Red de radios

6.12.2018

En el medio de la discusión sobre el Reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, el secretario de esa área de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, afirmó que se encuentran evaluando adherir a esta nueva normativa implementando el uso de pistolas Taser. Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH), reiteraron el pedido de su prohibición, recordando que la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) está analizando la legalidad de su uso.

En declaraciones a la prensa, D´Alessandro sugirió “protocolizar el uso de armas no letales, como las Taser” para sumarse al protocolo nacional que les da más poder a los agentes para el uso de armas.

Desde el Observatorio de DD HH de la Ciudad (ODH) reclamaron nuevamente que se prohíba el uso de armas eléctricas porque esto va en contra de los derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y viola el deber del Estado de prevenir la tortura.
“Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Taser comenzaron en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. En el amparo se demostró que las Taser implican un elemento de tortura y se recordó la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Luego de las presentaciones en la Suprema Corte porteña y en la Corte Suprema de Justicia Nacional, llegamos a la Corte Interamericana de DDHH para su análisis.
La petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades. Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.
Ante la escalada represiva por parte del gobierno nacional y de la ciudad, el ODH advierte que ninguna ideología puede fundamentar válidamente el incumplimiento de la Constitución y las leyes”, expresaron desde el Observatorio a través de un comunicado.

5.12.2018

Un importante operativo de la Policía de la Ciudad impide el paso del Polo Obrero, Barrios de Pie y otras organizaciones que reclaman la reapertura y el aumento en los programas sociales. Se dirigían hacia las puertas del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, pero la Policía no los deja avanzar y amenaza con reprimir.

En el marco de la avanzada oficial en favor del gatillo fácil y del debut como ministro de Seguridad porteño de Diego Santillo, en la tarde de este miércoles la marcha de las organizaciones de desocupados encabezada por Barrios de Pie y el Polo Obrero fue interrumpida por un fuerte operativo policial en el barrio de Constitución.

El despliegue de la Policía de la Ciudad incluye decenas de efectivos formados con sus escudos, palos y escopetas, motos y hasta un carro hidrante, dispuestos para evitar que la movilización siga el recorrido que ya estaba previamente establecido y que se encontraría con otro grupo de manifestantes frente a las puertas de la cartera que conduce la ministra Carolina Stanley, donde tenían previsto instalar un acampe.

Con el correr de las horas la situación se volvió más tensa, ya que los manifestantes denuncian que a las columnas no se les impide solamente avanzar sino también retroceder para seguir otro camino, lo que directamente atenta contra el derecho a manifestarse.

Eduardo Beliboni, vocero del Polo Obrero, denunció que “nos impiden manifestarnos. El cuerpo de motos ingresó a nuestras columnas y golpeó a nuestras compañeras y tiró gas pimienta. Con este brutal operativo nos quieren impedir que nos manifestemos y que nos reunamos con nuestros compañeros que están en el Ministerio, donde vamos a reclamar por la situación de los planes sociales”.

Luego de varias horas en el lugar, cerca de las 20:00 los manifestantes comenzaron a caminar hacia la estación de trasbordo ubicada en Constitución para tomar el subte y acercarse al Ministerio. Entonces los efectivos se trasladaron a la estación para impedirlo. Esa militarización provocó la interrupción del subte y, con ello, la bronca de miles de usuarios en el final de la jornada laboral.

Mucho se rumorea en estos días que la “seguridad” y las políticas de mano dura serán los caballitos de batalla del oficialismo en medio del fracaso de su plan económico. Lógicamente, en ese contexto hay que leer el operativo policial amenazante y violento contra las organizaciones sociales que reclaman cuestiones elementales para sectores empobrecidos de la población.

5.12.2018

Por Laura Borse

El desalojo fue a pedido del Ministerio de Seguridad aduciendo que estaba dentro del perímetro de exclusión del G20. Para este sábado está convocada una jornada cultural solidaria en el puente rojo.

En Ciudad Universitaria hay un predio de tres hectáreas cuyos cimientos abandonados iban a ser la base del Pabellón 5 de dicha sede. Convertido en basural con el paso del tiempo, los estudiantes de la facultad recuperaron el espacio con la instalación de huertas, entre otras actividades. Hoy es una aldea abierta a la comunidad cuyo predio forma parte de la zona de amortiguación de la reserva ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte (RECU-CN).

Así fue como Velatropa se convirtió desde el año 2007 en una comunidad autónoma y voluntaria dentro del campus de Ciudad Universitaria, cuyos objetivos principales son “sistematizar el intercambio de conocimientos, saberes y tecnologías apropiadas acordes al paradigma Eco-Sustentable”, “difundir nuevos modelos de organización ciudadana abierta y participativa” y “fortalecer la conciencia ecológica de la población urbana”.

Por su parte, el Vivero Comunitario Ciudad Universitaria (ViCCU) fue creado en el año 2015 por estudiantes, graduados, docentes e investigadores de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires. Funciona como parte de la propuesta del Centro Interdisciplinario Experimental Velatropa y su función prioritaria es proveer de árboles a la reserva RECU-CN y a todo el campus de Ciudad Universitaria. También promueven la divulgación de conocimientos relacionados con la sustentabilidad, la ecología y la educación ambiental.

Ambos proyectos trabajan en conjunto para proteger la zona de amortiguación de la reserva y protegerla. Especialmente trabajan germinando y reforestando con especies nativas de la zona para recuperar la biodiversidad local y protegiendo la zona del humedal adyacente a los edificios de la UBA.

Sin embargo, este miércoles 28 al mediodía se presentaron en el predio fuerzas policiales junto a funcionarios de la UBA y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para desalojar el lugar por estar en el perímetro de exclusión del G20. Velatropa y Viccu denunciaron que ni bien fueron desalojados entraron unas 30 personas con bordeadoras, bajaron los carteles indicativos de los proyectos y comenzaron a alambrar el predio.

La Izquierda Diario se comunicó con Bruno, miembro histórico de Velatropa, quien nos comentó que “a principios del año pasado nos enteramos de que existía una causa penal por usurpamiento e hicimos una presentación espontánea ante el juez Casanello. La causa fue iniciada en el 2015 por los abogados de la Universidad de Buenos Aires y estuvo parada hasta el año pasado”.

“Desde el 2015 surgieron conflictos por la intención de construir estacionamientos para autos, que logramos frenar, pero el intendente de Ciudad Universitaria radicó esta denuncia. En ese momento Casanello resolvió que el espacio fue ocupado de forma pacífica, abierto a la comunidad y con actividades comunitarias por lo cual decidió poner las partes a mediar”, señaló Bruno.

El miembro de Velatropa cuenta que ellos se presentaron en todas las instancias en que se los convocó y no así la UBA, hasta que en mayo de este año fueron llamados a una instancia de mediación, pero sólo se les planteó que debían irse, sin ningún tipo de diálogo.

“Cuando pensábamos que hasta el año que viene no habría novedades, todo cambió con esto del G20 y el predio quedó dentro del área máxima de seguridad. Fue el Ministerio de Seguridad del GCBA el que hizo una presentación pidiendo el desalojo inmediato”, añade.

Los colectivos que integran Velatropa y Viccu, además de muchas otras personas interesadas en resguardar el lugar y las actividades que se vienen realizando allí, llevaron adelante este lunes 3 una asamblea en la puerta del Pabellón 3 (FADU) de Ciudad Universitaria para decidir los pasos a seguir y planificar nuevas acciones.

Por lo pronto, el próximo sábado 8 de diciembre a partir del mediodía convocan a una actividad abierta y participativa en el “puente rojo” que une al Pabellón con la Reserva. La jornada contará con talleres y contenidos vinculados a la educación ambiental y cultural.

4.12.2018

Por Eduardo Lopez y Mariano Denegri

El editorial de La Nación de hoy celebra la Ley de UniCABA en base a un relato totalmente ficticio de los hechos que envolvieron su aprobación. Si una oficina del Gobierno hubiera encomendado a un publicista “vender” el proyecto gubernamental, este habría sido más cauto a la hora de encontrar virtudes en la Ley aprobada.

El artículo editorial del diario La Nación de hoy celebra la Ley de  UniCABA en base a un relato totalmente ficticio de los hechos que envolvieron su aprobación. Si una oficina del Gobierno hubiera encomendado a  un publicista “vender” el proyecto gubernamental, este habría sido más cauto a la hora de encontrar virtudes en la Ley aprobada.

Más allá de las afirmaciones sin fundamento sobre una supuesta jerarquización de los docentes por el hecho de ser  universitaria la carrera y su improbable relación con el aumento de la matrícula estudiantil, el diario enarbola como una virtud el consenso reunido en torno a la Ley. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, apunta certero un refrán popular. Si algo no tuvo la sanción de la UniCABA fue consenso. El anónimo editorialista se anima a afirmar que el texto “fue reformulado y ampliado tras un acuerdo político entre los distintos bloques”. Sin embargo, el proyecto final sumó los mismos apoyos  ajenos al bloque oficialista que su primera versión: ninguno. Cero. Sólo votó afirmativamente el bloque oficial. El resto ni siquiera se abstuvo. Votó en contra.

No solamente se sancionó la norma sin el consenso de las 29 comunidades educativas de los 29 profesorados. También se ignoró olímpicamente la opinión de expertos de universidades públicas y privadas que alertaron que convertir el título docente en universitario podía provocar el resultado inverso al que se perseguía. Es decir, que finalmente haya menos estudiantes dispuestos a seguir las carreras docentes. Más allá de que no hay evidencia empírica que demuestre que las jurisdicciones con universidades pedagógicas superen en matrícula a aquellas que sólo tienen profesorados, es ridículo asegurar que cambiando en los diplomas las palabras “Escuela Superior” por “Universidad de la Ciudad…” se jerarquice la carrera de los educadores.

Sin políticas de promoción, con bajos salarios comparados con otras profesiones, con precarias condiciones de trabajo y estigmatizando a las instituciones formadoras no se resuelve la falta de docentes en CABA. A lo sumo se puede lograr una puesta en escena de la que la opinión de la “tribuna de doctrina” quiere ser el telón tras el último acto.

Pero hay malas noticias para los guionistas de ese relato. La historia prosigue y la unidad de estudiantes, docentes y familias hará que en 2019 y 2020 aumente la matrícula de nuestros profesorados. Porque la educación del pueblo no se vende, se defiende.

*Secretarios general y de comunicación de UTE, respectivamente.

4.12.2018

Por Jonatan Baldiviezo,Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad  y Sandra Inés Sánchez. Arq. Investigadora del Conicet.

El GCBA decide tomar deuda para comprar los predios del Barrio Carlos Mugica y Barrio Containera al Estado Nacional al no contar con los ingresos (20%) de la venta del Tiro Federal porque los compradores tienen un plazo de 24 meses para pagar. Toma deuda para financiar a los compradores del Tiro Federal.   

El GCBA en vez de destinar los ingresos que obtuvo por la venta del predio del Tiro Federal (151,5 millones de dólares) para no tomar deuda por 175 millones de dólares a cambio de las tierras nacionales, decide destinar el monto restante (80%) para la infraestructura del Parque de la Innovación, que será un predio privado y no público. Toma deuda para financiar la infraestructura de negocios inmobiliarios privados.

El GCBA se obliga a tomar deuda para pagar una deuda del Estado Nacional con el único fundamento de crear razones para la venta de 86,7 ha de tierras públicas, casi la superficie del Barrio de Puerto Madero.

El GCBA pide autorización para vender terrenos destinados para re-urbanizar el Barrio Carlos Mugica y el Barrio Containera pero no para regularizar la posesión de sus habitantes.

Las operatorias paso a paso

1-El Estado Nacional tomó deuda por 400 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar parcialmente la construcción del Paseo del Bajo. Esta obra vincularía la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Autopista Ilia. La obra del tramo A fue adjudicada a Corsan Corviam Construcción S.A por $1.500 millones. Luego el GCBA anuló la adjudicación por las sospechas de pago de coimas a cambio de obras públicas en América Latina por parte de su firma controlante, la española Isolux Corsán y transfirió la responsabilidad del proyecto a Autopistas Urbanas SA (AUSA). El tramo B fue adjudicada a Green – CEOSA por $1.600 millones. Y el tramo C, está en manos de la empresa IECSA por $3.100 millones que al momento de la adjudicación pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri.

2-El 23 de noviembre de 2018, el GCBA firmó un convenio con el Estado Nacional donde el GCBA se obliga a absorber 175 millones de dólares de la deuda de 400 millones de dólares tomada por el Estado Nacional.

3-Como contraprestación a esta obligación del GCBA, la Agencia de Bienes del Estado (AABE) se obliga a transferir al GCBA unos 12 predios cuya suma da 86,7 ha. Entre estos predios se encuentra los ocupados por el Barrio Carlos Mugica  35, 5 ha (Ex Villa 31-31bis); el barrio Containera (3,8 ha) creado a partir de las viviendas nuevas de familias relocalizadas del Barrio Carlos Mugica; los predios del Mercado Nacional de Hacienda (30,4 ha), etc.

4-Con el objeto de absorber estos175 millones de dólares de deuda, el GCBA presentó el Proyecto de Ley N° 3.504-J-2018 para:

4.1. Solicitar a la Legislatura tomar deuda por dicho monto.

4.2. Pedir autorización para vender a través del procedimiento de subasta pública las 86,7 has que el Estado Nacional le transfirió a través del procedimiento de subasta pública. La solicitud de autorización para vender los predios del Barrio Carlos Mugica y el Barrio Containera se hace sin realizar ninguna mención en relación a que dichos predios serán destinados para la regularización dominial a favor de las familias de dichos barrios. Se habla de subasta pública que no es un mecanismo de adjudicación de terreno para vivienda única y familiar en un proceso de Integración socio-urbana de Barrios Populares donde la tierra se entrega a quién la habita y no a quién oferta más dinero.

5-La autorización de venta de los predios de estos barrios violaría la Ley Nacional N° 27.453 que reconoce el derecho a la integración socio-urbana^[1] de estos Barrios y el derecho de las familias a la regularización dominial de sus viviendas, Mismos derechos reconocidos en la Ley de la Ciudad N° 3.343.

6-A través de la Ley N° 5.558^[2] se aprobó la venta de los predios del Tiro Federal.

6.1. Esta venta ocasionó que el GCBA tenga que otorgar en un usufructo por 75 años a la Asociación Tiro Federal Argentino de 15 hectáreas de la Costanera Norta, una gran pérdida de espacios verdes públicos para la ciudadanía.

6.2.  Para legitimar esta venta y conseguir los votos de la oposición en la Legislatura, la Ley N° 5.558 estableció que el 20% de la venta del Polígono A debía destinarse para la re-urbanización del Barrio Carlos Mugica.

6.3. El Polígono A fue vendido en subasta pública el 20 de noviembre de 2018. Se vendieron a 151,5 millones de dólares ($5.600 millones). El 20% que debería ser destinado a la re-urbanización del Barrio Carlos Mugica es de $1.120 millones de pesos.

7-El Estado Nacional le transfiere los predios del Barrio Carlos Mugica por $1.079 millones y del Barrio Containera por $ 197 millones.

8-El monto (20%) que recibió el GCBA por la venta del Polígono del Tiro Federal podría trasladar directamente para pagar las tierras del Barrio Carlos Mugica y del Barrio Containera. ¿Por qué no lo hace en vez de tomar deuda para pagar esas tierras? Porque a la compradora de dichas tierras (Fideicomiso Buenos Aires Landmark de la familia Werthein, entre otras.) el GCBA en un hecho único en venta de tierras públicas les permitió terminar de pagar los 151,5 millones de dólares en 24 meses.

^[1] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=222

^[2] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=227