18.12.2018

 Hace pocos días, la Legislatura porteña sancionó la ley de reurbanización del barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31), pero la norma no incluye recursos para la UGEE (Unidad de Gestión Educativa Experimental) N°20 Bachillerato Popular “Alberto Chejolán”, situación por la que los vecinos se movilizarán este miércoles.

“Estamos reconocidos por el Ministerio de Educación pero no estamos censados como institución educativa. Lo que ocurre es que para el proyecto que se aprobó no existimos y no estamos incluidos en la batería de políticas que implica la reurbanización, eso a nosotros nos lleva a la clandestinidad. (…) Somos una escuela que recibimos a todos los sectores del barrio, tenemos una ubicación estratégica y nuestra población mayormente son mujeres que vienen muchas veces a estudiar con sus pibes y pibas”, explicó Ana Clara Frosio, docente del bachillerato e integrante de CTA Autónoma, en diálogo con Canal Abierto.

Las condiciones edilicias de la escuela que funciona desde 2012 son precarias; a pesar del espacio reducido cursan allí 70 personas. Desde el año 2016, la comunidad educativa le vienen exigiendo a la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) de la Ciudad, que se los incorpore en los programas de mejoramiento, ya que se trata de una escuela pública reconocida por el Estado. Sin embargo, el Bachillerato no solo no fue incluido en la ley, sino que el Gobierno porteño tiene previsto construir un nuevo edificio para el Ministerio de Educación.

Trabajadores, trabajadoras, estudiantes, vecinos y vecinas del barrio marcharán este miércoles 19 de diciembre, a las 16, a la sede del SISU, donde a través de una radio abierta denunciarán la precaria situación del edificio, exigirán su incorporación en el censo y que el Bachillerato tenga acceso al mejoramiento que precisa.

18.12.2018

Vecinos del barrio porteño de Villa Crespo cortaron algunas calles del barrio porque están sin suministro eléctrico desde el lunes último. Edesur no les daba respuesta, pero sí la Policía que llenó las esquinas de patrulleros.

Espontáneamente un grupo de vecinos, luego de más de 30 horas de corte luz, decidieron cortar las esquinas de las calles Hidalgo y Luis Viale, más tarde el corte se trasladó a Hidalgo y Apolinario Figueroa.

Los vecinos denuncian que son aproximadamente 6 manzanas, con semáforos y luz de la calle, de Villa Crespo que tienen la energía cortada y Edesur por más de un día, no les daba ningún tipo de respuesta, a pesar de las llamadas constantes a esa empresa responsable del suministro eléctrico.

Los que sí acudieron rápidamente para tratar de levantar el corte fue la Policía de la Ciudad. Los vecinos denuncian que se acercaron varios patrulleros, un camión gigante de bomberos de la Policía Federal y otro de Defensa Civil, pero como afirmaron a este diario los vecinos del barrio: “no tenemos noticias de Edesur”.

El problema específico en ese barrio es que cuando llueve se inundan las cámaras subterráneas de Edesur y eso provoca el corte de energía. Los habitantes de esa zona manifestaron que esto no pasa solo en verano sino en forma recurrente todo el año y desde hace tiempo.

Las obras necesarias para solucionar este problema, que deberían estar a cargo del Gobierno de la Ciudad y de la misma empresa energética, brillan por su ausencia.

Luego de cortar varias esquinas, apareció Edesur enviando una cuadrilla de operarios que manifestaron que en un par de horas podrían restablecer el servicio.

La conclusión de los vecinos fue: “el corte sirvió”.

Siempre es el pueblo trabajador, el que sufre cortes de energía eléctrica mientras las empresas tanto de generación, transporte y suministro de energía con los tarifazos del Gobierno, no hicieron más que acrecentar sus ganancias en forma extraordinaria.

Un economista de FIEL, liberal el hombre, reconoció con respecto a los aumentos de tarifas que se sucedieron entre 2016 y 2017 que eso no era ni más ni menos que “una transferencia colosal de ingresos, equivalente a 5 puntos del PBI”. De ese porcentaje la mitad, unos U$S 8.250 millones, proviene de hogares.

De hecho, Edusur tiene entre sus accionistas principales a Nicolás Caputo, el “amigo del alma” de Macri.

Miles de millones de dólares que este Gobierno le saca a las familias para seguir acrecentando las fortunas de empresarios. En el Gobierno de Cristina Kirchner, según ella misma, “muchas empresas la levantaron con pala”. Ahora continúa y se acrecienta. Ese es un aspecto del saqueo al pueblo trabajador.

17.12.2018

El Metrodelegado de la AGTSyP, participó del programa de Mauro Viale denunciando las terribles condiciones en las cuales trabajan, el pésimo servicio que brinda Metrovías y el aumento de tarifas.

Esta tarde Claudio Dellecarbonara en A24 denunció el tarifazo y se preguntó “qué sueldo de los trabajadores aumentó el 1.300 % desde 2012 a esta parte o, si tomamos solo este año el 93 %”, en clara referencia al aumento que deben pagar los usuarios para viajar en un servició, que según indicó el delegado, está colapsado.

Además, Dellecarbonara denunció que el grupo Roggio no invierte en infraestructura y encima el gobierno de la Ciudad le concedió un año más de prorroga en la concesión.

“Un servicio calamitoso que pagamos los usuarios y los trabajadores”, sostuvo el delgado y añadió que junto a los diputados del PTS-FIT, Myriam Bregman y Patricio del Corro “paramos el aumento con un amparo desde mayo hasta agosto. En este amparo nosotros decimos que además se está considerando una tarifa técnica que no existe, incluso los gerentes cargan, o cargaban, en la tarifa técnica gastos suntuosos como cena, fiestas.”

Al finalizar Claudio Dellecarbonara se refirió a cómo están los trabajadores “la verdad es que estamos complicado, en el marco general de una situación económica y política que afecta cada vez más a los trabajadores. Por un lado tenés el gobierno que aplica la receta del FMI y por el otro lado tenés la oposición que esperar al 2019”, cerró El Metrodelegado de la AGTSyP.

17.12.2018

El Ministerio de Educación e Innovación de la ciudad de Buenos Aires, a través de la resolución 4055-2018, publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial, determinó el cierre de 14 escuelas comerciales, así como el de cursos en 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Con esta resolución, Rodríguez Larreta deja sin trabajo a cientos de docentes y preceptores.

La comunidad educativa se encuentra en estado de alerta. Es que, tras la resolución 4055-2018, publicada en el Boletín Oficial el jueves pasado, el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó el cierre de 14 escuelas comerciales y de 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Tras la decisión, perderán su empleo cientos de trabajadores y trabajadoras de la educación.

Luego de la aprobación de la UniCABA, que implica el cierre de los 29 profesorados porteños, Horacio Rodríguez Larreta y su equipo continúan cerrando centros educativos. El cierre de los bachilleratos nocturnos atenta contra el acceso a la educación de las y los trabajadores que no pueden acceder en horario matutino a clases. Frente a al cierre de los bachilleratos, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) se declararon en estado de alerta.

A través de un comunicado manifestaron que“Este avance brutal contra la escuela pública se suma a las políticas de reducción sistemática del presupuesto educativo y desescolarización que recorre desde los jardines maternales hasta los profesorados e institutos de educación técnica y superior”. Y agregaron “Miles de estudiantes serían marginados del derecho a la educación y cientos de docentes perderían su trabajo de no darse marcha atrás con esta Resolución de ajuste educativo”.

También, desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de escuelas nocturnas de la Ciudad de Buenos Aires convocaron a una reunión para “definir un plan de lucha a los fines de resistir esta medida”. La cita será este lunes 17 de diciembre, desde las 19 horas, en el Colegio Nº 14 Juan José Paso (Valentín Gómez 3163, CABA).

15.12.2018

La diputada del PTS-FIT preside la Comisión sobre Violencia Institucional. El informe muestra el avance de la criminalización de la protesta y de la legitimación de la represión policial con intervención judicial.

Esta semana se presentó un informe desde la presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de Violencia Institucional de la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, que este año estuvo a cargo de la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT).

El informe da cuenta del “recrudecimiento de la criminalización de la protesta social y una profundización del avance en la legitimación de la represión policial con la intervención del Poder Judicial, tanto federal como de la Ciudad”.

La comisión está integrada por diputadas y diputados de distintos bloques y durante este año estuvo presidida por Bregman, abogada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Desde la presidencia, Bregman abrió esta comisión a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, gremiales y políticas. Además de recabar denuncias sobre la violencia ejercida por las fuerzas represivas contra los sectores populares y acompañar sus reclamos con la movilización, se reúne periódicamente para amplificar sus testimonios. Además del Ceprodh que conforma Bregman, cuyos integrantes colaboraron con este informe, participaron de estas reuniones Nora Cortiñas, referentes del CELS, Correpi, APDH, Liberpueblo, APEL, La Poderosa, CTEP, trabajadores de prensa, trabajadores senegaleses, del Astillero Río Santiago, docentes, del Subte, además de diputados nacionales y porteños de distintos bloques y estudiantes, entre otros sectores que se detallan en el informe.

La Comisión se encarga de recabar denuncias sobre la violencia ejercida por las fuerzas represivas contra los sectores populares y acompañar sus reclamos con la movilización, y además se reúne periódicamente para amplificar sus testimonios.

Trabajadores, juventud y sectores populares en la mira

En el informe, que se puede leer completo al final de esta nota, se describen las situaciones de persecución a la juventud en los barrios y las escuelas, a los manifestantes, a la oposición, a trabajadores y a migrantes senegaleses, entre otros, señalando todas las arbitrariedades a las que son sometidos por la acción conjunta de las fuerzas de seguridad que actúan en la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional, el porteño y sectores del Poder Judicial tanto federal como local.

El texto señala que “ha habido durante 2017 y 2018 un aumento en la criminalización de la protesta y la pobreza, con métodos que a todas luces no solo son cada vez más violentos, sino también ilegales”, describiendo minuciosamente el modus operandi represivo que llevan adelante.

Para dar cuenta de este salto represivo se refiere con detalle a las marchas por Santiago Maldonado, el 8 de Marzo, las jornadas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, las protestas contra el Presupuesto 2019 y las marchas contra el G20 y la UniCABA, entre otras, de las que resultaron varios detenidos con causas armadas y heridos.

También se menciona el intento de avanzar en reglamentaciones y reformas para endurecer y “empoderar” el accionar de las fuerzas represivas, como es el caso de la Resolución 956/2018 emitida recientemente por Patricia Bullrich.

La diputada Myriam Bregman señaló que se ofrece este informe, “producto de un año de trabajo, para ser tenido en cuenta por todos los diputados y diputadas de la Ciudad. Constatamos un agravamiento de la situación represiva y advertimos que esta se profundizará aún más en los años venideros a causa del ajuste del Gobierno y el FMI. Esta comisión seguirá en pie para recibir denuncias y tomar medidas para defender las libertades democráticas y la movilización en defensa de esos derechos”.