Buenos Aires en liquidación (extractivismo financiero y gentrificación residencial y laboral)

24.2.2019

Por Manuel Ludueña

buenosaires.sostenible@gmail.com

https://laereverde.com/manuel-luduena/

En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las otras, los encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segundo y después huyen, husmean otras miradas, no se detienen. (…) Algo corre entre ellos, un intercambio de miradas como líneas que unen una figura a la otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que todas las combinaciones en un instante se agotan, y otros personajes entran en escena…

Ítalo Calvino, Las Ciudades Invisibles

 

El diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mediante el código de planeamiento urbano o el urbanístico, es regulada en concordancia con los principios de la propiedad privada. Ello, también, sucede en otras ciudades donde dominan los principios del capitalismo. Sin embargo, ni las metodologías, ni las reglas de regulación son equiparables. La mayor dificultad es que un código es parte necesaria de las políticas de Estado o de largo plazo, tal lo previsto en la Constitución de CABA (Capítulo Ambiental). Establecer una norma con criterios coyunturales es peligroso, tanto por no actuar con una visión trascendente y quedar expuesta a modificaciones permanentes, como por dar prioridad en base a una ideología contraria a la determinación de reglas que traten a la ciudad como un bien común, donde se la proyecte en atención al interés público. Una especie de anticódigo.

 

Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segundo y después huyen, husmean otras miradas, no se detienen.

 

Dar prioridad, de modo subyacente, a las acciones de gestión coyunturales, desdibuja y genera un nuevo instrumento de inestabilidad institucional. No se trata de una herramienta de gobierno que atienda a un sector o a un grupo de interés, sino que, por el contrario, debe abarcar a la totalidad de los intereses de sus habitantes, incluso en nuestro caso -como parte del Área Metropolitana Buenos Aires-, debe ser a fin con directivas comunes, con criterios territoriales de regulación integrales.

Desatender la diversidad de intereses y dar prioridad a una visión no local somete a la población a un futuro incierto por cambios económicos, sociales, culturales, ambientales y laborales. Es una imposición ilegítima, de preguntas sin respuesta, de incertidumbre que amplía la vulnerabilidad urbana.

 

En proceso

 

En proceso. El accionar gubernamental que se alinea con algunas de las tendencias internacionales, así como con una ambición por exhibir obras emblemáticas, sin importar los principios de una buena contabilidad y dando el mismo significado y tratamiento a los bienes públicos como si se tratara de bienes privados, genera un mega escenario de inequidad socio cultural. La desaprensión en dar atención preferente a inversores internacionales sin contraprestaciones, que orientan el financiamiento para el desarrollo de actividades terciarias y de accesibilidad que retroalimentan la necesidad de amplificar las relaciones internacionales y demandan obras públicas, prefigura una profundización de la dualización territorial y laboral.

 

Impulsores e Instrumentos

 

Los instrumentos financieros locales y el endeudamiento internacional operan como posibilitadores de las obras públicas y sostén de un crecimiento sectorizado. Se basan en una pronta y abultada devolución monetaria, que se despliega con actores cuasi locales (desarrolladores y constructores) para habilitar el uso de bienes reales públicos, a precio de liquidación (Poder Ejecutivo Nacional, de CABA y Legisladores CABA). La orientación para la especialización económica del suelo, la venta de la tierra estatal, nacional y local, con normas de excepción del tipo de actividades y las capacidades constructivas a medida del promotor -hoteles y actividades turísticas afines, oficinas y viviendas suntuosas, etc.- facilitan el ingreso de capitales con bajo riesgo en base a una alta rentabilidad por transferencia de capital social a empresas de mercados inmobiliarios y de servicios internacionales.

 

Preparación y Endeudamiento Urbano

 

Los preparativos para la transformación de CABA, con una nueva orientación política, utiliza selectivamente, y con incumplimientos, la Ley Marco de Plan Urbano Ambiental, pone en valor sectores del espacio público mediante peatonalizaciones, con la introducción de bicicletas públicas y una red de carriles seguros para el tránsito de las mismas, la finalización de obras hidráulicas y de subterráneos, la repavimentación y mejoras de veredas, enrejado y equipamiento de plazas públicas y pasos bajo nivel ferroviario para autos. En un ciclo de endeudamiento inédito en el presupuesto anual de gastos e ingresos del Gobierno de CABA.

Así, se ponen en evidencia algunas estrategias propensas a implantar mejoras orientadas al desarrollo de actividades aparentemente de carácter local, pero con la intención de su integración global, con criterios de aliento a la competitividad, la innovación y el emprendedurismo económico. La gestión pública se convierte, así, en promotora de actividades económicas privadas a través de la transformación y explotación del territorio. Se propende a generar una base de animación a través del citado sistema de bicicletas públicas, la peatonalización del Área Central y mejoras turísticas en las riberas, el Metrobús, el desplazamiento de actividades administrativas del Área Central al Sur, la venta y concesión de tierras de CABA y la regularización de las villas, así como proyectos de mega obras para el tránsito vehicular bajo la Av. 9 de Julio y en la Av. Madero – Huergo y la venta de las tierras para viviendas sociales (50 hectáreas del Instituto de Vivienda de la Ciudad).

En particular, con clara vocación economicista y de preparación territorial, se crean los Distritos Económicos con ventajas impositivas para la instalación de actividades especializadas: el Distrito Tecnológico en Parque Patricios (2008), el Distrito Audiovisuales en Villa Crespo y Chacarita (2011), el Distrito del Diseño en Barracas (2012), el Distrito de las Artes en La Boca (2013), el Distrito del Deporte en Villa Lugano y Villa Soldati (2014), y el Distrito Joven en Costanera Norte (2018). Ellos surgen en contextos socio culturales no concurrentes, elevan el precio de la tierra -entre el 10 y el 30 por ciento-, presiona para demoler las propiedades anteriores a 1941 y la demanda de grandes predios para el desarrollo de actividades residenciales.

 

Macro(i) Endeudamiento Local/Nacional y Legitimación

 

El endeudamiento financiero y su restitución se fundamenta en la doble vía de las obras públicas, la liquidación de tierras estatales, normas de regulación de excepción y el desarrollo de edificios con alta capacidad constructiva, así como en la regulación para la reconversión de tierras industriales costeras destinadas a actividades terciarias, que se conjugan con las mejoras en la accesibilidad -las obras públicas- y la ampliación del Área Central por el aumento del área con usos metropolitanos y de máxima diversidad -los de mayor precio inmobiliario-.

La relación inmobiliaria entre los decisores gubernamentales y los desarrolladores, en un proceso acelerado de venta, se efectuó en entornos físicos de alta rentabilidad y sin conflictos entre los adjudicados -Constantini, TGLT, Raghsa SA, Kulhas, Ashira SA, Argencons, IRSA, entre otras-. Una hipótesis de la escala adoptada se vislumbra al analizar que la Agencia de Administración de Bienes Públicos del Estado entre 2017 y 2018 puso en venta 2,5 millones de metros cuadrados de capacidad constructiva por un valor de recaudación aproximado de 1.140 millones de dólares; en tanto, la inversión prevista para las obras gubernamentales de mejoras para la accesibilidad al entorno de los sectores urbanos de mayor renta y de las tierras en venta -Área Central y Corredores principales- es de aproximadamente 15.000 millones de dólares -el sistema Metrobús, la Red Expreso Regional, el Paseo del Bajo, la prolongación Línea E de subte, mejoras en el espacio público, helipuerto, la ampliación del aeroparque Jorge Newbery, la ampliación del puerto y el área para cruceros, la terminal de ómnibus y centro comercial Retiro, principalmente-. Esto equivale a decir que el Estado dispone de 15.000 millones de dólares y recupera con la venta de terrenos solamente 1.140 millones de dólares. El aporte a los rivados es de 13.860 millones de dólares, o sea del 92,4 por ciento. No se subsidia a los pobres, pero sí a los ricos.

En otro orden, la capacidad constructiva a valor de mercado rondaría unos 12.700 millones de dólares que por la puesta en funcionamiento de las obras públicas de accesibilidad podría incrementarse entre un 15 y un 25 por ciento, con una rentabilidad cercana al 50 por ciento a costa de la venta de tierra pública calificada de “innecesaria para la gestión del Estado”, las normativas de excepción y la inversión pública en mejoras del sector costero.

El proceso de cambio también conlleva la de los Códigos Urbanístico y de Edificación para legitimar las leyes de excepción y avanzar con nuevos instrumentos para acompañar la venta extraordinaria de la tierra pública, sin dar respuesta a los interrogantes de cómo se paliará el déficit de espacios verdes, equipamientos públicos y la dotación de la infraestructura soporte para la capacidad constructiva potencial de 236 millones de metros cuadrados. Se dispone el aumento del 30% de la capacidad constructiva de CABA (de 348 millones de metros cuadrados a 456 millones de metros cuadrados), usos de escala metropolitana en los Corredores Norte y Oeste y el Área Central Ampliada, la transferencia de la capacidad constructiva de 4 millones de metros cuadrados de los edificios protegidos a la ex área industrial (73 hectáreas), la adhesión a certificaciones de marketing, la profundización para habilitar que solo se construya mediante grandes capitales y sin usuarios, es decir, para consumidores condicionados por ofertas oligopólicas. Estas regulaciones, además, presionan para favorecer la demolición del patrimonio social con usos residenciales de baja y mediana densidad, así como el industrial, cogenerando gentrificación de residentes y trabajadores que se desplazarían al Gran Buenos Aires (GBA).

La clara visión gubernamental de que planifican las empresas y no el Estado, conlleva a desentenderse de que el accionar de los mismos implica el aumento de la vulnerabilidad social por efectos del cambio climático, el incremento del consumo energético y del tránsito vehicular individual y las relaciones sociales barriales.

Si bien el Poder Ejecutivo de CABA presume que los trabajadores del GBA podrían optar por residir en CABA, sin mayor fundamento que un voluntarismo simplista de incrementar la capacidad constructiva para 6.000.000 de habitantes. Si, con 3.000.000 de habitantes se carece de jardines maternales y escuelas, plazas barriales, infraestructura, ¿así como suelos contaminados y miles de calles y avenidas congestionadas, ¿Cómo se puede imaginar un futuro con la duplicación de habitantes? La sucesión de hechos aludidos orienta a concluir que en el mediano plazo se profundizarán las desigualdades de oportunidades de empleo, financiamiento y consumo entre CABA y el GBA. Ello daría lugar a vislumbrar un nuevo Ciclo.

 

Funcionamiento y Dualización

 

La puesta en funcionamiento de las actividades relacionadas con las nuevas construcciones conlleva la reconfiguración de la otrora Área Central de CABA y del GBA en un sector costero del Río de la Plata – desembocadura del Riachuelo más internacional o globalizado, a la vez que se desplazan actividades administrativas locales del Micro y Macrocentro y residenciales, por actividades suntuosas y formaciones oligopólicas para el alquiler y modos de gestión de formas más intensivas para el uso de los nuevos edificios. En concurrencia con los Distritos Económicos de Consumo de las Artes (La Boca) y Joven (Costanera Norte).

El dejar hacer a los impulsos inversores globalizados se sucede un encadenamiento con grandes empresas transnacionales para alentar el consumo y la sustitución con innovaciones de servicios de infraestructura, amplificando el endeudamiento y la visión exógena. Se profundiza y arraiga el extractivismo financiero.

El barrio Puerto Madero marca un hito singular de influencia territorial, económica, social y cultural que, inicialmente, se extendió en fragmentos sobre las Av. Huergo – Madero, Catalinas Norte, Retiro, Recoleta y Microcentro, el resultado en proceso completaría los intersticios y conduciría a la dualidad territorial, económica, social, cultural y laboral. A su vez, la reconversión y demolición del patrimonio social del borde costero implicaría la expulsión residencial, industrial y laboral. Ello modifica uno de los objetivos históricos del planeamiento de CABA “tener acceso popular al río como expansión social de los barrios” por “valorar la costa del río para el turismo internacional y los servicios suntuosos”. Cabe refirmar que también se ampliaría el fenómeno de dualización entre CABA y el GBA, no por disfuncionalidad de los mercados sino por la orientación de las políticas públicas CABA-Nación.

Buenos Aires quedaría segmentada entre un área fastuosa, que requerirá importantes inversiones públicas y un costoso mantenimiento, frente a un entorno con mantenimiento parcial y con limitadas inversiones públicas en los barrios.¿Será esa la ciudad soñada por los porteños NIC, por los vecinos?

Las innovaciones son siempre un dilema social, para el cual el Estado debería salvaguardar a la comunidad -entiéndase por Estado a los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de las formaciones estatales-. En CABA se desconocen institucionalmente los escenarios del futuro de la ciudad. Los cambios de usos en el área de mayor concentración edilicia, mayor expectativa del precio de la tierra y de la rentabilidad urbana privada, mayor destino de inversiones públicas y de sus efectos en el resto de CABA, el GBA y el país. Son un conjunto de acciones irresponsables. La lógica del capital globalizado admitido se asienta en la continua novedad instrumental, cuyos costos sociales, ambientales y culturales pagan los consumidores. Quienes, en tanto tratan de “comprender” las modificaciones en las relaciones, aparecen, “en continuado”, nuevos instrumentos de consumo que actúan recursivamente como si se ampliaran los grados de libertad, aunque se trata de mega regulaciones de conductas en términos de empresariedad.

La lógica de las ganancias ilimitadas es más peligrosa con una gobernabilidad que se ejerce para parecer ausente. La impronta de actuación son VEP que transfieren el capital social (Venta de tierras, Endeudamiento de las generaciones futuras y Privatización monopólica se los servicios públicos)deconstruyendo, expulsando y precarizando.

El sistema productivo, asentado en el crecimiento del capital, genera un proceso de acumulación desigual, por ello es necesario la intervención estatal con visión de largo plazo y un accionar coyuntural concurrente, entendiendo a la ciudad como un bien común, para beneficio de los intereses socioambientales compartidos. ¿Qué sucede en el manejo territorial de CABA? Lo contrario. Una clara transferencia del capital socialmente acumulado por los Estados -Nacional y Provincial- a desarrolladores del real estate

¿Cuáles son los mayores despropósitos? 1. La transferencia gratuita de suelo urbanizado en las localizaciones de mayor valorización socio cultural, sin contrapartidas ni resarcimiento económico social; 2. Se profundiza la dualización metropolitana de la ocupación del suelo; 3. Conlleva inversiones estatales extraordinarias con mega endeudamiento para actualizar la accesibilidad al suelo transferido a los desarrolladores; 4. Compromete, a su vez, el mantenimiento prioritario y la actualización en el mediano y largo plazo del área valorizada, a costa de los vecinos de CABA y del país.

El legado que se propicia es de una mayor desigualdad socio territorial, con un mega endeudamiento de mediano plazo que facilita el extractivismo financiero internacional y el enriquecimiento de los desarrolladores del real estatepor transferencia del capital social acumulado desde los orígenes de la nacionalidad, tal como las tierras ferroviarias, las reservas urbanas y la “desapropiación de inmuebles de interés social” -de salud, educación y de la administración pública- legitimados mediante los nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación, así como por las leyes de excepción que reasignan usos y capacidad constructiva en detrimento de una planificación urbano ambiental para todos los habitantes.

Por tanto, cabe la presunción de estar frente a un plan privado de ambientación, desposesión inmobiliaria de bienes públicos y desregulación aplicada durante el accionar gubernamental de la CABA entre 2008-2018.

Represión en el “cuadernazo”: presentaron un habeas corpus para proteger a periodistas en movilizaciones

23.2.2019

La medida fue presentada por la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina (AReCIA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Periodistas Argentinas.

Tras la represión contra cooperativistas de Madygraf y fotoperiodistas en el marco del “cuadernazo” del miércoles 20 de febrero pasado, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina (AReCIA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Periodistas Argentinas, presentaron ante la Justicia un Habeas Corpus preventivo para proteger a los trabajadores y trabajadoras de prensa en el marco de posibles represiones en manifestaciones. 

La presentación contó con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia, también abogada de la familia de Santiago Maldonado. En el recurso judicial se le solicita al juez que “ordene al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstengan de realizar actos que amenacen o perturben la libertad ambulatoria de los y las trabajadoras de prensa mientras ejercen su profesión, especialmente durante la cobertura de manifestaciones y/o protestas contra decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional o el de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, los referentes Sergio Ciancaglini de AReCIA, Fernando Tato Dondero de SiPreBA y Claudia Acuña de Periodistas Argentinas hicieron alusión en el escrito a la represión ocurrida en el Congreso el miércoles pasado: “uno de los fotógrafos detenidos es quien retrató el 14 de febrero de 2019, en el marco de la cobertura de la manifestación denominada ´Verdurazo´, el momento en que una señora mayor levantaba unas berenjenas de la calle mientras cientos de policías desalojaban la manifestación” y enfatizaron: “esa foto se viralizó en redes y generó una fuerte polémica por la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En este mismo sentido desarrollaron: “Esta violencia ejercida por el Estado no sólo afecta los cuerpos de profesionales y trabajadores de prensa, sino también altera el desarrollo de la actividad periodística toda, ya que en estas condiciones es difícil garantizar coberturas informativas sin poner en riesgo a las personas que las realizan”.

Asimismo, detallaron: “como editores, como trabajadores de prensa, como periodistas, comunicadores y reporteros gráficos nos vemos así limitados por la violencia estatal tanto en los lugares de los hechos como en los momentos de decisión de qué coberturas realizar de acuerdo con las expectativas represivas, ya que no podemos ni obligar ni ser obligarnos a realizarlas en situaciones que no garantizan los mínimos derechos a la libertad de expresión y del trabajo periodístico”.

 “Es urgente restablecer las condiciones democráticas de las protestas sociales, que son expresiones de desacuerdo con políticas de Estado y que, en tanto voz social colectiva, es necesario dar a conocer para enriquecer y fortalecer el Estado de Derecho. En primer lugar, debe garantizarse el derecho a la libertad ambulatoria los y las trabajadores de prensa y por eso acudimos ante el señor juez a invocar la acción constitucional y convencional del habeas corpus preventivo”, concluyeron. 

 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y EL PREMETRO

SIETE COMPAÑERXS SOBRESEÍDOS

23.2.2019

 

Este viernes se llevó a cabo la audiencia por la causa "Caseros", en la cual la Fiscal Celsa Ramírez pretendía enviar a juicio a siete trabajadorxs por la huelga del 22 de mayo pasado, en el marco de la paritaria.

El Juez Norberto Tavosnaska rechazó los planteos de la Fiscal Ramírez en relación a

los delitos de “asociación ilícita”, “entorpecimiento del transporte” y “atentado a la

autoridad”.

En la resolución el Juez refirió que ese día, ante una huelga, la policía fue convocada como un “grupo de choque” para confrontar con trabajadores y trabajadoras que se encontraban ejerciendo derechos constitucionales.

El Juez fue claro en relación a que se estaba debatiendo un conflicto paritario y que el mismo no podía ser criminalizado; que el derecho de huelga tiene plena receptación constitucional y que el ejercicio de ese derecho, y de los derechos económicos y sociales en general, no puede en modo alguno constituir un delito.

En esta causa, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos acompañó al sindicato con un amicus curiae, en defensa del ejercicio de los legítimos derechos de huelga y de libre asociación.

Este fallo es un enorme paso adelante para los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Subte.

Nahuel Berguier, abogado de AGTSyP

Roberto Pianelli

Secretario General

Néstor Segovia

Secretario Adjunto

SECRETARIADO EJECUTIVO

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

Secretaría de Prensa y Comunicación – Asociación Gremial de Trabajado

La Comisión Provincial por la Memoria pide que Chocobar sea separado de la fuerza

23.2.2019

El pedido se da en la misma semana en que la causa contra el policía que asesinó por la espalda a un joven de 18 años fue elevada a juicio oral.

En un comunicado publicado en su página web, la CPM manifestó que "volvió a insistir ante las autoridades del Ejecutivo provincial para que de manera urgente desafecten preventivamente a Chocobar de la policía local de Avellaneda, fuerza en la que todavía presta servicios con normalidad. En este sentido, se enviaron notas a la gobernadora María Eugenia Vidal, al ministro de seguridad, Cristian Ritondo, al titular de la auditoría de asuntos internos de ese Ministerio, Guillermo Berra, y al secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón".

El caso Chocobar fue utilizado por el Gobierno de Macri para legitimar el gatillo fácil y profundizar la política represiva en el marco del brutal ajuste que vienen llevando adelante contra las mayorías obreras y populares.

El policía Luis Chocobar está acusado de homicidio agravado. Esta semana el juez nacional de menores, Cristian Axel Von Leers, consideró concluida la etapa de instrucción y elevó a juicio oral la causa por el asesinato de Juan Pablo Kukok, de tan solo 18 años. El crimen ocurrió en diciembre de 2017.

En el comunicado también manifiestan que: "La CPM considera que la prueba reunida en la causa deja claro que la intervención del agente Chocobar fue contraria a la normativa de actuación policial vigente, que exige un uso excepcional de un arma de fuego y la prioridad en la defensa del valor de la vida por sobre todo bien. Chocobar actuó de manera temeraria y con un alto grado de desprofesionalización, efectuando disparos por la espalda a una persona desarmada que ya no representaba ningún peligro ni para el agente ni para terceros”.

Además señalan que: "Todos estos hechos probados se encuentran tipificados como faltas graves en el decreto 1050/09, reglamentario de la ley provincial 13.483 sobre la organización de las policías en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Según la norma, estas faltas prevén la desafectación preventiva de cualquier agente acusado. La transgresión a esta norma por parte de Chocobar es motivo suficiente para decidir su separación cautelar de la fuerza, independientemente del resultado final que arroje el proceso penal".

 

Gatillo fácil: una política de Estado

 

En Argentina una persona es asesinada por el Estado cada 22 horas. En esta terrible estadística realizada por Correpi, se explica que los casos aumentaron y que es indudable la influencia de la ‘doctrina Bullrich’, expresada en la defensa y apoyo oficial al fusilador Chocobar, la resolución sobre uso de armas de fuego para las fuerzas federales y los fallos judiciales en sintonía con esto.

No es un policía, es toda la institución. Y el gatillo fácil, la criminalización de la juventud y represión a los que luchan son una política de Estado.

“MAS QUE UNA REFORMA, UNA CARRERA HACIA EL ABISMO DE LA SALUD”

22.2.2019

¿Por qué rechazamos la Reforma de la Carrera Profesional en Salud de la Ciudad?

Porque la reforma no repara los problemas que atravesamos los y las profesionales de salud, por el contrario los perpetúa y los profundiza. El elemento más claro de esta situación es la exclusión de las enfermeras y los enfermeros, que son profesionales. Es decir, a pesar de haber cursado años en instituciones de jerarquía universitaria se los encasilla en el escalafón general.

¿Por qué se atropellan los derechos de las y los profesionales de la salud?

En el caso de enfermería siendo uno de los sectores más numerosos permite precarizar salarialmente y laboralmente a todo el sistema de salud. Se promueve que las enfermeras y los enfermeros busquen su lugar de trabajo por fuera del sistema público de salud como mecanismo de vaciamiento de hospitales y centros de salud, y como forma de seguir ampliando el negocio de los prestadores privados.

También se excluye a trabajadoras y trabajadores de instrumentación quirúrgica, bioimágenes y se los incluye en el escalafón general. Avanza en la flexibilización de todos los profesionales, al reformular regresivamente las licencias, ampliando la carga horaria y reduciendo la formación profesional, que dependerá de evaluaciones con dudoso criterio de objetividad y eficiencia. Y se reproduce una lógica discriminatoria de excluir y no reconocer a un sector integrado en su mayoría por mujeres

Todo esto podría ser entendido como un error reparable si no fuese que el gobierno elimina el Ministerio de Salud Nacional, cierra hospitales (5×1 “Complejo Hospitalario Sur” y 3×1 Salud Mental), precariza a los trabajadores de los CESAC y las empresas de medicina prepaga son grandes beneficiarias por las políticas de Cambiemos. No es un error, es parte de un proyecto para la salud de la población.

¿Qué estamos haciendo?

-Participar de movilizaciones y espacios de organización contra la “Carrera Profesional de Larreta” y el vaciamiento del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires.

-Dar continuidad jurídica al amparo colectivo presentado por ATE el 21/11 contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 8 que excluyen de la Carrera Profesional a Licenciados en enfermería, instrumentación quirúrgica y bioimágenes.

-Trabajar con las legisladoras y los legisladores de la oposición para elaborar las modificaciones necesarias en la ley para reparar estas injusticias.

-Fortalecer la presencia gremial en cada sector de trabajo, promoviendo el protagonismo de enfermería y de todos los perjudicados por esta reforma.

-Impulsar, en el marco de la discusión paritaria, la pelea por salario justo, jornada reducida, contra la violencia laboral y porque se declare insalubre la actividad del sector salud.

#LaLuchaContinúa
#LaUnidadEsElCamino
#YoDefiendoLaSaludPública

La multitudinaria asamblea de la Coordinadora de Villas por la Urbanización Real votó movilizarse el 1/3 a la Legislatura porteña.

21.2.2019

La movilización votada por cerca de mil vecinos, se realizará en el marco del inicio de las sesiones ordinarias donde hablará el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta.

“El gobierno está llevando adelante un plan de expulsión de las villas de la Ciudad”, fue uno de los reclamos más escuchados durante la jornada.

Desde la 31 denunciaron el accionar de las patotas del barrio y desenmascararon la ley de que pretende imponer el gobierno: “Esta asamblea es para organizarnos y que cuando el gobierno les toque la puerta, no los estafe, no les robe su vivienda.”

Según el testimonio de las vecinas del Playón de Chacharita: “El gobierno no quiere escuchar a los vecinos. Trabajé durante 30 años para tener mi casa, y ahora nos quieren dejar esperando en una casa provisoria y endeudarnos por 35 años”

Las vecinas de la 1 11 14 denunciaron que “Vino el IVC a censar pero hay muchos que no fueron censados. Propietarios que no estaban, a ningún inquilino. Tenemos que exigir que el IVC haga un censo real”

Desde la Villa 20 se planteo que “El IVC funciona solamente como una agencia de créditos. Acá en la 20 no tenemos agua con este calor. La organización en los barrios, en todas las villas va a hacer que esto cambie. Sino acá todos van a terminar dejando su tierra para mudarse a provincia y arrancar de 0 con un terreno. Nosotros somos habitantes de la Ciudad y no queremos ser expulsados por ser pobres.

La vecina de Piletones denuncio que su barrio fue la prueba piloto de las urbanizaciones truchas y declaro “Venimos acá a decir, que venga a urbanizar el Gobierno de la Ciudad. Queremos barrios con todos los servicios, agua, luz, gas, seguridad”.

Por su parte desde la Rodrigo Bueno dijeron “Creemos que hay una coincidencia en todos los barrios. En la Rodrigo Bueno está en un 70% la construcción de vivienda. Lo que pedimos es techo por techo. Hemos trabajado mucho por nuestras viviendas y queremos que todos los que vivimos ahora tengamos un lugar en el barrio.”

 

A partir de todas estas denuncias los concurrentes votaron por unanimidad movilizar el 1/3 a la Legislatura donde dará inicio Rodríguez Larreta de las sesiones para llevarles todos estos reclamos.

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