16.3.2019
Por Sebastián Ortega
Las postales de la Policía de la Ciudad reprimiendo en el distrito más rico de la Argentina ofrecen un panorama cada vez más violento de la crisis de Cambiemos. Pero el desborde represivo tiene causas políticas que remiten al nacimiento y devenir de la novel fuerza de seguridad. Un mapa de los conflictos, los intereses y los ajustes policiales al calor del año electoral.
La teoría del fruto del árbol envenenado es una doctrina jurídica que plantea la invalidez de toda prueba obtenida a partir de una acción ilegítima. Todo fruto que nazca de ese árbol indefectiblemente arrastrará consigo el veneno. En el caso de la Policía de la Ciudad, en 2008, la Legislatura porteña aprobó la ley de Seguridad Pública que abrió la posibilidad para que Buenos Aires pudiera tener su propia policía. Por miedo o pragmatismo, el deseo publicitado de una fuerza transparente fue corrompido por la decisión política de entregar la conducción de la Metropolitana (antecedente de la Policía de la Ciudad) a ex policías federales con prontuario, integrantes de las fuerzas durante la última dictadura militar, espías, o efectivos vinculados al robo de vehículos y desarmaderos ilegales.
Ese “pecado original” en la génesis de la policía porteña desterró para siempre el sueño de una fuerza de proximidad moderna y democrática, como demostraron las imágenes de las últimas semanas: represión a artesanos en pleno domingo de San Telmo, cita turística por excelencia; corridas y gases contra el verdurazo de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en Constitución, con palazos a periodistas y fotógrafos incluidos; entre otras.
El origen de la fuerza
Cuando surgió la policía porteña, entre sus 52 altos mandos el 82% fueron ocupados por ex funcionarios de la Federal. Nueve de ellos habían sido pasados a disponibilidad durante la purga encabezada por Néstor Kirchner a un año de asumir la presidencia. Mauricio Macri, por su lado, eligió a un viejo conocido suyo para comandar la Metropolitana: Jorge el “Fino” Palacios, quien había sido jefe de seguridad de Boca Juniors durante su gestión del club. El nuevo jefe de policía acumulaba acusaciones por complicidad en el encubrimiento del atentado a la AMIA, un procesamiento durante la represión policial de diciembre de 2001 y vínculos con un reducidor de autos que integraba la banda que secuestró y asesinó a Axel Blumberg.
El “Fino” Palacios abrió la puerta para que entraran con él una decena de ex federales ligados a la seguridad privada. En ese grupo figuraban dos nombres que se destacarían años después: Carlos Kevorkian, futuro jefe de la policía porteña, y Ricardo Raúl Ferrón, quien como jefe de la División Operaciones Especiales Metropolitana (DOEM) comandaría las represiones en el Parque Indoamericano, el Borda y la sala Alberdi. Hoy el accionar represivo contra la protesta social ya no está al mando de una figura como Ferrón, sino de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), que históricamente tuvo a su cargo la seguridad en los partidos de fútbol en la Ciudad y ahora se ocupa del control de la calle.
El “Fino” Palacios duró apenas un mes y medio en el cargo. Renunció en agosto de 2009, acorralado por las acusaciones de complicidad en el atentado a la mutual israelí y dos meses después fue preso en la causa por espionaje ilegal a opositores. En el allanamiento a su oficina encontraron la carta de renuncia donde enunciaba los ejes de una disputa silenciosa entre el poder policial y el poder político, que casi una década después todavía permanece abierta: “la falta de autarquía” para administrar el presupuesto, la prohibición de que la policía desarrolle sus propias investigaciones internas, el manejo operacional de la central de monitoreo de las cámaras de seguridad y “el control de las agencias de policía privada”.
Marcelo Saín sostiene que la policía es la institución clave de la “baja política”: los ojos, los brazos y los sentidos de la clase gobernante. Las internas en la fuerza amenazan hoy con hacerle perder al poder político ese control.
Convivencia forzada
“Vestir el uniforme de la Federal es un orgullo”, dice Victoria, sentada en un café a unas pocas cuadras de la comisaría porteña donde cumple funciones. Nadie en el bar puede pensar que es policía. Como integrante de la brigada recorre las calles de civil, con la 9 mm en la cintura, oculta debajo de la ropa, y el chaleco celeste que dice Policía de la Ciudad guardado en la mochila por si le toca intervenir en un allanamiento o una manifestación. “Por suerte no tengo que usar el de la Policía de la Ciudad, parecen empleados de las estaciones de servicio Axion o de Burger King”, se queja.
El traspaso de la estructura de la PFA a la ciudad de Buenos Aires era un viejo anhelo del PRO que Macri no pudo concretar mientras el kirchnerismo ocupó la Casa Rosada. Pero cuando llegó a la presidencia, el proceso se puso en marcha a toda velocidad. El 5 de enero de 2016, a menos de un mes del recambio de autoridades, firmó con su reemplazante en la Jefatura de Gobierno porteño el Convenio de transferencia progresiva de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales a la capital. Nueve días después la Legislatura porteña aprobó el Convenio en sesiones extraordinarias. “Mientras más se estiraran los plazos, más capacidad de resistir iban a tener la cúpula de la Federal y del Ministerio de Seguridad nacional”, explicó en voz baja un funcionario con despacho en Avenida Regimiento de Patricios 1142.
El proceso se diseñó en dos etapas. Durante el primer año convivieron la Metropolitana y la estructura de la Policía Federal transferida. A partir de enero de 2017 se fusionaron en una nueva y única fuerza: la Policía de la Ciudad. El traspaso incluyó la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, de la que dependían las 54 comisarías de la Ciudad, la Policía Montada, la Superintendencia de Bomberos, la Guardia de Infantería y parte de las áreas de Policía Científica y de Investigaciones (Homicidios, Robos y Hurtos, entre otras). Casi 19.000 de los 35.000 efectivos que tenía la PFA pasaron a vestir el uniforme bordó de la policía porteña. No se transfirieron únicamente recursos humanos y estructura. El gobierno nacional también giró ingentes fondos. Con el fin de “consolidar la organización y funcionamiento” de la seguridad pública el presidente firmó el decreto 194/2016 que llevó la coparticipación de la Ciudad de un 1,4% a un 3,75% en un abrir y cerrar de ojos.
Hoy, la convivencia al interior de la fuerza es un campo minado. Según su origen, cada linaje de efectivos tiene un apodo que expresa la bronca acumulada en un año y medio de convivencia forzada. Los federales traspasados desprecian a los “sangre sucia” o “traidores”: ex compañeros de armas que abandonaron la fuerza cuando estaba naciendo la nueva policía porteña. Mucho menos respetan a los “metropolitangas”, como catalogan a los policías formados en la nueva fuerza, a quienes consideran policías de segunda, sin formación ni capacidad para intervenir en situaciones de riesgo.
En esa mixtura también convive un grupo menor de efectivos que provienen de las fuerzas armadas o de otras fuerzas de seguridad federales o provinciales. “¿Qué diálogo puede tener con los vecinos un gendarme o un militar? ¿O un ‘pata negra’ (como suelen ser llamados los policías bonaerenses) acostumbrado a otro tipo de trato con la gente? Acá tratás a un vecino como si estuvieras en el Conurbano y se te arma un quilombo bárbaro”, se queja un federal traspasado.
La sangre en el ojo de los federales
El desguace de la PFA en la ciudad estuvo a cargo de Guillermo Calviño, cercano a Sergio Berni, que en enero de 2016 fue nombrado jefe de la Policía Federal en la Ciudad, cargo al que renunció un año después para asumir como asesor del Ministerio de Seguridad porteño. En enero de 2017, cuando se puso oficialmente en marcha la Policía de la Ciudad, José Potocar -hombre de confianza de Calviño- se convirtió en su primer jefe. “Tiene un legajo intachable”, explicó Rodríguez Larreta, y nadie desconfió. Potocar conocía el funcionamiento de la seguridad en la Ciudad. El policía con título de abogado y formación en el FBI pasó por varias comisarías porteñas y fue jefe de las circunscripciones I y III. Su último cargo en la Federal fue como jefe de la Dirección General de Comisarías (DGC). Desde ahí controlaba las 54 taquerías de la ciudad.
Los enfrentamientos subterráneos en la Federal ya habían tenido algunos rebotes en la superficie: en marzo de 2016 la interna se había llevado puesto al jefe de la Federal, Román Di Santo, enfrentado con el sector que lideraba Calviño. Calviño y Potocar sobrevivieron poco tiempo más. El 12 de mayo de 2017, apenas cuatro meses y medio después del nacimiento de la nueva policía, fueron detenidos acusados de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a comerciantes y trapitos en la zona de Núñez. En el Ministerio de Seguridad Porteño y en la Policía de la Ciudad muy pocos creen en la imparcialidad de la investigación que encabezó el fiscal José María Campagnoli. “A Calviño lo podían meter en cana por mil cosas, pero esa huele a operación”, dice una fuente del Ministerio porteño.
“Le prometieron un alto cargo en el Ministerio, él hizo el trabajo sucio y luego lo traicionaron”, cuenta el oficial primero Juan José Mármol, expulsado de la fuerza por liderar las movilizaciones de los transferidos que exigen volver a la Federal. Con la salida de Potocar, la Policía quedó acéfala. Durante cinco meses la dirección operativa estuvo a cargo del secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro, el hombre que detenta el control real de la fuerza. D’Alessandro, un peronista amadrinado por la jueza federal Servini de Cubría, desembarcó en la administración pública porteña de la mano del ex secretario de Seguridad Juan José Álvarez. Con la llegada del macrismo al poder se hizo cargo del Tribunal de Faltas de la Ciudad. En 2013 entró a la Cámara de Diputados de la Nación en las listas del massismo, cargo al que renunció dos años después, cuando el recién asumido Horacio Rodríguez Larreta lo convocó para asumir el control político de la nueva policía.
Una bomba a punto de estallar
El nuevo jefe Carlos Kevorkian, un histórico de la estirpe del Fino Palacios pero sin comando real sobre la tropa, duró apenas unos meses más que su antecesor. A poco de asumir, estalló el conflicto con los federales traspasados. El 26 de marzo de 2018 cientos de ex-federales se movilizaron a Casa Rosada para pedirle al presidente el regreso a la PFA. Después cruzaron hasta Legislatura y finalmente marcharon al departamento Central de la Federal. El listado de reclamos incluía la degradación de los agentes que provienen de la PFA y la "deshonra" de pasar a integrar a una "policía municipal". Pero no es todo. El conflicto tiene un trasfondo económico. Junto con el personal, la Federal también traspasó a la Ciudad los aportes jubilatorios de cada uno de los 18.227 efectivos. “Ahora Ciudad no nos hace los aportes. Y toda la plata que teníamos no está más”, dice Juan José Mármol, el vocero de los federales transferidos. Mármol saca varias hojas de una carpeta. Es la sábana de aportes de Anses. Hasta diciembre de 2016 figuran los aportes que cada mes le hacía la PFA. A partir de enero de 2017 el valor es de $0,00.
Durante meses el gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación ignoraron los reclamos. En abril, cerca de 800 de policías con el uniforme de la Federal -camisa, corbata y gorra- se formaron frente a la sede del gobierno porteño y cantaron el himno nacional. Después del escrache a Horacio Rodríguez Larreta el conflicto parecía encauzarse. Kevorkian abrió el diálogo con los policías disconformes y armaron una lista de 200 policías que serían reintegrados a la Federal. Pero el pacto nunca se cumplió. El 26 de junio, durante el partido Argentina-Nigeria por el mundial, una bomba casera explotó dentro de la comisaría 28 de Barracas. Los jefes adjudicaron el atentado a los policías rebeldes y suspendieron el diálogo. Veinte días después Kevorkian renunció a su cargo. El jefe de policía alegó motivos personales. Los policías transferidos lo celebraron como un triunfo propio.
Nadie pasa de esta esquina
Aunque el gobierno lo minimice, el reclamo de las bases con sus nuevos jefes políticos está lejos de saldarse. “Hoy no tenés ni un poli contento”, explica un efectivo transferido para graficar la relación. En el cálculo del gobierno, los disconformes no superan los 200. Para los voceros de los rebeldes se cuentan por miles. Marcelo Saín sostiene que la policía es la institución clave de la “baja política”: los ojos, los brazos y los sentidos de la clase gobernante. Las internas en la fuerza amenazan hoy con hacerle perder al poder político ese control.
Así como un "dejar hacer", el escándalo en la final de la Libertadores terminó de eyectar de la función pública al ex ministro de Justicia y Seguridad Martín Ocampo, personaje del riñón del influyente Daniel Angelici. El descontento de los que ponen el cuerpo en la calle se convierte en una olla a presión de cara a un año electoral.
En el gobierno porteño hoy prometen que no van a “transformar un reclamo social en un tema de seguridad”, pero aseguran que harán que “se respeten los derechos de todos”. Aunque, como quedó demostrado en las escenas de represión de las últimas semanas, ese “todos” incluya antes a los ciudadanos que reclaman el derecho a la libre circulación que a los que protestan en las calles. Incluso si para garantizarlo tengan que apalear, armar causas, y detener a trabajadores de prensa y de la economía popular. En un contexto de inflación y recesión y con la imagen del gobierno devaluada, la seguridad vuelve a ser el imán para retener al electorado.
