Red de radios

6.2.2019

Por Mariano Pagnucco

Un día como hoy, hace cinco años, el depósito de Barracas de la empresa especializada en archivo de documentación Iron Mountain fue devorado por el fuego. En el incendio perdieron la vida ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil. La causa, donde confluye una investigación por lavado de dinero, está frenada y sin funcionarios de jerarquía procesados.

¿Hacia dónde hay que mirar hoy para entender Iron Mountain?

Tal vez haya que mirar el enorme vacío edilicio que dejó el incendio en la esquina de Jovellanos y Benito Quinquela Martín, el único rincón de la manzana de Barracas donde hay más cielo que ladrillos. Junto al vacío de esa esquina, a las 9:15 de este 5 de febrero suena una sirena y las personas presentes, que no son más de cien, forman un semicírculo para iniciar su ceremonia.

Tal vez haya que mirar las caras de Facundo Ambrosi, Pedro Barícola, Sebastián Campos, Eduardo Conesa, Leonardo Day, Anahí Garnica, Maximiliano Martínez, José Méndez, Juan Monticelli y Damián Véliz. Esas caras se multiplican en carteles, remeras y fotografías que inundan una casilla de chapa que hace las veces de altar sobre la calle Jovellanos. En medio de la casilla hay un tronco de árbol partido y lleno de ofrendas, sobreviviente tras el derrumbe de la pared sobre la vereda que causó las muertes.

Tal vez haya que mirar los gestos y los abrazos y las lágrimas de madres, padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas y compañeros que hoy han vuelto al lugar de la tragedia para honrar lo que dice un cartel que se erige como una señal de tránsito: “Héroes de Barracas. Justicia, Memoria y Verdad”.

Hay dos causas unificadas: una corresponde al “incendio culposo seguido de muerte” y la otra a maniobras de lavado de dinero

¿Adónde hay que mirar para entender Iron Mountain?

Tal vez haya que mirar la escasa presencia de medios de comunicación (tres cámaras, dos micrófonos, algunos grabadores), que cinco años atrás alentaron el morbo y hoy establecen otras prioridades en sus agendas informativas siempre cambiantes.

Tal vez haya que mirar las ausencias que señalan los familiares de las víctimas: ni una sola autobomba (años atrás llegó a haber 20, dicen), ni un funcionario político (años atrás, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo en un homenaje que las personas fallecidas “eligieron morir” y recibió insultos varios, dicen).

¿Adónde hay que mirar para entender?

Tal vez haya que mirar los antecedentes de Iron Mountain, que se vende como “líder en archivo y manejo de información” pero tuvo incendios previos en sus depósitos de Estados Unidos (1997), Canadá (2006), Inglaterra (2006) e Italia (2011).

Tal vez haya que mirar a las empresas que perdieron información confidencial en el incendio y que eran investigadas por lavado de dinero: Banco Patagonia (57 mil cajas consumidas por el fuego), HSBC (perdió unas 30 mil cajas), JP Morgan (4.000 cajas) y BNP Paribas (1.200 cajas), entre otras.

Entre las 17 personas procesadas no aparecen ni Gómez Centurión ni Macri ni los altos mandos de Iron Mountain

Tal vez haya que mirar la composición del Gobierno porteño en 2014, cuando sucedió el incendio. El jefe de Gobierno era Mauricio Macri, miembro de una familia empresaria que tiene bajo su órbita compañías como Servicio Electrónico de Pago S.A. (Pago Fácil), que perdió unas 6.500 cajas con información que podría estar vinculada al escándalo de los Panamá Papers.

Tal vez haya que mirar al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, militar retirado que en los últimos años -siempre cobijado por el macrismo- sumó medallas como negar la cifra de los 30 mil desaparecidos y abandonar su cargo de director general de Aduanas por sospechas de corrupción. Él tenía a su cargo a los inspectores que firmaban las habilitaciones de lugares como el depósito de Barracas, donde también perdieron documentación Jumbo, Cencosud y Banco Velox… todas empresas donde había trabajado Gómez Centurión tras dejar el Ejército.

Tal vez haya que mirar a Francisco “Pancho” Cabrera, en aquel tiempo ministro de Desarrollo Económico porteño e impulsor de los Distritos Económicos, entre ellos el Distrito Tecnológico donde se radicó formalmente Iron Mountain para percibir beneficios impositivos. Como otros funcionarios de Cambiemos, Cabrera tuvo un pasado ligado al sector privado, puntualmente al banco HSBC, investigado por operaciones ilícitas y afectado en la pérdida de documentación que guardaba en el depósito.

Hoy la causa está frenada en la Cámara de Casación Penal, donde debe resolverse si los familiares tienen posibilidad de ser querellantes

¿Adónde hay que mirar?

Tal vez haya que mirar la etapa de instrucción de la causa (que en verdad son dos causas unificadas: una corresponde al “incendio culposo seguido de muerte” y la otra a maniobras de lavado de dinero), donde quedó claro que hubo intencionalidad en el incendio, falta de medidas de seguridad básicas e irregularidades varias, como una habilitación fraudulenta de instalaciones que no cumplían con las exigencias legales.

Tal vez haya que mirar las maniobras económicas de Iron Mountain, que mediante la compañía de seguros Zurich indemnizó a un grupo de familiares extrajudicialmente y de esa manera buscó que no prosperara la acción penal. De hecho, hoy la causa está frenada en la Cámara de Casación Penal, donde debe resolverse si los familiares tienen posibilidad de ser querellantes o si la querella será solamente de la Fiscalía.

Tal vez haya que mirar los nombres de las 17 personas procesadas sin prisión preventiva (12 ex-funcionarios porteños, 3 directivos de la empresa y 2 empleados de empresas proveedoras), entre los que no aparecen ni Gómez Centurión ni Macri ni los altos mandos de Iron Mountain.

Tal vez haya que mirar y seguir mirando.

Para entender Iron Mountain y los complejos laberintos del poder en la Argentina.

5.2.2019

Una nutrida delegación encabezada por Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado de la AGTSyP y Patricio del Corro, diputado porteño (MC) por el PTS/Frente de Izquierda, se manifestaron en la tarde de este martes en la estación Carlos Pellegrini.

Trabajadores del subte, docentes, miembros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), estudiantes de la facultad de Derecho y del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras realizaron este martes una actividad en la estación Carlos Pellegrini contra la suba del boleto en el Subte, el pésimo estado del servicio que presta el grupo Roggio (concesionario de las cinco líneas y el Premetro) y el intento de uso de las pistolas Taser que quiere implementar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Dellecarbonara explicó que "hemos puesto en pie una campaña para rechazar la intención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poner en práctica el uso de las pistolas Taser bajo el pretexto de cuidar la seguridad de los trabajadores y el subte cuando sabemos muy bien que se trata de una campaña para criminalizar, perseguir y reprimir a aquellos que protestamos, no solo por las condiciones de trabajo, sino también por el mal servicio”.

"Para nosotros hablar de seguridad significa hablar del mantenimiento y de la inversión en el servicio que no se realiza, del dinero que se lleva Roggio a través de Metrovias. Para nosotros la seguridad y el mantenimiento es que no se nos sigan muriendo compañeros en nuestros lugares de trabajo y que el subte deje de ser una bomba de tiempo", agregó el dirigente gremial y referente del PTS.

Por último, Dellecarbonara señaló que "es por estas razones que planteamos que el subte no puede estar en manos privadas, sino que para que sea un verdadero servicio público debe ser estatizarse bajo control de los trabajadores y los usuarios".

Por su parte Del Corro expresó que “en los próximos meses el subte va a valer $ 21, mientras todos los días vemos que hay demoras en las líneas, no andan los ascensores, se traban las escaleras mecánicas. La explicación de por qué pagamos un tarifazo terrible y el servicio es malo y la seguridad de los trabajadores es nula es porque toda esa plata va a los bolsillo de Roggio que admitió ante la justicia haber pagado coimas con los subsidios”.

Y por último, agregó que “queremos discutir una salida de fondo que es un subte controlado por los trabajadores y los usuarios al servicio de los trabajadores y usuarios que viajan todos los días y no de las ganancias de unos pocos”.

5.2.2019

Los trabajadores de la fábrica de plásticos Oropel de La Boca llevan un año reclamando por sus puestos de trabajo. Realizarán una olla popular este 5 de febrero a las 12 horas en Salvadores 1144, La Boca.

Este martes se cumple un año del conflicto en la fábrica de plásticos Oropel de La Boca. Los trabajadores no reciben su salario desde febrero de 2018 y están en proceso de conformación de una cooperativa. 

La FeTraES (Federación de Trabajadores por la Economía Social Limitada) y las organizaciones sociales y políticas del barrio convocan a una olla popular en apoyo a los trabajadores. La misma tendrá lugar el 5 de febrero a las 12:00 en Salvadores 1144, La Boca. 

Luego de muchos de meses de conflicto, los trabajadores con el acompañamiento de la FeTraES iniciaron el camino para conformar una cooperativa y poder continuar con la producción. Si bien están a la espera de la resolución de la jueza, los trabajadores pretenden cuanto antes recuperar sus puestos de trabajo. 

Luis Palmeiro, abogado defensor de los trabajadores, remarcó que "son 56 las personas organizadas dentro de la cooperativa. Es un número muy significativo para este tipo de gestiones, sobre todo en el ámbito de la Capital Federal". 

Gustavo Ureña, uno de los trabajadores que lleva más de 20 años en la fábrica, entiende que todo el proceso fue muy difícil y espera que sea un gran año para todos los trabajadores. Además, invita a toda la comunidad barrial a participar de la Olla Popular "porque se trata de una actividad que nos va a dar aliento y fuerzas para seguir".

3.2.2019

Reproducimos

La Feria de Artesanxs de San Telmo está en conflicto

El tradicional paseo turístico que cada domingo funciona en el barrio de San Telmo en calle Defensa, como un emblema de identidad y cultura de nuestra ciudad, hoy está imposibilitado de funcionar, siendo desalojado por el gobierno de la ciudad en cuatro de sus más vitales cuadras, esto es resultado de la presión que han ejercido los sectores de la economía más poderosos de San Telmo, representado por los anticuarios.

Este proceso de disgregación arrebata el lugar de trabajo y la fuente de ingreso económico a cientos de artesanas y artesanos que hace años estamos construyendo un espacio de carácter cultural el cual cada año es visitado por cientos de miles de turistas de todo el mundo.

Para articular este proyecto, el Gobierno de la Ciudad acordó con la cúpula de la Cooperativa El Adoquín -integrada a la CTEP mediante el Movimiento Evita-, un pacto concertado a espaldas de la mayoría de sus integrantes, fuera de toda asamblea y participación horizontal. Este acuerdo admite el desalojo de las cuadras que van desde el número 800 al 1000 de la calle Defensa, y la reubicación de esas trabajadoras y trabajadores en la cuadra de Defensa al 700, donde ya existe otra feria que trabaja de forma activa desde hace al menos diez años.

De este modo, tanto el Gobierno de la Ciudad en conjunto con la cúpula de la cooperativa El Adoquín han comunicado que el acuerdo de esta reubicación implica también la legalización de sus feriantes en otro espacio, esto es visiblemente una maniobra antipopular, porque en realidad consiste en el atropello de una feria ya existente, y de esa forma intenta lograr una resolución del conflicto entre trabajadores de ambos espacios, una estrategia que tiene una explícita tendencia de manipulación para que terminemos todes les trabajadores enfrentados.

Ante esta situación, todes los integrantes de la feria de calle Defensa 800 al 1000 que no suscribimos a pasar por encima de otres compañeres para asegurarse un permiso y lugar de trabajo, nos encontramos resistiendo desde hace tres domingos, denunciando un pacto cargado de vicios clientelares que no respeta las más básicas normas de democracia, dignidad y convivencia.

Actualmente estamos imposibilitades de armar nuestros puestos debido a los operativos que nos envía la Fiscal Celsa Victoria Ramírez, desde la fiscalía 35, operativos que consisten en procedimientos de permanencia, control e intimidación por parte de patrullas y personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, apoyados por la Policía y cuerpos la Infantería de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Cada domingo seguimos resistiendo, para que la calle defensa vuelva a ser un lugar de cultura y trabajo popular para todes les de abajo.

3.2.2019

Por Violeta Micheloni

En un país donde lo importante queda enterrado por lo urgente y la educación pública enfrenta problemas de toda índole, el Bachillerato Popular Travesti-Trans “Mocha Celis” existe y se revela como una fuente indispensable de justicia social. Se presenta los domingos de febrero, en el MALBA.

Mocha Celis era una travesti tucumana analfabeta que murió asesinada por la policía. En marzo del 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Sileoni a cargo del Ministerio de Educación, se inaugura, gracias a un inmenso trabajo de militantes como Lohanna Berkins y Diana Sacayán, el Bachillerato Popular Travesti-Trans “Mocha Celis” que lleva su nombre en memoria y homenaje. La Mocha es la primera institución de educación secundaria en el mundo con perspectiva de género. Años después, sus egresados presentan, a partir de una creación colectiva con la dirección de Francisco Quiñones Cuartas y Rayan Hindi, el documental MOCHA.

La importancia evidente de un espacio como este desde la mirada de las políticas públicas y sociales se multiplica hasta el infinito a través del destacable documental que cuenta en primera persona el potencial de justicia social que encierra un lugar tan simple como una escuela.

Ganadora Premio del Jurado Competencia Internacional Festival Internacional LGBTTIQ Asterisco 2018 (y del mismo premio en el marco del festival Rio Festival de Gênero & Sexualidade no Cinema, Brasil 2018), presenta una nueva oportunidad de conocer la historia del Bachi y a sus protagonistas. Se proyectará los domingos de febrero en el MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415).

Cuando la norma es el silencio, hablar es disidencia. Cruzar la línea de sombra y salir a la luz. Romper las mordazas y reclamar la voz que nos fue negada para construir un discurso nuevo. Así lo representan en las primeras tomas del documental quienes integran el Bachi “Mocha Celis”. El cuadro se abre y la cámara nos presenta la institución, ubicada en el quinto piso de la Mutual Sentimiento, en Av. Federico Lacroze 4181. Entramos a una escuela y uno a uno conocemos a sus integrantes. Directivas, directivos, empleados, empleadas, docentes, preceptores y alumnas, alumnos (y otros géneros) forman una comunidad diversa que no excluye a nadie. Quizás sea el sol que entra por las ventanas, pero la sensación es que el respeto se respira en cada aula.

Una a una vamos conociendo experiencias que conmueven y permiten dimensionar las tremendas exclusiones vividas por el colectivo travesti-trans. Realidades cotidianas que experimentan, como tener que abandonar casas familiares, pueblos y ciudades; atravesar expulsiones de departamentos y alojamientos, sufrir la persecución policial sin resguardo legal alguno, padecer la condena social y el estigma que criminaliza cualquier forma de vida que puedan adoptar. Todas estas situaciones son narradas por quienes las vivieron, pero también representadas a través de reconstrucciones escénicas de modo que el espectador pueda ponerse en el lugar y, finalmente, entender.

Pero la experiencia narrada no es sólo la de las violencias experimentadas, sino también la de la vivencia transformadora que representa formar parte del Bachi. Ya sea como alumna/o o como docente, sus integrantes reflejan el enorme optimismo que surge de quienes toman parte en una práctica que puede cambiar la vida de muchas personas.  

Salimos de ver el documental MOCHA con la sensación de que todavía hay un inmenso camino que recorrer. La ley de Identidad de Género no brinda aún las herramientas necesarias para que personas travestis y trans puedan vivir en la sociedad sin la carga del estigma ni de la discriminación. La Ley de Cupo Laboral, como próximo paso a dar, puede representar una transformación, ya que habilitaría el ingreso al mundo laboral de un colectivo que en un 80% sólo puede dedicarse a la prostitución. Qué decir de la vida en las provincias donde el acceso a las políticas públicas es aún más restringido.

Si bien ya nos permitimos soñar con un futuro en el que el binarismo sea un sistema del pasado y el género deje de ser una institución social tan determinante, el Mocha Celis cumple una función inmensa para permitirnos soñar con ese futuro, pero también y sobre todo para reparar la injusticia vivida por quienes simplemente por expresar su identidad de género padecieron violencia y vulnerabilidad en carne propia.

MOCHANuestra lucha, Su vida, Mi derecho

Una creación colectiva del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis
dirigida por Francisco Quiñones Cuartas y Rayan Hindi.

Estreno

Febrero MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415)

Funciones todos los domingos de febrero: domingo 10, 17, 24 y 3/03, a las 18:00.

Ficha Técnica

MOCHA(Argentina, 2017) 61 minutos. Género: Documental Calificación: SAM13 Distribución: Neko Distribución Dirección Francisco Quiñones Cuartasy Rayan Hindi/ GuiónEstudiantes del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis / Compañía ProductoraGroncho / ProducciónRocío Pichirili / Dirección de Fotografía y Cámara Sandra Grossi y Ariel Contini/ Gaffer Michel Steinberg / Asistente de ProducciónJuan Manuel Mazzano /Dirección de arte, vestuario y maquillajeMaría Belén De La Vega / EdiciónRocio Caliri / Corrección de ColorLeandro Motta / MusicalizaciónTOYBOY/ Postproducciónde sonido Gino Gelsi / Diseño gráficoMartín Gorricho/ AnimaciónSantiago Bugni.

Enlaces

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Instagramwww.instagram.com/mochadocumental
Twitter del Bachi Mocha Celiswww.twitter.com/bachitransmocha