6.6.2019
El Informe 2018 presentado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad sobre Violencia Institucional mostró que, desde marzo hasta diciembre del año pasado, se registraron 623 hechos de violencia institucional por parte de la policía.
No todas las personas que sufrieron hechos de violencia policial efectuaron denuncias judiciales, sostiene Demian Zayat, coordinador de estadística del programa, en diálogo con Abran Paso.
Según Zayat, existe dos razones para que no realicen una denuncia: Una, las personas tienen miedo a denunciar, “trabajan en la vía pública y siguen yendo al mismo territorio donde se cruzan con el policía que están denunciando, y la otra, porque existen problemas de pruebas, suele no haber testigos o es muy difícil demostrar qué pasó y, para llegar a una condena penal hay que tener una prueba bastante fuerte”.
El año pasado se transfirió de Nación a la Ciudad la competencia de los delitos cometidos por la policía como apremios, torturas, abuso de funciones. Desde el traspaso son considerados delitos de Ciudad y las denuncias se hacen en la Fiscalía de la Ciudad. Antes, las denuncias se hacían en la PROCUVIN y las investigaba un juez y un fiscal de la nación.
La función principal del Ministerio Público de la Defensa es proveer de abogados de forma gratuita para afrontar una defensa penal a las personas que no pueden pagarlo, para esa función hay 24 defensores.
Para ayudar a la tarea de los defensores, en el año 2015 se creó el Programa contra la Violencia Institucional. Su función es monitorear la violencia institucional en la Ciudad, y ayudar a las víctimas a presentar las denuncias contra los policías involucrados en casos de violencia policial.
Para ayudar en las denuncias, se recibe a las víctimas y se arma en conjunto una denuncia con pruebas para que el fiscal avance en la investigación. “Las investigaciones contra la policía siempre son complicadas, sobre todo porque los fiscales tienen que trabajar con los mismos efectivos denunciados en el resto de delitos que se denuncian”, explica Demian.
En el informe del 2018 figura que las zonas de la Ciudad con más violencia institucional fueron la intersección Nazca y Avellaneda en Flores, la zona de Once, los alrededores de la cancha de River por la final de la Libertadores, Villa Soldati, Plaza de Mayo, etc.
El pico más alto de violencia fue después de abril, cuando se hizo una audiencia en la Legislatura y apareció un senegalés con el brazo cortado. En ese contexto se realizó una reunión en la Legislatura y se alertó a los diputados porteños sobre la escalada de violencia que estaba sucediendo. “Esa reunión estuvo buena porque había legisladores del oficialismo y el mensaje llegó”, adujo Zayat.
Después del encuentro en el Parlamento porteño la violencia se calmó un poco, “sin cambiar la estrategia política del Jefe de Gobierno, que es sacar a los vendedores ambulantes de la calle”, afirma Zayat . Y agrega, que “el motivo de la violencia es porque Rodríguez Larreta dio la orden a la policía de sacar a los manteros cómo sea”.
El Informe muestra que la violencia institucional se desplegó sobre todo contra los senegaleses en Flores, y tuvo como respuesta, a la violencia policial de la comisaría de Flores, un desplazamiento de los manteros de esa zona hacia Once. En el último tiempo la policía está persiguiendo, con acciones cada vez más violentas, no solo a senegaleses, sino a todo tipo de vendedores ambulantes de la zona de Once. Es urgente que se arbitren medidas para que esa violencia cese.
