Red de radios

1.4.2019

La vivienda, de tres plantas y en donde funcionaba un supermercado chino, se desmoronó a causa de la excavación en una obra lindera. La víctima estaba durmiendo. El siniestro ocurrió en Pavón al 3000 a media tarde. 

Un hombre de 32 años murió al derrumbarse una vivienda de tres plantas ubicada en Pavón 3094, en el barrio porteño de San Cristóbal. Según testigos, la excavación de una obra lindera al edificio, donde además funcionaba un supermercado chino, habría sido el causante del colapso del inmueble. En tanto el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que otras seis personas fueron atendidas en el lugar por escoriaciones leves y crisis de nervios. En febrero, la Uocra había denunciado a la obra por irregularidades.

El siniestro, que provocó gran conmoción en la zona, ocurrió pasadas las 16 cuando el inmueble en el que funcionaba un supermercado chino en la planta baja, y dos departamentos en las plantas superiores, se derrumbó.

Testigos del derrumbe explicaron que el supermercado “estaba cerrado” y que al lado “hay una casa de la que alcanzaron a salir un niño de 12 años y un joven”.

La víctima, que estaba en el primer piso, “quedó atrapada entre escombros. Lamento que no haya podido resistir, teníamos todo preparado para trasladarlo en helicóptero al hospital Santojanni”, dijo el titular del SAME.

Otro vecino explicó que lindero al supermercado “había una obra en construcción, nosotros tenemos un estudio de arquitectura, estábamos trabajando cuando escuchamos un ruido muy fuerte, se apagaron las computadoras y salimos para ver si había heridos”. “Vimos polvo, escuchamos gritos, luego salió la arquitecta de la obra en construcción también a los gritos y en estado de crisis”, aseguró Matías Pittaluga, empleado del estudio.

Además, señaló que “la parte de adelante del inmueble fue la que se desmoronó, la víctima creemos que estaba en el departamento en la parte de atrás” de la planta alta.

De acuerdo al jefe de bomberos de la estación de Parque Patricios, Fabián Bordaber, el fallecido, de nacionalidad china, era uno de los dos dueños del supermercado.

En el lugar trabajaron dotaciones de ambulancias del SAME, personal de Defensa Civil, rescatistas de bomberos y de la Policía Federal con perros adiestrados para buscar gente entre los escombros.

Respecto al fallecido, el titular del SAME dijo que “pese al esfuerzo de los bomberos, lamentablemente fue muy importante la caída del inmueble y no hubo forma de sacarlo con vida”.

Familiares de la víctima fueron asistidas por grupos de psicólogos, mientras los bomberos, con la asistencia de perros rescatistas, removían escombros para corroborar que no hubiera más atrapados.

La obra en construcción había sido denunciada por la Uocra el 4 de febrero ante la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según el gremio, faltaban protecciones oculares y auditivas, señalización y protección de zanjas y excavaciones, además de cascos.

La Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad informó que la obra está habilitada, tiene seguro y director de obra. Sin embargo, el organismo señaló que en la última inspección, realizada el 25 de marzo, pasado habían detectado irregularidades que debían ser subsanadas. En ese momento intimó a la empresa constructora a realizar tareas de submuración. La nueva inspección estaba pautada para mañana.

31.3.2019

Por Gustavo Sarmiento

En 2019, la Subsecretaría de Vías Peatonales gastará 2600 millones en el mantenimiento de aceras, aunque otras áreas contratan para lo mismo. El monto supera lo invertido en infraestructura escolar y en subtes. Entre las ganadoras hay aportantes a la campaña de Macri.

El fallo que días atrás condenó a la Ciudad a reponer el adoquinado original en Palermo, Colegiales y Belgrano volvió a poner de manifiesto el negocio millonario que ha generado el gobierno porteño con el mantenimiento de las veredas y calles de la Capital Federal. Una red de empresas amigas del macrismo, muchas de ellas aportantes de campaña, que suelen repetirse en las licitaciones y realizan trabajos en veredas sanas. Sólo en 2019 se destinarán más de 7,1 millones de pesos diarios a esta tarea: el monto supera, por ejemplo,  a lo que el Ejecutivo invierte en infraestructura escolar y en el subte.

En la Comuna 14, la Ciudad reemplazó los históricos adoquines por réplicas de materiales más “baratos”. Pasa en otros barrios, pero fue ahí donde la defensora oficial Lorena Lampolio, del Juzgado Nº 20, dictaminó que no remuevan más empedrados y restituyan los antiguos.

“Lo que sucede es producto de un cóctel explosivo que combina la percepción de los vecinos sobre lo que es el ‘progreso’ en el espacio público inmediato y los negocios de las empresas amigas de la gestión”, enfatiza Carlos Blanco, de Basta de Demoler, denunciante en la causa. El empedrado es sólo un eslabón de una cadena millonaria que elaboró el macrismo para el mantenimiento de las trazas porteñas.

“¿Pero esa vereda no la habían arreglado ya?”. La queja de los vecinos se repite. Desde el gobierno sostienen que si bien el mantenimiento depende de cada frentista, decidieron hacerse cargo de su reparación. Para eso lanzaron el Plan Integral de Veredas. Las mayores beneficiadas son las empresas de servicios, principales culpables de las roturas de aceras. Según cálculos de los entes controladores, firmas como Edesur, Edenor y Aysa se “ahorraron” 120 millones entre 2017 y 2018 en reparación de veredas.

A pesar de la crisis y el ajuste, el Ejecutivo porteño destinará más de 2600 millones de pesos para arreglo y mantenimiento de aceras en 2019, la mayoría centralizados en la Subsecretaría de Vías Peatonales. Otro par de miles de millones se repetirá el año próximo, a un ritmo de 7,1 millones por día.

Los números no cierran: en 2014, Macri aprobó el gasto de 600 millones en dos años. En 2016, Larreta renovó la licitación, esta vez por $ 1332 millones. Sin embargo –y de acuerdo a datos oficiales–, de las 321.380 veredas que tenía la Ciudad en 2018, 155.221 aún estaban en mal estado. Entre 2018 y 2019 se presupuestó arreglar 127.674 de ellas, un 82% de todas las que estaban mal. A pesar de que la mayoría ya estarían arregladas, aún resta desembolsar otros $ 2.200 millones en 2020. La hipótesis: están rompiendo veredas “sanas”.

“El de Vías Peatonales es uno de los presupuestos más importantes: supera los 1.256 millones que se destinan a infraestructura escolar y los 729 millones para obras en el subte. Es importante pensar dónde ponen las prioridades, por qué destinan tanto dinero a veredas y cuáles son las empresas que ganan. Y ahí descubrís las redes de contacto y negocios detrás de cada una, como Bricons, que aportó un millón de pesos a la campaña y ganó 228 millones en obras”, resalta la legisladora Andrea Conde (Unidad Ciudadana).

Bajo la gestión de Macri y Larreta se cartelizaron las licitaciones del espacio público, adjudicando cada comuna a una empresa determinada. Los llamados se dan cada dos años, y los nombres de las ganadoras se repiten. Aparte de Bricons aparecen otras aportantes: Altote, Control Ecológico SA, Naku, Marcalba, Ingevial. También Urbaser, esponsor de la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y socia del Grupo Macri en ACS. Tanto esta como Salvatori y Mantelectric coinciden en otra licitación cartelizada del Ministerio de Ambiente y Espacio Público: la del “Servicio de Mantenimiento Integral de las Áreas Verdes”, tanto en 2015 como días atrás cuando adjudicaron la de 2019-2021. Entre ambas, Ciudad gastará más de $ 3000 millones. Mantelectric se presentó junto a SES SA, la empresa de Nicolás Caputo. Desde 2015 a julio de 2018 se vieron beneficiadas con ocho readecuaciones de precios, que duplicaron el valor original.

El Plan Integral de Veredas prevé otros $ 4500 millones para licitaciones de calles, desde tareas de pavimentación hasta obras de bacheo, aunque nadie precisa en qué se diferencian de las tareas que hacen las empresas encargadas de las aceras.

El Ejecutivo le sumó además 38 contrataciones directas por $ 64 millones para más arreglos de veredas a dos firmas (Derby Eland SA y EcomLat), cuyos dueños son amigos. Otros 13.500.000 de pesos fueron para McKinsey, en un servicio de consultoría que busca “optimizar el mantenimiento de veredas de la Ciudad”. Se trata de la firma donde se conocieron Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. El macrismo tercerizó incluso la inspección de obras en vías peatonales, pagándole 38 millones a la empresa HYTSA.

La legisladora Conde destaca la figura de Efraín Viejobueno. Es el gerente operativo de Coordinación de Vías Peatonales: “Está en RRLL, del Grupo Macri, y viene de IECSA, de Angelo Calcaterra, su tío. Lo dice sin desparpajo en sus redes. Juega de los dos lados del mostrador”.

Más allá de los millones y de  tercerizar acciones que podría realizar el Estado a menor costo, los trabajos de las empresas avanzan con dudosos criterios estéticos (ejemplo, las capas de cemento reticuladas en lugar de baldosas) y en varios casos avasallando la identidad y la memoria barrial. Ocurrió en Juan B. Justo al 2700, donde retiraron la baldosa que contenía nombres de la familia Gallina, desaparecida por la dictadura cívico–militar en 1977.

Diferentes contratos para hacer la misma tarea

Es normal encontrar en la Ciudad licitaciones de diferentes ministerios que superponen tareas. Mientras el de Ambiente se encarga del mantenimiento de las veredas y de los espacios verdes, el de Desarrollo Urbano contrata firmas para trabajos como el “Plan de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa en la Ciudad”. Lo hizo el año pasado por 2033 millones de pesos –con un sobreprecio de 145 millones– y de nuevo dividiendo en zonas para beneficio de más empresas. Una beneficiada fue Mantelectric, que también ganó en la licitación de veredas y en la del mantenimiento de espacios verdes. Otro llamado fue para la construcción y mantenimiento de cunetas y cruces de hormigón para la red de ciclovías, que también involucran veredas. Serán 142 millones de pesos por dos años.

A esto se suman obras en aceras de la Secretaría de Gestión Ciudadana, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y hasta del BA Elige, que seleccionó proyectos para arreglar veredas por $ 100 millones, a pesar de que ya estaban contempladas en las licitaciones de Ambiente.

Marcalba, aportante y gran ganador

Una de las firmas paradigmáticas en el arreglo de veredas es Marcalba SA Uno de sus dueños es Alejandro Gastón Radetic, acusado de correr picadas por la 9 de Julio y subir los videos a sus redes sociales. Entre él, su socio Alberto Andrenacci y la hija de este, María de los Ángeles, aportaron a la campaña de Mauricio Macri unos 562.500 pesos, bastante poco comparado con los más de 500 millones que ganaron en estos años bajo la gestión macrista. La licitación “Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad de Buenos Aires 2015/16” dividió en zonas a la Capital Federal y los dos socios fueron por separado. En la Zona 11 ganó Fontana Nicastro (también de Andrenacci) por $ 85.124.305; la Zona 10 fue obtenida por Marcalba a un valor de $ 84.227.258. Su prosperidad continuó, porque a Marcalba le adjudicaron la Zona 8 en la licitación del mantenimiento y arreglo de las aceras para el período 2017-2018: a los $ 122 millones que obtuvo originalmente en 2016, le agregó cuatro readecuaciones de precios, por más de 51 millones de pesos extra.

31.3.2019

Por RNMA
 

Entre fines de mayo y principios de junio se realizará en la Ciudad de Buenos Aires un “censo de gente en situación de calle”, solicitado por organizaciones sociales y llevado adelante por el Colectivo Proyecto 7. Ante la dramática situación, en el Enredando las Mañanas de este jueves hablamos con uno de sus integrantes, Leonardo García.

En principio, el entrevistado nos aclaró que no se trata de un censo oficial, sino llamado por algunas organizaciones sociales, aunque también participan organismos del Estado: “básicamente es para mostrar la realidad de la problemática de la gente en situación de calle, que no es la misma que la que nos cuenta el gobierno de turno, y nosotros trataremos de contar la mayor cantidad de gente que esté hoy en día en esa situación, que no son los 1.091 que dice el gobierno de Larreta”.

En relación a los datos difundidos de manera oficial a través de las agencias del Estado, Leonardo García explicó que “no es una realidad lo que cuentan, vos imaginate que la gente en la calle a veces no puede ni sacar un documento, porque no tiene un domicilio fijo y le dan miles de vueltas para sacarlo, entonces es casi imposible que puedan mandar a sus chicos al colegio” y agregó: “nosotros nos ocupamos de eso, de que la gente que está en nuestros hogares tenga su documento, que pueda mandar a sus chicos al colegio, tratamos de que la gente en situación de calle también lo pueda hacer prestándole la dirección o haciendo cosas que por ahí los organismos oficiales no hacen”.

Estamos en año electoral y el gobierno necesita mostrar presencia para recopilar votos, simular preocupación y cercanía con la gente, y en contraposición aparece este censo, que dura algunos días y que, según asegura el entrevistado, “no es lo que hacen ellos”, porque “ellos salen una jornada a contar la gente que está en la calle, ni siquiera se bajan del auto, pasan por al lado de una ranchada, cuentan cuántos hay y listo, es así, es sencillo su censo”, mientras que “nosotros salimos 3 o 4 días a sentarnos con la gente, preguntarles por qué están en la calle, en qué se les puede dar una mano, cómo motivarlos, hablar con la gente y aparte mostrar la verdadera cantidad de gente que hay en situación de calle, que hoy en día no son menos de 8 mil personas, te lo puedo asegurar.

Leonardo García explicó también que las agencias gubernamentales no relevan los casos de personas que reciben subsidios habitacionales: “no existe para ellos, para ellos estás en la calle o no estás, y a la mayoría de gente que está en la calle ni siquiera la ven, porque los números te lo dicen; es muy sencillo, hoy en día te tomás un colectivo y mirás a la vereda y en cualquier vereda hay una persona en la calle, es terrible la situación en la que estamos viviendo, familias enteras, familias nuevas que las ves con su roperito y su heladera en una esquina abajo de un techo, una situación desgarradora”.

Para el integrante de Proyecto 7 “la sociedad tampoco es estúpida, solamente con ver el índice de pobreza, el índice de indigencia, el índice de desocupación, es algo totalmente lógico que haya mucha más gente en la calle, no se puede negar”.

29.3.2019

En plena campaña electoral por el centro de estudiantes del colegio Normal Superior 10, ubicado en Belgrano, el rector Diego Sosa prohíbe a estudiantes secundarios presentarse a las elecciones por ser socialistas.

El día jueves 28, sólo 4 días después del 43° aniversario la etapa más represiva y persecutoria que tuvo la historia argentina, el vicerrector Diego Sosa del colegio público Normal 10, del barrio porteño Belgrano, intentó avanzar sobre una de las principales conquistas del movimiento estudiantil: la libertad política en los colegios públicos.

El rector, citó a dos de los estudiantes que impulsan la lista 9, "Estudiantes Socialistas y Feministas", y les comunicó que debían cambiar el nombre de la lista y sacar la palabra "socialista" porque esto "incumple las normas del colegio y es hacer política". Y amenazó con sacar los carteles de la lista, si los estudiantes no accedían a su pedido de modificar el nombre.

"Es increíble la hipocresía del vicerrector que hace 3 días dio un discurso digno de cámaras sobre la vuelta a la democracia, y hoy nos prohíbe el derecho conquistado de hacer política en la escuela" Relató uno de los estudiantes del colegio.

Desde la lista 9, "Estudiantes socialistas y feministas", compuesta por militantes de No Pasarán y estudiantes independientes, denuncian que es un grave hecho de persecución política lo que está intentando llevar adelante el vicerrector, y que van a impulsar una campaña por la libertad democrática y contra la persecución política dentro y fuera del colegio, buscando la solidaridad de otros sectores.

Los estudiantes le pidieron al vicerrector fundamentos para explicar lo que estaba haciendo, y este les explicó que “se trata de un contexto educativo”, y que en él “no está permitido hacer política con ideologías" aún siendo una institución pública.

“No se puede dejar pasar un hecho así en una época en la que el gobierno de Macri intenta avanzar sobre nosotros con represión y ajuste apuntando a disminuir nuestros derechos con la reforma laboral, la reforma previsional y la doctrina Chocobar. El derecho de los alumnos en los colegios públicos a organizarse políticamente no puede ser vulnerado. Estaríamos volviendo atrás en el tiempo”, opinó una de las integrantes de la Lista.

29.3.2019

Por Lorena Sokol

Las denuncias sobre la precaria situación de los comedores escolares en la Ciudad de Buenos Aires, se acumulan.

Esta semana se compartió en las redes sociales un video donde una alumna del Comercial 35 de Villa Lugano muestra un sándwich que estaba en un paquete de plástico cerrado y tenía insectos en su interior.

Ahora se conoció que el día 28 de marzo varias escuelas de la ciudad recibieron milanesas contaminadas con plástico, que fueron entregadas por el proveedor Rubén A. Otero contenía a simple vista plástico de color azul que hacía que no fuera apto para el consumo de niñas y niños que concurren al comedor.

El colmo de la situación es que mientras se conocen los altos índices de pobreza que atacan a las familias que envían a sus hijos a la escuela pública, el gobierno de la Ciudad entrega comida en mal estado y en muchos casos le exige a las familias que paguen por el servicio de comedor escolar

El gobierno de Larreta no garantiza que la comida se entregue en buen estado, ajusta las raciones e incluye más trabas en la inscripción a las becas alimentarias. Contra esta situación las bancas del PTS-FIT presentaron un proyecto que da una respuesta a la situación actual para terminar con el negocio de las concesionarias y universalizar el servicio de comedores escolares.

La situación en los comedores escolares de la Ciudad sigue generando preocupación. A los crecientes impedimentos para que los chicos reciban su ración, ahora se le sumó el mal estado de la comida. En este marco, docentes denunciaron y mostraron imágenes de comida entregada por el Gobierno porteño que tendría plástico en su interior.

“La famosa #milaplastica que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entrega a nuestros pibes en las escuelas. Por si no alcanzaba recortar viandas, limitar su servicio gratuito y pretender que cada familia pague 110 $ diarios… a falta de carne le metemos plástico”, detalló en su cuenta de Twitter Marilina Arias, referente de la agrupación 9 de Abril del sindicato docente Ademys y candidata a Legisladora en CABA por el Frente de Izquierda.

También se pronunciaron desde el Cuerpo de Delegados de Cooperadoras Escolares de CABA denunciando “la gravísima situación y exigen la urgente intervención de todas las áreas del gobierno”.

A un servicio de mala calidad se suma que desde finales del ciclo lectivo del 2018 circuló una nota que informaba: “A partir del 16/10/18, tramitar para el año próximo la solicitud de becas – refrigerio – en forma online cada familia (…) Luego deberá sacar en la misma página un turno para acercarse a la sede con toda la documentación para validar los datos”.

Así, el sistema online que tantos reclamos genera en la asignación de vacantes escolares llegó también a los comedores, generando una mayor burocratización y menor comida de calidad para nenes y nenas de los jardines y las escuelas primarias de la Ciudad.

Según detallaron, los funcionarios comunicaron a conducciones y familias que aquellos que no realicen la inscripción on line de beca y no vayan a validar la documentación a una sede comunal no tendrán su ración de comida o su sandwich de refrigerio.

Esta medida de Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, muestra el desinterés por la educación pública, más allá de los discursos de campaña, y como se ajusta para cumplir con las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, incluso poniendo en peligro la salud de niños, niñas y docentes.