«Es algo grosero, pornográfico, que el dueño de Cromañón vuelva a tener Cromañón»

22.7.2019

Ante la cesión del predio donde funcionó el boliche República Cromañón nuevamente a su dueño Rafael Levy, condenado por la masacre, sobrevivientes y familiares de víctimas impulsan proyectos de expropiación y patrimonialización de ese espacio para preservar la memoria y evitar que se sigan haciendo negocios. La respuesta de los legisladores porteños y el pedido a los candidatos para que se pronuncien sobre el tema.

La mayoría de los familiares y sobrevivientes se enteró de casualidad que en octubre pasado el Tribunal Oral Criminal (TOC) 24 había decidido restituir el inmueble de Bartolomé Mitre 3036 a Rafael Levy, a través de la sociedad offshore “Nueva Zarelux”, de quien es apoderada Ana Rothfeld y dueño el propio Levy, condenado en 2014 a cuatro años y medio de prisión por el delito de estrago seguido de muerte por el fallecimiento de 194 personas y las heridas de más de 1400. El tribunal de aquel juicio fue el mismo TOC 24.

Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt fallecido en la Masacre, afirmó en diálogo con Red Eco que en el juicio hasta el propio abogado de Levy había aceptado que Nueva Zarelux era de su defendido: “De modo que dar el predio a Nueva Zarelux es dárselo a Levy, o sea a la persona condenada. De la cesión nos enteramos por un periodista de Infobae; por lo menos mi cabeza de querella no se enteró porque se equivocaron en mandar la notificación, ya que la querella es Iglesias Campos y se la mandaron a otra Campos. O sea que el responsable de que Levy esté en posesión y uso del boliche es el mismo tribunal que lo condenó. Cuando fuimos a pedirle explicación al Tribunal, nos dijeron que estaban agotados los pasos, dicen que se acabaron todas las acciones jurídicas, lo que no es tan verdad porque si bien el juicio penal ha terminado, no así los juicios civiles. Igualmente nosotros entendemos que esto es así porque hay impunidad. No es una decisión técnica, sino una decisión política, porque Levy es un tipo muy poderoso, lo hemos escrachado por Cromañón, por La Saladita, por estar vinculado a políticos, por poner dinero para campañas, por un bolichito que tenía a la vuelta de Cromañón, porque él es dueño de casi media manzana, donde había prostitución y trata, de modo que es un personaje terrible”.

El hijo de Silvia, Julián Rozengardt tenía 18 años aquel 30 de diciembre de 2004, noche en la que ardió República de Cromañón durante un recital de Callejeros. El joven fue trasladado a un hospital con un pulmón totalmente destruido y el otro prácticamente por la mitad, y falleció tras dos días de internación.

Muchas pertenencias de las 194 víctimas fatales quedaron dentro del boliche, pero hace poco fueron retiradas. Los familiares y sobrevivientes no saben por quién: “Fue de manera casi casual que pudimos entrar porque un papá muy enojado habló con la policía, que tratando de no llegar a mayores lo autorizó a ingresar, no por la puerta principal del boliche, sino por la de Jean Jaures, y no estaban las pertenencias de los chicos. Fuimos de nuevo al Tribunal a preguntarle, cómo era, qué medidas de inventario había adoptado e increíblemente nos dijo que no adoptó ninguna medida porque nosotros no se la pedimos. Es decir, un tribunal no cuida un lugar que fue sede de un siniestro, como si en un accidente dijeran que no tienen que cuidar las cosas porque la víctima no se lo pidió. Así que el lugar está como pintado por dentro, limpio, no están las zapatillas, ni las marcas de las manos de nuestros hijos”, relató Bignami, quien al ser consultada sobre dónde podría estar actualmente esas pertenencias aseguró: “La verdad que pensamos que las tiraron, lo que genera muchísimo dolor. En su momento nos acompañó a hacer el reclamo ante el TOC una sobreviviente, que además es hija de un fallecido. Durante mucho tiempo ella reclamó para que le devuelvan cosas de su papá, como una bicicleta, y el Tribunal siempre le contestó que le iban a avisar… No estamos hablando de un llavero, es muy raro, así que pensamos que las tiraron, por lo menos nadie ofreció restituirnos nada”.

También casi por casualidad los familiares se enteraron que en el predio se están haciendo obras. Nadie se los notificó de manera formal, sino que lo saben porque ellos se preocuparon en averiguar qué pasaba dentro del boliche donde fallecieron sus seres queridos: “Vemos que del lugar salen carretillas, containers, vemos obras, y nos han contado que parte de esa obra se hace a la cinco de la mañana. (…) Hemos hecho entonces una cantidad de averiguaciones, lo mismo hizo la Defensoría del Pueblo (de la Ciudad) a cargo de Alejandro Amor, en el sentido de saber si la obra que están haciendo, pequeña o grande, tiene permiso. Y no lo tiene ni por el lado de Bartolomé Mitre, ni del portón por la calle Jean Jaures. Pero a simple vista se ve por ejemplo que en el boliche han tapiado con ladrillos detrás de las puertas. Uno tapia con ladrillos habitualmente para esconder algo”.

En este sentido, Bignami adelantó que harán una denuncia ante la Agencia Gubernamental de Control porteña para exigirle que actúe contra el accionar de Levy: “Sabemos, sin embargo, que cuando hay dinero de por medio lo más probable es que él pague una multa millonaria por no tener permiso de obra, pero él es millonario, por lo que pagará y después volverá a abrir, pero se la vamos a seguir, nosotros ya no podemos perder más de lo que perdimos”.

 

Expropiación/Patrimonialización

 

Fue a partir de todas estas irregularidades que el Movimiento Cromañón, integrado por sobrevivientes, familiares y amigos, resolvió elaborar y presentar de manera independiente iniciativas en la Legislatura porteña. El primero fue un proyecto de expropiación para crear un espacio de memoria integrado al santuario, en el que sobrevivientes y familiares se pusieran de acuerdo para seguir trabajando por el Nunca Más: “(El proyecto) fue levantado por legisladores del arco de la izquierda, por el socialismo y por el bloque que preside Victoria Montenegro. Sin embargo, con eso no nos basta. Para nosotros tiene muchas dificultades una Legislatura con mayoría absoluta del PRO y sus aliados, porque no es solo el Pro sino quienes integran la alianza Cambiemos, como Confianza Pública y la Coalición Cívica. Gente de la Coalición se sacó fotos con nosotros diciendo por ejemplo ‘Cromañón no se toca’, pero no levantó nuestro proyecto. En las entrevistas que hemos tenido con los legisladores del PRO o de sus aliados no se nos dice que no, se nos dice que no acostumbran a expropiar, cosa que sería mentira porque para las escuelas, para la obra pública hace falta expropiar, pero ellos dijeron que el problema era de dinero, que cuando uno expropia tiene que pagarle al dueño. Igualmente para nosotros esa respuesta es de por sí un no, ya que (el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez) Larreta no nos recibió, nos mandó a la policía, le presentamos cientos de notas que nunca contestó, (el vice Diego) Santilli no nos quiso recibir”, señaló Bignami.

Respecto a la relación con el actual gobierno de la ciudad, la mamá de Julián agregó: “Creemos que a los gobiernos hay que interpelarlos. Para la enorme mayoría de los familiares y sobrevivientes, su única relación es a través del área de atención a la víctima, que resuelve habitualmente muy mal cuestiones como medicamentos y demás, pero después ninguna. Nosotros no queremos participar de ningún gobierno porque los gobiernos han sido responsables de la muerte de nuestros hijos, y porque además los gobiernos, los estados, son responsables del gatillo fácil, de la tortura, del asesinato en cárceles, causas que quienes podemos venimos acompañando”.

Ante la falta de los avales necesarios, familiares y sobrevivientes elaboraron y presentaron un segundo proyecto: “Ya que el problema es de dinero, preparamos un proyecto de patrimonialización – manifestó Bignami – porque, como hablamos en la primera iniciativa, creemos que el tema de la memoria y de la integración al santuario y al espacio de memoria amerita proteger lo que se pueda el lugar; y patrimonializar tiene tres niveles. En un primer nivel, no se puede cambiar la fachada; en un segundo no se puede cambiar la estructura; y en un tercero no se puede cambiar el uso. Nosotros planteamos una patrimonialización en sentido primero y segundo, no tercero porque si no se le puede cambiar el uso quiere decir que hay que hacer un boliche”.

Bignami explicó que presentaron esta nueva iniciativa con la esperanza de frenar “la carrera de Levy contra la memoria” y para que los legisladores que no son proclives a la expropiación puedan firmar, aunque aclaró que esto no implica que renuncien a esta posibilidad.

En efecto, el proyecto de patrimonialización, que se presentó hace poco más de un mes, ya tiene más adeptos: “Lo firmó el conjunto de la izquierda, el bloque de Evolución y el peronista, pero aún no basta y para nosotros sigue pasando el tiempo. Mientras tenemos que escuchar cosas como lo del dinero para un gobierno que gasta en macetas cantidades impresionantes, escuchamos también a un legislador que nos dijo ‘tienen que conformarse con el nombre del aula de una escuela’, ese nivel de maltrato. Y por otro lado, los que no nos dicen que no pero tampoco que sí”.

Respecto a las iniciativas, Bignami destacó que no tienen contra de ningún familiar, ni sobreviviente: “Me siento muy tranquila en ese sentido. El primer proyecto tenía 200 firmas de gente que se sentía representada y que le parece algo grosero, pornográfico, que el dueño de Cromañón vuelva a tener Cromañón”.

Ante la falta de respuestas políticas y de cara a los comicios de este año, el Movimiento Cromañón resolvió convocar a una reunión con periodistas para pedirles que al momento de entrevistar a los candidatos a jefe de gobierno, legisladores, senadores y diputados de la Ciudad de Buenos Aires se les consulte su opinión sobre los proyectos de expropiación y patrimonialización presentados, como así también respecto a cuáles serían sus políticas de memoria: “Queremos que nos contesten, porque a nosotros no nos parece que sea un tema nuestro, no es un problema nuestro la muerte de 194 chicos y el sufrimiento de miles de sobrevivientes, no es problema nuestro solamente qué pasa con la memoria. Es un problema de todos. Es la mayor masacre ocurrida en un día en la Ciudad en la democracia. ¿Cómo puede ser que no tenga un espacio?”, expresó Bignami.

El encuentro con periodistas será el miércoles 24 de julio, a las 18, en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), ubicada en México 441, Segundo Piso, Departamento D.

 

Responsables

 

“Todos estos hechos para nosotros vuelven sobre la muerte, es matar a los pibes dos veces, y es una tremenda violencia sobre nosotros y nosotras. Tenemos sobrevivientes que recién ahora pueden levantar la cabeza y se encuentra con que aquí no pasó nada, se encuentran teniendo que pelear, pasar por el boliche, teniendo que hacer allí una conferencia de prensa, entonces es un nivel de violencia de la que yo hago responsable primero al TOC 24 y después a los legisladores por tomarse su tiempo de cosas que no vamos a poder manejar, hay que tener en cuenta que en estos años hubo 19 suicidios que conocemos de sobrevivientes, más los familiares que han muerto de cáncer, que es una enfermedad vinculada a la impunidad. Entonces yo los hago responsables a esta altura de nuestras vidas, los hago responsables porque es mezquino lo que están haciendo, que por no crear un antecedente de expropiación y por no tocar un interés de un tipo que tiene mucha plata no se pueda hacer una cosa que debió ser una iniciativa de los gobiernos, pero nunca un gobierno hizo nada en relación a eso, nunca ningún gobierno”, manifestó Silvia Bignami a Red Eco.

“Pero la vamos a seguir, estamos en esa posición – continuó –. La vamos a seguir como muchas veces hemos tenido dificultades, pero esto es también porque nunca nos hemos entongado con ningún gobierno y no hicimos nada a cambio de nada. Hay que recordar que cuando pasó Cromañón, a los tres días (el entonces jefe de gobierno, Aníbal) Ibarra ofreció, año 2005, 300.000 pesos para que cada uno de nosotros renunciara a la causa, era mucho dinero, en el mismo sentido nosotros vamos a seguir porque nosotros decimos que Cromañón no se toca, la memoria no se negocia”.

«El gobierno de CABA implementa medidas en contra de los avances en materia de salud mental y derechos humanos»

20.7.2019

Difundimos

Tras no implementar estrategias de desmanicomialización desde el 2000, se reunieron con la Asociación de Médicos Municipales (AMM) para seguir postergando la conversión del sistema de atención y cuidados

Nuevamente la complicidad entre la corporación médica y el gobierno se evidencia frente al acta firmada a espaldas de les trabajadores y les usuaries de servicios de salud mental.

El día 16 de julio la AMM firmó con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires un acta en la cual establecen las bases de la política de salud mental de la jurisdicción para los próximos 50 años.

Repudiamos dicho acuerdo, que contradice los principios de la Ley Nacional de Salud Mental y diversas declaraciones internacionales, y que se construyó de espaldas a les trabajadores, usuaries y organizaciones científicas, sociales y profesionales.

El acuerdo plantea ‘refuncionalizar’ y ‘adecuar’ los manicomios, en vez de constituirse en un plan de trabajo destinado a sustituir el hospital psiquiátrico, creando la red de servicios necesaria para brindar una atención adecuada y poner fin a la lógica de encierro y castigo a la locura.

Se basa en una perspectiva biologicista, que reduce a las personas y sus experiencias vitales, negando el carácter social del padecimiento y desconociendo la centralidad de trabajar en la restitución de derechos.

El campo de la salud mental no reviste la unicausalidad biomédica sino que es multideterminada, necesitando por ello planes y programas que fortalezcan dispositivos intermedios en consonancia con la declaración internacional de las personas con discapacidad. Que apunten a promover un pensamiento complejo e interdisciplinario y estrategias intersectoriales basadas en la comunidad, el respeto digno por los derechos humanos de les sujetes y el control de legalidad de las internaciones.

A nueve años de la sanción de la Ley N 26657, aún hay en Argentina más de 12.000 personas internadas en dispositivos de encierro, en condiciones que atentan contra la dignidad humana. Y la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera creó su propio Órgano de Revisión, violando no sólo la ley nacional sino también la local, N 448, sancionada en el año 2000.

Asimismo, muestra de su intencionalidad política que reafirma con este acuerdo, la mayor parte del presupuesto en salud mental, la CABA lo destina a efectores monovalentes.

Repudiamos el acuerdo y exigimos un plan de trabajo en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental, que no sea ajeno a las necesidades y demandas de la población.

Asimismo, reclamamos que la Ciudad de Buenos Aires respete su propio plexo jurídico para promover y garantizar los derechos humanos de las personas con padecimientos en su salud mental (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Básica de Salud N 153 y Ley de Salud Mental N 448).

Exigimos la creación de una red de servicios sustitutivos, con participación real de usuaries y trabajadores.

¡¡Por una sociedad sin manicomios!!

Grupo de trabajadoras/es sociales de guardia de la APSS

El albertismo en campaña

19.7.2019

Distintos sectores políticos de CABA ligados al precandidato a presidente Alberto Fernández se congregaron anoche en la Universidad Popular de Barracas en apoyo a los precandidatos a legisladores del sector en las listas porteñas Claudio Ferreño y Claudia Neira; y a la precandidata a comunera, Verónica Tenaglia.

Distintos sectores políticos de la ciudad de Buenos Aires estrechamente ligados al precandidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández se congregaron anoche en la Universidad Popular de Barracas en apoyo a los precandidatos a legisladores del sector en las listas porteñas Claudio Ferreño y Claudia Neira; y a la precandidata a comunera,Verónica Tenaglia.

Ferreño habló ante un auditorio entusiasta el itinerario del sector en los últimos años y  describió la evolución hacia el compromiso de unidad obtenido con Cristina Fernández y la concreción de la nueva opción electoral.

Además, tomaron la palabra la precandidata a diputada de la ciudad, Claudia Neira, la legisladora María Rosa Muiños -presidenta del bloque Peronista-, el ex secretario de relaciones parlamentarias Oscar González, la empresaria pyme y precandidata a comunera, Verónica Tenaglia, quienes se comprometieron a repetir los encuentros durante las próximas semanas.

Participaron del acto el ex legislador Gabriel Fuks, los militantes Maia Daer, Alejandro Van de Casteele y Guilermo Olivieri, entre otros, que se prolongó hasta tarde entre empanadas y vino.

Estuvieron presentes sectores militantes del partido Parte, del Socialismo para la Victoria, de la Agrupación El Sur No Espera, de Un Grito de Corazón y del Grupo Cabildo, quienes colmaron las instalaciones de la histórica universidad.

El Gobierno de la Ciudad intenta avanzar en la manicomialización de la salud mental

19.7.2019

Por Juan Duarte

Este martes se firmó un Acta de "refuncionalización" de los neuropsiquiátricos entre el presidente de la asociación de Médicos Municipales y la ministra de salud de la GCBA. Sostiene un carácter manicomial mediante un discurso biologicista neurogenético a medida de las farmacéuticas. Rechazo de trabajadores de salud mental.

Este martes se hizo el anuncio: los hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad (Borda, Tobar García, Moyano, Alvear) serían “refuncionalizados” para "responder" a la Ley de Salud Mental 26.657. Para esto se firmó un "Acta acuerdo sobre plan de refuncionalización de la Salud Mental en la C.A.B.A." entre la ministra de Salud del GCBA, la médica Ana María Pérez Bou y el presidente de la AMM, el médico especialista en ginecología y obstetricia Jorge Gilardi.

El documento afirma que "hay cuatro áreas de la salud mental y las neurociencias que van a ocupar la atención durante los próximos 50 años":

  1. Influencias ambientales y hormonales en el ser humano: en rigor por ser humano se entiende "nuestro cerebro" y por influencias ambientales, los "compuestos químicos que nos bombardean de todos lados" (sic). La clave es "desentrañar la arquitectura cerebral y el funcionamiento de las diversas áreas cerebrales".
  2. Vejez y enfermedades neurodegenerativas.
  3. Bases moleculares de la conducta y las enfermedades mentales: a partir de la afirmación de que "en los últimos años se ha encontrado que la arquitectura genética de un individuo tiene profunda influencia en el desarrollo de enfermedades mentales".
  4. Terapia génica del sistema nervioso: "cómo lograr acceso al cerebro desde la periferia" y va a permitir –afirma el Acta– "reparar funciones cerebrales defectuosas".

Finalmente se plantea que estas áreas se complementan y "se pueden llevar casi inmediatamente a la clínica", la base de la "medicina traslacional". "Así funciona en los países más avanzados (…) en instituciones que complementan la psiquiatría con la neurología, la neurobiología cognitiva, la psicología y otras tantas disciplinas."

Desde allí, “dando respuesta al marco jurídico de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657”, establece 4 “etapas” a seguir.
La primera sería –según el documento– la habilitación de dispositivos intermedios (casas de medio camino, etc.) “en cantidad y calidad” (sic) para permitir la externación de los pacientes. Uno se pregunta por qué no lo hicieron hasta ahora y, en un país bajo la tutela directa del FMI y su plan de ajuste, con qué presupuesto se habilitarán estos dispositivos. Más bien parece otra formalidad para eludir las críticas de usuarios y trabajadores que vienen demandando la creación de estos dispositivos.

Pero la segunda es la más problemática: en esta se buscaría “la re-funcionalización de los hospitales monovalentes transformándolos en Hospitales polivalentes especializados en salud mental, psiquiatría y neurociencias a través de un proceso de reformulación edilicia, renovación tecnológica y de recursos humanos”. O sea, si tenemos en cuenta los considerandos previos, queda claro que se trata de un eufemismo (o tres) para la vieja psiquiatría manicomial de corte biologicista y medicalizante, y que lo de "polivalente" es solo un disfraz terminológico. Pero eso no es todo, porque si seguimos nos enteramos de que el objetivo es… que “la institución se reconvierta y albergue aquellos pacientes afectados con cuadros agudos de corto, mediano y largo tratamiento” O sea, directamente se mantiene la internación manicomial.
Y agregan que “no solo se llevarán a cabo tareas asistenciales (léase, la clásica internación psiquiátrica, NdR) sino “también actividades docentes, académicas y de investigación clínica y medicina traslacional”. En este punto, la novedad es introducir la "medicina traslacional" (del laboratorio hacia el paciente) directamente en la salud mental pública, suponiendo que las problemáticas en salud mental son estrictamente médicas (desbalances químicos, neuronales o genéticos) y habilitando la venta de pruebas de validación de psicofármacos a bajo costo para las grandes farmacéuticas, un proyecto previamente acariciado por Lino Barañao.

La tercera etapa apuntaría a albergar la demanda de baja y mediana complejidad en salud mental que los hospitales generales no pueden absorber y que integrarán una “red prestacional conjuntamente con hospitales especializados.” O sea, directamente niega el término “polivalente”.

La cuarta etapa apuntaría a coordinar con efectores ambulatorios del primer nivel de atención (Cesac y Cesam).

 

Una nueva avanzada de la corporación psiquiátrica en clave de neuromanía

 

En una primera lectura podemos decir que documento firmado se apoya en un fundamento biologicista que reduce la complejidad mental de las personas a sus aspectos cerebrales neuronales, químicos y genéticos, de la mano del discurso de las “neurociencias” para fundamentar una primacía psiquiátrica en el área, de la cual disciplinas como la psicología son meros “complementos”. No solo mantiene la misma estructura manicomial psiquiátrica con internación sino que habilita la inversión estatal en recursos para convertirla en un centro de prueba de bajo costo relativo internacional para las grandes farmacéuticas.

Se trata de un intento de eludir los aspectos más progresivos de la Ley Nacional de Salud Mental, que sostiene los derechos humanos de los pacientes y aboga contra la internación manicomial y el hospital psiquiátrico clásico monovalente. En su lugar solo encontramos un cambio de palabras para poner nuevamente a la psiquiatría en el centro, validar la cronificación hospitalaria de los usuarios del sistema y la mercantilización de los mismos al servicio de los laboratorios.

El lenguaje biologicista de fondo es clásico en la psiquiatría, solo que ahora aparece justificación mediante las promesas de las neurociencias, la terapia génica y la biomedicina traslacional ("del laboratorio a la cama del paciente"). La complejidad de la salud mental queda reducida a neurotransmisores, genes y cerebros. Una suerte de psiquiatrización 2.0. En el libro Genes, células y cerebros, recientemente editado por Ediciones IPS, el neurocientífico Steven Rose y la socióloga de la ciencia Hilary Rose desnudan las exageraciones detrás de estas promesas y la mercantilización de la salud que las motoriza.
En rigor se trata de un proyecto que el gobierno viene anunciando hace años. En 2016, por ejemplo, el entonces ministro de Ciencia, Lino Barañao, planteaba que “Hay ensayos clínicos que se hacen con total rigurosidad en nuestro país y que después las compañías utilizan para validar sus productos. Queremos armar toda la cadena”. A su vez, que el proyecto presupuesto 2017 se planteaba “la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos Borda, Moyano y Tobar García, en “en hospitales de neurociencias” formando así un “polo de neurociencias”, que se sumaría así a los ya anunciados “polo farmacológico” y “polo tecnológico”, todos situados en un eje que recorre el sur de la ciudad.

El modo de aplicación es coherente con el accionar del gobierno de la ciudad hacia la cuestión: ya no la represión, como hicieron en 2013, sino la imposición directa mediante el acuerdo con la AMM. El debate y la posibilidad de hacer oír la voz de los sectores directamente interesados (pacientes, familiares, profesionales de las distintas áreas y la comunidad en general) brillan por su ausencia.

 

Les trabajadores de la salud mental denuncian el acuerdo

 

Frente a la firma del Acta, desde la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos de GCBA emitieron un comunicado en el cual rechazan el acta, denuncia no haber sido convocados y plantean que “una reformulación de la salud mental de tal magnitud como la plasmada en el Acta requiere de la participación de toda la comunidad científica” y reclaman la convocatoria al Consejo General de Salud Mental establecido por la Ley 448.

Por su parte, el Grupo de trabajadoras/es sociales de guardia de la APSS emitió un comunicado en el cual rechazan el acta y denuncian que “la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera creó su propio Órgano de Revisión, violando no sólo la ley nacional sino también la local, N 448, sancionada en el año 2000.” y que “la mayor parte del presupuesto en salud mental, la CABA lo destina a efectores monovalentes.” Repudian el acuerdo, exigen un “plan de trabajo en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental, que no sea ajeno a las necesidades y demandas de la población” y reclaman “que la Ciudad de Buenos Aires respete su propio plexo jurídico para promover y garantizar los derechos humanos de las personas con padecimientos en su salud mental (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Básica de Salud N 153 y Ley de Salud Mental N 448)”. Asimismo, exigen “la creación de una red de servicios sustitutivos, con participación real de usuaries y trabajadores.”

Vivir en la calle en Buenos Aires: personas trans, las más discriminadas

19.7.2019

Por Cecilia González

El Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires visibilizó la problemática específica que padecen 42 personas travestis y trans y evidenció la necesidad de que se construya un refugio para esta comunidad, afirmó Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja, asociación civil que defiende los derechos de los colectivos transgénero, transexual y travestis.

Tobaldi, quien participó en la elaboración del Censo, consideró “muy simbólico” que durante la presentación de los resultados sólo se haya mencionado una vez a las personas travestis y trans que están en situación de calle y que el dato no llamara la atención mediática, ya que, en general, sólo se habló de hombres, mujeres y niños.

“Es alarmante que haya 42 personas trans y travestis viviendo en la calle y que no se hable de ellas, no ser nombradas es una forma de violencia porque están en esa situación como resultado de una discriminación permanente en todos los ámbitos, incluso en los marginales”, señaló.

La semana pasada, en medio de un debate sobre el incremento de las personas que viven en las calles de la ciudad, se dio a conocer el Segundo Censo que realizaron más de 40 organizaciones sociales, entre ellas La Rosa Naranja y 100% Diversidad y Derechos.

De acuerdo con los resultados, actualmente hay 7251 personas en situación de calle en la capital, lo que representa un aumento del 23.5 por ciento con respecto al Primer Censo realizado en 2017. El 80% de los encuestados se definió como varón, el 19% mujer y el 1.0% trans o travesti.

Tobaldi explicó que, en realidad, la población travesti y trans está subrepresentada, ya que es difícil encontrarlas porque migran frecuentemente.

 

La calle también discrimina

 

“También en las calles padecen exclusión y discriminación, no se les permite sumarse a las ranchadas que forman grupos de varones o familias, no les dan cabida, entonces tienen que estarse moviendo todo el tiempo. Una noche una duerme en una plaza, al otro día en el hotel donde la deja una amiga, al otro termina en la provincia. Se mueven de manera permanente, entonces es muy difícil detectarlas y tener un registro más exacto”, afirmó.

Si en el censo no aparecen más personas travestis ni trans, dijo, es porque no son bienvenidas entre quienes duermen debajo de los puentes o en otros lugares de la ciudad en donde la gente que se quedó sin casa suele compartir colchones tirados en el piso.

“Tiene que ver con la marginalidad con la nos ha tratado siempre la sociedad, no estamos incluidas en ninguna escala social, en el ámbito de situación de calle se replica esta discriminación”, lamentó.

La activista agregó que los dispositivos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires son insuficientes porque los cupos para personas travestis y trans en los refugios son mínimos.

“En el Azucena Villaflor, de San Telmo, no permiten más de tres o cuatro personas trans porque hay mucha violencia de parte de mujeres que tienen niños. Y tampoco permiten quedarse a las personas que no han hecho el cambio de identidad de género y no tienen un DNI con nombre femenino. En el parador Frida Kahlo, que está por el Hospital Garrahan, lo mismo. En El Hogar de Cristo, en Flores, sí hay varias chicas trans, pero lo que queremos, por lo que estamos trabajando, es para que haya un albergue específico para personas travestis y trans”, dijo.

La necesidad tiene que ver no sólo con las personas que atraviesa una situación de calle, aclaró, “sino porque muchas chicas salen de la cárcel y no tienen a dónde ir, o muchas deben quedarse encerradas porque están con prisión domiciliaria pero no tienen en dónde cumplirla. Por eso necesitamos un refugio específico. Todos los colectivos tienen uno: están los de mujeres que padecen violencia de género, de niños, adultos mayores, son espacios de contención que nosotras también necesitamos”.

Tobaldi destacó que, si bien el censo visibilizó a travestis y trans, no identificó a gays y lesbianas, lo que demuestra que todavía falta mucho trabajo para abarcar la diversidad de género.

 

Personas trans, subrepresentadas en el censo

 

Por otra parte, Yahajaira Falcón, militante por los derechos humanos y funcionaria del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, coincidió en que la población travesti y trans en situación de calle está subrepresentada en el censo y que, además, padecen una permanente violencia institucional por parte de las fuerzas de Seguridad y agresiones en general.

“Hay muchas más compañeras en las calles que la que dice el Censo. Tan solo en el campito del Hospital Garrahan hay unas 15, en la cárcel vieja de Caseros viven como 20. Es muy común que les peguen, las violen sin preservativo y les contagien VIH, y que policías las manden a vender drogas o de lo contrario no las dejan prostituirse ni dormir en determinadas zonas. Hay ‘fisuras’ que las obligan a cocinarles para dejarlas dormir en un lugar resguardado”, señaló.

Martín Canevaro, activista de 100% Diversidad y Derechos expresó que “la inclusión de la variable trans en el Censo Popular representa un avance en el tipo de articulación con otros movimientos sociales que tradicionalmente han tenido una visión heterocisnormada. Además, próximamente, en el Censo que se realizará en Mar del Plata también se incluirá la variable de identidad de género. Esto nos permite visibilizar una realidad que requiere una respuesta estatal especifica, a través de políticas públicas focalizadas que seguimos reclamando en un contexto de ajuste y aumento de la pobreza que incrementan las condiciones de violencia contra la población LGBTI+, especialmente a travestis y trans”.

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