Red de radios

15.3.2019

La comunidad educativa del Liceo 8 en Mataderos se encontró con ratas en donde deben dar clases y cursar docentes y estudiantes.

"¡Así no se puede cursar!", les pibes denuncian la desidia del Estado hacia la escuela pública.

Además de las ratas, las goteras ya denunciadas siguen ahí. Les estudiantes de planta alta se encontraron con el suelo lleno de charcos.

El presupuesto de 2019 del PRO votado por diputados del PJ/FpV, destina centavos a la educación pública, les pibes no pueden cursar con ratas ni con goteras, es un problema sanitario. Pasan muchas horas cientos de niñas, niños y adolescentes en esas condiciones.

"Nos piden $ 800 pesos del salario de nuestros padres, cuando en los cursos no hay ni siquiera borradores. En los baños no hay ni papel higiénico ni jabón para lavarse las manos, los ventiladores tampoco andan. El abandono es total, mientras se llenan la boca hablando de educación, están desfinanciando el único colegio secundario público del barrio", dice Milagros que cursa ahí.

El recorte a la educación se siente y no de ahora, desde hace años les pibes pelean por la ampliación de la escuela y las autoridades nos responden vendiendo el terreno de la escuela para sus negociados.

Les pibes le exigen al Estado desinfección en la escuela y la ampliación ya de el Liceo 8.

"Nos quieren sacar las nocturnas donde cursan los que peor la pasan porque la mayoría de les pibes tienen que trabajar, además con la reforma educativa quieren que trabajemos gratis en quinto año. No es casual que tuvimos que padecer el derrumbe de la escuela infantil y primaria N° 21 de Villa Lugano que estaba en construcción, donde hubo al menos 5 heridos, es una decisión política que sigan faltando miles de vacantes y el barrio este lleno de colegios privados religiosos. Que el salario docente sea una miseria, que nuestros profesores tengan que tener varios cargos son muestras de que cada vez notamos más el nivel de crisis en la educación pública", cuenta Dante, que también cursa en el Liceo 8, en estas condiciones.

15.3.2019

“En los últimos meses tuvimos tres casos de comida con gusanos”, contó la presidenta de los Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez. Además habló de salarios depreciados, ascensores parados, falta de agua y aires acondicionados rotos.

La situación de la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es crítica. Es que en el distrito más rico de la Argentina, la salud pública agoniza y lo sufren tanto los pacientes como el personal que presta servicios en ellos.

“En los últimos meses tuvimos tres casos de comida con gusano. Ademas de ascensores que no funcionan, falta de agua en algunas salas, los aires acondicionados no anduvieron durante el verano y los pacientes padecieron las altas temperaturas”, expresó la presidenta de la filial de Médicos Municipales del Hospital Gutierrez, Claudia Berrondo en comunicación con Radio Caput.

“Lo sueldos básicos no solo están bajos, sino que hay profesionales que cobran por debajo de la canasta básica”, informó Berrondo y agregó: “Algunos trabajadores empezaron a cobrar en marzo las guardias de julio, había más de mil guardias sin pagarse. Y se están pagando sin el aumento de noviembre”.

“La infraestructura está a cargo de una empresa tercerizada que no responde en el tiempo necesario, al igual que el servicio de comedor. Siempre hay problemas: la calidad no es tan buena y no se respetan las dietas especiales de los pacientes pero los más grave fue en los últimos meses tuvimos tres casos de comida con gusano”, expresó Berrondo sobre los concesiones impuestas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, mencionó los problemas en la infraestructura: “Ascensores que no funcionan, falta de agua en algunas salas, los aires acondicionados no anduvieron durante el verano y los pacientes padecieron las altas temperaturas” y agregó: “Hay 18 trabajadores y trabajadoras que no han podido inscribir a sus hijos en la guardería del hospital, lo que les dificulta cumplir su horario”.

Asimismo, Berrondo se refirió a las posibilidades de reclamo que tienen y afirmó: “Las denuncias las hacemos a través de la vía jerárquica, pero no siempre se elevan. La única respuesta que tuvimos fue con el faltante de insulina pero mandaron en formato para adultos que es imposible fraccionar para niños. Estas situaciones generan una mala atención, por más que se tenga la mejor intención”.

“Las situaciones de menos personal, el menor control de los tercerizados evidencian la subejecución del presupuesto, a pesar de que se están haciendo arreglos en algunos sectores” explicó Berrondo sobre la falta de priorización sobre el sistema de salud público.

13.3.2019

Por Ing. María Eva Koutsovitis

El Barrio porteño Villa 20 tiene aproximadamente 100 años de historia. Se encuentra ubicado en la comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires. No cuenta con servicios públicos básicos, como agua potable y cloaca. De acuerdo con el Censo 2016 del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en el barrio viven 28.000 personas. La actual gestión de gobierno de la Ciudad anunció en el año 2016 el inicio del proceso de re-urbanización e integración socio-urbana de Villa 20.
En ese contexto, el 22 de febrero de 2017, se firmó el convenio entre el IVC, la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad (SSHI) y AySA, que establecía la ejecución de obras de agua potable y cloaca para el barrio. El convenio establecía que las obras debían estar finalizadas en el plazo de 18 meses, es decir, en agosto de 2018.
Desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) elaboramos diferentes informes técnicos alertando respecto a las irregularidades detectadas en la ejecución de las obras que nunca fueron contestados formalmente por ningún organismo del GCBA. También elaboramos un conjunto de recomendaciones, entre las cuales se encontraba la incorporación de Veedores Comunitarios para llevar a cabo las tareas de control y seguimiento de las obras.
Dos años después, no hay una sola conexión de agua y cloaca regularizada en el barrio. Los pocos metros de obras de infraestructura ejecutados nunca se conectaron a las redes formales de agua potable y cloaca. Las zanjas y pozos abiertos durante meses acumularon aguas servidas y residuos, no contaron con vallas ni con elementos de protección adecuados, poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos.
Los sectores de obra no contaban con Carteles de Obra donde se consigne el nombre de la obra, número de expediente, organismo de gobierno responsable de la obra, empresa/contratista de obra, monto del contrato y los plazos de ejecución.

La circulación de vehículos y peatones estuvo restringida por meses complicando la vida cotidiana de las familias y los pequeños comercios familiares se vieron afectados. Nunca se habilitaron senderos peatonales seguros en las zonas de obra. Los trabajos comenzaban y se paralizaban por semanas para luego retomarse por unos pocos días y volvían a paralizarse sin ningún motivo aparente.
A fines de 2018, los organismos del GCBA informaron que dieron por terminado el contrato con la empresa sin que se haya cumplido con su objeto y que las obras serían licitadas nuevamente.
Los interrogantes son muchos: ¿Qué sucedió con los fondos públicos destinados a las obras de infraestructura? ¿Cómo se compensan los daños a los vecinos? ¿Una vez más destinaremos fondos públicos para ejecutar obras precarias inconclusas? ¿Qué sucedió con los controles de obras? ¿Cuáles son las sanciones previstas para los responsables de ejecutar y controlar las obras?
El viernes 1 de marzo, el IVC informó que en dos meses las obras de infraestructura vuelven a comenzar. Una vez más los organismos de gobierno prometen que en 18 meses llegará el agua potable y las cloacas al barrio. Mientras tanto, los habitantes del barrio continúan condenados al flagelo cotidiano de la falta de agua y los desbordes cloacales.

12.3.2019

Por Ricardo Palmadessa

Mafalda nos enseñó muchas cosas. A quienes la descubrimos a principios de los '70, nos mostró algunas palabras que no conocíamos: ideología, censura, despotismo. Con los años fuimos aprendiendo qué significaban esas palabras, o bien entendimos que “El palito de abollar ideologías” tenía relación, por ejemplo, con “La noche de los bastones largos”.

En esa época ya habíamos visto en el noticiero de canal 13, al periodista Sergio Villarroel, esquivando balas en una esquina del centro de Córdoba, relatando lo que ya se daba en llamar el “Cordobazo” que significaría la caída del Gobierno del dictador Onganía. Para un niño de diez años era difícil entender qué significaban esas imágenes en blanco y negro que nos mostraba la pantalla de las barricadas en mayo de 1969. Pero nos fascinábamos con esas otras escenas de Neil Armstrong pisando la luna dos meses después.

Nos veíamos reflejados en esa mezcla de juegos, travesuras, reflexiones, inconformismo y rebeldía infantil que expresaban Mafalda y sus amigos. Compartíamos con los personajes de Quino esa sensación de que había cosas en el mundo que estaban mal, y que había que arreglarlas, o al menos quejarse.

Mafalda, creación de Joaquín Lavado (Quino), fue publicada por primera vez en 1964, durante el Gobierno de Arturo Illía. El personaje se popularizó en los años de la autodenominada y mal llamada Revolución argentina y la última tira fue publicada en junio de 1973, durante la breve presidencia del justicialista Héctor Cámpora. Su autor se las ingeniaba para que esa niña en edad escolar reflexionara sobre la realidad, sorteando la censura estatal.

La desconfianza que desde siempre hemos tenido hacia la Policía, quizás haya sido sembrada por Mafalda con su observación sobre la función del garrote policial.

Desconfianza que en la adolescencia se transformó en miedo, durante la sangrienta dictadura de Videla. Ya de grandes entendimos que los uniformados de azul y las fuerzas de seguridad en general, eran el brazo armado del Estado capitalista, cuya función era disciplinar a la clase trabajadora, y cuidar la propiedad de sus patrones, con palos, con gases y con balas.

Los palos que el domingo repartió la Policía de Rodríguez Larreta, no sólo abollan las ideologías. Le dicen con violencia a quienes viven o sobreviven de la venta de sus artesanías, que hay quienes tienen más derecho que ellos a vender, como los dueños de los anticuarios, con sus papeles en regla, que no molestan con sus puestos a los turistas que pasean por las calles de San Telmo, algunos de los cuales a pesar de ello fueron también blanco de la brutalidad policial el pasado domingo.

Analizando la historia de nuestro país, o mejor la historia de la lucha de clases en el mundo, podemos comprobar que ese palito de abollar ideologías que Mafalda señalaba colgando del cinturón del policía, muy usado en esos años de dictadura y represión estatal en la Argentina, se aplica con más frecuencia y con más dureza, en la medida en que se agravan las condiciones de vida de las y los trabajadores. Para decirlo fácil: a más ajuste son necesarios más palos.

La grave crisis económica que estamos atravesando y que se está llevando por delante doscientos mil puestos de trabajo, implica que muchas y muchos salen a las calles a resistir, a pelear porque esta vez los platos rotos no los paguen ellas y ellos, sino los que siempre ganan: los patrones, los capitalistas que fugan cientos de miles de dólares a paraísos fiscales, esos parásitos que viven de la explotación del trabajo humano, y que tienen de su lado a los que empuñan los palos detrás de los transparentes escudos blindados.

Y queda claro por las imágenes y los videos de la represión a los artesanos, que los agentes del orden disfrutan mucho de su trabajo, hasta se apasionan y dejan todo por cumplir con su misión. Y lo que hacen es eso, cumplir misiones, cumplir órdenes sin protestar, para eso les pagan. Pero tanto los policías, como los gendarmes y los milicos en general, no se pueden llamar trabajadores. No son trabajadores y nunca estarán de nuestro lado. Nunca leyeron a Mafalda.

12.3.2019

La imputación de 43 padres por las tomas en ocho escuelas, ocurridas el año pasado, es “desconocer a los chicos como sujetos de derecho”, señalaron expertos.

El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Rolero Santurian, que imputó a 43 padres de chicos que tomaron ocho escuelas el año pasado, argumentó que los progenitores son responsables por conocer las conductas de sus hijos y no haber impedido que tomaran las escuelas. Si un juez determina que cometieron una contravención, podrían llegar a pagar multas de hasta 10 mil pesos o ser obligados a realizar “trabajos de utilidad pública”. Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), consideró que la imputación es “una aberración” y viola derechos constitucionales como la libertad de expresión.

“Es una medida absurda. Es desconocer a los chicos como sujetos de derecho”, dijo Schulman y recordó que los  adolescentes son “ciudadanos que tienen todos los derechos y un plus por ser menores de edad”, por lo que tienen derecho a expresarse libremente y manifestarse. “Es lo que dicen el Código Civil y la Constitución”, explicó.

La directora ejecutiva de Casacidn sostuvo que las tomas de colegios son las formas que tienen los adolescentes para manifestarse sobre temas que les competen. Los hijos de los padres imputados son alumnos de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia; la Normal Superior N°1 Presidente Roque Sáenz Peña; la Escuela Normal Superior N°6 Vicente López y Planes; el Mariano Moreno; la Técnica de Jardinería Cristóbal Hicken, y la Normal Superior N° 5 Martín Miguel de Güemes. Todos los establecimientos fueron tomadas durante los dos días previos al tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados. “Los chicos salen a manifestarse o lo hacen dentro de la escuela, que es el lugar donde se desarrollan”, afirmó.

Según explicó el fiscal Rolero Santurian en una entrevista radial, “lo que se imputa es la comisión de una contravención” prevista en el artículo 57 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que será sancionado “quien impida u obstaculice intencionalmente y sin causa justificada el ingreso o salida de lugares públicos o privados”.

El fiscal afirmó que durante las tomas de colegios fueron “damnificados” los alumnos que “habiendo querido participar normalmente del dictado de clases no pudieron hacerlo”.

Por su parte, Schulman señaló que las tomas son decisiones votadas por los alumnos en asambleas, y que no se puede culpar a los padres por las medidas tomadas. “Nadie es culpable por las acciones de otras personas”, aseguró y agregó que los adolescentes “pueden tomar una medida sobre algo que afecta sus propios intereses”. “No son de jardín de infantes, tienen capacidad para tomar algunas decisiones”, afirmó.

Debido a que los menores de 16 años no son punibles, Rolero Santurian dijo que imputó a los padres que sabían que sus hijos participaron de las tomas y “no realizaron ninguna conducta para impedir que sus hijos llevaran adelante esta conducta”. “Estas dos situaciones, el conocimiento y la falta de voluntad para llevar algo adelante, es lo que constituye el núcleo central de la imputación en materia penal”, manifestó el fiscal.

“Es una locura jurídica”, aseguró Luis Duacastella, Defensor General Adjunto de la Ciudad, a este medio y explicó que, en materia penal, está prohibido “sancionar a alguien por el acto de otro”. Schulman se expresó en la misma línea y sostuvo que “los padres no son culpables por los hechos que han cometido sus hijos”. “No se puede tomar a los adolescentes como un objeto de sus padres”, afirmó.

Las imputaciones responden a la implementación del protocolo anti tomas impulsado por el Ministerio de Educación, encabezado por Soledad Acuña. El protocolo establece que, en el caso de que los alumnos tomen un colegio, los directivos deben llamar a los padres y pedirles que retiren a sus hijos del establecimiento. Schulman opinó que las imputaciones forman parte de “un marco de políticas de seguridad represivas”. “Cada vez se reprimen más cosas y se culpa a la gente por lo que pasa en este Gobierno. Atacan a los chicos, que son los más vulnerables, a través de los padres. No tiene sentido”, afirmó.

Según Duacastella, en lugar de hacer uso de un “mecanismo disciplinario”, el Estado debería convocar a una mediación comunitaria prevista por la ley 3055. “Se involucra a toda la comunidad educativa y la solución beneficia a todos. Está prevista en una ley que no aplicaron y prefieren la sanción penal. Creo que antes de llegar al sistema penal, hay que agotar cualquiera de las otras vías”, opinó.

Los padres están citados el 18, 19 y 20 de marzo para comunicarles que están imputados. A partir de ese momento, deberán designar un abogado particular o pueden recibir la asistencia de la Defensa Pública.

Informe: Ludmila Ferrer