Red de radios

13.3.2019

Por Ing. María Eva Koutsovitis

El Barrio porteño Villa 20 tiene aproximadamente 100 años de historia. Se encuentra ubicado en la comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires. No cuenta con servicios públicos básicos, como agua potable y cloaca. De acuerdo con el Censo 2016 del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en el barrio viven 28.000 personas. La actual gestión de gobierno de la Ciudad anunció en el año 2016 el inicio del proceso de re-urbanización e integración socio-urbana de Villa 20.
En ese contexto, el 22 de febrero de 2017, se firmó el convenio entre el IVC, la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad (SSHI) y AySA, que establecía la ejecución de obras de agua potable y cloaca para el barrio. El convenio establecía que las obras debían estar finalizadas en el plazo de 18 meses, es decir, en agosto de 2018.
Desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) elaboramos diferentes informes técnicos alertando respecto a las irregularidades detectadas en la ejecución de las obras que nunca fueron contestados formalmente por ningún organismo del GCBA. También elaboramos un conjunto de recomendaciones, entre las cuales se encontraba la incorporación de Veedores Comunitarios para llevar a cabo las tareas de control y seguimiento de las obras.
Dos años después, no hay una sola conexión de agua y cloaca regularizada en el barrio. Los pocos metros de obras de infraestructura ejecutados nunca se conectaron a las redes formales de agua potable y cloaca. Las zanjas y pozos abiertos durante meses acumularon aguas servidas y residuos, no contaron con vallas ni con elementos de protección adecuados, poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos.
Los sectores de obra no contaban con Carteles de Obra donde se consigne el nombre de la obra, número de expediente, organismo de gobierno responsable de la obra, empresa/contratista de obra, monto del contrato y los plazos de ejecución.

La circulación de vehículos y peatones estuvo restringida por meses complicando la vida cotidiana de las familias y los pequeños comercios familiares se vieron afectados. Nunca se habilitaron senderos peatonales seguros en las zonas de obra. Los trabajos comenzaban y se paralizaban por semanas para luego retomarse por unos pocos días y volvían a paralizarse sin ningún motivo aparente.
A fines de 2018, los organismos del GCBA informaron que dieron por terminado el contrato con la empresa sin que se haya cumplido con su objeto y que las obras serían licitadas nuevamente.
Los interrogantes son muchos: ¿Qué sucedió con los fondos públicos destinados a las obras de infraestructura? ¿Cómo se compensan los daños a los vecinos? ¿Una vez más destinaremos fondos públicos para ejecutar obras precarias inconclusas? ¿Qué sucedió con los controles de obras? ¿Cuáles son las sanciones previstas para los responsables de ejecutar y controlar las obras?
El viernes 1 de marzo, el IVC informó que en dos meses las obras de infraestructura vuelven a comenzar. Una vez más los organismos de gobierno prometen que en 18 meses llegará el agua potable y las cloacas al barrio. Mientras tanto, los habitantes del barrio continúan condenados al flagelo cotidiano de la falta de agua y los desbordes cloacales.

12.3.2019

Por Ricardo Palmadessa

Mafalda nos enseñó muchas cosas. A quienes la descubrimos a principios de los '70, nos mostró algunas palabras que no conocíamos: ideología, censura, despotismo. Con los años fuimos aprendiendo qué significaban esas palabras, o bien entendimos que “El palito de abollar ideologías” tenía relación, por ejemplo, con “La noche de los bastones largos”.

En esa época ya habíamos visto en el noticiero de canal 13, al periodista Sergio Villarroel, esquivando balas en una esquina del centro de Córdoba, relatando lo que ya se daba en llamar el “Cordobazo” que significaría la caída del Gobierno del dictador Onganía. Para un niño de diez años era difícil entender qué significaban esas imágenes en blanco y negro que nos mostraba la pantalla de las barricadas en mayo de 1969. Pero nos fascinábamos con esas otras escenas de Neil Armstrong pisando la luna dos meses después.

Nos veíamos reflejados en esa mezcla de juegos, travesuras, reflexiones, inconformismo y rebeldía infantil que expresaban Mafalda y sus amigos. Compartíamos con los personajes de Quino esa sensación de que había cosas en el mundo que estaban mal, y que había que arreglarlas, o al menos quejarse.

Mafalda, creación de Joaquín Lavado (Quino), fue publicada por primera vez en 1964, durante el Gobierno de Arturo Illía. El personaje se popularizó en los años de la autodenominada y mal llamada Revolución argentina y la última tira fue publicada en junio de 1973, durante la breve presidencia del justicialista Héctor Cámpora. Su autor se las ingeniaba para que esa niña en edad escolar reflexionara sobre la realidad, sorteando la censura estatal.

La desconfianza que desde siempre hemos tenido hacia la Policía, quizás haya sido sembrada por Mafalda con su observación sobre la función del garrote policial.

Desconfianza que en la adolescencia se transformó en miedo, durante la sangrienta dictadura de Videla. Ya de grandes entendimos que los uniformados de azul y las fuerzas de seguridad en general, eran el brazo armado del Estado capitalista, cuya función era disciplinar a la clase trabajadora, y cuidar la propiedad de sus patrones, con palos, con gases y con balas.

Los palos que el domingo repartió la Policía de Rodríguez Larreta, no sólo abollan las ideologías. Le dicen con violencia a quienes viven o sobreviven de la venta de sus artesanías, que hay quienes tienen más derecho que ellos a vender, como los dueños de los anticuarios, con sus papeles en regla, que no molestan con sus puestos a los turistas que pasean por las calles de San Telmo, algunos de los cuales a pesar de ello fueron también blanco de la brutalidad policial el pasado domingo.

Analizando la historia de nuestro país, o mejor la historia de la lucha de clases en el mundo, podemos comprobar que ese palito de abollar ideologías que Mafalda señalaba colgando del cinturón del policía, muy usado en esos años de dictadura y represión estatal en la Argentina, se aplica con más frecuencia y con más dureza, en la medida en que se agravan las condiciones de vida de las y los trabajadores. Para decirlo fácil: a más ajuste son necesarios más palos.

La grave crisis económica que estamos atravesando y que se está llevando por delante doscientos mil puestos de trabajo, implica que muchas y muchos salen a las calles a resistir, a pelear porque esta vez los platos rotos no los paguen ellas y ellos, sino los que siempre ganan: los patrones, los capitalistas que fugan cientos de miles de dólares a paraísos fiscales, esos parásitos que viven de la explotación del trabajo humano, y que tienen de su lado a los que empuñan los palos detrás de los transparentes escudos blindados.

Y queda claro por las imágenes y los videos de la represión a los artesanos, que los agentes del orden disfrutan mucho de su trabajo, hasta se apasionan y dejan todo por cumplir con su misión. Y lo que hacen es eso, cumplir misiones, cumplir órdenes sin protestar, para eso les pagan. Pero tanto los policías, como los gendarmes y los milicos en general, no se pueden llamar trabajadores. No son trabajadores y nunca estarán de nuestro lado. Nunca leyeron a Mafalda.

12.3.2019

La imputación de 43 padres por las tomas en ocho escuelas, ocurridas el año pasado, es “desconocer a los chicos como sujetos de derecho”, señalaron expertos.

El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Rolero Santurian, que imputó a 43 padres de chicos que tomaron ocho escuelas el año pasado, argumentó que los progenitores son responsables por conocer las conductas de sus hijos y no haber impedido que tomaran las escuelas. Si un juez determina que cometieron una contravención, podrían llegar a pagar multas de hasta 10 mil pesos o ser obligados a realizar “trabajos de utilidad pública”. Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), consideró que la imputación es “una aberración” y viola derechos constitucionales como la libertad de expresión.

“Es una medida absurda. Es desconocer a los chicos como sujetos de derecho”, dijo Schulman y recordó que los  adolescentes son “ciudadanos que tienen todos los derechos y un plus por ser menores de edad”, por lo que tienen derecho a expresarse libremente y manifestarse. “Es lo que dicen el Código Civil y la Constitución”, explicó.

La directora ejecutiva de Casacidn sostuvo que las tomas de colegios son las formas que tienen los adolescentes para manifestarse sobre temas que les competen. Los hijos de los padres imputados son alumnos de la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia; la Normal Superior N°1 Presidente Roque Sáenz Peña; la Escuela Normal Superior N°6 Vicente López y Planes; el Mariano Moreno; la Técnica de Jardinería Cristóbal Hicken, y la Normal Superior N° 5 Martín Miguel de Güemes. Todos los establecimientos fueron tomadas durante los dos días previos al tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados. “Los chicos salen a manifestarse o lo hacen dentro de la escuela, que es el lugar donde se desarrollan”, afirmó.

Según explicó el fiscal Rolero Santurian en una entrevista radial, “lo que se imputa es la comisión de una contravención” prevista en el artículo 57 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que será sancionado “quien impida u obstaculice intencionalmente y sin causa justificada el ingreso o salida de lugares públicos o privados”.

El fiscal afirmó que durante las tomas de colegios fueron “damnificados” los alumnos que “habiendo querido participar normalmente del dictado de clases no pudieron hacerlo”.

Por su parte, Schulman señaló que las tomas son decisiones votadas por los alumnos en asambleas, y que no se puede culpar a los padres por las medidas tomadas. “Nadie es culpable por las acciones de otras personas”, aseguró y agregó que los adolescentes “pueden tomar una medida sobre algo que afecta sus propios intereses”. “No son de jardín de infantes, tienen capacidad para tomar algunas decisiones”, afirmó.

Debido a que los menores de 16 años no son punibles, Rolero Santurian dijo que imputó a los padres que sabían que sus hijos participaron de las tomas y “no realizaron ninguna conducta para impedir que sus hijos llevaran adelante esta conducta”. “Estas dos situaciones, el conocimiento y la falta de voluntad para llevar algo adelante, es lo que constituye el núcleo central de la imputación en materia penal”, manifestó el fiscal.

“Es una locura jurídica”, aseguró Luis Duacastella, Defensor General Adjunto de la Ciudad, a este medio y explicó que, en materia penal, está prohibido “sancionar a alguien por el acto de otro”. Schulman se expresó en la misma línea y sostuvo que “los padres no son culpables por los hechos que han cometido sus hijos”. “No se puede tomar a los adolescentes como un objeto de sus padres”, afirmó.

Las imputaciones responden a la implementación del protocolo anti tomas impulsado por el Ministerio de Educación, encabezado por Soledad Acuña. El protocolo establece que, en el caso de que los alumnos tomen un colegio, los directivos deben llamar a los padres y pedirles que retiren a sus hijos del establecimiento. Schulman opinó que las imputaciones forman parte de “un marco de políticas de seguridad represivas”. “Cada vez se reprimen más cosas y se culpa a la gente por lo que pasa en este Gobierno. Atacan a los chicos, que son los más vulnerables, a través de los padres. No tiene sentido”, afirmó.

Según Duacastella, en lugar de hacer uso de un “mecanismo disciplinario”, el Estado debería convocar a una mediación comunitaria prevista por la ley 3055. “Se involucra a toda la comunidad educativa y la solución beneficia a todos. Está prevista en una ley que no aplicaron y prefieren la sanción penal. Creo que antes de llegar al sistema penal, hay que agotar cualquiera de las otras vías”, opinó.

Los padres están citados el 18, 19 y 20 de marzo para comunicarles que están imputados. A partir de ese momento, deberán designar un abogado particular o pueden recibir la asistencia de la Defensa Pública.

Informe: Ludmila Ferrer

11.3.2019

Por Florencia Rey

Ordenaron nuevas pericias en el caso de Matias Enzo Rodríguez a partir de la presentación como "amicus curiae" de asociaciones territoriales y de derechos humanos. Reclaman por las numerosas irregularidades en el procedimiento que investiga su homicidio. Matías fue asesinado por tres disparos de un arma reglamentaria de la Policía Federal en abril de 2018. 

A partir de la presentación como "amicus curiae" de la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI) y la Liga Argentina de Derechos del Hombre, entre otras 200 asociaciones territoriales y de derechos humanos, el juez Marcos Andrés Fernández ordenó profundizar las pericias para definir la situación del policía imputado por el asesinato de Matías Rodríguez, Ángel César Nicolás Santillán. Por el momento dictaminó la falta de mérito tanto para sobreseer como para procesar al policía. La causa se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Nª 21.

El asesinato de Matías se enmarca dentro de la cadena de hechos en los que la policía, alegando legítima defensa o cumplimiento del deber, se cobra la vida de adolescentes de los barrios populares. Este accionar fue denunciado por las organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU durante el año 2018. El documento describe este accionar como la “doctrina Chocobar”, en alusión al policía que mató a Juan Pablo Kukoc ese mismo año; e impulsada tanto por la ministra de seguridad Patricia Bullrich como por el Presidente de la Nación Mauricio Macri.

El 25 de abril de 2018 Matías Enzo Rodríguez de 16 años fue asesinado por tres balas del arma reglamentaria de Ángel César Nicolás Santillán, efectivo de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal, quien se encontraba fuera de servicio. Cabe recordar que tras conocerse el caso de gatillo fácil de Matías, las organizaciones del barrio emitieron un texto señalando: "En un contexto de crisis económica y social, al que al desguazamiento de políticas públicas se suma la generalización de la desocupación, dar permiso para matar a las fuerzas de seguridad es la aceptación de una política que se propone cerrar con represión los desequilibrios que produce la desigualdad económica. Esto deja a lxs pibxs de los barrios más humildes a la buena de la voracidad policial, que bajo directivas ministeriales que jerarquizan su labor con la vara represiva, salen a la cacería de cualquier ocasión para imponer por la fuerza y sostener con su aquiescencia, todas las formas de terror territorial".

Además, solicitaron "al Juez que se investigue seriamente la conducta policial y se le recordaron a la Justicia las recomendaciones que este año hizo el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas a nuestro país en cuanto a su obligación de erradicar la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes, especialmente la que ejerce la policía contra los y las adolescentes de barrios populares". 

11.3.2019

Por Nicolás Dimuro

Alquileres por las nubes y se derrumba cada vez más el sueño de la casa propia. La gran estafa de la villa olímpica en el sur porteño es otra muestra de que esta problemática se encuentra dentro de las principales preocupaciones de los habitantes de la ciudad.

El barrio olímpico fue presentado como un proyecto de vivienda social para el sur de la ciudad. Esta fue la promesa (una de las tantas de Cambiemos) que usó el Gobierno para lavarle la cara a un obsceno mega emprendimiento inmobiliario, que utilizó como vidriera al mundo ya que la Villa Olímpica fue una de las sedes más importante de los juegos olímpicos juveniles.

Decía Mauricio Macri en la inauguración “este tipo de eventos y todo lo que estamos haciendo están generando credibilidad en el mundo”. Las publicidades del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y palabras de funcionarios como Maqueyra o Larreta que hablaban de “vivienda social”, hoy en los hechos demuestran que de social no tienen nada.

Cientos de familias que pudieron ingresar al programa Barrio Olímpico (posibilidad por cierto muy restrictiva) para cumplir el sueño de la casa propia, se encuentran atravesando varias dificultades económicas para el acceso a estas viviendas.

¿Cuáles son esas dificultades? En el preacuerdo se debía realizar 6 % de ahorro del valor de la propiedad, en nueve plazos fijos consecutivos y requería ingresos formales, informales o mixtos.

Al momento del presente acuerdo se publicó, en varios sitios web y en el propio organismo del IVC, el valor de la propiedad como el monto al que se debía llegar por medio del ahorro previo.

Algo que no se respetó, ya que en febrero el IVC anunció el aumento de las unidades. No solo esto, el crédito al que accedieron cientos de familia por el sistema UVA está atado directamente a la inflación. Si se tiene en cuenta que en el 2018 la misma supero el 47% se podrá observar cómo se desvanece la ilusión de la casa propia.

Por ejemplo, una familia que comenzó pagando como ahorro previo por una unidad de dos ambientes, $15000 (610 UVAS en agosto) a la fecha de hoy (febrero 2019) está pagando $20611,9. Al aumento desmedido de las cuotas UVA y del valor de la unidad se le suma que en junio del corriente año, las familias tendrán que abonar en pesos y al contado la escritura. El panorama es crítico y cada día se bajan más familias dada la situación económica. Los créditos UVA llegaron al fracaso.

Ahora bien, olvidémonos por un rato del sueño de la casa propia. ¿Puede una familia acceder a un alquiler? En el sur de la ciudad, una unidad de uno o dos ambientes, parte como piso de $ 9.000.

A esto se le suman los requisitos generales, dos meses de depósito y uno o dos meses de adelanto. Un simple cálculo evidencia que una familia necesita entre $ 30 mil y $ 40 mil solo para poder ingresar a una vivienda. Y olvidábamos un “pequeño” detalle, el de la garantía de propietario de capital. Preguntamos nuevamente ¿puede una familia acceder a una vivienda medianamente digna?

Para contestar esto nos faltó mencionar el desempleo y empleo precario sobre todo para las mujeres y la juventud, los tarifazos en los servicios de luz y gas, la SUBE, el aumento fenomenal de los alimentos y muchos etcéteras más.

Según el último Censo del 2010, el déficit habitacional alcanza a 16 millones de argentinos, lo que equivale al 35 % de la población, convirtiéndose en uno de los problemas estructurales más acuciantes que afectan a amplios sectores de la población. En la ciudad se calcula que existen 340.000 viviendas desocupadas que superan dos veces y medio el déficit habitacional (140.000).

Una última pregunta, al menos por ahora: ¿Con el país bajo la dirección del FMI, esta compleja situación tiene alguna perspectiva de solución? La respuesta es categórica: NO. Tanto el gobierno actual como la oposición peronista en todas sus variantes reafirmaron la subordinación al FMI de Lagarde. Si no se desconoce la deuda y se destina esa plata a educación, salud y vivienda junto con otras medidas para atacar seriamente esta problemática, las familias del sur y de la capital no tienen salida a tan compleja situación.

La legisladora por el PTS – FIT Myriam Bregman señaló, entre otros conceptos, que “el Nuevo Código Urbano y el Código de Edificación presentado, es para aumentar la capacidad de construir para los ricos y en función del negocio inmobiliario, en detrimento de las clases medias y populares. (…) están dictados por un sentido común neoliberal extremo, que supone que al incentivar la construcción de millones de m2, aumentará la población total de la ciudad o que bajará el precio del acceso a la vivienda, por la mayor oferta. Pero la realidad es que el precio ha subido, a pesar del promedio del millón de m2 construidos cada año”.

Denunció que este “aumento del precio del suelo urbano genera gentrificación, es decir, la elitización del espacio público y el hábitat urbano a costa de expulsar a la población de menores recursos hacia las afueras”.

Las propuestas que levanta el Frente de izquierda a través de su programa para viviendas son medidas que se tornan urgentes para terminar con el flagelo de miles de familias.

Como primera medida, el no pago de la deuda externa para que esa plata se invierta en viviendas sociales, salud y educación.

Una medida elemental sería la prohibición de desalojos por 180 días o hasta tanto no se compruebe que la familia tiene ingresos estables para poder alquilar en otro lado.

A los grupos concentrados, sobre todo del rubro inmobiliario se les tendría que cobrar un Impuesto particular, destinado a la refacción y construcción de nuevas viviendas.

La Iglesia es una de las instituciones que más terrenos posee y en su gran mayoría ociosos. Tienen que estar puestos al servicio de familias que no poseen viviendas.

En cuanto a la construcción de viviendas nuevas, que participen vecinos, destinatarios, organizaciones sindicales y sociales, y las universidades para que aprueben o no la construcción en relación al impacto urbano (valores de suelo, ubicación, redes de servicios, infraestructura, impacto ambiental, en la movilidad, paisaje urbano, etc.)