Red de radios

5.4.2019

Corridas y gases frente a Desarrollo Social. “Fuera Patricia Bullrich de la calle”

“¡Hay una compañera detenida, de 60 años, responsable de un comedor de La Matanza”!, la denuncia retumbó frente al Ministerio de Desarrollo Social, en la 9 de Julio, luego de que la Infantería de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimiera a los manifestantes del Polo Obrero, el MTR, el FOL y Barrios de Pie que intentaban realizar un acampe para exigir a la ministra Carolina Stanley la convocatoria a una mesa de emergencia para ampliar la ayuda social. 

El acampe de las organizaciones de base estaba convocado para después de la movilización que este mediodía protagonizaron diferentes centrales gremiales en el centro porteño. La detención de Lidia Ríos ocurrió mientras esperaba al resto de sus compañeros para comenzar la protesta. Tras su detención, los agentes porteños confiscaron los bolsos, las bolsas de dormir y el resto de los elementos con los que los manifestantes se proponían pernoctar frente a Desarrollo Social. 

Ríos, quien denunció que la policía de Horacio Rodríguez Larreta la manoseó y le tiró gas lacrimógeno, fue acusada de “resistencia a la autoridad”. Otra de las manifestantes advirtió que los mismos agentes que detuvieron a su compañera, que tiene dificultades para caminar, “me rompieron el pañuelo, me ahorcaron y me amenazaron con llevarme detenida”. 

Tras la primera detención, la Policía de la Ciudad también reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a algunos de los manifestantes que intentaban instalarse frente al Ministerio. “¡Ministra atienda los reclamos sociales! Esto es una manifestación y las manifestaciones no están prohibidas en la Argentina, excepto que Mauricio Macri haya declarado el Estado de sitio. ¡Fuera (Patricia) Bullrcih de la calle!”, reclamó Eduardo Belliboni. 

Los dirigentes de las organizaciones adelantaron que permanecerán sobre la 9 de Julio hasta la apertura de una nueva instancia de diálogo con la ministra Stanley, quien ayer rechazó los reclamos que motivaron la movilización de la jornada. 

5.4.2019

Por Gabriela Carpineti*

"Es importante que aprovechemos los pocos mecanismos de participación ciudadana que tenemos hoy en día y que todas y todos los que creemos que tiene que haber una justicia independiente, comprometida con los Derechos Humanos, impugnemos a estos tres candidatos".

El macrismo sigue cooptando la justicia para garantizar la impunidad de sus negocios y tener un poder judicial al servicio de los intereses económicos de las corporaciones inmobiliarias, de la obra pública y los servicios. En este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta propuso a Santiago Otamendi y a Marcela De Langhe para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y a Juan Bautista Mahiques para el puesto de Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, luego de la escandalosa renuncia de Martín Ocampo a partir de los incidentes en el River-Boca que no llegó a disputarse en el Estadio Monumental. Ocampo, quien también se desempeñaba como Ministro de Seguridad es un hombre de confianza de Daniel Angelici, al igual que su reemplazante. Mahiques quien es una de las principales espadas del macrismo en la justicia, apadrinado por el actual presidente de Boca fue nombrado como subsecretario de relaciones con el Poder Judicial y representante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo. Además de no contar con los antecedentes necesarios, es curioso como este “ascenso” se da apenas dos días después de que el mismo Mahiques presentara en el Consejo de la Magistratura la denuncia contra el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Santiago Otamendi es otro militante macrista, "tan abiertamente militante macrista" que participaba asiduamente de los timbreos que suele hacer el gobierno nacional, tanto junto a Germán Garavano como con otros funcionarios y ex funcionarios caídos en desgracia como el ex ministro de Finanzas y Presidente del BCRA, Luis Caputo. En la actualidad es el Secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en los hechos, el número 2 de Garavano y fue denunciado por el actual titular de la Unidad Especializada de Investigación del atentado a la AMIA, Mario Ciamadevilla, por encubrimiento, cohecho, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público junto con el actual Ministro y el Jefe de Gabinete de la dependencia, Esteban Conte Grand. El fundamento de la denuncia que está en el Juzgado Federal de Julián Ercolini es entorpecer la causa en la que se investiga la responsabilidad penal que tuvieron quienes investigaron el atentado, por haber desviado o plantado pruebas en una situación de extrema gravedad institucional.

Marcela De Langhe es jueza en la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y cumple con el único requisito exigido por la administración de Larreta es el de tener algún cargo en la gestión macrista, en este caso la magistrada es, además, Directora del Instituto Superior de Seguridad Publica, donde se forman los cadetes de la Policía de la Ciudad. La misma policía que persigue a manteros, vendedores ambulantes y cartoneros mientras que por otro lado no puede garantizar la seguridad en un partido de fútbol. De Langhe no cuenta con un currículum a la altura del puesto que pretende ocupar, pero sí cuenta con el apoyo del Coti Nosiglia, Daniel Angelici y toda la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le garantiza los votos del bloque Evolución de Martín Losteau.

La fecha para presentar las impugnaciones y adhesiones correspondientes vence el 10 de abril, es importante que aprovechemos los pocos mecanismos de participación ciudadana que tenemos hoy en día y que todas y todos los que creemos que tiene que haber una justicia independiente, comprometida con los Derechos Humanos y los intereses de los más humildes, los que trabajamos y producimos la riqueza de la Ciudad de Buenos Aires, impugnemos a estos tres candidatos antes de que ingresen los pliegos a la Legislatura donde ya sabemos que Cambiemos tiene mayoría automática. 

Hay que romper el cerco mediático que impone la casta política. Acompaño un modelo de impugnación que puede ser completado por cualquier persona que considere que hay motivos suficientes para que Mahiques no sea Fiscal General y De Langhe y Otamendi no sean jueces del TSJ. Podés llevarlo a la mesa de entrada del Ministerio de Justicia de la Ciudad o en un sobre en Avenida de Mayo 881 3º " K". 

Formulario Impugnación

*Referente de la Agrupación Tres Banderas del Frente Patria Grande y abogada de la CTEP.

5.4.2019

Melina Michniuk

Hace más de 7 meses se prendían fuego las instalaciones del centro de salud del barrio Cildáñez, al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires. Al día de la fecha continúan sin una salida de fondo.

Los trabajadores y usuarios del Cesac 14 del barrio Cildáñez, dependiente del área programática del hospital Piñero, se encuentran organizados y aguardando una solución definitiva por el incendio del 25 de agosto del año pasado, que destruyó totalmente las instalaciones del lugar.

El Cesac tenía más de 40 años de antigüedad y había sido construido con material precario y tóxico para la salud, como el asbesto – material presente en las placas de las paredes del edificio – que es cancerígeno, motivo por lo cual desde el año 2003 está prohibido en el país su utilización para la construcción. Los restos de infraestructura incendiada continúan en la zona, demorando su demolición por desidia del gobierno.

Desde entonces, producto de la organización de los trabajadores, se puso en pie un “plan de contingencia” para garantizar la atención a la población, ubicada en una de las zonas más carenciadas de la ciudad (Villa Lugano), a la par que se exigía la reanudación de las obras del nuevo Cesac cuya construcción había sido concesionada al Grupo VIARSA por $105.154.463,25 en junio del 2018.

Desde la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del GBCA cuyo responsable es Gabriel Armando Battistella, se comprometieron a finalizar las obras para diciembre de 2018 y mientras tanto, a garantizar la atención poniendo a disposición instituciones como un CPI o Club de barrio cercanos a las inmediaciones del Cesac 14 para la atención no médica y tareas administrativas, al igual que otorgar containers para la atención médica.

Los plazos no se cumplieron, al día de la fecha las autoridades afirman que para junio de este año se finalizarán las obras. Mientras tanto, los trabajadores continúan atendiendo de forma precaria en trailers muchas veces sin luz y sin agua, sin servicio de farmacia para brindar los medicamentos a la población que lo requiere así como tampoco leche para las mujeres embarazadas y niños de hasta 6 años como refuerzo alimentario.

Algo que se vuelve más brutal cuando por efectos de la crisis económica y social digitada por el FMI, 4 de cada 10 niños son pobres en Argentina y un 8,6% vive en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos, según reciente informe de Unicef.

Cuando el 28% de la población de Capital Federal depende del sistema de salud público, quienes no pueden acceder a una prepaga ni obra social por no poseer trabajo en blanco en medio de los altos índices de desempleo y precarización laboral; la comunidad de Cildáñez se ve afectada por la reducción de turnos, la disminución de prácticas y prestaciones que no son posibles de llevarse a cabo en estas condiciones y por la ausencia de una sala de espera digna, teniendo que esperar parados en la calle, con casi ninguna protección a lluvias o calor extremo como al tránsito (autos que transitan a altas velocidades en calles de acceso a los trailers y al CPI).

No puede ser que en la ciudad con más recursos del país se esté brindando un servicio de salud en estas pésimas condiciones. El pueblo trabajador necesita una salida de fondo. Se necesita que los recursos vayan a la salud y educación pública y no a la deuda usurera.

4.4.2019

Por Juan Manuel Ciucci 

Entrevista a Grecia, una de las vecinas adjudicatarias de las viviendas en Villa Olímpica, que se movilizó a Plaza Congreso la semana pasada para exigirle una respuesta al gobierno de Larreta.

APU: ¿Qué conflicto atraviesan quienes fueron adjudicatarias/os de las viviendas del Barrio Olímpico?

Grecia (prefirió no brindar su apellido): El conflicto que atraviesan las familias pasó primero porque no se contempló la composición de las familias, por lo que nos enteramos que 6 personas iban a vivir en un 2 ambientes con total hacinamiento… Al igual que las familias con algún integrante con discapacidad. Hoy ha disminuido la calidad de vida de la gente, ya que al tener que pagar un ahorro anexado al UVA por 9 meses las cuotas mes a mes subieron aproximadamente 1.000 llegando una familia a pagar más del 70 por ciento de sus ingresos. Muchas de las mismas tuvieron que optar por mudarse con sus papás para solventar cuotas que varían entre 20.000 y 25.000 pesos.

APU: ¿Qué respuesta han recibido por parte de las autoridades?

Grecia: Con reclamos continuos, viendo que primero no entrábamos… Por el desfasaje del valor del precio de la unidad con un incremento de hasta un millón de pesos, solicitamos al IVC una reunión. Ya que ninguno de nosotros poseía esa diferencia y tampoco su salario aumentó como para que el banco te otorgara la diferencia. Ya que muchas familias se iban a quedar fuera del plan que era catalogado como vivienda social y haciendo campaña electoral, el Gobierno de la Ciudad tuvo que retroceder. Muy pocos pasos… sólo congeló el valor de la propiedad a una UVA de $ 28,16. Dejando nuevamente el tema de la cuota a la deriva. Hoy nuestro problema no es ingresar sino que es la cuota y que esté atada al UVA, y que su vez está atada a la inflación. Reunión tras reunión seguimos sin obtener respuesta alguna. Solo dilatan en el tiempo las reuniones.

APU: ¿Hay quienes ya estén viviendo allí?

Grecia: En este momento nadie habita todavía la Villa Olímpica, según el IVC las primeras mudanzas serian en mayo. Todavía ningún pre adjudicado pudo ver lo que está pagando. Recién podríamos hacerlo cuando se firme el segundo acuerdo con el banco. Solo vimos nuestras viviendas por vídeo en las oficinas del IVC.

APU: ¿Cuántas familias se vieron afectadas?

Grecia: En este momento somos cientos de familias, a las otras familias no las conocemos. Por eso estamos pidiendo el listado de los adjudicados, porque en la ley figura que era el 50% para comuna 8 y 10% policías, 10% docentes, no sabemos si esto se está cumpliendo.

APU: ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Grecia: Nosotros sabemos que ya entramos a la unidad pese a todo, el gobierno estiró el crédito a 82% de la unidad omitiendo que el mismo no puede superar el 25% de tu salario. Esto es para informales y mixtos, en el caso de los formales solo es el 80%. Nuestro problema es el nivel inflacionario del pais, ya que nuestra cuota sube 1000 pesos por mes. Pagamos cuotas elevadas y el ingreso es mayor a lo que calculamos al principio de la adjudicación. Ya varió 5 mil pesos. Lo que antes era 12.000 pesos hoy se hacen más de 17.000 en algunos casos. Y así puede subir porque no tiene techo. Nosotros vamos a seguir luchando por lo que prometieron, por lo pronto ya hemos tocado la Legislatura, defensorías, instituciones, diferentes cortes actos, salir en medios de comunicación. Vamos a seguir movilizados y exigiéndole al IVC que es el encargado que dé las garantías para que a ninguna familia se le remate la casa. La próxima medida es el jueves, nos movilizamos al Instituto de la Vivienda para hacer un acto y pedir repuestas contundentes sobre las garantías para las cuotas.

3.4.2019

Por Observatorio del Derecho a  la Ciudad

Se trata de la ley N° 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, aprobada por la Legislatura porteña luego del conflicto de la ocupación del Parque Indoamericano.

Por esta ley, el GCBA tiene la obligación de formular e implementar políticas públicas para las personas en situación de calle en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaborada y coordinada intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado.

Esta política integral no existe y la principal herramienta que emplea el GCBA son los paradores y el subsidio habitacional.

El GCBA informa que actualmente 9.177 personas que se encontraban en situación de calle perciben subsidio habitacional del Programa Atención para Familias en Situación de Calle para que puedan alquilar en hoteles o viviendas.

Lo que no dicen es que de este número, casi el 60% (5.367 personas) percibieron el subsidio habitacional en virtud de una medida judicial.

De acuerdo al Decreto N° 637/2016, los montos del beneficio deben oscilar entre los dos mil quinientos ($2.500) y los cuatro mil pesos ($4.000), siendo esta última suba el tope máximo. Pero, aún así, el monto promedio del subsidio otorgado fue de $ 6.476.

Esto se debe a que las personas por vía judicial obtienen un mayor monto de subsidio, superando los límites del decreto, porque en el mercado de alquileres es casi imposible conseguir una vivienda por $ 4.000.

De estos datos se desprende que seis de cada diez personas en situación de calle tuvo que ir a la justicia para acceder al subsidio habitacional, a un plazo mayor o a un mayor monto y que la sentencia judicial prácticamente se ha transformado en un requisito administrativo más. La lectura de esta situación es que el GCBA utiliza a la Justicia como un filtro más para no garantizar el derecho a la vivienda.

Del año 2018 al año 2019 disminuyeron las familias que perciben el subsidio pero aumentaron casi en 800 las personas que acceden por vía judicial. Es decir, en este último año, el GCBA ha adoptado una política de acceso muy restrictiva que generó el aumento de la judicialización y la disminución de beneficiarios en un contexto donde la crisis habitacional se agrava.