Red de radios

5.6.2019

El hotel recuperado enfrentará una audiencia el próximo 25 de junio en la que otra vez temen afrontar otra orden de desalojo. La Agencia Gubernamental de Control inspeccionó este lunes el inmueble y los documentos durante seis horas.

“Hace unos días los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen fuimos notificados por el juzgado comercial N°9 a cargo de la Dra. Paula Hualde sobre la convocatoria a audiencia para el próximo 25 de junio. En la audiencia, luego del rechazo del recurso extraordinario presentado por nosotros y nosotras por parte de la Corte Suprema el pasado 28 de diciembre, seguramente nos comuniquen una vez más que debemos dejar el hotel”, informó anoche Federico Tonarelli, vicepresidente de la histórica cooperativa de Callao y Corrientes, Ciudad de Buenos Aires.

Por orden de la jueza, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad realizó una inspección durante seis horas en el hotel recuperado, en la que encontraron espacios que no presentaban las condiciones necesarias para sortear la inspección.

“Es importante aclarar que el director ejecutivo de la AGC es el esposo de la apoderada de Mercoteles SA, empresa que reclama la restitución del hotel solicitando el desalojo de la cooperativa”, resaltó el comunicado de Tonarelli.

A esto se suma el veto presidencial a la Ley que solucionaba el conflicto y legalizaba la gestión de la cooperativa, aprobada en la última sesión del Congreso Nacional de 2015.

Por eso, la cooperativa subrayó: “Sabemos perfectamente que el Macrismo está detrás del conflicto, jugando abiertamente a favor del antiguo grupo BAUEN, ahora bajo la figura de Mercoteles SA”.

Por último, destacaron que llevan 16 años gestionando el hotel como cooperativa, “haciendo una verdadera utilidad pública de las instalaciones y sosteniendo los puestos de trabajo que se esfumaron con el cierre del hotel allá por 2001. El próximo 25 iremos a la audiencia para manifestar una vez más que defendemos la autogestión a pesar de los embates jurídicos y políticos que promueve el macrismo”.

Así, Tonarelli destacó ante ANSOL: “Los trabajadores pueden gestionar empresas con eficiencia y verdadera democracia”.

4.6.2019

Por Ana Fornaro

El miércoles 5 de junio a las 8 y media de la mañana empieza el juicio oral que tiene como acusada a Mariana Gómez. Se llevará a cabo en los tribunales de la calle Paraguay 1536, 4º piso (CABA). Mariana fue violentada por la policía el 2 de octubre de 2017 en la estación de subte de Constitución mientras besaba a su esposa Rocío Girat. Como resultado, fue procesada por la jueza de instrucción María Dolores Fontbona de Pombo por “resistencia a la autoridad y lesiones”. La jueza la acusó de “dar golpes de pecho” a un policía.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el 9 de marzo de 2018 el recurso presentado por el abogado Lisandro Teszkiewicz. Los jueces tampoco quisieron escuchar a Mariana, que pidió hablar frente al Tribunal, ni a expertos que presentaron escritos pidieron que se revocara el procesamiento por no tener sustento.

Rocío y Mariana están casadas y ambas pasaron por la experiencia de ser abusadas sexualmente por familiares. En el caso de Rocío fue su padre, el suboficial de la Armada Marcelo Girat, y en el de Mariana su padrastro y el padre de éste. Los dos casos se hicieron públicos en 2014 y fue en ese contexto cuando se conocieron.

“Las dos conocemos la re-victimización desde nuestras situaciones de abuso sexual y luego de abuso judicial. Ahora estamos tratando de difundir lo máximo posible porque pueden entrar a nuestra casa en cualquier momento. Tenemos miedo. De que nos golpeen, que nos hagan cualquier cosa como ya nos hicieron, pero no nos vamos a callar”.

3.6.2019

Suspenden clases en la Escuela N° 11 D.E 8 Marcelo T. de Alvear 11 del barrio porteño de Caballito.

Docentes, padres y alumnos realizarán un corte de calle porque encontraron ratas en la escuela Alvear 11 del barrio porteño de Caballito. Los roedores fueron encontrados, incluso, luego de suspender las clases durante tres días para desratizar.

Sus comunidades educativas están preocupadas por estas situaciones al notar que la educación pública no es prioridad para la agenda de los sucesivos gobiernos. La educación no viene siendo prioridad con la política que viene planeando el gobierno en complicidad con la oposición peronista.

El Estado lamentable en el que se encuentran las escuelas públicas porteñas es responsabilidad absoluta de el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Salud, Soledad Acuña.

3.6.2019

Comisión de Familias en Defensa del Natatorio de la Escuela Alvarez Thomas N°4 DE 16

P I L E T A Z O P O R L A E D U C A C I Ó N

El próximo martes 4/6 a las 12:30 vamos al Ministerio de Educación, Av. Paseo Colón 255, a exigir que se cumpla con los diseños curriculares, que se ponga un freno a los recortes del Plan Natación en todas las escuelas de Gestión Pública de la CABA.

El natatorio de la Escuela Álvarez Thomas fue construido, y es mantenido, por la Asociación Cooperadora. El GCBA quiere quitarle el Natatorio a la Escuela, y privar a los chicos y chicas de las clases de natación que históricamente tuvieron y el diseño curricular prevé. La comunidad defiende el espacio y los derechos de los niños y niñas a una Educación de Calidad.

ASAMBLEA DE FAMILIAS EN DEFENSA DEL NATATORIO DE LA ESCUELA ÁLVAREZ THOMAS

2.6.2019

Por Mirta Castellani

Los trabajadores de la empresa Craveri realizan un acampe en la puerta del laboratorio para pedir la reincorporación de sus compañeros. Mientras, la firma se niega a acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Las trabajadoras y trabajadores del Laboratorio Craver realizan un acampe en las dos plantas de la empresa, con el objetivo de hacer visible la situación que enfrenta el casi medio centenar de empleados que fueron despedidos y frente a la negativa del laboratorio de acatar la conciliación obligatoria.

Con el apoyo de los vecinos, que acercan alimentos y brindan su aliento, el grupo de trabajadores permanece en las puertas de la empresa pidiendo por la reincorporación de los 47 despedidos. Un 70% de ellos son mujeres, muchas de ellas jefas de familia, en su gran mayoría trabajadoras calificadas y con más de 10 años de antigüedad.

Carlos Zincer, delegado de la comisión interna del laboratorio, señaló: «la empresa argumenta una crisis que no puede demostrar, no se hace cargo del riesgo empresarial y no determina en ninguno de sus balances cuál es la relación entre los despidos y el saneamiento del problema financiero de la empresa».

A su vez, el representante detalló que «el laboratorio a cargo de Juan Craveri despide de modo ilegal e improcedente queriendo abonar el 50 % de las indemnizaciones amparándose en un procedimiento preventivo de crisis empresarial que no está avalado por la organización gremial ni por la Secretaría de Trabajo».

El 3 abril, mientras se realizaba una asamblea para tomar medidas en solidaridad por los despedidos en la planta de Caballito, los representantes gremiales fueron denunciados por la empresa y detenidos por personal de la Comisaría 6º. El hecho generó una situación de temor e intimidación para el resto de los trabajadores: «sin nuestra presencia, supervisores y jefes presionan a los compañeros para que cubran las tareas de los despedidos», denunció Zincer.

El acampe se produce en forma simultánea en las plantas de Caballito y Villa del Parque, y quienes están al frente de protesta aseguran: «no sólo estamos peleando por la reincorporación de los compañeros despedidos, sino también por los derechos de aquellos que siguen trabajando, ya que si la empresa logra su objetivo de despedirlos bajo estas condiciones, va a continuar con una segunda tanda con el objetivo de precarizar las condiciones de trabajo».

Juan Craveri, titular del laboratorio, es secretario y firmante paritario de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA). Por eso, los trabajadores consideran que, de prosperar los incumplimientos por parte del empresario, la situación implicaría un precedente nefasto de cara a toda la industria. Aunque la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la empresa se mantiene en su postura de no dejar ingresar a sus puestos de trabajo a los despedidos, ni a sus delegados.