Hospital Garrahan: contra el desfinanciamiento que deja sin vacantes a hijos de trabajadores

25.7.2019

La movilización se realizó en el marco del fallo que dictaminó faltan 22.000 vacantes en toda la ciudad.

El reclamo no es nuevo, y por eso también da más bronca. Este miércoles cientos de trabajadores, acompañados por referentes sindicales y de la izquierda, salieron a la calle y cortaron la Av. Entre Ríos y la calle Pedro Echagüe a metros de la puerta del Hospital Garrahan para visibilizar su pedido: que se garanticen las vacantes para todos los niñes y se hagan las remodelaciones pertinentes para que ningún niño se quede afuera.

Entre los presentes, estuvieron Federico Puy, docente del Normal N°5, candidato a legislador por el Frente de Izquierda Unidad, e impulsor junto a Myriam Bregman y Patricio Del Corro en el fallo de la jueza Liberatori que fue noticia hace tan sólo algunos días. La justicia dictaminó que en la ciudad hay un problema con más de 22 mil vacantes adeudadas.

Obligó al gobierno a pagar un resarcimiento económico a las familias afectadas y a construir las escuelas y aulas necesarias para garantizar a todos el derecho a la educación, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Lo que pasa en el Garrahan, que recibe un 20% de su presupuesto de Ciudad, no es ajeno a esta realidad. Federico Puy ofreció poner a disposición el amparo y todos los fundamentos presentados para que pueda replicarse una exigencia similar desde los trabajadores del hospital.

Alejandrina Barry también se hizo presente para traer su solidaridad a las trabajadoras. Ella es hija de desaparecidos, directora de la comisión contra la violencia institucional de la legislatura de CABA y candidata a primera legisladora por el Frente de Izquierda Unidad. En su intervención resaltó que en la ciudad más rica del país no se puede estar discutiendo que los chicos se quedan sin vacantes, exigió que las prioridades tienen que ser nuestros chicos, los trabajadores, las mujeres antes que pagarle al FMI y dejó la solidaridad desde las bancas y las puso a disposición al igual que los abogados del Centro de Profesionales por los derechos humanos (CeProDH) para toda las iniciativas que deseen realizar las mamás del hospital.

Muchas madres dejaron su testimonio, destacando la importancia que para ellas tiene contar en su lugar de trabajo con una guardería para sus hijos, ahorrándoles tiempo y dinero para garantizar poder estar cerca de sus hijos y a la vez cuidar de la salud de todos los chicos que se atienden en el gigante pediátrico. Mariana Margarita López, maestra del jardín y candidata en la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda Unidad, señaló que no se trata de un privilegio sino de un derecho histórico por el que pelea el movimiento de mujeres y que tenemos que lograr garantizar que se finalicen las obras pertinentes y se contraten más docentes para brindarles a los chicos el cuidado que se merecen

Un acuerdo sectorial que reafirma el neopositivismo psiquiátrico

24.7.2019

Por Enrique Carpintero

El Acta de acuerdo entre la ministra de Salud del GCBA y el presidente de la Asociación de Médicos Municipales reafirman que la Salud Mental es un negocio para las grandes empresas de medicina. Sus lineamientos y las perspectivas bajo la tutela del FMI.

La semana pasada se firmó un acta de acuerdo entre la ministra de Salud del GCBA, la médica Ana María Pérez Bou y el presidente de la Asociación de Médicos Municipales Jorge Gilardi. Si se leen las actas vemos que estas no hacen más que reafirmar que la Salud Mental es un negocio para las grandes empresas de medicina. Para un análisis de las mismas se puede leer el artículo de Juan Duarte “El gobierno de la ciudad intenta avanzar en la manicomialización de la Salud Mental.”

Un sector que dirige la AMM se arroga el derecho de tomar decisiones que afectan al conjunto de los profesionales de la Salud Mental y de los usuarios acorde con lo que vienen proponiendo: “la Salud Mental es una cuestión exclusivamente de la medicina.” Este acuerdo revierte los aspectos más importantes de la Ley de Salud Mental.

La Ley plantea en sus artículos algunas cuestiones cuya importancia implica una ruptura con el funcionamiento del orden manicomial en la Argentina y sostiene Derechos Humanos fundamentales de los pacientes.

Veamos cuatro aspectos que creo necesario destacar.

1º) En relación a los Derechos Humanos. Establece la defensa de los derechos de los pacientes modificando el Código Civil para impedir las internaciones de personas por su “peligrosidad”.

2º) El equipo interdisciplinario e intersectorial. Con la sanción de la Ley ya no es el psiquiatra el eje del tratamiento en Salud Mental, sino que “Debe promover que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario.” Creemos que esta idea no solo refleja una realidad superadora, sino que, además, define el tema de la salud mental como un tema interdisciplinario, pero también como un tema intersectorial; o sea que va más allá del campo de la salud en tanto en la definición misma de salud mental intervienen otros factores que tienen que ver con las condiciones de vida.

3º) En relación a las estructuras manicomiales se plantea cerrar los manicomios y crear propuestas alternativas. La internación deberá ser lo más breve posible y deberá ir refrendada por dos profesionales, uno de los cuales deberá ser médico o psicólogo.

En este sentido, la medicina y la figura del médico son parte, y no centro, de las respuestas al padecimiento mental, estimando sus determinantes sociales y el poder curativo de los recursos sociales y culturales de un país. Por ello, no se debe desconocer el protagonismo de la sociedad toda, incluidos los familiares y usuarios como recurso terapéutico.

4º) Por último, una reivindicación democrática sentida por el conjunto de los trabajadores de la Salud Mental tiene fuerza de ley al decir que: “Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental.” Esta ley no pone en riesgo ni en cuestión las incumbencias sino las hegemonías. Un equipo interdisciplinario, no borra la especificidad, ni desresponsabiliza, suma aportes para intervenir desde una perspectiva integral.

Sin embargo, como venimos afirmando desde que se promulgo la Ley, no se puede cambiar un paradigma de atención en Salud Mental a partir de una Ley. Esto es lo que nos enseña la experiencia que realizó Franco Basaglia en Italia, donde no solo se cierran los manicomios (actualmente no hay manicomios en Italia) sino se inicia un proceso de desinstitucionalización. Es decir, de crítica práctica a los manicomios –y no es solamente manicomios– sino también a todos los servicios que atienden el padecimiento subjetivo. Esto implica que para cerrar los manicomios se debe iniciar un proceso de desinstitucionalización desde el cual se cambia el paradigma, la mirada que hay sobre la locura, sobre las necesidades de la gente; es decir, se cambian los criterios científicos e ideológicos de los profesionales en Salud Mental.

En todos estos años –tanto en los gobiernos K como en el macrismo– se mantuvo un poder en el campo de la Salud Mental sostenido en una alianza entre sectores del Estado, los grandes laboratorios, las instituciones de medicina privada, la burocracia sindical que manejan sus intereses en las obras sociales, el conjunto de las Asociaciones de Psiquiatras y las organizaciones médicas que se oponen a cualquier proyecto de transformación. Esto ha llevado a una psiquiatrización del campo de la Salud Mental donde el predominio de un neopositivismo médico pretende entender el padecimiento psíquico exclusivamente como un problema neuronal. Su resultado ha sido el avance de una contrarreforma psiquiátrica que lo único que le interesa es recetar psicofármacos. Aunque a veces se la disfrace de experiencia “progresista” porque a los pacientes se los medica en sus casas y los medicamentos los paga el Estado.

En esta perspectiva debemos entender el acta firmada entre las autoridades de CABA y la AMM que se denomina “Refuncionalización de los manicomios”. Allí se elude los aspectos más progresistas de la Ley de Salud Mental reafirmando la contrarreforma psiquiátrica.

Veamos.

1°) Se reduce el padecimiento subjetivo a estímulos neuronales donde el eje es la aplicación de medicamentos, la utilización de neuroimágenes y los tratamientos genéticos. Una novedad la medicina traslacional en la que se complementa la psiquiatría, la neurología y la neurobiología cognitiva.

2°) Ante el hecho de tener que cerrar los hospitales monovalentes (léase manicomios) se los transforma en supuestos “polivalentes” con práctica en psiquiatría, neurología y psicología cognitiva. Lo importante es dar cuenta del funcionamiento del cerebro que es donde se producen los síntomas psíquicos. De esta manera se deja de lado la subjetividad como una corposubjetividad que se constituye a partir de un entramado del espacio orgánico, psíquico y cultural.

3°) En estos hospitales “polivalentes” se siguen manteniendo las internaciones psiquiátricas. Aunque se mencionan dispositivos alternativos estos quedan en un lugar secundario, dada la perspectiva de los tratamientos que se sostiene.

Por todo lo que venimos afirmando debemos tener en cuenta que para oponerse al poder privado es necesario que el Estado sostenga la salud pública desarrollando una política universalista de seguridad social con la participación de equipos interdisciplinarios, los usuarios y los trabajadores que garanticen el derecho a la salud para el conjunto de la población. Para ello debe asignar un presupuesto adecuado para dar una cobertura de Salud a todos los ciudadanos independientemente de sus posibilidades económicas y que los profesionales cobren un sueldo acorde con la práctica que realizan. Este es un derecho que todo ciudadano tiene asignado por la Constitución Nacional. Si esto no se realiza, se pueden arreglar los manicomios, cerrarlos para hacer tratamientos ambulatorios. Pero mientras el poder lo tengan los monopolios privados la hegemonía neopositivista llevará a remplazar el encierro por los chalecos químicos.

Para finalizar creo necesario hacer un comentario. Aquéllos que pretenden separar las políticas nacionales e internacionales de los gobiernos de sus efectos en la vida de la población, apelando a una lucha que tenga en cuenta solamente los interesas sectoriales, es interesante transcribir lo que dice Slavoj Zizek:

A fines de 2008, investigadores de Cambridge y Yale que analizaban las tendencias en la epidemia de tuberculosis en las últimas décadas en Europa del Este dieron a conocer su resultado: tras analizar datos de más de 20 países, establecieron una clara correlación entre los préstamos de FMI a esos países y el aumento de los casos de tuberculosis.

Cuando los préstamos se interrumpieron, la epidemia de tuberculosis volvió a reducirse. La explicación es simple: la condición para el otorgamiento de los créditos es que el Estado imponga una ‘disciplina financiera’ (reducir el gasto público), y la primera víctima de esas medidas destinadas a establecer la ‘la salud financiera’ es la propia salud pública.

Un ejemplo en nuestro país lo tenemos en 1959 cuando Alsogaray solicita el primer préstamo al FMI y dice la famosa frase “Hay que pasar el invierno”. Ese año, según las estadísticas, se produce la mayor cantidad de muertes en los manicomios nacionales por falta de presupuesto y el consecuente abandono de los pacientes.

En este sentido se debe llevar adelante una lucha teórico clínica para enfrentar las perspectivas de la biología psiquiátrica. Desde allí generar un debate por un plan racional y científico en el campo de la Salud Mental. Pero esto no es suficiente sin una lucha política en la cual se enfrente a los poderosos intereses que se juegan.

El invierno agrava el drama de la pobreza extrema en Buenos Aires

23.7.2019

Por Daniel Gutman

En las penumbras de una noche helada, la inmensa Plaza de Mayo parece vacía. Pero sobre uno de los costados, cientos de personas se agolpan frente a mesas en las que se reparten ropa de abrigo y comida caliente. Son los necesitados de la capital de Argentina, cada vez más numerosos y sometidos a una situación más dramática con la llegada del invierno.

“La mitad de quienes vienen aquí, aproximadamente, vive en la calle. Hay familias enteras que necesitan comer; en algunos casos se nota que no están acostumbrados y sienten vergüenza de su situación”, contó a IPS un empleado de un bufete jurídico, Eduardo Alemán, quien lleva años en tareas solidarias.

“Esto es más que una olla comunitaria. Aquí les damos un abrazo y ponemos mesas para que la gente se conozca y este sea también un espacio de dignidad”, agregó Alemán, mientras organizaba a los voluntarios que no paraban de llegar a la plaza principal de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno.

Argentina vive una brutal crisis económica que desde el año ha hecho aumentar la pobreza y la desocupación y ha triturado el poder de compra de los trabajadores informales, debido a una tasa de inflación superior a 50 por ciento anual.

Para ver las consecuencias solo hay que caminar por las calles de Buenos Aires. Hoy es común lo que antes era esporádico: encontrar gente durmiendo en los ingresos de los edificios públicos o de bancos, en las estaciones de metro o simplemente en las aceras.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admite un crecimiento, pero mínimo: dice que un relevamiento de abril pasado arrojó que hay 1.146 personas en situación de calle, contra 1.091 que había en 2018 y 1.066 de 2017.

En cambio, un censo realizado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil junto al Ministerio Público de la Defensa de la ciudad y otros organismos públicos independientes, difundido a comienzos de de julio, reveló que hay 7.251 personas viviendo en las calles.

Las mismas organizaciones habían realizado en 2017 un relevamiento similar, en el que participan cientos de voluntarios, que durante cuatro jornadas recorren la ciudad desde que cae la noche hasta la madrugada. Aquella vez el número final fue sensiblemente menor: 4.413 personas.

“El gobierno de la ciudad simplemente sale un día y cuenta a los que encuentra. Para hacer un trabajo serio necesita el compromiso de muchas personas, como en el censo que hicimos nosotros”, dijo el defensor general de la Ciudad Autónoma, Horacio Corti.

Corti agregó que “más allá de lo cuantitativo, aquí hay niños, niñas, adolescentes, ancianos. Para hacer una política pública hay que contar de verdad, entender que son personas e indagar por qué están en la calle”.

La Defensoría fue promotora del caso en el que, en febrero, la Corte Suprema de Justicia argentina reconoció el derecho a la vivienda digna.

Fue a raíz reclamo de una mujer que vivía con sus dos hijos en una casa de un asentamiento precario de Buenos Aires que fue destruida por un incendio. A pesar de ello, la realidad de muchas personas es distinta.

A comienzos de julio, una ola de frío polar golpeó buena parte del país, la primera del invierno austral argentino. En pocos días murió en Buenos Aires una persona que dormía en la calle y otras cuatro en distintas ciudades.

Entonces River Plate y otros clubes deportivos de la capital abrieron sus puertas para dar comida caliente y un lugar donde pasar la noche a los sin techo y otros necesitados.

En la primera jornada llegaron al estadio de fútbol del River 242 personas, de las cuales 113 se quedaron a dormir en un espacioso salón, bajo una de las tribunas del célebre estadio donde se jugó la final de la Copa Mundial de Fútbol en 1978. Al día siguiente hubo 340 asistentes y 140 pasaron la noche.

Uno de los que estuvo esas dos noches fue Carlos Daniel Rúa, un hombre de 55 años que llevaba entonces solo 10 días sin techo, durmiendo en trenes o en ómnibus para guarecerse del frío del invierno austral.

“Yo vivía en una pieza (habitación) en Ituzaingó (al oeste de Buenos Aires), pero me echaron porque debo cinco meses de alquiler. Ando con lo que tengo puesto; el dueño se quedó con todas mis pertenencias hasta que le pague”, le contó a IPS mientras se fumaba un cigarrillo en las afueras del imponente estadio.

La historia de Rúa es la de mucha gente en el último tiempo. “Yo trabajaba en una pequeña fábrica de válvulas para lavarropas. El propietario estuvo cinco meses sin pagarnos el sueldo, hasta que un día cerró la fábrica y desapareció, sin pagarnos indemnización”, relató.

 

El contexto del empobrecimiento

 

Esa realidad es producto de una caída de la actividad económica que, según datos oficiales, en el primer cuatrimestre de este año fue de 4,6 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo a estimaciones privadas, cada día están cerrando unas 25 pequeñas y medianas empresas (de hasta 200 empleados) en todo el país.

En este país del Cono Sur americano y una potencia agrícola mundial, con 44 millones de personas, según las últimas cifras oficiales correspondientes a 2018, hay 14 millones de pobres, de los cuales 2,7 millones son indigentes que no logran cubrir sus necesidades alimentarias.

En 2018, se agregaron 2.650.000 nuevos pobres en la cuarta economía latinoamericana, como consecuencia de la devaluación en más de 100 por ciento de la moneda local, el peso, y una inflación que superó 50 por ciento anual.

La crisis de 2018, provocada por falta de financiamiento, llevó al gobierno del centroderechista Mauricio Macri a buscar un programa de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya desembolsó 44.000 de 56.000 millones previstos, en contrapartida a un severo programa de ajuste fiscal.

Pese a ello, este año, la inflación continuó muy elevada, en un contexto de congelamiento de programas sociales y de salarios estancados, por lo que se espera que el índice de pobreza correspondiente al primer semestre de 2019 sea superior al de 2018.

 

Las mayores victimas

 

La situación hace mucho más dura la vida de quienes, acostumbrados a la pobreza, dependen de “changas”, como llaman los argentinos a las tareas ocasionales e informales. Diana, una mujer que prefirió no dar su apellido, contó que ya dejó de buscar trabajo.

“Me dijeron que como me faltan dientes es muy difícil que me den algo; que hace falta buena presencia”, explicó a IPS mientras se preparaba para pasar la noche bajo la tribuna de River.

Había llegado a Buenos Aires desde el suburbio de José León Suárez, para buscar objetos de valor entre los residuos de los barrios de clase media, y la apertura del club le permitió no volver a su casa y ahorrar el dinero del transporte.

En la segunda semana de julio, el frío dio una tregua en Buenos Aires y la temperaturas comenzaron a ubicarse por encima de los 10 grados. Organizaciones solidarias comenzaron a prepararse entonces para la siguiente ola de frío intenso.

“Las muertes de la gente que duerme en la calle se producen cuando las temperaturas bajan de 4 o 5 grados (centígrados). Esta vez tuvimos cinco muertes en pocos días en distintos lugares del país y entonces decidimos hacer ruido en los medios para que todo el mundo se movilizara”, contó a IPS Juan Carr, fundador de la Red Solidaria.

Carr, cuya fundación opera hace 20 años, fue quien invitó a River y al resto de los clubes deportivos a abrir sus puertas en las noches de frío más intenso.

“Los clubes tuvieron una respuesta fabulosa, igual que mucha gente común. El teléfono de Buenos Aires en el que se reciben las denuncias de que hay personas en la calle que necesitan ayuda pasó de 1.000 llamadas diarias a 3.000 en la primera semana de julio”, dijo.

Carr dice que no tiene cifras propias de personas sin techo, aunque no las considera lo más importante. “No es el momento de discutir números, sino de atender un estado de necesidad que es extraordinario”, explicó.

Cromañón: una iniciativa para conservar la memoria

23.7.2019

Por Vivian Palmbaum

Familiares, sobrevivientes y amigas y amigos de las víctimas de la masacre de Cromañón invitan a periodistas para trabajar en conjunto en la interpelación a candidatos y candidatas de la CABA sobre el destino del espacio República de Cromañon. Una actividad para mantener la memoria activa. 

El próximo 30 de diciembre se conmemoran 15 años de una de las peores catástrofes evitables en la CABA, donde casi 200 jóvenes perdieron la vida junto a muchas otras víctimas sobrevivientes de la desidia, el desprecio por la vida, la complicidad de las y los funcionarios, entre las principales causas. Desde entonces familiares, sobrevivientes, amigas y amigos tuvieron que sobreponerse y dar una dura batalla para que se hiciera un poco de justicia.

Después de que se condenara a las y los culpables, el pasado 30 de diciembre de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 24 decidió restituirle la propiedad quien fuera condenado y cumpliera una condena como uno de los responsables, Rafael Levy, de la masacre de Cromañón. Luego, familiares y víctimas se encontraron con una re-victimización. En mayo pasado cuando fueron al boliche República de Cromañón las pertenencias de las y los pibes ya no estaban y el lugar había comenzado a ser modificado.

Lo que pasó en Cromañón es el símbolo del neoliberalismo que privilegia los negocios por encima de las vidas. Por eso, integrantes del Movimiento Cromañón vienen poniendo el cuerpo, interpelando a la sociedad en su conjunto y presentándose en la Legislatura porteña para impulsar un proyecto que no permita borrar la memoria.

Desde Marcha dialogamos con Silvia Bignami, madre de Julián Rozengart, víctima, e integrante de Sobrevivientes, familiares, amigos y amigas de víctimas de Cromañón y de Pañuelos en Rebeldía.

“Familiares, sobrevivientes, amigas y amigos preocupados por las luchas en general y por la memoria de los hechos de dictadura y posdictadura y por el hecho que el Tribunal Oral Federal 24 devolvió a Levy, el dueño condenado por la masacre, sin ninguna restricción”, así lo expresó Bignami, que junto a otras y otros del Movimiento Cromañón se alertaron porque “vemos que están haciendo obras adentro, por eso presentamos a la Legislatura dos proyectos: uno de expropiación y otro de patrimonialización. Ambos complementarios”.

Silvia nos explicó que primero presentaron el proyecto de expropiación del lugar para convertirlo en un sitio de memoria. “Desde el oficialismo, el Pro y sus aliados, nos respondieron que expropiar por ahora no, y que el problema de expropiar es económico, cosa que nosotros creemos que no”, afirmó. “Presentamos un proyecto de declararlo patrimonio cultural y protegerlo, para que ni el dueño ni nadie pueda hacer cosas como modificar la fachada,  darle cualquier uso,  desarmar lo que está adentro”.

Las y los integrantes del Movimiento Cromañón vienen interpelando a la opinión pública en general y a las y los legisladores. Mientras, son acompañados por otros familiares y víctimas de la violencia del Estado y de otras luchas junto a quienes han construido lazos de solidaridad con su presencia. A través de años de lucha, ciertos logros fueron asomando, como la destitución de Aníbal Ibarra principal responsable político de la masacre, a través de un Juicio Político que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y también la condena en el juicio penal, a algunos de los responsables (funcionarios, empresarios, policías). Las condenas fueron siempre insuficientes.

“Ambos proyectos presentados por sobrevivientes, familiares e independientes han tenido mucha acogida por parte de varios legisladores, sin embargo sin el oficialismo se hace muy complicado”, expresó Silvia. Recordamos que el oficialismo tiene mayoría en la Legislatura, “esos proyectos fueron levantados por diferentes bloques pero necesitamos la respuesta del bloque oficialista”.

En plena campaña electoral, cuando candidatos y candidatas avanzan con propuestas, Bignami expresó: “lanzamos una nueva iniciativa que interpela a los candidatos”. Desde el Movimiento Cromañón también apuntan a seguir construyendo solidaridad, “por eso nos interesa hablar con un grupo de periodistas que se animen a preguntarle a los candidatos,  de todos los partidos y alianzas, a jefe y vicejefe, jefe y vicejefa, a diputados y legisladores por la ciudad, algunas cuestiones vinculadas a las políticas de la memoria, como están pensando en relación al espacio de Cromañón y a nuestro reclamo”.

Se plantea “una reunión de trabajo para ajustar esta encuesta y lanzarla a las y los distintos candidatos por la vía telefónica, la vía por la entrevista radial, por la vía de entrevista en la web, por la tv, por todos los medios de comunicación. De eso se trata el encuentro que se realizará en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (SiPreBA)”.

Las condiciones que dieron origen a la masacre aún siguen intactas y cada año toca denunciar más hechos vinculados a la lógica Cromañón: la muerte joven, la ganancia a toda costa, la desidia como una de las caras del Estado. Presencia para reprimir a las y los jóvenes y ausencia para protegerles.

Es necesario seguir construyendo un sentido colectivo que permita darle un lugar a la memoria, para que no se repita el desprecio por la vida, ese que tiene en su triste haber el peor genocidio reciente que se llevó a 30 mil. La invitación para las y los periodistas es este miércoles 24 de julio a las 18 en la sede del Sipreba.

Cayó parte del techo en una Escuela porteña nueva

22.7.2019

#Urgente CAYÓ PARTE DEL TECHO EN UNA ESCUELA PORTEÑA NUEVA en el nuevo Polo Educativo Múgica de la Villa 31

En el nuevo Polo Educativo Múgica de la Villa 31 se cayó parte del techo y de milagro ningún chico/a salió lastimado ya que no había clases en el momento. Está nueva escuela había sido inaugurada hace un mes, el 12 de junio.

La comunidad educativa venía denunciando las filtraciones y demases irregularidades de la nueva escuela, la cual forma parte de los pilares de la campaña de Larreta.

La semana pasada la Multisectorial por la Escuela Pública presentó un informe sobre la situación edilicia de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que denuncia la farsa de la construcción de 54 «nuevas» escuelas de las cuales sólo 4 se encuentran en condiciones de habitabilidad.

El informe detalla que de las 54 «nuevas» escuelas 2 son directamente terrenos baldíos, 12 no deberían estar abiertas por sus condiciones de seguridad, 21 escuelas tienen graves problemas de infraestructura y únicamente 23 instituciones fueron creadas, las otras representan mudanzas de edificio.

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