Red de radios

9.4.2019

Por Florencia Vargas

Padres, alumnos y docentes del jardín del Hospital Ramos Mejía celebraron la reapertura de la sala de lactarios de la institución, tras una decisión judicial que impidió que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la cierre.

La comunidad educativa, junto a los padres y madres realizaron la reapertura del lactario con una placa con la leyenda que dice “Luchar tiene sentido”. Hoy gracias a la lucha que llevaron adelante todo el año pasado pueden entrar 40 bebés distribuidos en los dos turnos que concurrirán a la sala del lactario

El año pasado el Gobierno de la Ciudad anunció que la Escuela Infantil N° 6 del Distrito Escolar Nº 6, conocida como jardín maternal del Ramos Mejía, iba a ser trasladado a otro edificio y habilitó la inscripción de todas las salas menos la de lactarios, a las que concurren niños entre los 45 días y el año de edad.

Tanto los profesionales del hospital Ramos Mejía como familias que tienen vacante en ese jardín, denunciaron que este plan del macrismo, es consecuencia del plan de un presupuesto de vaciamiento para la educación pública en el 2019. Tan solo a nivel nacional bajaría con respecto a este año un %68 de lo destinado a edificios para jardines de infantes.

El repudio el cierre de la sala de Lactarios se hizo extensivo y cobró un extenso apoyo en muy poco tiempo. Con la creatividad y el apoyo de toda la comunidad se realizaron cortes de calles, festivales, campañas de fotos y difusión en redes sociales, junto a organizaciones sociales y desde otros hospitales nos hicimos presentes. Por otro lado, exigieron a los sindicatos que no dejen librada a la suerte de los pedidos del FMI, una necesidad y conquista tan básica, como es el acceso a jardines públicos.

Gracias a esta movilización permanente, la orden judicial instó al Ejecutivo local a que “arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la apertura inmediata de la inscripción de vacantes” y remarcó que el artículo 24 establece que la Ciudad “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”.

8.4.2019

El Hospital Cecilia Grierson del barrio porteño de Villa Lugano, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, fue promesa de campaña para la jefatura de gobierno de Mauricio Macri en 2007. Desde hace años se encuentra en construcción. El jueves pasado se vino abajo una parte del techo de los consultorios externos. Un estudio de la ONG Defendamos Buenos Aires concluye que un tercio de las obras en la ciudad (alrededor de 4 mil de 12 mil que hay vigentes) presentan deficiencias e irregularidades que las vuelven inseguras, y señala con alarma que en los últimos 12 años hubo 25 derrumbes en la ciudad, que dejaron 9 personas muertas, 99 heridas y 100 mil millones de pesos en daños materiales. “Hay 4.000 potenciales bombas de tiempo a punto de explotar en nuestra Ciudad porteña”, aseguró Javier Miglino, director de la ONG.

El hecho sucedió en una parte que está en obras, donde antes se encontraban los consultorios viejos, que se pretendían derribar para construir una conexión con el nuevo sector. Tras el derrumbe no hubo personas heridas porque justo no había nadie, y la planta baja quedó sin luz y fue evacuada rápidamente por la mañana.

“Se martilló para tirar una pared abajo sin prever que hubiera un buen apuntalamiento.Son cosas que venimos viendo en las obras, que se hacen precariamente. Podría haber pasado algo terrible. Por allí circula gente, aunque es un consultorio que no estaba en uso”, informó una trabajadora del lugar.

Ya había sucedido algo parecido tres semanas atrás, cuando seis trabajadores resultaron heridos por un derrumbe de una losa en una escuela en construcción al lado del hospital, en el cruce de avenida Cruz y Escalada. También cuando hace meses se prendieron fuego las instalaciones del Centro de Salud del Barrio Cildañez.

La ONG Defendamos Buenos Aires divulgó un estudio que concluye que un tercio de las obras en la ciudad (alrededor de 4.000 de 12.000 que hay vigentes) presentan diferentes tipos de deficiencias e irregularidades que las vuelven inseguras. El análisis también señala con alarma que en los últimos 12 años hubo 25 derrumbes en la ciudad, que dejaron 9 personas muertas, 99 heridas y 100 mil millones de pesos en daños materiales.

“Es la consecuencia de una política de controles ligeros a nulos en las más de 12.000 obras en construcción que se están desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, de las que hay 4.000 potenciales bombas de tiempo a punto de explotar en nuestra Ciudad porteña”, aseguró Javier Miglino, Director de Defendamos Buenos Aires.

5.4.2019

Corridas y gases frente a Desarrollo Social. “Fuera Patricia Bullrich de la calle”

“¡Hay una compañera detenida, de 60 años, responsable de un comedor de La Matanza”!, la denuncia retumbó frente al Ministerio de Desarrollo Social, en la 9 de Julio, luego de que la Infantería de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimiera a los manifestantes del Polo Obrero, el MTR, el FOL y Barrios de Pie que intentaban realizar un acampe para exigir a la ministra Carolina Stanley la convocatoria a una mesa de emergencia para ampliar la ayuda social. 

El acampe de las organizaciones de base estaba convocado para después de la movilización que este mediodía protagonizaron diferentes centrales gremiales en el centro porteño. La detención de Lidia Ríos ocurrió mientras esperaba al resto de sus compañeros para comenzar la protesta. Tras su detención, los agentes porteños confiscaron los bolsos, las bolsas de dormir y el resto de los elementos con los que los manifestantes se proponían pernoctar frente a Desarrollo Social. 

Ríos, quien denunció que la policía de Horacio Rodríguez Larreta la manoseó y le tiró gas lacrimógeno, fue acusada de “resistencia a la autoridad”. Otra de las manifestantes advirtió que los mismos agentes que detuvieron a su compañera, que tiene dificultades para caminar, “me rompieron el pañuelo, me ahorcaron y me amenazaron con llevarme detenida”. 

Tras la primera detención, la Policía de la Ciudad también reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a algunos de los manifestantes que intentaban instalarse frente al Ministerio. “¡Ministra atienda los reclamos sociales! Esto es una manifestación y las manifestaciones no están prohibidas en la Argentina, excepto que Mauricio Macri haya declarado el Estado de sitio. ¡Fuera (Patricia) Bullrcih de la calle!”, reclamó Eduardo Belliboni. 

Los dirigentes de las organizaciones adelantaron que permanecerán sobre la 9 de Julio hasta la apertura de una nueva instancia de diálogo con la ministra Stanley, quien ayer rechazó los reclamos que motivaron la movilización de la jornada. 

5.4.2019

Por Gabriela Carpineti*

"Es importante que aprovechemos los pocos mecanismos de participación ciudadana que tenemos hoy en día y que todas y todos los que creemos que tiene que haber una justicia independiente, comprometida con los Derechos Humanos, impugnemos a estos tres candidatos".

El macrismo sigue cooptando la justicia para garantizar la impunidad de sus negocios y tener un poder judicial al servicio de los intereses económicos de las corporaciones inmobiliarias, de la obra pública y los servicios. En este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta propuso a Santiago Otamendi y a Marcela De Langhe para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y a Juan Bautista Mahiques para el puesto de Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, luego de la escandalosa renuncia de Martín Ocampo a partir de los incidentes en el River-Boca que no llegó a disputarse en el Estadio Monumental. Ocampo, quien también se desempeñaba como Ministro de Seguridad es un hombre de confianza de Daniel Angelici, al igual que su reemplazante. Mahiques quien es una de las principales espadas del macrismo en la justicia, apadrinado por el actual presidente de Boca fue nombrado como subsecretario de relaciones con el Poder Judicial y representante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo. Además de no contar con los antecedentes necesarios, es curioso como este “ascenso” se da apenas dos días después de que el mismo Mahiques presentara en el Consejo de la Magistratura la denuncia contra el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Santiago Otamendi es otro militante macrista, "tan abiertamente militante macrista" que participaba asiduamente de los timbreos que suele hacer el gobierno nacional, tanto junto a Germán Garavano como con otros funcionarios y ex funcionarios caídos en desgracia como el ex ministro de Finanzas y Presidente del BCRA, Luis Caputo. En la actualidad es el Secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en los hechos, el número 2 de Garavano y fue denunciado por el actual titular de la Unidad Especializada de Investigación del atentado a la AMIA, Mario Ciamadevilla, por encubrimiento, cohecho, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público junto con el actual Ministro y el Jefe de Gabinete de la dependencia, Esteban Conte Grand. El fundamento de la denuncia que está en el Juzgado Federal de Julián Ercolini es entorpecer la causa en la que se investiga la responsabilidad penal que tuvieron quienes investigaron el atentado, por haber desviado o plantado pruebas en una situación de extrema gravedad institucional.

Marcela De Langhe es jueza en la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y cumple con el único requisito exigido por la administración de Larreta es el de tener algún cargo en la gestión macrista, en este caso la magistrada es, además, Directora del Instituto Superior de Seguridad Publica, donde se forman los cadetes de la Policía de la Ciudad. La misma policía que persigue a manteros, vendedores ambulantes y cartoneros mientras que por otro lado no puede garantizar la seguridad en un partido de fútbol. De Langhe no cuenta con un currículum a la altura del puesto que pretende ocupar, pero sí cuenta con el apoyo del Coti Nosiglia, Daniel Angelici y toda la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le garantiza los votos del bloque Evolución de Martín Losteau.

La fecha para presentar las impugnaciones y adhesiones correspondientes vence el 10 de abril, es importante que aprovechemos los pocos mecanismos de participación ciudadana que tenemos hoy en día y que todas y todos los que creemos que tiene que haber una justicia independiente, comprometida con los Derechos Humanos y los intereses de los más humildes, los que trabajamos y producimos la riqueza de la Ciudad de Buenos Aires, impugnemos a estos tres candidatos antes de que ingresen los pliegos a la Legislatura donde ya sabemos que Cambiemos tiene mayoría automática. 

Hay que romper el cerco mediático que impone la casta política. Acompaño un modelo de impugnación que puede ser completado por cualquier persona que considere que hay motivos suficientes para que Mahiques no sea Fiscal General y De Langhe y Otamendi no sean jueces del TSJ. Podés llevarlo a la mesa de entrada del Ministerio de Justicia de la Ciudad o en un sobre en Avenida de Mayo 881 3º " K". 

Formulario Impugnación

*Referente de la Agrupación Tres Banderas del Frente Patria Grande y abogada de la CTEP.

5.4.2019

Melina Michniuk

Hace más de 7 meses se prendían fuego las instalaciones del centro de salud del barrio Cildáñez, al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires. Al día de la fecha continúan sin una salida de fondo.

Los trabajadores y usuarios del Cesac 14 del barrio Cildáñez, dependiente del área programática del hospital Piñero, se encuentran organizados y aguardando una solución definitiva por el incendio del 25 de agosto del año pasado, que destruyó totalmente las instalaciones del lugar.

El Cesac tenía más de 40 años de antigüedad y había sido construido con material precario y tóxico para la salud, como el asbesto – material presente en las placas de las paredes del edificio – que es cancerígeno, motivo por lo cual desde el año 2003 está prohibido en el país su utilización para la construcción. Los restos de infraestructura incendiada continúan en la zona, demorando su demolición por desidia del gobierno.

Desde entonces, producto de la organización de los trabajadores, se puso en pie un “plan de contingencia” para garantizar la atención a la población, ubicada en una de las zonas más carenciadas de la ciudad (Villa Lugano), a la par que se exigía la reanudación de las obras del nuevo Cesac cuya construcción había sido concesionada al Grupo VIARSA por $105.154.463,25 en junio del 2018.

Desde la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del GBCA cuyo responsable es Gabriel Armando Battistella, se comprometieron a finalizar las obras para diciembre de 2018 y mientras tanto, a garantizar la atención poniendo a disposición instituciones como un CPI o Club de barrio cercanos a las inmediaciones del Cesac 14 para la atención no médica y tareas administrativas, al igual que otorgar containers para la atención médica.

Los plazos no se cumplieron, al día de la fecha las autoridades afirman que para junio de este año se finalizarán las obras. Mientras tanto, los trabajadores continúan atendiendo de forma precaria en trailers muchas veces sin luz y sin agua, sin servicio de farmacia para brindar los medicamentos a la población que lo requiere así como tampoco leche para las mujeres embarazadas y niños de hasta 6 años como refuerzo alimentario.

Algo que se vuelve más brutal cuando por efectos de la crisis económica y social digitada por el FMI, 4 de cada 10 niños son pobres en Argentina y un 8,6% vive en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos, según reciente informe de Unicef.

Cuando el 28% de la población de Capital Federal depende del sistema de salud público, quienes no pueden acceder a una prepaga ni obra social por no poseer trabajo en blanco en medio de los altos índices de desempleo y precarización laboral; la comunidad de Cildáñez se ve afectada por la reducción de turnos, la disminución de prácticas y prestaciones que no son posibles de llevarse a cabo en estas condiciones y por la ausencia de una sala de espera digna, teniendo que esperar parados en la calle, con casi ninguna protección a lluvias o calor extremo como al tránsito (autos que transitan a altas velocidades en calles de acceso a los trailers y al CPI).

No puede ser que en la ciudad con más recursos del país se esté brindando un servicio de salud en estas pésimas condiciones. El pueblo trabajador necesita una salida de fondo. Se necesita que los recursos vayan a la salud y educación pública y no a la deuda usurera.