Red de radios

6.3.2019

Por Gustavo Sarmiento

Se trata del lactario del hospital Ramos Mejía, en San Cristóbal. El juez López Alfonsín ordenó su inmediata reapertura. Denuncian una política sistemática del macrismo en el cierre de maternales.

“Luchas tiene sentido”, exclama Eduardo López, secretario del gremio de UTE–CTERA. Su frase hace referencia al fallo del juez en lo Contencioso Administrativo N°18, Marcelo López Alfonsín, que le ordenó al Gobierno de la Ciudad que reabra inmediatamente la inscripción de vacantes para niños y niñas de 45 días a un año de edad, en la sala de lactario de la Escuela Infantil Nº 6 del Distrito Escolar Nº 6, para este ciclo lectivo 2019.

“Las representantes del gobierno nos han transmitido que la gestión de Horario Rodríguez Larreta ha decidido de forma indeclinable cerrar la sala de bebés en 2019 y hacerlo progresivamente hasta los 2 años inclusive”, denunciaron hace casi cinco meses los padres y madres. Y agregaron: “El mensaje fue que no puede haber niños de 3 años sin vacantes y por eso se procedía al cierre de los maternales que incluye la franja de los 45 días a 2 años”. Desde el ministerio de Educación, conducido por Soledad Acuña, justificaron la decisión en que el jardín se va a mudar a la flamante plaza Manzana 66, a pocas cuadras, en Jujuy y Belgrano. Sin embargo, el futuro establecimiento arrancará desde la sala de 3. No contendrá lactario.

Según informó en su momento Nueva–Ciudad, no se trata de una medida aislada: el Ejecutivo porteño planea hacer lo propio en los jardines del hospital Durand y del Vélez Sarsfield, y el cierre de los maternales va en línea con el crecimiento de los CPI, que no dependen del sistema educativo sino del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un perfil donde lo pedagógico queda en segundo plano, y los sitios utilizados pueden ser desde casas hasta depósitos, no necesariamente jardines construidos para tal fin.

Al ser enterados de la noticia, la comunidad educativa del Ramos Mejía, desde padres hasta docentes, iniciaron un plan de lucha que llegó hasta la justicia, donde presentaron una cautelar para que el lactario pueda seguir funcionando. El amparo finalmente fue aceptado por el juez Alfonsín, luego de la audiencia desarrollada a principios de semana, que derivó en una inspección ocular el miércoles pasado, en la cual el magistrado constató que la sala se encuentra en perfectas condiciones para funcionar. Así llegó al fallo de este viernes donde ordena su reapertura.

“Hay 45 familias que se inscribieron durante este verano y reclaman el derecho establecido en la Constitución de la Ciudad de tener una vacante asegurada en el nivel inicial. Es inadmisible que se cierre una sala de jardín maternal cuando según los últimos datos hay 13 mil niños sin vacante en ese nivel educativo”, apuntó López. Y completó: “A pocos días del inicio del ciclo lectivo casi 27 mil niñas y niños cuyas familias eligen la educación pública están sin vacantes en el Nivel Inicial. La gestión de Rodríguez Larreta no sólo reduce el presupuesto educativo año a año, sino además, lleva adelante una política de cierre de escuelas”. “Hay 45 familias que se inscribieron durante este verano y reclaman el derecho establecido en la Constitución de la Ciudad de tener una vacante asegurada en el nivel inicial. Es inadmisible que se cierre una sala de jardín maternal cuando según los últimos datos hay 13 mil niños sin vacante en ese nivel educativo”, apuntó López. Y completó: “A pocos días del inicio del ciclo lectivo casi 27 mil niñas y niños cuyas familias eligen la educación pública están sin vacantes en el Nivel Inicial. La gestión de Rodríguez Larreta no sólo reduce el presupuesto educativo año a año, sino además, lleva adelante una política de cierre de escuelas”.

28.2.2019

El Jueves 22 de febrero, Asamblea Ciudadana se autoconvocó en Parlamento Ciudadano para sesión extraordinaria frente a la emergencia tarifaria y de la infraestructura eléctrica que vive el país y la Ciudad de Buenos Aires.

Con amplia participación ciudadana de decenas de asambleas se RESOLVIÓ:

1. Se trató el Proyecto de Ley N° 3.489 de Emergencia Tarifaria, se hicieron propuestas y modificaciones y fue unánimemente aprobado.

2. Continuar informando la pertenencia partidaria de los legisladores de la Ciudad que apoyaron y no apoyaron el tratamiento en sesión extraordinaria del proyecto de ley de emergencia tarifaria presentado por Asamblea Ciudadana demostrando quiénes defienden o no las necesidades de los habitantes de la Ciudad.

Los que NO impulsaron el tratamiento: PRO, Coalición Cívica, Evolución, Partido Socialista, Mejor Ciudad.

Los que apoyaron el tratamiento: Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Autodeterminación y Libertad, Izquierda Socialista, PTS, FIT, GEN.

3. Convocar a la ciudadanía el 1º de marzo a la mañana a la Legislatura de la Ciudad para la apertura de las Sesiones Ordinarias con el fin de solicitar al Jefe de Gobierno y a la Legislatura que traten en forma inmediata la emergencia tarifaria y el plan de contingencia frente a cortes de luz masivos en la ciudad por la defectuosa prestación del servicios público.

28.2.2019

Esta mañana, una comisión de mujeres y trabajadores despedidos de Coca Cola junto a integrantes de organizaciones políticas que solidarizaban con la causa, fueron reprimidos por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se manifestaban en contra de los 32 despidos realizados por la multinacional.

Esta mañana,la policía de la Ciudad reprimió a los trabajadores de la Multinacional Coca Cola que se manifestaban en contra de los despidos realizados por la empresa.

La planta Alcorta de la Coca Cola FEMSA es la embotelladora de gaseosas más grande de la Argentina. El 20 de febrero, sus directivos presentaron un proceso preventivo de crisis ante la Secretaria de Trabajo. Despidieron a 32 trabajadores pagándoles la mitad de la indemnizaciones.

Mientras se concentraban en Callao y Corrientes, cuando comenzaban a avanzar hacia la Secretaría de Trabajo, fueron reprimidos. La policía empezó a tirar gases y golpear a los trabajadores que se manifestaban. Varias personas resultaron heridas y fueron atendidas en el Hospital de Clínicas.

Entre las heridas, Jimena Morales, una docente que se estaba solidarizando con los trabajadores despedidos, y Miguel Gaspar, un trabajador que ya había sufrido su propio despido en la fábrica Chozas hace tres años.

“La empresa hace lo que se le canta las pelotas”

“Estamos golpeados pero seguimos”, entrevista a trabajador de Coca-Cola, Omar Rombolá, luego de la represión policial cuando movilizaban a la Secretaria de Trabajo para reclamar por los recientes despidos. Estábamos en callao y corrientes concentrando para movilizar a la Secretaria de trabajo y prácticamente sin mediar palabra, sin ningún tipo de diálogo vino el jefe operativo y nos empezaron a garrotear mientras avanzaban. Nosotros estábamos tratando de hacer valer nuestro derecho a reclamar y fuimos golpeados. Tenemos compañeros hospitalizados con palazos en el cuerpo y gases. Hay una compañera que le están dando corticoides porque no puede ver debido a la cantidad de químicos que arrojaron. Todo fue por reclamar nuestro derecho al trabajo.

La empresa había presentado un preventivo de crisis trucho que hasta la Secretaria de Trabajo del gobierno se la tuvo que rechazar porque era tan trucha su crisis que una empresa que está invirtiendo millones pero el SUTIAGA (Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines) le tira una soga y acuerda con la empresa 32 despidos. La empresa no espera los tiempos de homologación y avanzan los despidos. Ayer, despidieron 23 compañeros por teléfono lo llamaban o a los que estaban en la planta lo llamaban desde recursos humanos, sin ninguna notificación, sin carta documento sino verbalmente. Los despidos se dan en el marco de que hay elecciones en la planta en un mes barrer a la oposición pero no es solamente eso sino que aparte la empresa quiere avanzar en despedir trabajadores para aumentar la productividad produciendo más con menos compañeros en la palnta.

Hoy vinimos a impugnar los despidos, a rechazarlo a la Secretaría de Trabajo también denunciando que la empresa no aguarda los plazos legales y las formas y que no cumple los fallos de reinstalación; tenemos la reinstalación del compañero Marcelo Alejandro Romero que fue con un fallo de Cámara favor y la empresa no acata, hace lo que se le canta las pelotas.

Queremos llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha vamos a hacer una reunión mañana con los trabajadores de otras empresas que están en conflicto contra los despidos. Estamos viendo de hacer también una conferencia prensa.

27.2.2019

El miércoles se realizó una asamblea impulsada por la Comisión de mujeres y género del hospital en el que votaron un repudio a partir de obligar a parir a una nena de 11 años víctima de violación.

Esta asamblea es parte de las actividades que se están impulsando desde la comisión para preparar el paro del 8M.

El pasado 19 F se realizó un pañuelazo frente a la puerta del Hospital. Esta acción se impulsó porque el aborto legal, seguro y gratuito, es una cuestión de salud pública porque son 300 las mujeres que mueren por aborto clandestinos por año, como también hay miles que llegan a las guardias en condiciones muy delicadas de salud por practicarse abortos en sus casas o a las niñas que se les niega el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo y son obligadas a continuar un embarazo producto de una violación.

Pero también es una pelea dentro del movimiento de mujeres por no bajar los pañuelos verdes, al contrario de lo que plantean sectores que quieren llevar la fuerza del movimiento de mujeres hacia el proyecto electoral que tiene el kirchnerismo y más en general el PJ, que busca conformar un gran frente electoral en el que "entran todos”, los dinosaurios celestes que votaron contra el aborto en el 2018, les aliades de las cúpulas clericales y las burocracias sindicales que -por cierto- se limitaron a rezar en la Basílica de Luján frente al ajuste en curso.
También este 1º de marzo se va a participar de la marcha por el reconocimiento profesional de enfermería, bioimágenes e instrumentadoras quirúrgicas, como apoyamos todas las luchas de las y los trabajadores en curso.

Reproducimos el comunicado de prensa que las trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan junto a delegados y delegadas de la junta interna del hospital, votaron en la asamblea para repudiar el terrible hecho de obligar a ser madre a una niña. Además llamamos a movilizar este 8 M y exigimos que las centrales sindicales llamen a un paro nacional.

Desde la Comisión de Mujeres y delegadas y delegados de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan difundimos este comunicado de prensa a fin de denunciar las aberraciones cometidas contra una niña de 11 años en Tucumán. Convocamos a que participen y adhieran al presente comunicado todas las organizaciones y referentes por la lucha de las mujeres que así lo deseen. Proponemos que se replique en todos los Hospitales del país como parte de una gran campaña por el derecho al aborto legal en el hospital que se cobra la vida de más de 300 mujeres al año.

Las trabajadoras y trabajadores de la salud de este hospital de niños denunciamos el incumplimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) en la provincia de Tucumán ante la cesárea realizada en la madrugada del día 27/02/2019 a la niña de 11 años que fue violada y desde hace más de dos meses viene exigiendo su implementación. No es la primera vez que se incumple la aplicación de la misma, obligando a las niñas a ser madres. La ILE, se encuentra contemplada en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación sancionado en 2012 estableció que el aborto no es punible cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación. El mismo fallo, encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

Sin embargo, en la provincia de Tucumán no han realizado protocolos provinciales, incumpliendo con el mandato de la Corte Suprema. No sólo eso, sino que en la provincia de Marita Verón, de Paulina Lebbos, de la joven Belén, los sectores más reaccionarios del oficialismo y de todos los bloques (el PJ, Cambiemos), quisieron prohibir con un proyecto de ley provincial la interrupción legal del embarazo, y como no pudieron hacerlo, la impiden en los hechos.

Hacemos máximo responsable de esta aberración al gobernador de la provincia, Juan Manzur, ex Ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner, ya que la decisión fue tomada desde el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) en contra de la voluntad de la niña que en cámara Gessell había afirmado no querer continuar con el embarazo. En un comunicado emitido ayer, el Siprosa decía que respetaría la voluntad de la niña y su madre pero afirmaba que continuarán “los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”. El resultado fue someter a la niña a una cesárea, imponiendo la maternidad forzada.

También son responsables de esta tortura a una niña de 11 años la ministra de Salud Rossana Chahla, el secretario de Salud Gustavo Vigliocco y la directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila.

Las trabajadoras y trabajadores de la salud del Hospital Garrahan denunciamos estos acontecimientos, repudiamos el antecedente de Jujuy y frente a la tortura de niñas sistematizada desde el Estado afirmamos que la única forma posible de luchar por la vida es el aborto libre, legal y gratuito, realizado en forma segura en los Hospitales Públicos. Exigimos la separación de la Iglesia y el Estado ya que no tiene nada que hacer la Iglesia opinando sobre un problema de Salud Pública, como se vio el año pasado en el fuerte lobby que dicha institución hizo en el Congreso para trabar que el aborto sea ley.

Proponemos redoblar la organización independiente de todos los partidos ligados a la Iglesia, principal institución de este orden misógino, y ganar las calles este #8Marzo para que no se dé ni un paso más atrás en la #ILE, porque defendemos el derecho a una infancia plena decimos bien fuerte ¡#NiñasNoMadres y vamos a seguir peleando por el #AbortoLegal en el Hospital!

25.2.2019

Por la toma de una comisaria en 2004, en protesta por el asesinato de un líder barrial, fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel. Había pedido la prisión domiciliaria, pero el Tribunal Oral Federal 6 se la negó y quedó firme la orden de detención.

Luis D’Elía está condenado por la toma de una comisaría en La Boca en 2004. Había pedido la prisión domiciliaria, pero el TOF 6 lo rechazó.

Tras conocer la decisión de los jueces, D’Elía grabó un video para informar que estaba en camino a tribunales donde explica en las condiciones en las que se encuentran. "Acaban de negarme la prisión domiciliaria, no les importó que tenga tres bypass, que tenga un infarto en la base del corazón, que hace que mi corazón funcione al 70%", sostuvo el líder del movimiento Miles.

El viernes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado el inmediato cumplimiento de la condena del dirigente kirchnerista, y el TOF 6 ordenó la detención.