Red de radios

24.9.2019

Por Josefina Figueroa

El representante legal de la mujer detenida y procesada por “resistencia a la autoridad” tras defenderse de las agresiones de un oficial de policía en la estación de subte de Contitución, durante octubre del 2017, visitó DEL OTRO LADO. Sus principales definiciones sobre las arbitrariedades de la causa.

El abogado Lisandro Teszkiewicz visitó el programa tras conocerse la sentencia que estableció un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez por los cargos de “resistencia a la autoridad” y de “lesiones graves”. En el presente continúan a la espera de una audiencia ante la sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, donde se solicitó una revisión del fallo. A continuación, sus frases más destacadas de la entrevista.

Detención de Mariana Gómez

“Es un caso muy simbólico. Hace dos años que Mariana es sometida a proceso por figuras que la policía siempre utiliza en casos de abuso policial. Siempre terminan acusando a la víctima de una resistencia a la autoridad. Después de 21 meses solo tuvimos audiencias orales, en las que se pudo demostrar con testimonios y pericias médicas, que las lesiones no eran graves como dijeron en su momento. La propia mujer policía declara en el juicio que Mariana se aferra a su pelo cuando está cayendo al piso, mientras uno de sus colegas la arrojaba al suelo. Además, pudimos demostrar que no existieron carteles de prohibido fumar y que había más gente fumando en el predio”.

Arbitrariedades en el tratamiento del caso

“A través de las pruebas y la Constitución, pudimos demostrar, y lo reconoce la jueza en el fallo, que la ley que prohíbe fumar en las estaciones de subte, no prevé una sanción para la persona que fuma. Lo que debe hacer el policía es solicitar el cese de la actividad en el lugar. Lo que declara el policía, en cambio, es que quiso retener a Mariana para poder labrarle un acta que no existe en la ley. Acción que la jueza legitimó en el juicio. Entonces, por primera vez desde la recuperación democrática tenemos un fallo de una jueza que dice que hay un policía deteniendo a una persona, en nombre de una ley que no prevé la detención de la misma, pero no importa”.
“Teniendo en cuenta lo que describe la norma, el cargo de resistencia a la autoridad no soporta la imputación. Sin embargo le dieron un año de prisión. Es una condena exorbitante”.

Antecedentes

“Hay un informe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicado en el 2015 que titula ‘Violencia hacia el colectivo LGBTI en América’. Ahí describe cómo las disidencias son víctima de la violencia institucional a lo largo y ancho del continente. El Estado argentino parece haber tomado ese informe como un manual de instrucciones. Sucede exactamente lo mismo: abuso policial discriminador y lesbofóbico, que es convalidado por el poder judicial en casos de delitos menores”.
“Vivimos en un país donde el abuso de autoridad y la convalidación judicial de eso, es cada vez más moneda corriente. Estas instituciones, más la judicial que las fuerzas de seguridad, son las que menos transformaciones han tenido en la última etapa democrática. En el momento actual de Argentina, donde tenemos presos políticos y el debate político se desarrolla en gran medida a través de la persecución, el poder Judicial tiene rienda suelta para su arbitrariedad pero es una condición estructural”.
“A Mariana la condenan por creer que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona en este país y por ser una lesbiana que no toleró que la pisoteen. Eso es lo que, primero la policía y después el poder judicial, no le perdonan”
Cómo continua el proceso judicial
“Creemos que la doctora Marta Aurora Yungano (jueza) se equivoca y por eso vamos a ir con un recurso ante la Cámara de Casación solicitando que se revierta este fallo y que se absuelva a Mariana. Es urgente la aplicación de la Ley Micaela que establece que todos los órganos de poder de nuestro Estado y sus representantes, tienen que tener una formación en perspectiva de género”

23.9.2019

Por Mariana Aquino

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ingresó por la fuerza a una casa donde viven al menos 28 senegaleses. Golpeó a cuatro de ellos y le secuestró de forma ilegal mercaderías. Se llevaron más de 150.000 pesos.

«A un chico le dijeron que salga de su pieza, lo hicieron salir a la fuerza. Lo golpearon, lo tiraron y lo esposaron. En su billetera tenía cinco mil pesos. Cuando volvió a entrar a la habitación, la billetera estaba debajo de la cama, sin los cinco mil pesos. Es plata que usamos para ayudar a nuestros familiares en Senegal. ¿Hasta cuándo nos van a seguir robando y persiguiendo? La gente habla y no sabe», denuncia Alba en las puertas de la pensión de Alsina al 2672.
La calle Alsina es un caos. Son muchos, hablan todos a la vez. Están asustados y tristes. Los vendedores senegaleses otra vez fueron el centro de la persecución de la policía de Horacio Rodríguez Larreta. Con una orden de la fiscal Celsa Ramírez, a las 7 de la mañana llegó el operativo de la Policía de la Ciudad a la casa en la que viven al menos 28 de ellos. ¿Qué buscaba la policía? Secuestrar la mercadería que venden habitualmente por las calles de Once. Eran más de 20 policías armados frente a un grupo de senegaleses indefensos. Entraron por la fuerza y de forma violenta a cada una de las habitaciones, rompieron vidrios, cerraduras, puertas y ventanas. Golpearon a varios y se llevaron pertenencias personales, teléfonos celulares, mercadería y plata: al menos 150 mil pesos. En ningún documento quedó asentada la cantidad y procedencia de la mercadería secuestrada.
Alba, en un perfecto castellano, denuncia: «Si vienen a nuestras casas van a encontrar plata porque nosotros laburamos de lunes a lunes. De enero a diciembre. No descansamos ni un día. La plata la tenemos nosotros, y la Policía lo sabe. Por eso entraron y lo sacaron de la habitación: para llevarse la plata”. Alba aprovecha el micrófono para contar todo lo que pasó esta mañana, que es una muestra de lo que padecen a diario: “A él le llevaron 9.500 pesos, a él 40.000 pesos. Sólo queremos trabajar. ¿Sabés todo el sacrificio que tenemos que hacer para guardar 40.000 pesos? Tenemos que pagar el alquiler, la mercadería. Y vienen y nos sacan. Siempre es lo mismo».
Baye nos invita a subir a la casa que horas antes fue reventada por la policía de Larreta. Él lleva dos años en Argentina y se siente harto de tanta discriminación, xenofobia y represión hacia sus compañeros senegaleses. “Se llevaron las cosas de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Les hicieron mucho mal, los lastimaron. Le sacaron la plata y los celulares. Ellos no están para trabajar, sino para robarnos y mostrarnos que nosotros no somos argentinos: somos africanos. Estamos tristes, estamos hartos. Por dios, no aguantamos más acá”.
Maxi Ndiye está de paso por la casa. El viene a Buenos Aires a comprar mercadería y viaja por las provincias para venderla. Ayer hizo una compra de 70.000 pesos y hoy la perdió. La policía se llevó toda su mercadería y los 4.000 pesos que tenía en su billetera.
Otro vendedor senegalés también lo perdió todo. Prefiere no dar su nombre ni salir en las fotos. “No quiero más problemas”, dice. Pero sí que se conozca su caso, tal vez se lo puede ayudar. Tiene que viajar pasado mañana a Senegal, le llevaron la plata, los regalos que le compró a su familia, todo. Sus compañeros están juntando plata para reponer lo perdido. Para que pueda viajar y ver a su familia.
La indignación es muy grande: «No somos animales, somos seres humanos. Empiezo a pensar que lo hacen porque le molesta nuestro color, porque somos negros, estamos muy cansados de que nos discriminen y nos saquen las cosas», sentencia Baye.
En la casa de Alsina 2672 todos charlan en ronda, cabizbajos y con los ojos vidriosos. Tienen bronca e impotencia, están hartos de la xenofobia en las calles porteñas.

21.9.2019

Reproducimos:

OPERATIVO FRIO: «Se va el invierno pero no la frialdad del Gobierno. La profunda insensibilidad de Larreta deja a más niños, niñas y adolescentes dormir en las calles»
Horacio Rodríguez Larreta cerró uno de los únicos dos dispositivos de noche que asiste a niños y adolescentes varones en calle en la Ciudad de Buenos Aires por el fin del operativo frío.
Lxs trabajadorxs de la Dirección de Niñez del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires estamos en estado de alerta ya que el GCBA cerró a fines de agosto uno de los dos dispositivos que alberga a niños y adolescentes en calle, con la excusa de que se acaba el invierno.
Tanto a Guadalupe Tagliaferri como a Horacio Rodríguez Larreta parece importarles poco los datos preliminares arrojados por el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle publicado el pasado 5 de julio, el cual reveló que hay 871 niños, niñas y adolescentes (NNyA) viviendo en las calles de la ciudad, cifra que se incrementó en casi un 50% desde el Primer Censo Popular en el año 2017, aún cuando ésta es la que posee el PBI más alto del país. El censo fue realizado por el Ministerio Público de la Defensa, el CELS, la presidencia de la Auditoría General de CABA, la Defensoría del Pueblo de CABA y diversas organizaciones sociales.
Actualmente el Gobierno de la Ciudad, comandado por Larreta, quien busca su reelección este próximo octubre, tan sólo garantiza 45 camas para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, viéndose aumentadas a 70 camas en el denominado «Operativo Frío» durante el invierno, cifra que no llega a cubrir ni el 10% de los NNyA en esta indigna situación de vulneración de derechos. Es así, que el último día hábil de agosto dan por cerrado un dispositivo de noche, con capacidad para 25 niños, niñas y adolescentes, reduciendo nuevamente a 45 camas la asistencia a esta población en estado de extrema vulnerabilidad social, incluyendo niños, niñas, y adolescentes. Lxs trabajadorxs que día y noche acompañamos sus trayectorias de vida, alertamos en relación a que estas camas están distribuidas únicamente en dos barrios de la CABA, uno asignado para niñas y adolescentes mujeres, en el barrio de Once y otro para niños y adolescentes varones, en el barrio de San Telmo, siendo totalmente insuficiente para poder contener, acompañar y alojar a la población en cuestión contemplada por los últimos censos realizados.
Es de destacar que en el año 2010 el llamado «Operativo Frío», impulsado por el gobierno como modalidad de paliar la situación de las personas en calle, implicaba un refuerzo de personal durante los meses que dura el mismo en los diferentes programas e instituciones que trabajan con la población afectada. Desde hace dos años no sólo se ha retirado el refuerzo de personal mencionado, sino que además se ha disminuido a la mitad las instituciones destinadas a la asistencia durante el invierno. Así como también, denunciamos el desmantelamiento sistemático del dispositivo territorial 108, programa esencial para el abordaje de la población en situación de calle.
Es por ello que como trabajadorxs de las instituciones destinadas a contener esta población, y siendo quienes realmente vivimos de cerca todos los días las situaciones emergencia y dificultades que atraviesan las infancias y adolescencias en CABA, exigimos a Horacio Rodríguez Larreta y a Guadalupe Tagliaferri, que no reduzca las camas, ya que con las mismas aún no se llega a cubrir ni al 10% de la demanda existente, así como también se garantice la apertura de nuevos centros distribuidos por los barrios de la ciudad porteña donde más NNYA en calle hay.

Trabajadorxs del Centro de Día y Noche «La Boquita» y CAINA (Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia), agremiadxs en ATE

20.9.2019

Es por la polémica adquisición de los coches de la línea B y están acusados por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento. Los Metrodelegados aseguran que el material cancerígeno no solo enfermó a 14 trabajadores sino que también puede haber usuarios afectados.

La escandalosa compra de los vagones de la línea B de subterráneo por parte del entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, volvió a los primeros planos en los últimos meses, a partir de la denuncia de los Metrodelegados por la presencia de asbesto en sus formaciones, lo que afectó la salud de numerosos trabajadores, y que enciende las alertas sobre posibles consecuencias también en pasajeros frecuentes de ese subte. A esta situación se agregó este lunes una denuncia en la justicia tanto a Macri como a Horacio Rodríguez Larreta, por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento.
Quien lo denunció ante el juzgado federal Nº 2 de Sergio Ramos fue el ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro: “Se importó un material que está prohibido importar, con lo cual ya cometió delito. Enfermó a 14 trabajadores, escondió en silencio la presencia del amianto en las formaciones todo este tiempo. Y esos trenes que compró a 550 mil dólares cada uno no lo podés vender ni siquiera como chatarra, no se podían sacar de España. Después los organismos lo protegieron y lo ocultaron”, expresó.
Según detalla en las doce carillas de la denuncia, la importación de este residuo peligroso está prohibida por ley desde 2001. A finales de ese mismo también se la declaró ilegal en España, el país de donde le vendieron al Estado porteño los CAF 5000 que el macrismo buscó instalar en la Línea B. El material rodante, según develaron notas periodísticas de España, es de 1974 y estaba destinado a chatarra. La Ciudad de Buenos Aires no sólo le compró 36 coches a 19.800.000 dólares para uso habitual de los ciudadanos, sino que además debió destinar millones de pesos para amoldar las estaciones de la B, porque los vagones eran más chicos de lo normal. Por si fuera poco, poseen asbesto en sus componentes eléctricos, que ya de por sí le generó el cáncer asbestosis a un empleado de mantenimiento de la red española. En Buenos Aires se detectaron en agosto cinco casos de operarios que contrajeron asbesto, y desde el sindicato estiman que hay una decena más de afectados.
La denuncia de Castro también apunta al actual presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Eduardo De Montmollin; al director de la concesionaria del servicio, Metrovías SA, Alberto Esteban Verra y al titular de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, Fernando Cohen.

20.9.2019

«Lamentamos que el Gobierno de Larreta se haya negado a darle tratamiento a la Ley de Emergencia Alimentaria», expresó el Sec. Gral. CTA-A Capital Pablo Spataro desde las inmediaciones de la Legislatura porteña, dado el despliegue policial y vallado en el lugar que impidió a las organizaciones acercarse. «Es muy gravosa la situación que está viviendo nuestro pueblo. Creemos que lo que se ha sancionado de manera unánime en el Congreso de la Nación y abrazada por todo el arco partidario tiene que poder expresarse también en la Ciudad.»
Con una gran convocatoria que comenzó en el Obelisco a primera hora de la mañana, las organizaciones sociales marcharon hacia la Legislatura de la Ciudad para exigir el tratamiento de la Ley durante la sesión. «Hay un consenso de toda la sociedad, de todas las organizaciones sindicales, sociales, religiosas y partidarias de que no puede haber hambre en toda la Argentina y la Emergencia Alimentaria tiene que acompañarse en todo el país», siguió Spataro y aseguró que «las organizaciones después de haber construido esta multitudinaria marcha vamos a convocarnos para seguir adelante y seguir exigiendo que se le de tratamiento a esta Ley y efectivamente se realice».
EmergenciaAlimentaria
LarretaEsMacri
ElHambreEsUnCrimen