El conflicto del laboratorio Craveri

11.4.2019

Por Marcelo “Pancho” Langieri 

El habitual sosiego de la calle Arengreen en el barrio de Caballito se vio alterado por la presencia de varios patrulleros apostados en la puerta del laboratorio Craveri. Lo que se podría presuponer era un robo o algún acontecimiento del estilo resultó ser la irrupción violenta de la policía de la ciudad para interrumpir una asamblea de los trabajadores del laboratorio y llevarse detenidos, como delincuentes, a los integrantes de la comisión interna de la planta.

 

Salvando las distancias, que no pueden desconocerse ni compararse las circunstancias, estos hechos traen a la memoria la famosa y premonitoria frase de Ricardo Balbín, entonces líder del Partido Radical, llamando como guerrilla fabril al activismo sindical de los años ’70. La asociación de la actividad de organización sindical de base, especialmente, con la guerrilla daba argumentos para el desarrollo de una acción represiva cuya verdadera finalidad era desarmar la organización del movimiento popular en todos los ámbitos y de manera especial en las organizaciones sindicales y de base.

La distancia con aquellos hechos, insistimos, es inconmensurable pero que la policía irrumpa en una asamblea de trabajadores y se lleve detenidos a los representantes gremiales constituye un atropello a las libertades democráticas de extrema gravedad que no ha cobrado la notoriedad correspondiente. Por otro lado, la denuncia realizada por el dueño del laboratorio, Juan Craveri, es una demostración de la escrupulosidad de los empresarios argentinos que no trepidan en apelar a cualquier recurso para resolver y asumir un problema que es totalmente ajeno a los trabajadores.

Un poco de historia sobre el conflicto.

El hecho que desata el conflicto, que ya se arrastraba desde unos meses atrás por el cobro en cuotas de los salarios, fue el despido de 47 trabajadores y trabajadoras. Se trata de trabajadores de las unidades de manufactura de la calle Arengreen, de la planta de hormonales de Villa del Parque y de un grupo trabajadores administrativos.

En julio pasado la firma había presentado un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, expediente que finalmente no prosperó. Además ofreció la opción del retiro voluntario, propuesta que no fue aceptada por los trabajadores.

El laboratorio Craveri tiene 130 años en el país, 3 plantas en la Ciudad de Buenos Aires, 400 trabajadores/as y un dueño play boy millonario.

El conflicto se desata con el despido de 47 trabajadores pero tiene antecedentes desde el mes de Junio de 2018 cuando la empresa también pide el procedimiento preventivo de crisis, con el propósito de echar a decenas de trabajadores/as. Pero la Comisión Interna (CI) y el Sindicato de Sanidad resisten estas maniobras y la Secretaría de Trabajo rechaza este procedimiento.

En octubre 2018 la empresa echa a 16 trabajadores/as del turno noche de una de las plantas intentando pagar al 50% de indemnización. Nuevamente la acción sindical mediante la lucha logra la reincorporación de los despedidos.
Ahora, la empresa echa a 47 trabajadores/as, impidiendo el ingreso de los delegados a la planta de Caballito y cuando los trabajadores burlan la pretensión patronal de impedir el ingreso al lugar de trabajo se produce la intervención policial y la detención de los delegados. Éstos son posteriormente liberados gracias a las protestas realizadas denunciando la criminalización de la protesta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto del laboratorio Craveri que conjuga la inescrupulosidad de la patronal con la vocación represiva gubernamental, en el marco de una grave crisis económica y social. Crisis que se está descargando nuevamente sobre las espaldas de los trabajadores.

Los trabajadores de Craveri montaron una carpa frente a la puerta de la planta de la calle Arengreen para visibilizar la resistencia que están llevando adelante frente al atropello de una industria que lejos está de atravesar una crisis. El barrio de caballito se viste de lucha y de dignidad en una Argentina que se debate entre ser una republica de cuarta o construir un presente y un futuro digno para todo el pueblo Argentino.

El recorrido del horror: los Centros Clandestinos en viviendas de la CABA

11.4.2019

Por Paulo Giacobbe

Algunos permanecen prácticamente intactos y son Sitios de Memoria, otros no existen más o no están señalizados. Entrevistas a Osvaldo López del Sitio de Memoria Virrey Cevallos y a Emilio y Gabriel, del sitio de Memoria Automotores Orletti.

“En realidad los tipos ya tuvieron impunidad, pasaron 40 años. Los tipos hicieron su vida, se casaron, tuvieron hijos, los hijos estudiaron, se recibieron. La vivieron. Estamos discutiendo que jubilación van a pasar”, reflexionó Osvaldo López sobre los represores que actuaron en el ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (ex CCDTyE) Virrey Cevallos. Osvaldo estuvo secuestrado en ese lugar y actualmente es coordinador del Sitio de memoria. A fines del año pasado se realizó el juicio por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en ese centro clandestino. Solo tres acusados. Dos condenas y una absolución fue el resultado. “Estamos discutiendo qué jubilación van a pasar. Van a ser procesados, van a estar con arresto domiciliario, van a estar presos, no van a estar presos. Eso se está discutiendo hoy. Cuando la justicia llega tan tarde deja de ser justicia y aparte el poder judicial se mueve en función del poder político. El macrismo hizo varios intentos de frenar los juicios, no pudo por la presión social, el 2×1 es un ejemplo de eso. Buscó otros caminos de impunidad, la entró por la vía judicial, entonces ahora hay fallos con absoluciones y hay más arrestos domiciliarios que antes. Es un camino de impunidad con el compromiso que tiene el macrismo, esa clase social, con los militares que hicieron el trabajo sucio para ellos. El  fallo de Cevallos está atado a eso. Hay una absolución, una condena y un arresto domiciliario”.

Osvaldo López rescató otras connotaciones que van más allá de la sentencia: “lo que se conoce durante ese proceso en cuanto a la verdad, la difusión que tiene el espacio, la difusión social y con los chicos de la escuela sobre lo que fue el Terrorismo de estado, la reparación de muchos de los secuestrados que pasaron por acá y dejan de ser los demonizados, los condenados, un montón de efectos que suman, pero estamos a cuarenta años, es una pincelada de manteca”.

La vida engaña dos veces

 

Virrey Cevallos tiene la particularidad de haber sido un centro clandestino de la Fuerza Aérea que funcionó en una casa, en el barrio de Monserrat. Durante el juicio se mencionó otro centro clandestino de la Fuerza Aérea que también funcionó en una casa, pero en el barrio de Caballito. “Fuerza Aérea actuó en zona oeste fundamentalmente, fuera de eso aparecen Virrey Cevallos y Franklin (en Caballito, a la altura del 900 de esa calle), sospechamos que hay más. Sabemos que hubo gente secuestrada en SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea) en Riobamba y Viamonte, yo fui a hacer un reconocimiento del lugar y hay celdas en el sótano. Sabemos que RIBA (Regional de Inteligencia de Buenos Aires) y la patota de acá tenían un lugar de tortura en la ESMA, incluso estaban un tiempo secuestrados en la ESMA y después se los llevaba Fuerza Aérea de nuevo”, relató Osvaldo, marcando las conexiones operativas entre las distintas fuerzas represivas y la diferencia con otros centros clandestinos: “son casas, están enclavadas urbanamente. No son como las unidades militares”.

La historia de Cevallos es intrincada. Andrés Visca la había donado al Estado, junto con otras propiedades, para construir una maternidad. Se crea la“Comisión Legado Andrés Visca” de la Policía Federal y el inmueble es rematado. Los hermanos Río compran la propiedad y se la alquilan a alguien de la Fuerza Área que lo utiliza como centro clandestino. La agrupación barrial independiente Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad será clave para denunciar el lugar y recuperarlo como Sitio de Memoria. Organizando escraches y marchas al lugar, que estaba en venta y seguramente sería demolido, es que en 2004 se logra su recuperación.

Osvaldo razonó que los vecinos linderos sabían lo que pasaba: “Los vecinos sabían, imposible que los vecinos pared de por medio no supieran. Si los que estaban secuestrados acá escuchaban las voces de los vecinos. Cuando vinimos nosotros también había miedo. Con el tiempo recién empezaron a hablar los vecinos, ellos vieron los vehículos que usaban, vieron las patentes.”

Hasta que un día, uno de esos vecinos le dijo a Osvaldo: “si quiere saber más de esto, vaya a la casa de Viamonte y Riobamba”.

Y así llegan a SIFA. Que “fue el archivo, la misma función del 601 del ejército que está en la otra cuadra, pero de Fuerza Aérea. Tenían celdas abajo, sospechamos que tenían gente de paso, y que llevaban a ver los archivos. Estos hechos hacen que el Terrorismo de estado no sea un hecho del pasado, todavía tiene consecuencias que llegan hasta hoy, no hablemos de las económicas, sociales y demás. Consecuencias en particular que están ahí. En la piel de hoy”, analizó Osvaldo López.

Algunos de los vecinos, entonces, tenían bastantes datos. No todos declararon en sede judicial, aunque se acercaron al espacio y dieron información importante. Para muchos vecinos, los más cercanos, todavía sigue siendo La Casa del terror.“Entonces tiene una distancia por el significado que ellos le dieron a esto, les cuesta venir. Pero es imposible que no supieran el funcionamiento, el movimiento. A medida que te alejas, la otra cuadra ya se sabe menos, se sospecha. Después se va diluyendo en la distancia el conocimiento sobre esta casa”.

Osvaldo calculó que el centro clandestino de la calle Franklin funcionó poco tiempo: “Calculamos que seis meses, porque la pareja que secuestran y el que se escapa fue al poco tiempo que alquilaron la casa. La abandonaron por esa fuga y fue seis meses después que alquilaron la casa y funcionó al mismo tiempo que Cevallos. Yo creo que eran casas operativas, ellos necesitaban una distribución de lugares, si vos hacías un secuestro en la Ciudad no podías ir a Morón, torturarlo allá y sacarle información para después hacer de nuevo un secuestro en la Ciudad. Entonces necesitaban estas casas distribuidas para llevarlo a la casa más cerca,así si tenían que salir a operar de nuevo tenían un radio abarcativo grande”.

Los dueños de la casa en Caballito, la cual alquilan a la Fuerza Aérea para que la utilicen como Centro Clandestino, eran los mismos dueños de Cevallos. La familia Río.

¿Otras casas además de Franklin y Cevallos?

 

Osvaldo López dijo que no pudieron hacer un seguimiento de las propiedades de Visca. “Sospechamos que como el 75% de los bienes de Visca pasó a una comisión es probable que otra casa de los Visca haya pasado a igual funcionamiento. Vimos una lista de propiedades pero había muchos terrenos y no pudimos seguir esa línea de investigación. Sospechamos que puede haber otra propiedad que haya pasado a la comisión policial y haya tenido fin parecido”, explicó Osvaldo, para agregar otro dato a recordar: “Hay 259 testimonios de gente que estuvo secuestrada en la Ciudad y no sabe dónde estuvo. Y que no es ninguno de los que están, o sea que hay un montón de centros clandestinos de la Ciudad que no se conocen”.

En Cevallos, por ejemplo, recibieron denuncias de un centro clandestino en la calle Tacuarí, en San Telmo: “Un galpón grande que era una dependencia del ejército, hay declaraciones de vecinos y de un colimba, que lo llevaron una vez como destino a Tacuarí y lo entraron a un galpón y en el galpón había tabiques en el suelo, y que había funcionado como centro clandestino”, contó Osvaldo.

A los centros clandestinos que se conocen, los que están señalizados y los que no, hay que sumarles las comisarías.  En Capital y Provincia: “En Capital casi todas las comisarías están denunciadas porque eran lugares de paso y que tenían como depósito las Fuerzas Armadas. Fuerza Aérea en zona oeste es muy claro, las comisarías de Castelar, Morón, la de Paso del Rey, todas tuvieron gente secuestrada que manejaba Fuerza Aérea, la policía hacia la custodia, les daba de comer, en Castelar ni siquiera les daban de comer, les traían de Morón la comida. La gente que estaba en la comisaría no dependía del comisario, dependía de Fuerza Aérea. Cuando se habla de un plan sistemático es algo organizado en los estamentos más altos de la jerarquía de las fuerzas armadas, bajado piramidalmente, hasta el último orejón del tarro, pero fue una estructura, un sistema. Por eso peleamos para que se reconozca la implicancia directa de todas las unidades de inteligencia de todas las unidades militares, porque era a través de inteligencia que se organizaba la represión. Era inteligencia que decidía vida y muerte de los secuestrados”

Automotores Cortell

 

Automotores Orletti perfectamente podría llamarse Automotores Cortell, ya que eso decía el cartel de letras desgastadas. Santiago Cortell, el propietario de la finca, se lo había alquilado al grupo de tareas de Aníbal Gordon y fue utilizado por la SIDE como el centro clandestino del Plan Cóndor. Orletti, ubicado en Venancio Flores al 3500, en el barrio de Floresta, de cara a las vías, tuvo su antecesor en la calle Bacacay, a pocas cuadras. “Es una casa que no existe más”, dijo Emilio, trabajador en el área de Comunicación del Sitio de Memoria Automotores Orletti, haciendo referencia al inmueble de la calle Bacacay, “funcionaba como Orletti, conducido por la patota de la SIDE, de la Triple A. La fecha de funcionamiento es tentativa, pero fue previo a Orletti y como le quedaba chica la casa tuvieron que alquilar Orletti. Todavía no fue verificado por la justicia pero se cree que los secuestrados que estaban al comienzo en Orletti venían de Bacacay, que hubo un traslado”, contó Emilio. Esos centros clandestinos estaban a pocas cuadras de distancia. Gabriel, también trabajador del Sitio de Memoria Automotores Orletti, marcó una diferencia característica: “A partir de la casa de la calle Bacacay, lo que se nota es un incremento de aparición de cadáveres aparecidos en la zona muy grande. Empiezan a aparecer por la zona cadáveres acribillados, que es la metodología que utilizaba la Tripe A, que es distinta a la que van a usar después, donde los cuerpos desaparecen. No aparecen acribillados. El mecanismo del terror es distinto. Ese es uno de los cambios que hay de la calle Bacacay hasta el centro clandestino”.

Orletti tiene una planta baja donde funcionaba el taller mecánico y un primer piso que era una vivienda. En relación al dueño del inmueble, Gabriel opinó que fue cómplice del grupo de tareas: “El dueño fue Santiago Cortell y falleció de causas naturales hace poco tiempo. Nosotros entendemos que fue cómplice civil de la dictadura, no solamente por alquilar la casa sino por los vínculos con la patota que no quedaron demostrados en sede judicial. Él quedó exonerado con el contrato de alquiler del lugar pero los vecinos lo veían acá. Cuando alquila el lugar, se dedica a poner una inmobiliaria y una mesa de dinero. Había un contrato de alquiler pero tenemos conocimiento que el centro clandestino comienza a funcionar en mayo del ’76, para eso tuvieron que hacer una construcción, unos muros que conformaban la celda, por lo menos tuvieron que tener acceso un mes antes. Eso te habla que esas cosas estuvieron habladas”.

El contrato de alquiler estaba hecho con nombre falso y los garantes eran integrantes del mismo grupo de tareas. Ya en democracia, en el mismo lugar va a funcionar un taller clandestino de costura: “después le vuelve a pasar en la década del ’90 con el taller clandestino de costura. Este edificio tiene esa historia trágica de ser dos veces lugar de encierro. El taller clandestino se cierra en el 2007 o 2008. Muy clara la actitud de Cortell si se quiere respecto de los derechos humanos”, dijo Gabriel sobre el uso que tenía la finca al ser alquilada.

Cuando deja de funcionar como centro clandestino de exterminio y antes de ser taller clandestino de costura, el dueño va a vivir a ese lugar con su familia. La recuperación del lugar como Sitio de Memoria implica la participación de sobrevivientes y el escrache. “Una de las personas que llevaba estos reclamos era Pipi Burgos, que falleció. Se ponía enfrente del taller y lo escrachaba. Se hicieron montones de movilizaciones y se pintaba la persiana. Fue una lucha de muchos años hasta que se logra la recuperación. Ya había un andamiaje jurídico de cómo se procedía en la recuperación y se conformó una mesa de trabajo”, resumió Gabriel.

Orletti, como la calle Franklin, deja de funcionar después de una fuga. El relato de dos personas desnudas corriendo será comentado por los vecinos de Floresta, que ya habían visto otras cosas extrañas en esa casa: “Vecinos que no viven más en el barrio comentan que no se podía pasar, o que había reflectores, que había algo de los militares, que no se hablaba mucho. A gente que era chica en esa época los padres les decían no pasen por ahí, si tenían que pasar por acá se daban la vuelta. Hay unos pibes que cuentan que venían a jugar a la pelota acá al lado, donde está la escuela, era un descampado y recuerdan que el lugar les daba miedo. Se decía que pasaban cosas acá”, relató Emilio, que además recuerda una pintada que había en la esquina denunciando el funcionamiento de un centro clandestino.

Después de la fuga, se cree que los represores trasladaron rápidamente a algunos de los secuestrados a otro centro clandestino en la calle Teniente General Gregorio Pomar, en Pompeya.

Próximos pasos

 

“Nosotros hicimos la lista de todos los represores que estuvieron en Cevallos”, dijo Osvaldo López, “porque una vez determinado que esto dependía de Fuerza Aérea, se piden los legajos, se piden las fotografías. Tenemos a 26 identificados. Estamos tratando de agregar elementos para que se eleven a juicio oral”. Entre los que no fueron imputados está Leston: “reconocido acá, pero hizo un acuerdo en el Juzgado de Servini de Cubría. Dio información para encontrar chicos secuestrados por esta patota, a cambio de impunidad y él está reconocido en Cevallos. Dio información de los chicos que se había apropiado la patota de RIBA y él sabía, a cambio de impunidad. Hay unos cuantos”. Y subrayó que los genocidas siguieron en actividades durante la democracia hasta pasar a retiro. En cuanto a los dueños de las propiedades fue contundente: “Sabían para qué lo alquilaban. Los tipos zafan, los sentaron ahí y tenían contrato de alquiler”. Cevallos fue preparado como centro clandestino realizando una plataforma para habilitar el garage y comunicar todos los pisos, porque eran viviendas independientes. “Una persona que alquila por lo general no puede hacer” esas reformas sin el consentimiento del dueño. La casa de la calle Franklin también fue modificada, pero de manera más rudimentaria: un boquete para pasar a los secuestrados del garage a la vivienda. “Se vendió varias veces y ahora hay una pareja viviendo ahí, joven”, informó Osvaldo sobre Franklin, “hay un pedido que hicimos y está en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura para la señalización de Franklin y SIFA. El edificio de SIFA era del estado, Planeamiento, después se lo pasó a Seguridad Aeroportuaria, tuvieron un sereno un montón de años, y entonces ahora se lo pasaron a Museos de la Ciudad. Nosotros estamos reclamando eso, que por lo menos una parte sea Espacio de memoria. Porque si bien no tenemos ningún testimonio directo, las evidencias están ahí, hay celdas, era de inteligencia, hay imputados, esos son reclamos de este año”, concluyó Osvaldo López.

Más hambrientos e involución de las capas medias en CABA

10.4.2019

Cuatro de cada diez habitantes de la ciudad de Buenos Aires no puede acceder a una canasta que le permita tener adecuada condiciones de vida. La mitad de ellos están sumergidos en la pobreza.

Así lo debela el informe sobre las condiciones de vida en la ciudad de Buenos Aires al IV Trimestre de 2018, Intensificación de la pobreza e involución de las capas medias, elaborado por Mariana Rivolta y Claudio Lozano.

Para Lozano, “los datos de la Ciudad de Buenos Aires al cuarto trimestre del 2018 evidencian que el 43,7% de la población (1.343.000 porteños) no tienen asegurado el acceso a la canasta que les permitiría una adecuada reproducción de sus condiciones de vida. De este total 654.000 personas están sumergidas en la pobreza y 204.000 pasan hambre.

Estamos en presencia de un fuerte agravamiento de la situación social en la ciudad más rica de la Argentina. Agravamiento respecto al año pasado y también al comparar con el cuarto trimestre del 2015. Así, la pobreza creció un 20% respecto al 2017, pero se expandió un 28% respecto al 2015. Este aumento se da en simultáneo con un proceso de intensificación de la pobreza evidenciado en el mayor crecimiento de la indigencia (esta crece un 65% respecto al 2017 y un 61% respecto al 2015). Por lo tanto, la pobreza se expande en el marco de un mayor agravamiento del hambre en la ciudad. A la vez los datos son claros respecto al aumento de aquellas personas que si bien no son pobres, dado su nivel de ingresos, se encuentran en situación de vulnerabilidad y de fragilidad. En este sentido, se observa un mayor crecimiento de los sectores medios frágiles dentro de esta franja poblacional.

La combinación entre la gestión Macri a nivel nacional y la de Rodríguez Larreta en la Ciudad ha producido un deterioro generalizado en las condiciones de vida de los porteños. Más hambrientos, involución de las capas medias e incluso descenso en el número de personas que detentan una situación acomodada en materia de ingresos, evidencian esta situación”.

 

Incidencia de la Pobreza e Indigencia en los hogares. Ciudad de Buenos Aires

 

Principales Resultados al 4to trimestre 2018

 

  • Desde 2015 creció 60% la cantidad de porteños en situación de indigencia
  • 6,6% de la población no tiene acceso a la canasta alimentaria: 204.000 personas
  • 21,3% de la población es pobre: 654.000 personas
  • La pobreza aumentó 28% desde 2015
  • 43,7% de la población manifiesta algún nivel de exclusión socioeconómica
  • 1.343.000 porteños no tiene asegurado el acceso a la canasta total
  • 47% de las personas están comprendidas en la medición de “clase media”
  • El “sector acomodado” comprende a personas en hogares cuyo ingreso supera los $125.398 mensuales: el 9,3% de las personas vive en hogares representados por esta categoría
  • Ambas categorías de mayor acceso disminuyen, como consecuencia de un empobrecimiento generalizado de la población.

Ordenan prohibir apps de delivery hasta que no cumplan con seguridad de sus trabajadores

10.4.2019

El fallo de la justicia porteña abarca a las firmas Rappi, Glovo y Pedidos Ya. Deberán adecuarse en cuanto al uso de casco, luces, caja porteobjetos y libreta sanitaria. A su vez, habrá un plan de contingencia económica y social para los empleados el tiempo que dure la regularización.

La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibir la actividad de las empresas de delivery en bicicleta hasta que no cumplan con las normas legales vigentes para dar seguridad a sus trabajadores a la hora de efectuar sus actividades.

El titular del juzgado n°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, dispuso que en forma inmediata se prohíba en todo el territorio de la Ciudad, la actividad de las firmas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta tanto acrediten haber dado cumplimiento a los mínimos requisitos legales comprendidos en el capítulo 13 del Código de Tránsito y Transporte porteño.

Además, ordenó que se disponga un plan de contingencia económica y social, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, para todos los repartidores de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos hasta tanto se normalice la situación.

El magistrado señaló que “como surge del relevamiento efectuado por la Policía de la Ciudad, el servicio de mensajería urbana y reparto de sustancias a domicilio llevado a cabo en la CABA por las firmas prestatarias, se realiza en franca transgresión a la normativa vigente, y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad contenidas en los artículos 13.3.5., 13.3.6., 13.4.2.2., 13.6.1. del Código de Tránsito y Transporte, y 13.4.2.2. del Decreto Reglamentario 198/18”.

Producto de ello, advirtió que “es necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé cumplimiento estricto y sin demora a las disposiciones contenidas en el Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias (artículos)”.

A requerimiento del juzgado, la Policía de la Ciudad realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados, donde el 77 % circulaba con el portaobjetos cargado en su espalda; el 70 % desempeñaba tareas sin seguro alguno; y por último, un 67 por ciento circulaba sin casco.

A su vez, el ministerio de Salud porteño sumó información al expediente, al advertir que en el lapso de un mes, y siempre hablando del sistema público de Salud de la Ciudad, se atendieron 25 víctimas de accidentes en la vía pública, mientras desempeñaban su tarea de delivery.

Por último, Gallardo ordenó al Ejecutivo comunal que “asuma la responsabilidad que le cabe al haber permitido este grave cuadro y mitigue los efectos económicos y sociales que necesariamente deriven de lo aquí resuelto”. 

“Palos, gases y miseria: este jueves marchamos a Modernización”

10.4.2019

Por ATE Capital

"Este jueves 11 paramos el Estado, volvemos a la calle y nos movilizamos a las 12hs desde Esmeralda y Diagonal Norte hacia el ex Ministerio de Modernización".

Para el día de hoy estaba convocada la comisión paritaria del Estado nacional para revisar por quinta vez el acuerdo salarial de 2018. Los cuerpos de delegados y delegadas se hicieron presentes en la sede del ex Ministerio de Trabajo (Callao 114) para hacer escuchar la voz de las bases de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Una vez más, la respuesta del Gobierno a la concentración de ATE Capital en la puerta de la Secretaría de Trabajo se hizo notar apenas minutos después de llegados los primeros compañeros y compañeras.

Un desmedido operativo policial aguardaba preparado para reprimir, y una vez que se ubicaron los primeros delegados frente a las oficinas gubernamentales, comenzaron a golpearlos con sus bastones y a gasearlos. Hubo empujones y forcejeos, e intentaron llevarse detenidos a al menos dos compañeros, mientras se escuchaba abiertamente cómo los mandos policiales solicitaban "detenciones puntuales" a través de sus handys. Por estos hechos, realizaremos mañana una presentación judicial y denunciaremos la persecución de nuestros compañeros y compañeras.

La concentración, como toda manifestación de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, era pacífica y legítima. Había sido notificada y anunciada previamente, y no implicaba más que un corte parcial de la Av. Callao, con apenas un par de carriles ocupados por los presentes. El planteo es más que lógico: no podemos aceptar una propuesta del 3% de aumento salarial cuando la inflación interanual alcanza el 53% y la paritaria en el mismo período apenas llegó al 25%. La violencia policial llevó a que ATE solicitara un cuarto intermedio, dado que no pensamos convalidar ni el ajuste ni la represión.

Para los trabajadores y trabajadoras del Estado, especialmente para quienes se desempeñan en las categorías y escalafones más postergados, un 3% de aumento en la unidad retributiva a partir de mayo, no acumulativo, y una suma fija de $2000 con el salario de abril, son apenas gestos miserables de un Gobierno que hace explícito su deseo de sumergir en la pobreza a su propia planta de empleados públicos. Podrá significar un tenue paliativo para quienes más lo necesitan, pero un aumento serio debe garantizarse a todas las categorías, debe compensar el salario perdido por la inflación de 2018 y debe incorporar a los monotributistas y a las demás formas de contratación precaria.

Por todos esos motivos, porque también se debe dar una respuesta a los concursos pendientes, a los pases a planta permanente que exigimos desde hace años, al reconocimiento de los títulos y de las horas extra que miles de trabajadores y trabajadoras realizan a diario, y por condiciones dignas de trabajo en todos los sectores del Estado nacional, este jueves 11 paramos el Estado, volvemos a la calle y nos movilizamos a las 12hs desde Esmeralda y Diagonal Norte hacia el ex Ministerio de Modernización.

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