Red de radios

5.7.2019

En total 7.251 personas viven en las calles de la ciudad de Buenos Aires, cinco veces más de las que reconoce la alcaldía de la capital argentina, que contabilizó 1.146 habitantes, afirmaron en rueda de prensa numerosas entidades sociales que elaboraron el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle 2019.

«El total de personas en situación de calle efectiva es 7.251», sostuvo el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El Ministerio Público de la Defensa es un órgano estatal independiente y una de las entidades que elaboraron este censo popular tras recorrer minuciosamente los barrios de la capital argentina junto con una decena de organizaciones civiles y de derechos humanos.

En el contexto de una ola de frío polar que está generando temperaturas cercanas a cero en la ciudad de Buenos Aires, las entidades constataron que el 73% de los habitantes que se encuentran en situación de calle, 5.270 personas, viven a la intemperie.

Sin techo bajo el que cobijarse se encuentran 860 niños y 40 mujeres embarazadas.

El 52% de los consultados, 1.600 personas, afirmaron que era la primera vez que debían dormir en la calle.

«Este relevamiento muestra, en primer lugar, que las personas en situación de calle no son una prioridad para el Gobierno desde hace ya muchos años, lo que convierte esta situación en un problema estructural», manifestó el titular del Ministerio Público de la Defensa.

Las 10 instituciones que conformaron el segundo censo popular desmintieron, de esta manera, que vivan en la calle 1.146 personas, según sostuvo a finales de abril la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

El defensor general de Buenos Aires afirmó que las respuestas de la alcaldía que dirige Horacio Rodríguez Larreta, del mismo signo político que el presidente Mauricio Macri, «son pocas e insuficientes», y que además «no alcanzan a toda la población».

«El Gobierno tampoco cumple la ley y no hace los relevamientos que tiene que hacer de forma adecuada, entonces no tiene la información, no tiene el conocimiento y es claro que a partir de ahí no puede construir una política pública», constató Corti.

Desamparo

El 19% de las personas en situación de calle se reconocieron mujeres, el 1% dijeron ser trans y el 80% restante afirmaron ser varones.

De toda la población en situación de calle, el 56% vivieron siempre en la capital.

La titular de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura Rattagan, afirmó que la alcaldía tiene presupuesto suficiente para amparar a las personas en esta situación de vulnerabilidad, pero que no tiene la voluntad de hacerlo.

Los refugios nocturnos de la capital argentina, en paralelo, deberían estar abiertos durante 24 horas pero eso no se cumple, y «tampoco se garantiza que todos puedan entrar», añadió Segura Rattagan, cuya organización también participó en el censo.

El 9% de las personas que pueden dormir resguardadas, 641, lo hacen en refugios del Gobierno capitalino, mientras que otro 18%, 1.340, lo hacen en otro tipo de establecimientos.

«En estos días les ofrecen hoteles, plata y hasta por poco caviar a las personas de la calle, pero no porque les importen sino porque no quieren que se mueran delante de sus ojos», denunció por su parte el dirigente de la entidad Proyecto 7, Horacio Ávila.

Para elaborar el censo popular se dividieron los 48 barrios de la ciudad más rica de Argentina en cinco zonas que fueron recorridas a distintas horas durante varios días.

La primera encuesta de esta naturaleza, elaborada en 2017, detectó por entonces 4.394 personas en las calles de Buenos Aires, por lo que en la actualidad 2.857 personas más se encuentran en esta situación.

También contribuyeron a realizar este censo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Abrigar Derechos, la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Popular la Dignidad y No Tan Distintas, quienes a su vez recibieron la adhesión de decenas de instituciones más.

4.7.2019

La mayoría automática del macrismo y sus aliados habilitó la medida que además permitirá vender el Mercado de Hacienda. Quejas de los vecinos, quienes tienen miedo de ser desplazados para favorecer a negociados inmobiliarios.

Unos seis predios de la ciudad de Buenos Aires, situados en la Villa 31 de Retiro, podrán ser vendidos por el Gobierno porteño para financiar obras de infraestructura social y amortizar deuda, de acuerdo a una ley aprobada este jueves en la Legislatura, en una sesión en la que vecinos rechazaron la iniciativa por considerar que no garantiza que puedan adquirir esos terrenos que habitan.

En rigor, la norma recibió 41 votos afirmativos del interbloque oficialista, que reúne a Vamos Juntos y Evolución, y 17 en contra y abarcó unos 12 terrenos distribuidos en la Ciudad, incluidos los del barrio Carlos Mugica, conocido como Villa 31, y uno ubicado donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio de Mataderos, que se mudará al partido bonaerense de Cañuelas.

La iniciativa fue remitida en marzo por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura y debatida por la Comisión de Presupuesto, desde donde se realizaron modificaciones.

La Comisión de Presupuesto de la Legislatura había aprobado la venta del 35% del Mercado de Hacienda en Mataderos, y de otros 12 predios, para saldar la deuda de 175 millones de dólares, parte de los 400 millones que Nación le pidió a la Corporación Andina de Fomento para realizar el Paseo del Bajo (aunque terminó costando U$S 650 millones), y que luego transfirió a la Ciudad. De esos predios, uno se encuentra dentro del barrio, y otros seis en terrenos linderos. El proyecto no asegura que los futuros dueños vayan a ser los vecinos que deben ser relocalizados, y deja abierta la puerta para el ingreso de desarrolladores inmobiliarios.

De acuerdo a la Ley 6129 de reurbanización del barrio, todas las decisiones deben tratarse primero en el Consejo de Gestión Participativa (CGP), integrado por representantes del barrio, organismos públicos, y por el propio gobierno. Sin embargo, este proyecto avanzó sin ser propuesto en esa instancia. A diferencia de las otras villas de la Ciudad, en la 31 y 31 Bis las tareas de urbanización están a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana, creada por Larreta para tal fin. Son las que tienen más reclamos de todos los asentamientos porteños.

Una de las ONG que integran el CGP es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que a través de un comunicado pidió la suspensión de la iniciativa. «Creemos que el objetivo es vender esas tierras a terceros, a pesar de que podrían resolver problemas habitacionales, porque la cantidad de viviendas nuevas pautadas de ninguna manera alcanzará a satisfacer la necesidad habitacional del barrio. Si quisieran destinarlas a los habitantes, lo explicitarían en el texto», expresó a Tiempo Pablo Vitale, codirector de ACIJ.

Amalia Aima tiene 54 años. Desde bebita habita el barrio, cuando su madre llegó desde Jujuy con ella y otros seis hermanos. Junto a sus cuatro hijos, nietos y sobrinos, vive en «la parte más histórica», lindera a la Terminal de Retiro: «La venta de tierras es muy preocupante porque no figura que sea en beneficio de los vecinos. Ya con la Ley 6129 habilitaron a que después de cinco años la gente pueda vender su lugar, o que un tercero abone el valor de tres hipotecas y se quede con la casa. No estuvimos de acuerdo pero salió igual».

Amalia dice que el actual proyecto «salió entre gallos y medianoche», y se lamenta porque «mientras se demora la urbanización, y no se debate con los vecinos qué hacer, la villa crece en cantidad de familias, que no son censadas».

La crisis pega fuerte en la ciudad, pero en estos barrios explota: «Llega gente de clase media que nunca pisó una villa, diciendo que alquilaba en otro barrio y ya no puede seguir». Arrastran otro temor: «Hay miedo de que hagan negocios inmobiliarios y aumente el valor de la tierra. Es otra forma de expulsarnos».

Los que esperan ser re-urbanizados aún desconocen a cuánto ascenderán las cuotas. «El sistema constructivo steel framing adoptado para las viviendas nuevas no fue consensuado con los habitantes. Señalan que están acostumbrados a lidiar con plagas, y es común que las ratas se instalen dentro de las cocinas, por el material interno aislante», acota Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y enumera: «Las viviendas del Conjunto Habitacional Containera Azul presentan graves problemas de filtraciones. En algunas hubo desprendimientos de cielorrasos, y no cuentan con red de gas natural. La capacidad de la instalación eléctrica fue mal calculada y colapsa al encender más de un artefacto».

Una urbanización cuestionada por los vecinos

Mientras avanza la venta de tierras en el barrio Carlos Mugica, la urbanización encarada por el gobierno permanece envuelta en dudas y denuncias. A principios de junio, legisladores, vecinos y representantes de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), recorrieron la villa y escucharon las demandas, especialmente en el sector Bajo Autopista, el más próximo a ser mudado, en el que viven más de 800 familias, un 10% del total de las villas 31 y 31 Bis.

Hay habitantes que no fueron censados y otros directamente no fueron considerados como grupo familiar. Los vecinos apuntaron que los modelos de escritura son imprecisos y se contradicen con puntos que les habían informado verbalmente. A menos de un mes de la fecha probable de relocalización, no saben el valor de la vivienda que les adjudicarán ni el precio de las cuotas que deberán pagar. Las casas aún no cuentan con accesos para ambulancias, ni asfalto, ni veredas.
En la Mesa de Urbanización Participativa aseguraron que con la mudanza a las nuevas casas en el sector del predio YPF, las condiciones de vida son peores: «Fueron hechas con paredes de Durlock. Allí no hay posibilidad ni siquiera de usar gas». Desde la Secretaría de Integración Urbana respondieron que los 26 edificios son «viviendas sustentables y de calidad. Se trata de un sistema de construcción en seco, que dentro de sus beneficios presenta la facilidad y rapidez a la hora de realizar reparaciones, sin necesidad de romper paredes ni generar suciedad». Los vecinos firmaron un pedido de acceso a la información pública exigiendo conocer cuáles fueron los criterios para seleccionar las familias beneficiarias, las previsiones ambientales que se tomaron, el precio del metro cuadrado y las fechas previstas para las etapas de la relocalización. Aún no fue respondido.

4.7.2019

Por Junta Interna de ATE en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

Los trabajadores estatales emitieron una declaración sobre el tratamiento en la Legislatura Porteña del proyecto de traspaso del servicio público de electricidad de la órbita Nacional a la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

El jueves 4 de julio la Legislatura Porteña tratará el proyecto de traspaso del servicio público de electricidad de la órbita Nacional a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Pese a haberlo reclamado en todas las instancias en las que hemos participado hasta el momento, 415 trabajadores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) seguimos sin respuestas sobre la continuidad de nuestros puestos de trabajo.

De parte de las autoridades locales existe una carencia total de información sobre la implementación del traspaso del servicio eléctrico y la conformación del nuevo Ente Metropolitano de Servicios Eléctricos (EMSE), que deberá controlar el servicio que EDESUR y EDENOR proveen a más de 10 millones de argentinos. Esta falta de precisiones es preocupante e implica un serio riesgo para los derechos de los usuarios del servicio eléctrico del Área Metropolitana.
Consideramos esencial que en el traspaso del servicio se respete tanto la estabilidad laboral de quienes nos desempeñamos en el ENRE como la “necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios” que prescribe el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Por estas razones, desde la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) del ENRE nos movilizaremos a la Legislatura Porteña el jueves 4 de julio a las 12 horas y no descartamos otras medidas de fuerza en el futuro, hasta lograr que se garanticen todos los puestos de trabajo del ENRE y una adecuada defensa de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico.

4.7.2019

Por Sofía Achigar

Así apuntó contra el gobierno la diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda en la sesión de hoy, donde se aprobó el traspaso de las empresas eléctricas a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La ley salió a favor con los votos del PRO y de los radicales de Evolución que responden a Lousteau.

"Señor presidente, tengo una desgracia bárbara, lugar donde me siento, lugar donde condonan deuda a las empresas eléctricas", ironizó Bregman durante su intervención, en referencia a la condonación de deuda que el Estado realizará con Edenor y Edesur por 35.000 millones de pesos a partir de este traspaso.

La referente del PTS y el Frente de Izquierda Unidad recordó que "cuando fui diputada nacional en el Congreso en 2016 me tocó presenciar otra ley: les traje hoy esta nota de Ámbito Financiero que titula ‘Condonan 19.000 millones a las eléctricas aunque las tarifas ya subieron’. No debe ser mi desgracia sino que le perdonan más plata a las empresas a cambio de un servicio cada vez peor".

Bregman afirmó también que con esta ley “no veo ningún avance de autonomía, sino cómo cumplen con el consenso fiscal que junto con el peronismo votaron en el Congreso Nacional y que es esa política que llaman déficit 0”. A su vez, cuestionó: "Por qué un servicio público tiene que dar ganancia, un servicio público que puede ser igualado a una escuela, tiene que dar ganancia. El concepto está mal, no es un problema de subsidiarlos o aplicar tarifazos, el problema es eliminar el concepto de ganancia de un servicio básico. Esto es lo que cuestionamos".

Antecedentes de traspasos, el (pésimo) ejemplo del Subte

Lo que quedó claro es que la Ley aprobada es una trampa para los usuarios. En los acuerdos que incluye la Resolución que se aprobó, no se plantea hacer ningún control sobre el destino que le dieron Edenor y Edesur a los subsidios que recibieron, qué inversiones realizaron y cuántas ganancias obtuvieron. Es decir, el contrato de concesión del servicio nunca se toca, mucho menos se pone en debate, porque lo que le importa a este gobierno es hacer negocios con derechos elementales del pueblo trabajador como el acceso a la luz.

Utilicemos tan solo un ejemplo: ya vimos qué ocurre con la transferencia de servicios públicos en el caso del Subte. El Estado Nacional le transfirió el Subte a la Ciudad sin controles sobre los balances ni el destino de los subsidios que recibía Metrovías. Luego Roggio confesó que usaba parte de los subsidios para pagar coimas. Como demostró Myriam Bregman con en el amparo que presentó el año pasado junto a Patricio del Corro y Claudio Dellecarbonara, quedó demostrado cómo Metrovías incluye en la tarifa no solo gastos de mantenimiento (gastos que la propia Ciudad le cubre mediante subsidios), sino también los gastos de la gerencia de Metrovías, tales como cenas en restaurants lujosos.

Todo esto ocurrió y ocurre no solo por un control deficiente, sino por una complicidad abierta del GCBA (y de las autoridades del propio Ente Regulador) con Metrovías, ya que nunca se cuestionan los aumentos del servicio, basta con que la empresa diga que tiene que ganar un poquito más para que el gobierno deje pasar todos y cada uno de los tarifazos. Estos acuerdos con empresas llenos de irregularidades ahora se repiten también con el servicio eléctrico.

Negocios para empresarios amigos

Al poco tiempo de que el gobierno nacional comenzara con la liberación de los precios y los tarifazos, quedaron en evidencia las ganancias de sus empresarios amigos, que fueron imposibles de ocultar. En los balances del 2018 se vieron los números del terror. Edenor en su balance oficial reconoce que sus ingresos aumentaron en un 240 %. Edesur, con un margen de aumento del 200 % en sus ingresos, registró ganancias de más $ 3 mil millones. ¿Cómo mejoró eso el servicio? A finales del último verano había más de 30 mil usuarios sin luz. Facturas de luz impagables para miles de familias incluidas las de los trabajadores de las fábricas recuperadas como sucede en la neuquina Zanón o en el conurbano como en MadyGraf.

Sin ir más lejos, hoy rodearon la Legislatura los y las vecinas de la Villa 31 en reclamo de sus viviendas, a quienes el oficialismo les habló de un servicio eficiente y de calidad cuando el Gobierno de la Ciudad es el titular de los medidores comunitarios que las empresas ponen en las villas y quien se tiene que hacer cargo de las instalaciones desde esos medidores comunitarios hasta cada vivienda, pero las mantienen en condiciones de total precariedad, con lo cual ya no solo se trata de un problema del mal funcionamiento del servicio sino que pone en riesgo la vida de los vecinos.

De un lado, ganancias millonarias para los “dueños de la energía” amigos del presidente, como Marcelo Mindlin propietario de Edenor, y Nicolás Caputo, al frente de Edesur. La realidad para las mayorías de esta Ciudad y el país, un servicio público deficiente y de alto costo. Para este Estado, un servicio esencial no es un derecho sino una manera de lucrar con sumas millonarias para algunos pocos. Y que todas las ganancias queden en familia.

Las privatizadas y un sistema estructural que garantizaron todos los gobiernos

Este tipo de acuerdos para efectivizar el traspaso, es un capítulo más en la historia de las privatizadas de este país. El servicio eléctrico se privatizó en 1991 con la ley 24.065. Este traspaso es en los términos de concesión del menemismo. Aún cuando se hicieron reformas, la ley 24.065, el Decreto 714/92 y el esquema de las privatizadas se mantuvieron durante todos los gobiernos posteriores al menemismo.

Y por si fuera poco pretende llevar adelante un traspaso que no hace más que beneficiar a las empresas que desde Menem en adelante no pararon de favorecerse jugando con el acceso a nada menos que la luz de cada ciudadano y ciudadana, lo armaron a la medida de las demandas del Fondo Monetario, acordado entre el oficialismo con el PJ en el famoso Consenso Fiscal del año pasado.

Estamos hablando de la vida de millones de personas. Entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires hay algo más de 5 millones de usuarios contemplando el uso de ambas empresas, que representan a más de 10 millones de personas, y que es aproximadamente el 40 % del consumo eléctrico del país.

Por eso es urgente debatir salidas concretas y realistas. Hay que cambiar el eje del debate y ponerlo en función de las necesidades del pueblo trabajador. Argentina cuenta con una gran capacidad científico tecnológica en materia energética, además de numerosos técnicos en los organismos públicos, empezando por los propios trabajadores del ENRE.

Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos una salida de fondo para resolver el problema: el sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa elijan los órganos de dirección y administración. No como ocurrió ahora con el proyecto de ley aprobado, donde se creará un nuevo ente regulador (EMSE), cuyos funcionarios serán elegidos a dedo por los ejecutivos de Ciudad y la Provincia.

Una producción y distribución que comprenda la participación de comités de usuarios populares. Que el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, así como las cooperativas y gestiones obreras, en el camino de un plan hacia el abaratamiento permanente de los costos energéticos en base al desarrollo productivo.

4.7.2019

Difundimos convocatoria:

Jornada contra la Violencia hacia Personas en Situación de Calle

Sábado 6 de Julio de 11 a 13 hs. en Av. Alberdi y Saladillo, barrio de Mataderos – CABA.

Realizaremos una Olla Popular, Radio Abierta, Intervenciones Artísticas y otras actividades en pos de sensibilizar al barrio sobre la grave situación que atraviesan las personas que hoy se encuentran en situación de calle.

Estamos a más de un mes desde que se dio a conocer un video donde una persona bajó de un automóvil, roció con líquido inflamable y prendió fuego a dos personas que estaban en situación de calle en la Av. Gral. Paz y Alberdi, barrio de Mataderos, Comuna 9.

Organizaciones sociales, políticas, comunitarias, vecinas y vecinos exigimos el esclarecimiento del caso, la condena a los responsables de tan aberrante hecho y el cumplimiento de la Ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, tal como dejamos sentado en la presentación que realizamos de manera colectiva ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Dr. Gonzalo Viña, que interviene en la causa.

El discurso permanente de criminalización de la pobreza, de odio, xenofobia, transfobia y racismo reproducido desde las más altas esferas gubernamentales y desde los medios de comunicación, alienta conductas violentas como la que hoy estamos lamentando. Convocamos a todas las personas, colectivos y organizaciones a acompañarnos para condenar profundamente tan aberrante hecho, a pedir el esclarecimiento total del caso, a abrazar a nuestras compañeras y compañeros que están padeciendo la situación de calle y, primordialmente a defender la condición humana contra cualquier acto criminal u ofensa que viole su dignidad.

Adhesiones: movimientochecultura@gmail.com

Convocan: Multisectorial Comuna 9 – Che Cultura – No Tan Distintas – Abrigar Derechos- Asamblea Popular Plaza Dorrego- Bondi Sur- Ser Con Vos- Ciudad Sin Techo- UTE-CTERA 21F – Ni una Persona + en la Calle- Trabajadorxs CAINA- Sopa de letras – Agencia Paco Urondo- Irrompibles- Partido Comunista- Vecinxs en Lucha- Centro Comercial de la Avenida Alberdi- Colectivo Cultural Tripa Corazón- Confluencia Comunal- La Cámpora Comuna 9 – Somos Barrios de Pie- Nuevo Espacio de Participación (NEP)- Red Puentes Lugano (Movimiento Popular La Dignidad)- Nuevo Encuentro – Peronismo militante – Libres del Sur – Tekoporã Salud Comunitaria – Descamisados – CPI (Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe)- Casa Ecuménica Popular – Asociación Casa de Todos – El Hormiguero – El Grito del Sur – Acción por Personas en Situación de Calle Comuna 10 – Comedor Barrancas de Belgrano grupo del Gomero – Incluir – Asamblea Morón – La Carrillo lista verde Ate – Verde y Blanca Ate Promoción Social – Asociación Civil y Cultural Yanapacuna – Amigos en el Camino- La Merienda de los Sueños- La Rosa Naranja – La Retaguardia – Ahora es Cuando – Unidos y Organizados – Kolina C9 – Info La Floresta – La Gaceta de Versailles – Asociación Civil Medios Vecinales – Palermomio – Barriada