Red de radios

10.4.2019

Cuatro de cada diez habitantes de la ciudad de Buenos Aires no puede acceder a una canasta que le permita tener adecuada condiciones de vida. La mitad de ellos están sumergidos en la pobreza.

Así lo debela el informe sobre las condiciones de vida en la ciudad de Buenos Aires al IV Trimestre de 2018, Intensificación de la pobreza e involución de las capas medias, elaborado por Mariana Rivolta y Claudio Lozano.

Para Lozano, “los datos de la Ciudad de Buenos Aires al cuarto trimestre del 2018 evidencian que el 43,7% de la población (1.343.000 porteños) no tienen asegurado el acceso a la canasta que les permitiría una adecuada reproducción de sus condiciones de vida. De este total 654.000 personas están sumergidas en la pobreza y 204.000 pasan hambre.

Estamos en presencia de un fuerte agravamiento de la situación social en la ciudad más rica de la Argentina. Agravamiento respecto al año pasado y también al comparar con el cuarto trimestre del 2015. Así, la pobreza creció un 20% respecto al 2017, pero se expandió un 28% respecto al 2015. Este aumento se da en simultáneo con un proceso de intensificación de la pobreza evidenciado en el mayor crecimiento de la indigencia (esta crece un 65% respecto al 2017 y un 61% respecto al 2015). Por lo tanto, la pobreza se expande en el marco de un mayor agravamiento del hambre en la ciudad. A la vez los datos son claros respecto al aumento de aquellas personas que si bien no son pobres, dado su nivel de ingresos, se encuentran en situación de vulnerabilidad y de fragilidad. En este sentido, se observa un mayor crecimiento de los sectores medios frágiles dentro de esta franja poblacional.

La combinación entre la gestión Macri a nivel nacional y la de Rodríguez Larreta en la Ciudad ha producido un deterioro generalizado en las condiciones de vida de los porteños. Más hambrientos, involución de las capas medias e incluso descenso en el número de personas que detentan una situación acomodada en materia de ingresos, evidencian esta situación”.

Incidencia de la Pobreza e Indigencia en los hogares. Ciudad de Buenos Aires

Principales Resultados al 4to trimestre 2018

• Desde 2015 creció 60% la cantidad de porteños en situación de indigencia
• 6,6% de la población no tiene acceso a la canasta alimentaria: 204.000 personas
• 21,3% de la población es pobre: 654.000 personas
• La pobreza aumentó 28% desde 2015
• 43,7% de la población manifiesta algún nivel de exclusión socioeconómica
• 1.343.000 porteños no tiene asegurado el acceso a la canasta total
• 47% de las personas están comprendidas en la medición de “clase media”
• El “sector acomodado” comprende a personas en hogares cuyo ingreso supera los $125.398 mensuales: el 9,3% de las personas vive en hogares representados por esta categoría
• Ambas categorías de mayor acceso disminuyen, como consecuencia de un empobrecimiento generalizado de la población.

10.4.2019

El fallo de la justicia porteña abarca a las firmas Rappi, Glovo y Pedidos Ya. Deberán adecuarse en cuanto al uso de casco, luces, caja porteobjetos y libreta sanitaria. A su vez, habrá un plan de contingencia económica y social para los empleados el tiempo que dure la regularización.

La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibir la actividad de las empresas de delivery en bicicleta hasta que no cumplan con las normas legales vigentes para dar seguridad a sus trabajadores a la hora de efectuar sus actividades.

El titular del juzgado n°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, dispuso que en forma inmediata se prohíba en todo el territorio de la Ciudad, la actividad de las firmas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta tanto acrediten haber dado cumplimiento a los mínimos requisitos legales comprendidos en el capítulo 13 del Código de Tránsito y Transporte porteño.

Además, ordenó que se disponga un plan de contingencia económica y social, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación.

El magistrado señaló que “como surge del relevamiento efectuado por la Policía de la Ciudad, el servicio de mensajería urbana y reparto de sustancias a domicilio llevado a cabo en la CABA por las firmas prestatarias, se realiza en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad contenidas en los artículos 13.3.5., 13.3.6., 13.4.2.2., 13.6.1. del Código de Tránsito y Transporte, y 13.4.2.2. del Decreto Reglamentario 198/18”.

Producto de ello, advirtió que “es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias (artículos)”.

A requerimiento del juzgado, la Policía de la Ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados, donde el 77 % circulaba con el portaobjetos cargado en su espalda; el 70 % desempeñaba tareas sin seguro alguno; y por último, un 67 por ciento circulaba sin casco.

A su vez, el ministerio de Salud porteño sumó información al expediente, al advertir que en el lapso de un mes, y siempre hablando del sistema público de Salud de la Ciudad, se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

Por último, Gallardo ordenó al Ejecutivo comunal que “asuma la responsabilidad que le cabe al haber permitido este grave cuadro y mitigue los efectos económicos y sociales que necesariamente deriven de lo aquí resuelto”. 

10.4.2019

Por ATE Capital

"Este jueves 11 paramos el Estado, volvemos a la calle y nos movilizamos a las 12hs desde Esmeralda y Diagonal Norte hacia el ex Ministerio de Modernización".

Para el día de hoy estaba convocada la comisión paritaria del Estado nacional para revisar por quinta vez el acuerdo salarial de 2018. Los cuerpos de delegados y delegadas se hicieron presentes en la sede del ex Ministerio de Trabajo (Callao 114) para hacer escuchar la voz de las bases de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Una vez más, la respuesta del Gobierno a la concentración de ATE Capital en la puerta de la Secretaría de Trabajo se hizo notar apenas minutos después de llegados los primeros compañeros y compañeras.

Un desmedido operativo policial aguardaba preparado para reprimir, y una vez que se ubicaron los primeros delegados frente a las oficinas gubernamentales, comenzaron a golpearlos con sus bastones y a gasearlos. Hubo empujones y forcejeos, e intentaron llevarse detenidos a al menos dos compañeros, mientras se escuchaba abiertamente cómo los mandos policiales solicitaban "detenciones puntuales" a través de sus handys. Por estos hechos, realizaremos mañana una presentación judicial y denunciaremos la persecución de nuestros compañeros y compañeras.

La concentración, como toda manifestación de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, era pacífica y legítima. Había sido notificada y anunciada previamente, y no implicaba más que un corte parcial de la Av. Callao, con apenas un par de carriles ocupados por los presentes. El planteo es más que lógico: no podemos aceptar una propuesta del 3% de aumento salarial cuando la inflación interanual alcanza el 53% y la paritaria en el mismo período apenas llegó al 25%. La violencia policial llevó a que ATE solicitara un cuarto intermedio, dado que no pensamos convalidar ni el ajuste ni la represión.

Para los trabajadores y trabajadoras del Estado, especialmente para quienes se desempeñan en las categorías y escalafones más postergados, un 3% de aumento en la unidad retributiva a partir de mayo, no acumulativo, y una suma fija de $2000 con el salario de abril, son apenas gestos miserables de un Gobierno que hace explícito su deseo de sumergir en la pobreza a su propia planta de empleados públicos. Podrá significar un tenue paliativo para quienes más lo necesitan, pero un aumento serio debe garantizarse a todas las categorías, debe compensar el salario perdido por la inflación de 2018 y debe incorporar a los monotributistas y a las demás formas de contratación precaria.

Por todos esos motivos, porque también se debe dar una respuesta a los concursos pendientes, a los pases a planta permanente que exigimos desde hace años, al reconocimiento de los títulos y de las horas extra que miles de trabajadores y trabajadoras realizan a diario, y por condiciones dignas de trabajo en todos los sectores del Estado nacional, este jueves 11 paramos el Estado, volvemos a la calle y nos movilizamos a las 12hs desde Esmeralda y Diagonal Norte hacia el ex Ministerio de Modernización.

10.4.2019

Por Colectivo de Medios Populares*

Tras la postergación de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 volvió a cancelar el inicio del juicio que estaba pautado para este jueves 11 de abril. 

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 volvió a postergar el inicio del juicio por gatillo fácil contra el efectivo de la ex Policía Metropolitana, Ricardo Ayala, quien se encuentra acusado de haber disparado contra el joven vecino del barrio de La Boca, Lucas Cabello. El 9 de noviembre del 2015, Lucas fue atacado por Ayala en la puerta de su casa, frente a su compañera y su hija de 2 años. El brutal accionar del uniformado, que disparó tres veces a quemarropa, le dejó heridas gravísimas a Lucas quien se recupera en silla de ruedas.

El juicio tenía como fecha de inicio el 12 de febrero y, días antes de comenzar, fue postergado para el 11 de abril. Sin embargo, desde el tribunal y apenas 48 horas antes de la primera audiencia, volvieron a cancelar su inicio. Todavía se espera que se defina una nueva fecha para el comienzo. "La Justicia no tiene en cuenta a las víctimas, ni la angustia, la expectativa que genera un juicio para lograr reparación", sostuvo Carolina Vila, madres de Lucas, en diálogo con el Colectivo de Medios Populares.

El juicio contra Ayala es el resultado de una lucha que fue sostenida en primera instancia por Lucas, su madre Carolina Vila, su familia, junto el gran apoyo de las organizaciones del barrio que se movilizaron, una y otra vez, motorizando la causa. Como dice el propio Lucas: "Yo le gané a la muerte, soy el hijo de todas esas madres que perdieron a sus hijos y por todos esos pibes voy a seguir luchando”.

*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente

9.4.2019

Por Mariana Carbajal

El Gobierno reconoce que faltan más de 15.000 vacantes (más del 90 por ciento, en nivel inicial), pero las familias estiman que son más de 22.000. Ese déficit, además de en la educación, tiene fuerte impacto en las vidas de las mujeres-madres, que deben suplir al Estado.

A un mes del inicio de clases, unos 22.000 chicas y chicos siguen sin vacante en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. La amplia mayoría corresponde al nivel inicial, de acuerdo con datos oficiales. El déficit en la infraestructura escolar porteña por falta de inversiones desorganiza los hogares. “El impacto es mayor en los sectores más vulnerables y sobre todo, pega con más fuerza sobre las mujeres”, señaló la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, que mañana presentará el primer informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires, que aborda esta problemática desde una perspectiva de género y derechos. “La ausencia del Estado la suele suplir la madre”, apuntó a este diario Micaela López Rodríguez, mamá de León, de 4 años y cofundadora del colectivo “La vacante es un derecho”, desde donde brindan asesoría y contención a familias desesperadas. Las tareas de cuidado empujan a mujeres-madres a postergar su desarrollo profesional, trabajar menos horas o salir del mercado laboral. El jueves se concentrarán frente al Ministerio de Educación del gobierno porteño para exigir respuestas. Hace cuatro años que desde “La vacante es un derecho” vienen pidiendo una audiencia a la ministra Soledad Acuña y a la directora del Área de Educación Inicial, Susana Basualdo, sin lograr que las reciban.