestión porteña, que hace todo lo posible para privatizarlos mientras los vecinos se rebelan e intentan resistir a cada embate.

Según descubrieron y denuncian los propios vecinos, el nuevo código prevé la construcción de un polideportivo, una biblioteca y alojar a la guardia de auxilio y la policía sobre la traza de la ex Autopista Central 3, hoy Avenida Goyeneche, una línea de plazas que la comunidad utiliza cotidianamente.

Hace pocos meses el Gobierno cambió la zonificación de una de las plazas de este corredor verde para instalar una planta recicladora, a pesar de la oposición barrial, la ausencia de estudios de impacto ambiental y de algún cartel de obra.

En la audiencia pública por el nuevo código, Elma Sosa Ortega, de la Asamblea Vecinos por Saavedra, adhirió a las críticas y observaciones que otros colectivos vecinales aportaron y concluyó que “consideramos que este código es un instrumento anticonstitucional, no responde a una Constitución que es un ejemplo de ambientalismo, porque la pisotean y la ignoran. Este código no es un instrumento válido para nosotros”. Además, Saavedra es un barrio inundable. En ese sentido, Ortega comentó que “en la última lluvia nos inundamos, y en el paso a nivel de Arias había un metro y medio de agua”.

El Parque Sarmiento, uno de los tres grandes parques de la Ciudad, está al borde del completo colapso a causa de la pretensión del Gobierno de mudar allí las instalaciones del Instituto de Educación Física N° 1 Dr. Enrique Romero Brest, abriendo paso a la venta de las tierras donde se ubica el instituto en el costoso barrio de Núñez, lindero al predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) y que el Gobierno también quiere vender. La comunidad educativa del instituto armó una petición para exigir a Rodríguez Larreta que no continúe con esta decisión, reuniendo más de 50.000 firmas.

El Parque Sarmiento es otro espacio vapuleado constantemente por el Gobierno de la ciudad. Cuenta con 64 hectáreas y contiene un poliderportivo. No obstante, en lugar de reparar las instalaciones existentes la gestión prefirió construir cinco canchas de arena sobre la traza del Arroyo Medrano para realizar actividades de los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que generó un altísimo impacto ambiental sin haber hecho el correspondiente estudio previo que informe sobre la modificación del suelo absorbente. Todo esto a pesar de que la licitación indicaba que debían ser realizados, así como también la ley 123 de estudios de impacto ambiental de la Ciudad, que en su artículo 14 dice que se presumen como de Mediano Impacto Ambiental las “las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la disminución del terreno absorbente y/o la modificación de la topografía”.

La Izquierda Diario se comunicó con la Vicerrectora del Instituto Romero Brest, Mercedes Semhan, quien confirmó la voluntad de la institución y sus directivos de permanecer en el predio que hoy ocupan y que les pertenece por derecho. Exigen que continúen con las mejoras prometidas y afirman que no están dispuestos a “invadir un lugar que es de los vecinos de Saavedra” por imposición del Gobierno. Explicaron que al instituto concurren unos tres mil estudiantes que realizan actividades durante seis días a la semana y lo que implicaría que ya no quedaría lugar para que los vecinos puedan disfrutar de su parque como corresponde.

13.11.2018

Este lunes la comunidad de la Escuela Infantil que funciona en el Hospital Ramos Mejía conoció una nueva decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad que, sumado al cierre de la sala de bebés de 45 días a un año (Lactario) definido hace semanas atrás, recortará ahora las vacantes ofrecidas para las siguientes salas.

La definición de no ofrecer ni una sola nueva vacante a las más de 1.600 familias que la solicitaron (1.600 solo en ese Jardín) significa un recorte en la cantidad de alumnos y alumnas que derivará, además, en el pase a disponibilidad de varias maestras.

La comunidad educativa del jardín, que se encuentra movilizada y seguirá denunciando el desmantelamiento, explicó que año a año se liberan nuevas vacantes en las escuelas infantiles debido a que en las salas de edades superiores los cupos son mayores (entran más estudiantes). Por ejemplo, en el Jardín del Hospital Ramos Mejía, en la sala de bebés (Lactario) hay 45 cupos, mientras que en la sala de 1 año hay 55. Esa diferencia entre los cupos se ofrece todos los años a las miles de familias que las solicitan. Lo mismo ocurre en el traspaso de sala de 2 a sala de 3. Sin embargo, por decisión de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, el Jardín en cuestión no ofrecerá esas vacantes. Es decir, en sala de 1 (y en las siguientes) habrá menos alumnos que este año. Ello por un lado implica el despilfarro de espacios dedicados a la educación, y por el otro el pase a disponibilidad de más docentes. En total se pierden 76 vacantes para el 2019.
A su vez, esta definición entra en contradicción con el argumento presentado hace semanas atrás respecto al cierre del lactario. Según señalaron los funcionarios de la cartera educativa, lo que se pretendía era cubrir la faltante de vacantes en jardines de infantes (3 a 5 años), cerrando los jardines maternales (45 días a 2 años).
Sin embargo, esta nueva decisión concuerda más con la idea de que su política sería la de desguazar el nivel inicial y tapar el bache con Centros de Primera Infancia. Estos son guarderías que no dependen del área de Educación sino de Desarrollo Social.
Las autoridades del Jardín, los sindicatos y las familias han solicitado explicaciones al Ministerio. Hasta el momento no ha habido respuestas. El mail institucional de la ministra es soledad@bue.edu.ar y el teléfono es 4339-7607.
La comunidad educativa del jardín se encuentra movilizada y seguirá denunciando el desmantelamiento.

12.11.2018

Por Paula Sabatés

Después de postergar las elecciones por el fraude en el padrón montado por el oficialismo, ayer un frente opositor conformado por 10 listas desplazó al macrismo en la Junta Vecinal.

Un frente opositor conformado por distintas organizaciones logró ayer en las elecciones de la Villa 21-24 algo que hace tiempo resulta muy difícil: derrotar al macrismo en un comicio celebrado en la Ciudad. Con casi el triple de votos que el oficialismo, el lema “Tierra, Techo y Trabajo” –conformado por diez listas incluyendo la ganadora– confirmó la tendencia que anunciaban las encuestas y sacó a quien hace casi seis años ocupa el cargo de Presidente de la Junta Vecinal, el puntero macrista Cristian Heredia. Desde ahora, quienes ocuparán su lugar serán Ramón Ozuna y Pedro Cáceres, dupla que encabezó la lista ganadora, la Azul y Verde.

Con un padrón de 20.000 personas –“muchísimas menos de las que debería haber de acuerdo al último censo del barrio”, según denunciaron referentes barriales–, las elecciones se celebraron en un clima de militarización, con agentes de Prefectura custodiando las puertas de las escuelas 12 y 6, las dos habilitadas por votar. Su presencia no sorprendió a los vecinos, que esperaban un panorama hostil luego de los acontecimientos de hace dos semanas. Y es que los comicios debían realizarse el pasado 28 de octubre, pero una serie de irregularidades denunciadas oportunamente por los candidatos opositores obligó a suspender la elección, que se reprogramó para ayer.

“Estamos muy contentos con este gran triunfo. Sabemos que vamos a tener que trabajar fuerte porque las dificultades en el barrio son muchas, vinculadas sobre todo a falta de agua, luz y cloacas. Todo está en muy malas condiciones, pese a que sabemos que los recursos se bajan”, contó Cáceres, el flamante sub Coordinador General de la Junta Vecinal, órgano que tiene como principal tarea ser articulador entre el barrio y el Gobierno de la Ciudad para mejorar las condiciones de vida de las y los vecinos. La lista ganadora –Ate Capital y La Cámpora– fue la más votada dentro del lema ganador. Y es que en la villa de Barracas –la más grande de Capital Federal– rige la llamada ley de lemas (o doble voto simultáneo), según la cual cada coalición de listas es un lema y en el conteo final se suman los votos de cada una de las que lo integran.

Para Flavia Romero, candidata de la lista Azul, Roja y Negra, segunda más votada dentro del lema ganador, el resultado se dio porque “los vecinos están organizados”. “Ya no se puede vivir acá. En verano tenemos que esperar a las doce de la noche para cargar agua porque se corta la luz y en invierno sólo tenemos dos o tres horas de electricidad porque los tendidos colapsan por no estar en condiciones”, contó la militante del Frente Popular Darío Santillán.

Al cierre de esta edición, aún faltaba conocer el porcentaje definitivo, aunque los vecinos celebraban en cada esquina la ida del macrismo. “Ahora es tiempo de sacar el barrio adelante”, afirmó Cáceres, de apenas 25 años, que expresó que los vecinos están “hartos de que les mientan en la cara y los humillen”.

13.11.2018

El Plenario regional votó la medida en el marco de un plan de lucha contra la ley porteña que desconoce a los enfermeros como profesionales

En un plenario que reunió a los delegados y delegadas de los hospitales porteños y bonaerenses, realizado en el Consejo Directivo Nacional de ATE, los trabajadores votaron realizar un Paro de los distintos sectores de Salud en la región metropolitana, el próximo 21 de noviembre, cuando se celebra el “Día de la Enfermería”,  en rechazo a la ley sancionada recientemente por la Legislatura porteña que desconoce a los “Licenciados en Enfermería”, “Licenciados en Instrumentación Quirúrgica”, y los “Licenciados en Bio-imágenes”, como profesionales y solo los contempla como “personal técnico-administrativo”

El Plan de lucha, que se desarrollará junto a las organizaciones de salud de la CTA-A y el Movimiento por el Derecho a la Salud,  incluirá medidas en todos los turnos en los hospitales y centros sanitarios de la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, y la instalación de una carpa en la puerta de la Secretaría de Modernización de la Nación, frente a la Plaza de Mayo.

El Secretario General de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, criticó la iniciativa del Gobierno de Rodríguez Larreta que modificó la ley de enfermería: “Esta exclusión implica avanzar en agredir la dignidad de los trabajadores, su formación, su capacitación, agredir a la propia universidad pública que certifica saberes, y obviamente reducir salarios”

“Ante eso, ofrecer nuestra organización y las organización del sector salud hermanadas en la CTA-Autónoma y en el MDS, para una contención organizativa que permita capitalizar en la lucha para salir fortalecidos, y con el mayor grado de unidad posible obligar al gobierno a revertir esta situación, porque además si no los obligamos a dar marcha atrás van a transferir esto al resto de las provincias”, advirtió el titular de ATE.

Por su parte, Rodolfo Arrechea, delegado del Hospital Rivadavia, explicó que “este plan de lucha se da en el marco de la sublevación que existe a partir de la decisión de Larreta acordada con el SUTECBA y Médicos Municipales en la Ciudad de excluir a los licenciados, y colocando a nuestro sindicato donde siempre estuvo: en defensa de todos y todas las trabajadoras de la salud”.

Luego, Vanina Rodríguez, pro secretaria gremial de ATE provincia de Buenos Aires, explicó la importancia de la participación de la provincia en el plan de lucha. “Nos preocupa sobremanera lo que pasa en el Gobierno de la Ciudad, porque sienta un precedente para que en la Legislatura  bonaerense quiera modificar la ley 10.430 o 10.471”, resaltó.

Y añadió: “Muchos de nuestros compañeros, que están en el primer cordón del conurbano y trabajan tanto en la Ciudad como en la provincia, la semana pasada nos estuvieron preguntando qué medidas íbamos a hacer desde ATE. Por eso, rápidamente convocamos a este plenario para plantear las acciones que llevaremos a cabo de camino al 21 y el mismo 21”, cerró.

Participó de la mesa Daniel Godoy, coordinador del área salud del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE Argentina.

Antes de cerrar el panel de apertura y pasar a los debates que definieron las acciones, Mario Muñoz, Secretario Gremial de ATE Nacional, remarcó: “Ni bien se supo de las intenciones del Gobierno de Larreta de aprobar esta ley, ATE convocó y movilizó a la Legislatura para rechazarla. Estuvimos en conflicto permanente, con medidas en el Durand, en el Rivadavia y continuamos el plan de lucha con este plenario”.

“El 21 de noviembre, queremos construir un gran Paro y movilización, en el Día de los Enfermeros y Enfermeras. Le tenemos que dejar en claro a Larreta y a los legisladores, que no conocen los hospitales, que el equipo de salud no es solo los médicos. Sin los enfermeros que están al lado del paciente, sin los licenciados, sin los auxiliares, los médicos no podrían llevar adelante su tarea”, expresó Muñoz, trabajador del hospital Moyano.

10.11.2018

Organizaciones políticas y sociales se concentraron frente al Congreso de la Nación para exigir  la anulación definitiva del DNU 70/2017 y por la defensa de la migración como derecho humano, en respuesta a la intención del gobierno de usar a las y los migrantes como cortina de humo para aplicar políticas de ajuste a la población argentina.

También se manifestaron contra las detenciones ilegales a cuatro migrantes ocurrida el 24 de octubre esta práctica de violencia institucional en ascenso, no solo a la población migrante, sino también a nacionales argentinos,  en otros contextos más lamentables donde en un incendio murieron dos niños y una niña en Villa Celina el 30 de octubre la colectividad boliviana tuvo que soportar la xenofobia de agentes policiales que vociferaron “váyanse a su país”, también se reclamó por el cese de ataques en redes sociales a compañeras migrantes organizadas en el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Polo Obrero (PO), y a otras organizaciones , que desde estos últimos tiempos, los ataques informáticos se ha convertido en foco de la campaña por la expulsión de los migrantes en argentina, además de ser una herramienta sin control para amedrentar la participación política de las compañeras.
El gobierno de Mauricio Macri amparado en su poder político, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los medios de comunicación afines y la complicidad de otros sectores políticos como el Senador Pichetto, engañan a la población argentina sobre una migración descontrolada, cuando el verdadero descontrol es la situación económica y el crecimiento de la pobreza.
Argentina recibió distintas generaciones de inmigrantes de distintas latitudes, fueron los distintos gobiernos que atacaron históricamente al migrante de 1904 que lucharon por los derechos laborales que hoy gozamos, ellos soportaron medidas de expulsión sin juicio previo, pasaron más de cien años, y vemos que la primera Ley migratoria 25871 que posee la Argentina, sigue siendo objeto de los gobiernos de derecha para arrebatarnos lo conquistado.