Red de radios

3.9.2019
Por Laura Salomé Canteros

El ex periodista Lucas Carrasco va a juicio oral, acusado de “abuso sexual con acceso carnal” por dos jóvenes que dieron sus relatos ante el Poder Judicial. La genealogía de tres años de denuncias y el ocaso de otro macho público que se cree impune. Otro juicio que marcará una era de liberaciones feministas.

En ocasiones las pibas denuncian con nombre propio pero en otras prefieren aportar a la lucha de liberación feminista ejerciendo su derecho al anonimato. Mañana será otro día de victoria colectiva más allá de la sentencia ya que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 juzgará a Lucas Carrasco por abuso sexual tras dos relatos que surgieron de un proceso de denuncia y acompañamiento colectivo en 2016 y que fue protagonizado por al menos 20 mujeres. El juicio será el miércoles 4 de septiembre desde las 9 en la calle Talcahuano y podría durar una sola jornada.
El Tribunal estará conformado por la jueza Ana Dieta de Herrero, quien también formó parte del que condenó en julio al ex músico Cristian Aldana, acusado de “abuso sexual agravado”. Lucas Carrasco desmiente los hechos que lo llevaron a juicio oral y alega ser víctima de una persecución política; pero las declaraciones testimoniales son contundentes para el TOC 9 y fue embargado por 300 mil pesos y obligado a presentarse cada mes en el edificio judicial.

La prueba: la palabra de las pibas

La causa es la 46.611/16 y Lucas Carrasco está doblemente acusado de “abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal” por hechos que sucedieron en febrero de 2013 y febrero de 2015 según los Artículos 45, 54 y 119, tercer párrafo del Código Penal de la Nación, que establece que “Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción” y que “La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías…”.-
La elevación a juicio, pedida el 27 de noviembre de 2018 por la Fiscalía 26, a cargo de Patricio Lugones, encontró sus fundamentos en las declaraciones testimoniales de las dos denunciantes, K. y Sofía, de dos amigues de una de ellas y de los resultados del peritaje psicológico- psiquiátrico del Cuerpo Médico Forense. En la declaración indagatoria, el acusado, Lucas Carrasco, había dado una versión de los hechos que se contraponía con la palabra de K. y de Sofía.
El proceso de denuncia para la sensibilización social sobre las violencias machistas tiene un comienzo y es el de las sobrevivientes rompiendo, de forma organizada y en lucha colectiva, la estructura de silencio y de poder de los agresores. “Más allá del proceso judicial, en lo que respecta a la lucha colectiva, el conocer otras mujeres que han pasado por lo mismo que una, es transformador”. Para Sofía Otero, una de las denunciantes de las violencias de Lucas Carrasco, “el proceso judicial es difícil, complicado, desgastante”, pero necesario para romper con la impunidad.
“Todas en algún momento quisimos desistir porque no sabíamos si íbamos a llegar a algún lado”, afirmó -hace tiempo a este portal-, y agregó Sofía, quien estudia Derecho: “No sé si hay otra forma posible. Cada vez que una se cae estamos para levantarnos, porque esto es así, avanzamos, retrocedemos, nos caemos, nos desanimamos, volvemos a confiar”, dijo. “No me arrepiento un instante de todo lo andado. No soy la misma que antes. Tampoco quiero serlo. Escuché historias, crecí, me dejé conmover por esas historias”, sentenció, con la misma potencia que plasmó su testimonio en la Justicia.

La genealogía de las pibas

Entre diciembre de 2013 y febrero de 2017, al menos nueve jóvenes comenzaron a organizarse para relatar -dentro de los feminismos primero y ante el poder judicial o a la opinión pública después- las agresiones de Lucas Carrasco contra sus cuerpos y subjetividades. Lo acusaron de ejercer, según la Ley 26.485 de Protección Integral, violencias sexual, física, psicológica y simbólica; y cuatro de ellas conformaron, según la Ley 25.087 de Delitos contra la Integridad Sexual, una denuncia colectiva por “abuso sexual con acceso carnal” que fue elevada a juicio admitiendo sólo la mitad de esos relatos.
En junio de 2016 acudieron juntas a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema para realizar su primer testimonio y no fueron escuchadas padeciendo violencia institucional. Fue cuando la era del “ya no nos callamos más” comenzaba a dejar su legado a través de historias comunes: se cruzaron con Ariell y otras denunciantes de Aldana, quienes las ayudaron para presentarse ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), dependiente del Ministerio Público Fiscal, organismo que intervino acompañando en ambos procesos judiciales.
En febrero de 2017, tras una etapa de intercambios de historias, se publicó una nota en la que varias pibas contaron las agresiones de Carrasco. Inmediatamente se comenzaron a recopilar denuncias -muchas capturas de chats-, donde se evidenciaba un modo de accionar común: acoso en diferentes modalidades, abuso sexual, violencias física y psicológica y privación ilegítima de la libertad. Diez días después, ya eran 20 las denunciantes y varias de ellas analizaban sumarse a la causa que finalmente realizaron cuatro. Aun a pesar de que los índices de condenas a agresores sexuales son muy bajos.
En noviembre de 2017, la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, procesó a Carrasco por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, se le embargaron sus bienes y se le impuso una orden perimetral respecto a una de sus denunciantes. La decisión llegó un mes antes de que Aldana cumpliera un año en prisión por abuso sexual y pedofilia. Fue un evento fundamental para fortalecer las denuncias públicas y las transformaciones sociales que está generando la organización feminista, que de a poco comenzaban a ser reflejadas también en los ámbitos judiciales.

Profeta en su propia tie… En ningún lado

“Lucas Carrasco no es periodista, es operador político”. De esa forma caracteriza una colega en Entre Ríos a Lucas Carrasco, visibilizando el repudio. La sensibilización y el apoyo de les periodistas allí fue fundamental para que la causa se agilizara en la justicia aun a pesar de numerosos sectores que siguieron encubriendo su ejercicio de violencias machistas. Como por ejemplo, la radio La Voz de Paraná (FM 90.1), que continuó un tiempo cediéndole un espacio diario al aire, donde Carrasco hasta se dio el lujo de hablar de una violación sin hacer alusión a la doble causa que tiene en su contra.
En la ciudad donde reside Lucas Carrasco, integrantes del movimiento feminista realizaron varias acciones, pero la primera fue mostrar la solidaridad. Para ésto convocaron a un conversatorio para intercambiar sobre las denuncias, de que no siempre es el camino a seguir, y se organizaron para emitir alertas y cuidarse entre ellas. Se realizaron pegatinas en el centro y en los lugares donde solía ir el acusado, se le pedía que se retire o se tomaba la voz para hacer mención y se enteren de lo que estaba pasando. Lo que pasó generó una cohesión y un salto de organización entre y para les activistas en Paraná; de hecho, luego invitaron a Ariell Carolina Luján para seguir construyendo herramientas autogestivas para la reparación y salir del lugar de víctimas. Entonces, para elles, la denuncia o el escrache quedaron como una opción.
Desde el momento en que el abuso y la tortura sexual se denuncian, se rompe y estalla en mil pedazos el sentido de control que ejercen los machos. Eso convierte a algunas/ es en ejemplos, voces públicas y hacedoras políticas para otras y otres. Es la era que nos toca vivir: la del “ya no nos callamos más” que se abraza a la del “ni una menos” en la lucha por la libertad, el goce y el reconocimiento de nuestras autonomías. Y en ese camino andan estas pibas, aun cuando la justicia es un concepto que sigue presentando incógnitas y desafíos para quienes luchamos por mundos mejores.

2.9.2019

Organizado desde Radar de los trabajadores, espacio que nace con el objetivo de poner en red la producción cultural de los sindicatos que lo integran, el festival busca que las/os “afiliados/as puedan experimentar y mostrar sus expresiones artísticas en el marco de las organizaciones sindicales”.

“En un momento histórico donde los espacios de expresión se cierran, o se vuelven inaccesibles, entendemos que somos los sindicatos quienes debemos tomar el rol de facilitadores como forma de resistencia. Recuperar el modelo de lo colectivo en contraposición al modelo del individualismo que tanto pregona el neoliberalismo”, explican los organizadores.
“Buscamos generar un espacio donde los compañeros y compañeras que trabajan en las distintas ramas que nuclea Radar puedan mostrar sus producciones, expresarse desde la sensibilidad artística y encontrarse con pares que también disfrutan del arte sea arriba o abajo del escenario”, agregan.
RADAR es fundamentalmente un espacio de intercambio, articulación y producción para registrar, comunicar, difundir y compartir la enorme y extensa labor que se desarrolla en estas áreas. La ceremonia de apertura tendrá lugar este lunes 2 de septiembre a las 18 hs, en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, San José 225, con la actuación de Camila Carabajal.
El Festival de Arte Trabajador este año tendrá 1.300 artistas participantes, 23 sedes, 12 proyecciones audiovisuales, 32 los grupos y bandas participantes, 4 muestras fotográficas, 1 muestra de artes visuales, 60 compañías escénicas, 8 clínicas, 3 jornadas de poesía, 3 jornadas de debate en torno a la cultura y el trabajo. Y por primera vez la entrega de 12 galardones a la trayectoria a personalidades de la cultura, los derechos humanos y la política nacional.
El festival, al que sus organizadores han evaluado la necesidad incorporar una cláusula general de paridad de género, es una propuesta abierta a toda la comunidad, para chicos y grandes, que se despliega en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de septiembre. Todas las funciones son a la gorra, porque el Festival nace en el 2017 como grito de resistencia, como una respuesta a distintas necesidades. “Por un lado la necesidad de tener espacios de expresión y por eso abrimos nuestras salas. Por otro lado, la necesidad de momentos recreativos que se han vuelto prohibitivos. Por eso a la gorra, para que todos y todas tengan acceso”.
“Entendemos que los y las artistas son trabajadores, que si bien desde el Festival se garantiza una logística para que la función no les implique incurrir en gastos, han tenido horas de ensayo, gastos de puesta en escena, viáticos, vestuarios, escenografías y una entrega personal que deben ser reconocidos”, explican.
Sedes: Asociación Bancaria Seccional Buenos Aires, dirección: Sarmiento 341, /Asociación Trabajadores del Estado seccional Capital, dirección: Carlos Calvo 1378/UOCRA, dirección: Rawson 42 / UTE, dirección: Bartolomé Mitre 1984/ SADOP, dirección: Juan Domingo Perón 2625/ La Máscara Teatro, dirección: Piedras 736/ El desguace, dirección: México 3694/ Páramo Cultural, dirección: Carlos Calvo 3974/ La Casona del Banade, dirección: Bolívar 1128/ La catedral del tango, dirección: Sarmiento 4006/ CTA, dirección: Entre Rios 488/ Vuela El Pez, dirección: Av. Córdoba 4379/ Caras y Caretas Café Cultural / Teatro, dirección: Venezuela 330/ Caras y Caretas 2037, dirección: Sarmiento 2037/ADEF, dirección: Rincón 1044/ APSEE, dirección: San José 225/ AGTSyP, dirección: Carlos Calvo 2363/CITRA, dirección: Sarmiento 2058/ UMET, dirección: Sarmiento 2037/ UPSA, dirección: Chile 2349 /Universidad Nacional de las Artes, dirección: Bartolomé Mitre 1869/ Complejo Cultural Sanidad – ATSA, dirección: Venezuela 2255/ APL, Combate de los Pozos 230.

2.9.2019

Vanessa Gómez Cueva es una mujer migrante que había sido expulsada de la Argentina hacia Perú junto a su bebé y separada de sus otros dos hijos. Tras meses de lucha y reclamos que llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Migraciones autorizó el regreso de la mujer para reencontrarse con sus hijos.

El 1º de febrero personal de la Policía Federal detuvo a Vanesa en su casa en Villa Lugano y mediante engaños, la llevaron junto a su bebé (argentino) hasta el aeropuerto de Ezeiza. Con el pretexto de que debía firmar una notificación y bajo la amenaza de enviar a su hijo menor solo a Perú, la obligaron a subir a un avión rumbo a Lima y la expulsaron junto a su bebé, separándola de sus otros dos hijos, que quedaron desamparados en el país.
La orden de expulsión dictada por la Dirección Nacional de Migraciones se basó en una condena a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes que Vanessa había cumplido en el 2014. Una vez en libertad, estudió, se graduó y trabajó como Técnica Superior en Enfermería.
Sin tener en cuenta que la sentencia fue cumplida y que estaban dividiendo a una familia, Gómez Cueva fue expulsada del país.
«En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina. La adopción del DNU 70/2017 modificó aspectos esenciales de la Ley de Migraciones que derivaron en el retroceso de los derechos de las personas migrantes. Entre sus graves consecuencias están la separación de niñas y niños de sus familias y las expulsiones que violan el debido proceso y el derecho a la defensa. En definitiva, se expulsa a personas migrantes que están hace muchos años en Argentina, que cumplieron sus penas y que han formado su familia en el país.» explicaba Anmistía Internacional mediante un comunicado.
Hoy, tras siete meses de lucha luego de su expulsión, el Director Nacional de Migraciones anunció la decisión del Estado argentino de levantar la prohibición de reingreso que impedía que Vanessa regresara al país y pudiera reunirse con sus hijos de 6 y 14 años.
«La decisión del Estado es sumamente significativa ya que permite restituir los derechos vulnerados de los niños/as, considerando el interés superior de los mismos y garantizar el derecho a la unidad familiar. » agregó Anmistía Internacional.

1.9.2019

Este lunes a partir de las 7 de la mañana, rige la apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B. Medida llevada a cabo por las y los trabajadores del subterráneo, para seguir denunciando asbesto contaminante en las formaciones y talleres de Metrovías.

“En las últimas semanas se confirmó la peor de las verdades, una decena de trabajadores afectados por el asbesto sobre una centena de exámenes. Esta misma situación podría ser la de cientos de trabajadores más y millones de usuarios”, denunció Claudio Dellecarbonara, delegado de la Línea B y miembro del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP.

Hace tiempo que los trabajadores vienen exigiendo que se haga algo con respecto a semejante crisis de salud publica en el subterráneo. Tanto Metrovías como el gobierno, a pesar de reconocer el problema, no toman ninguna medida para solucionarlo.

Dellecarbonara relata, “ya lo venimos denunciamos hace más de un año y medio, la red de subterráneo está contaminada con asbesto, material cancerígeno prohibido desde el año 2001”.

Y agrega: “Seguimos exigiendo a Metrovías y al Gobierno de la Ciudad, que negaron esta verdad durante años, y que son los responsables de una verdadera crisis de salud pública, una solución integral e inmediata”.

Esta medida de los trabajadores de la Línea B, es parte de una serie de medidas votadas en el último plenario de delegados. Dellecarbonara deja claro “que no cesaremos en nuestro reclamo y que pondremos en marcha todas las medidas que hagan falta para obtener respuesta y soluciones”.

31.8.2019

Por Gustavo Sarmiento

Los docentes denuncian que en una situación económica apremiante para las familias, cada vez son más exiguas y de menor calidad. «Con hambre no se puede estudiar».

Mientras el Gobierno de la Ciudad gastará 16 millones de pesos en máquinas expendedoras de bebidas calientes para el Ministerio de Educación, las viandas para los chicos llegan cada vez más exiguas. “Miren las ‘viandas’ que entrega hoy Larreta en el Distrito Escolar 11 (Bajo Flores) luego de empujar a más de la mitad de los niñxs a vivir en situación de pobreza. Gastan en pauta publicitaria lo que deberían invertir en salud y educación. Y la fruta? #LarretaEsMacri”, tuiteó el secretario general de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE–CTERA), Eduardo López. En las imágenes se ven los sándwiches de pan de salvado enviados por la concesionaria «Alimentos Integrados SA» del tamaño de una lapicera, con sólo dos finas fetas de queso. Y una pequeña barra de cereal de postre.

«De un tiempo a esta parte fue disminuyendo notoriamente la calidad de las viandas. El año pasado eran dos sándwiches de jamón y queso y otro de medallones de pollo o pescado, una fruta y una barrita de cereal. Ahora es sólo un sándwich de queso y una barrita. Con hambre no se puede estudiar», reclama Amancay Benetti, docente en la escuela de jornada completa N° 4 «Benjamín Zorrilla» del Distrito Escolar 11, en San Pedrito 1415, pleno Bajo Flores, una de las que recibió las viandas de las fotos.

«Trabajamos con una población de zonas vulnerables, como son los chicos de edificios Castex y Fonavi, alumnos de la 1-11-14, Soldati, Ramón Carrillo. Para muchos de los chicos, la de la escuela es la única comida del día, sobre todo en los tiempos que corren». Ya en octubre de 2018 la comunidad de la escuela «Benjamín Zorrilla» había alertado al Ministerio de Educación por la quita de 30 raciones diarias, y la ausencia de pan que no fue reemplazada por ningún otro alimento.

El actual pliego de licitación sobre los alimentos escolares cubre los años 2018-2020. Lo destinado parece grande: 2.099 millones de pesos. Sin embargo, son apenas 69,19 pesos por chico, una cifra menor a los 72,80 por vianda que estipularon los pliegos originales, y con una inflación de casi el 60% anual. A diferencia de re-determinaciones de precios que hubo para concesionarios de veredas o transporte, en estos meses los números de las viandas escolares no se actualizaron. Otro factor clave es que la cartera educativa decide la cantidad de envíos tomando una «asistencia media» de alumnos de cada colegio, decidida en un día al azar en la que van representantes del concesionario. Si ocurre en una jornada de asistencia baja, las raciones no alcanzarán un día donde vayan todos los alumnos.

Hace una semana, treinta chicos fueron intoxicados tras almorzar pizza en mal estado en la escuela pública Francisco de Vitoria de Villa Crespo, provistas por la Ciudad. Los niños fueron trasladados en observación a los hospitales Durand y Fernández. Los mismos que habían denunciado días atrás la presencia de bichos en pasteles de papa. Varios que asisten a doble jornada resolvieron no comer más en la escuela.

«Muchas veces las frutas vienen podridas, machucadas. Acá en esta escuela las raciones son muy escasas, más teniendo en cuenta que la noche anterior quizás los chicos no cenaron. La semana pasada, por ejemplo, no alcanzaron las viandas para los maestros de turno», remarca Benetti.

Otro factor que se sumó a la crisis alimenticia en las escuelas porteñas fue la modificación en la modalidad para tramitar las becas: con nuevas trabas burocráticas a los padres –ahora deben completar formularios online de diez pasos y declaraciones juradas–, este año el gobierno entrega un 8% menos de raciones respecto al 2018, a pesar de que la demanda aumentó considerablemente.

Cuestión de prioridades

En los últimos diez años el presupuesto en Educación del Gobierno porteño pasó del 27 al 17% del total. De esta manera se convirtió –en términos porcentuales– en el más bajo de todo el país. Sin embargo, la gestión Larreta destina grandes sumas a otros temas. En un contexto de ajustes y recesión sorprendió la publicación de la disposición N° 834/DGCYC/19 a principios de semana en el Boletín Oficial de la Ciudad, para contratar en la sede de la cartera educativa porteña “expendedoras de bebidas calientes en comodato”. Serán $ 16.080.000 por 24 meses.