24.2.2019
Por Manuel Ludueña
buenosaires.sostenible@gmail.com
https://laereverde.com/manuel-luduena/
En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras, los encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segundo y después huyen, husmean otras miradas, no se detienen. (…) Algo corre entre ellos, un intercambio de miradas como líneas que unen una figura a la otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que todas las combinaciones en un instante se agotan, y otros personajes entran en escena…
Ítalo Calvino, Las Ciudades Invisibles
El diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mediante el código de planeamiento urbano o el urbanístico, es regulada en concordancia con los principios de la propiedad privada. Ello, también, sucede en otras ciudades donde dominan los principios del capitalismo. Sin embargo, ni las metodologías, ni las reglas de regulación son equiparables. La mayor dificultad es que un código es parte necesaria de las políticas de Estado o de largo plazo, tal lo previsto en la Constitución de CABA (Capítulo Ambiental). Establecer una norma con criterios coyunturales es peligroso, tanto por no actuar con una visión trascendente y quedar expuesta a modificaciones permanentes, como por dar prioridad en base a una ideología contraria a la determinación de reglas que traten a la ciudad como un bien común, donde se la proyecte en atención al interés público. Una especie de anticódigo.
Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segundo y después huyen, husmean otras miradas, no se detienen.
Dar prioridad, de modo subyacente, a las acciones de gestión coyunturales, desdibuja y genera un nuevo instrumento de inestabilidad institucional. No se trata de una herramienta de gobierno que atienda a un sector o a un grupo de interés, sino que, por el contrario, debe abarcar a la totalidad de los intereses de sus habitantes, incluso en nuestro caso -como parte del Área Metropolitana Buenos Aires-, debe ser a fin con directivas comunes, con criterios territoriales de regulación integrales.
Desatender la diversidad de intereses y dar prioridad a una visión no local somete a la población a un futuro incierto por cambios económicos, sociales, culturales, ambientales y laborales. Es una imposición ilegítima, de preguntas sin respuesta, de incertidumbre que amplía la vulnerabilidad urbana.
En proceso
En proceso. El accionar gubernamental que se alinea con algunas de las tendencias internacionales, así como con una ambición por exhibir obras emblemáticas, sin importar los principios de una buena contabilidad y dando el mismo significado y tratamiento a los bienes públicos como si se tratara de bienes privados, genera un mega escenario de inequidad socio cultural. La desaprensión en dar atención preferente a inversores internacionales sin contraprestaciones, que orientan el financiamiento para el desarrollo de actividades terciarias y de accesibilidad que retroalimentan la necesidad de amplificar las relaciones internacionales y demandan obras públicas, prefigura una profundización de la dualización territorial y laboral.
Impulsores e Instrumentos
Los instrumentos financieros locales y el endeudamiento internacional operan como posibilitadores de las obras públicas y sostén de un crecimiento sectorizado. Se basan en una pronta y abultada devolución monetaria, que se despliega con actores cuasi locales (desarrolladores y constructores) para habilitar el uso de bienes reales públicos, a precio de liquidación (Poder Ejecutivo Nacional, de CABA y Legisladores CABA). La orientación para la especialización económica del suelo, la venta de la tierra estatal, nacional y local, con normas de excepción del tipo de actividades y las capacidades constructivas a medida del promotor -hoteles y actividades turísticas afines, oficinas y viviendas suntuosas, etc.- facilitan el ingreso de capitales con bajo riesgo en base a una alta rentabilidad por transferencia de capital social a empresas de mercados inmobiliarios y de servicios internacionales.
Preparación y Endeudamiento Urbano
Los preparativos para la transformación de CABA, con una nueva orientación política, utiliza selectivamente, y con incumplimientos, la Ley Marco de Plan Urbano Ambiental, pone en valor sectores del espacio público mediante peatonalizaciones, con la introducción de bicicletas públicas y una red de carriles seguros para el tránsito de las mismas, la finalización de obras hidráulicas y de subterráneos, la repavimentación y mejoras de veredas, enrejado y equipamiento de plazas públicas y pasos bajo nivel ferroviario para autos. En un ciclo de endeudamiento inédito en el presupuesto anual de gastos e ingresos del Gobierno de CABA.
Así, se ponen en evidencia algunas estrategias propensas a implantar mejoras orientadas al desarrollo de actividades aparentemente de carácter local, pero con la intención de su integración global, con criterios de aliento a la competitividad, la innovación y el emprendedurismo económico. La gestión pública se convierte, así, en promotora de actividades económicas privadas a través de la transformación y explotación del territorio. Se propende a generar una base de animación a través del citado sistema de bicicletas públicas, la peatonalización del Área Central y mejoras turísticas en las riberas, el Metrobús, el desplazamiento de actividades administrativas del Área Central al Sur, la venta y concesión de tierras de CABA y la regularización de las villas, así como proyectos de mega obras para el tránsito vehicular bajo la Av. 9 de Julio y en la Av. Madero – Huergo y la venta de las tierras para viviendas sociales (50 hectáreas del Instituto de Vivienda de la Ciudad).
En particular, con clara vocación economicista y de preparación territorial, se crean los Distritos Económicos con ventajas impositivas para la instalación de actividades especializadas: el Distrito Tecnológico en Parque Patricios (2008), el Distrito Audiovisuales en Villa Crespo y Chacarita (2011), el Distrito del Diseño en Barracas (2012), el Distrito de las Artes en La Boca (2013), el Distrito del Deporte en Villa Lugano y Villa Soldati (2014), y el Distrito Joven en Costanera Norte (2018). Ellos surgen en contextos socio culturales no concurrentes, elevan el precio de la tierra -entre el 10 y el 30 por ciento-, presiona para demoler las propiedades anteriores a 1941 y la demanda de grandes predios para el desarrollo de actividades residenciales.
Macro(i) Endeudamiento Local/Nacional y Legitimación
El endeudamiento financiero y su restitución se fundamenta en la doble vía de las obras públicas, la liquidación de tierras estatales, normas de regulación de excepción y el desarrollo de edificios con alta capacidad constructiva, así como en la regulación para la reconversión de tierras industriales costeras destinadas a actividades terciarias, que se conjugan con las mejoras en la accesibilidad -las obras públicas- y la ampliación del Área Central por el aumento del área con usos metropolitanos y de máxima diversidad -los de mayor precio inmobiliario-.
La relación inmobiliaria entre los decisores gubernamentales y los desarrolladores, en un proceso acelerado de venta, se efectuó en entornos físicos de alta rentabilidad y sin conflictos entre los adjudicados -Constantini, TGLT, Raghsa SA, Kulhas, Ashira SA, Argencons, IRSA, entre otras-. Una hipótesis de la escala adoptada se vislumbra al analizar que la Agencia de Administración de Bienes Públicos del Estado entre 2017 y 2018 puso en venta 2,5 millones de metros cuadrados de capacidad constructiva por un valor de recaudación aproximado de 1.140 millones de dólares; en tanto, la inversión prevista para las obras gubernamentales de mejoras para la accesibilidad al entorno de los sectores urbanos de mayor renta y de las tierras en venta -Área Central y Corredores principales- es de aproximadamente 15.000 millones de dólares -el sistema Metrobús, la Red Expreso Regional, el Paseo del Bajo, la prolongación Línea E de subte, mejoras en el espacio público, helipuerto, la ampliación del aeroparque Jorge Newbery, la ampliación del puerto y el área para cruceros, la terminal de ómnibus y centro comercial Retiro, principalmente-. Esto equivale a decir que el Estado dispone de 15.000 millones de dólares y recupera con la venta de terrenos solamente 1.140 millones de dólares. El aporte a los rivados es de 13.860 millones de dólares, o sea del 92,4 por ciento. No se subsidia a los pobres, pero sí a los ricos.
En otro orden, la capacidad constructiva a valor de mercado rondaría unos 12.700 millones de dólares que por la puesta en funcionamiento de las obras públicas de accesibilidad podría incrementarse entre un 15 y un 25 por ciento, con una rentabilidad cercana al 50 por ciento a costa de la venta de tierra pública calificada de “innecesaria para la gestión del Estado”, las normativas de excepción y la inversión pública en mejoras del sector costero.
El proceso de cambio también conlleva la de los Códigos Urbanístico y de Edificación para legitimar las leyes de excepción y avanzar con nuevos instrumentos para acompañar la venta extraordinaria de la tierra pública, sin dar respuesta a los interrogantes de cómo se paliará el déficit de espacios verdes, equipamientos públicos y la dotación de la infraestructura soporte para la capacidad constructiva potencial de 236 millones de metros cuadrados. Se dispone el aumento del 30% de la capacidad constructiva de CABA (de 348 millones de metros cuadrados a 456 millones de metros cuadrados), usos de escala metropolitana en los Corredores Norte y Oeste y el Área Central Ampliada, la transferencia de la capacidad constructiva de 4 millones de metros cuadrados de los edificios protegidos a la ex área industrial (73 hectáreas), la adhesión a certificaciones de marketing, la profundización para habilitar que solo se construya mediante grandes capitales y sin usuarios, es decir, para consumidores condicionados por ofertas oligopólicas. Estas regulaciones, además, presionan para favorecer la demolición del patrimonio social con usos residenciales de baja y mediana densidad, así como el industrial, cogenerando gentrificación de residentes y trabajadores que se desplazarían al Gran Buenos Aires (GBA).
La clara visión gubernamental de que planifican las empresas y no el Estado, conlleva a desentenderse de que el accionar de los mismos implica el aumento de la vulnerabilidad social por efectos del cambio climático, el incremento del consumo energético y del tránsito vehicular individual y las relaciones sociales barriales.
Si bien el Poder Ejecutivo de CABA presume que los trabajadores del GBA podrían optar por residir en CABA, sin mayor fundamento que un voluntarismo simplista de incrementar la capacidad constructiva para 6.000.000 de habitantes. Si, con 3.000.000 de habitantes se carece de jardines maternales y escuelas, plazas barriales, infraestructura, ¿así como suelos contaminados y miles de calles y avenidas congestionadas, ¿Cómo se puede imaginar un futuro con la duplicación de habitantes? La sucesión de hechos aludidos orienta a concluir que en el mediano plazo se profundizarán las desigualdades de oportunidades de empleo, financiamiento y consumo entre CABA y el GBA. Ello daría lugar a vislumbrar un nuevo Ciclo.
Funcionamiento y Dualización
La puesta en funcionamiento de las actividades relacionadas con las nuevas construcciones conlleva la reconfiguración de la otrora Área Central de CABA y del GBA en un sector costero del Río de la Plata – desembocadura del Riachuelo más internacional o globalizado, a la vez que se desplazan actividades administrativas locales del Micro y Macrocentro y residenciales, por actividades suntuosas y formaciones oligopólicas para el alquiler y modos de gestión de formas más intensivas para el uso de los nuevos edificios. En concurrencia con los Distritos Económicos de Consumo de las Artes (La Boca) y Joven (Costanera Norte).
El dejar hacer a los impulsos inversores globalizados se sucede un encadenamiento con grandes empresas transnacionales para alentar el consumo y la sustitución con innovaciones de servicios de infraestructura, amplificando el endeudamiento y la visión exógena. Se profundiza y arraiga el extractivismo financiero.
El barrio Puerto Madero marca un hito singular de influencia territorial, económica, social y cultural que, inicialmente, se extendió en fragmentos sobre las Av. Huergo – Madero, Catalinas Norte, Retiro, Recoleta y Microcentro, el resultado en proceso completaría los intersticios y conduciría a la dualidad territorial, económica, social, cultural y laboral. A su vez, la reconversión y demolición del patrimonio social del borde costero implicaría la expulsión residencial, industrial y laboral. Ello modifica uno de los objetivos históricos del planeamiento de CABA “tener acceso popular al río como expansión social de los barrios” por “valorar la costa del río para el turismo internacional y los servicios suntuosos”. Cabe refirmar que también se ampliaría el fenómeno de dualización entre CABA y el GBA, no por disfuncionalidad de los mercados sino por la orientación de las políticas públicas CABA-Nación.
Buenos Aires quedaría segmentada entre un área fastuosa, que requerirá importantes inversiones públicas y un costoso mantenimiento, frente a un entorno con mantenimiento parcial y con limitadas inversiones públicas en los barrios.¿Será esa la ciudad soñada por los porteños NIC, por los vecinos?
Las innovaciones son siempre un dilema social, para el cual el Estado debería salvaguardar a la comunidad -entiéndase por Estado a los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de las formaciones estatales-. En CABA se desconocen institucionalmente los escenarios del futuro de la ciudad. Los cambios de usos en el área de mayor concentración edilicia, mayor expectativa del precio de la tierra y de la rentabilidad urbana privada, mayor destino de inversiones públicas y de sus efectos en el resto de CABA, el GBA y el país. Son un conjunto de acciones irresponsables. La lógica del capital globalizado admitido se asienta en la continua novedad instrumental, cuyos costos sociales, ambientales y culturales pagan los consumidores. Quienes, en tanto tratan de “comprender” las modificaciones en las relaciones, aparecen, “en continuado”, nuevos instrumentos de consumo que actúan recursivamente como si se ampliaran los grados de libertad, aunque se trata de mega regulaciones de conductas en términos de empresariedad.
La lógica de las ganancias ilimitadas es más peligrosa con una gobernabilidad que se ejerce para parecer ausente. La impronta de actuación son VEP que transfieren el capital social (Venta de tierras, Endeudamiento de las generaciones futuras y Privatización monopólica se los servicios públicos)deconstruyendo, expulsando y precarizando.
El sistema productivo, asentado en el crecimiento del capital, genera un proceso de acumulación desigual, por ello es necesario la intervención estatal con visión de largo plazo y un accionar coyuntural concurrente, entendiendo a la ciudad como un bien común, para beneficio de los intereses socioambientales compartidos. ¿Qué sucede en el manejo territorial de CABA? Lo contrario. Una clara transferencia del capital socialmente acumulado por los Estados -Nacional y Provincial- a desarrolladores del real estate
¿Cuáles son los mayores despropósitos? 1. La transferencia gratuita de suelo urbanizado en las localizaciones de mayor valorización socio cultural, sin contrapartidas ni resarcimiento económico social; 2. Se profundiza la dualización metropolitana de la ocupación del suelo; 3. Conlleva inversiones estatales extraordinarias con mega endeudamiento para actualizar la accesibilidad al suelo transferido a los desarrolladores; 4. Compromete, a su vez, el mantenimiento prioritario y la actualización en el mediano y largo plazo del área valorizada, a costa de los vecinos de CABA y del país.
El legado que se propicia es de una mayor desigualdad socio territorial, con un mega endeudamiento de mediano plazo que facilita el extractivismo financiero internacional y el enriquecimiento de los desarrolladores del real estatepor transferencia del capital social acumulado desde los orígenes de la nacionalidad, tal como las tierras ferroviarias, las reservas urbanas y la “desapropiación de inmuebles de interés social” -de salud, educación y de la administración pública- legitimados mediante los nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación, así como por las leyes de excepción que reasignan usos y capacidad constructiva en detrimento de una planificación urbano ambiental para todos los habitantes.
Por tanto, cabe la presunción de estar frente a un plan privado de ambientación, desposesión inmobiliaria de bienes públicos y desregulación aplicada durante el accionar gubernamental de la CABA entre 2008-2018.
