Red de radios

11.9.2019

Los y las usuarias de la Línea C de subte se encontraron el acceso cerrado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El metrodelegado Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), repudió la medida del gobierno porteño de suspender hoy con efectivos de la Policía de la Ciudad el funcionamiento del subte. La medida «responde a una maniobra de la Policía de intentar frenar a los manifestantes que en el día de hoy quieren volver a acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social», informó Metrovías. «Parece que no importa ahora el transporte público con el que tantas veces se llena la boca al gobierno y sólo pretende dar una respuesta represiva a un reclamo social», denunció el Polo Obrero. Cuando el gobierno hace piquete y no te deja llegar a tu trabajo.

Los usuarios y usuarias de la Línea C de subtes se encontraron en el hall de Constitución con el mensaje: «se informa al público usuario que la Línea C se encuentra interrumpida».
Lo que no informa el audio de la empresa Metrovías es el motivo: un operativo de clausura de la Línea C comenzó por la mañana, a las 8, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes y dieron la orden a la seguridad de Metrovías de bajar las persianas para bloquear la entrada a los y las usuarias. Además, obligaron a los y las trabajadoras del subte a guardar los vagones en las cocheras, por lo que se espera que no esté activa la línea C durante todo el día.
Un trabajador del subte relató: «llegó la policía y guardaron los subtes en las cocheras y suspendieron el servicio hasta nuevo aviso. No pasó nunca». En tanto, el metrodelegado Roberto Pianelli expresó al mismo medio: «es la primera vez en la historia que un gobierno suspende una línea de subte por una manifestación. Lo hicieron para generar caos, responsabilizar a quienes se manifiesten y perjudicar a quienes no se están manifestando. Quienes quieran ir a protestar van caminando, son 8 cuadras nada más, es incomprensible esta suspensión de toda la línea».
El mismo medio informó que consultada por la situación, la empresa Metrovías respondió que la medida «responde a una maniobra de la Policía de intentar frenar a los manifestantes que en el día de hoy quieren volver a acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social». Además, El Destape informó que consultada sobre el operativo, voceros de la Policía de la Ciudad respondió: «es para ordenar un poco las cosas y que los manifestantes estén todos en superficie».
Por su parte, en un comunicado el Polo Obrero denunció que «el gobierno prepara un operativo represivo para responder con represión a los reclamos sociales». En esa línea, confirmó que «el objetivo de la interrupción del servicio es impedir que las organizaciones sociales lleven su reclamo a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social«. Asimismo, denunció que «en el propio Ministerio hay un ejército de policías, carros hidrantes y vehículos represivos que ya interrumpe parte del tránsito sobre la 9 de julio y también está cerrado el tránsito en San Juan y Entre Ríos con el mismo objetivo de armar un cerco represivo contra los manifestantes«.
Finalmente, la organización social expresó: «parece que no importa ahora el transporte público con el que tantas veces se llena la boca al gobierno y sólo pretende dar una respuesta represiva a un reclamo social qué a sido reconocido por diversos sectores y organizaciones. Rechazamos este operativo que agrava la situación y no aporta nada a la solución del problema».

10.9.2019

El reclamo de la comunidad educativa de la escuela Álvarez Thomas llegó hasta el jefe de Gobierno: tanto en el encuentro con vecinos de Agronomía como en el escrache que lo sorprendió después.

“Hoy con nos juntamos con los vecinos de Agronomía para charlar sobre el barrio. Estar cerca, como lo venimos haciendo, es importantísimo para seguir mejorándolo juntos”, escribió el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en su cuenta de Twitter. Pero en ese mismo barrio crece un reclamo de larga data, contra el recorte de las clases de natación en la escuela Álvarez Thomas. Un grupo de madres y padres con pancartas y a los gritos lo esperó para hacerle llegar su repudio.
Hoy con @dgarciavilas y @anabouperez nos juntamos con los vecinos de Agronomía para charlar sobre el barrio. Estar cerca, como lo venimos haciendo, es importantísimo para seguir mejorándolo juntos.
“¿Hasta cuándo van a seguir recortando? ¿Por qué?”, le gritó un hombre al mandamás porteño, que se apuró para llegar al auto que lo estaba esperando y salir de la zona del escrache. “¡Le están sacando derechos a los chicos!”, reclamó una mujer que lo acusaba de “mentiroso”.
Ya durante la reunión con los vecinos, Larreta había tenido que escuchar reclamos por este tema. “Es hora de que el Ministerio de Educación le preste atención a este tema, porque la comunidad educativa del Álvarez Thomas más o menos es de 85 mil personas, que son las que ayudaron a hacer la pileta de natación”, dijo un padre de esa comunidad, y advirtió que “se está preparando una gran movilización de alumnos, padres y toda la comunidad educativa para cortar las avenidas del barrio por ese motivo”. La respuesta de Larreta fue: “Dejame ver bien el tema y lo hablamos, ya me lo anoté”.
Desde la escuela Álvarez Thomas llevan largo tiempo reclamando contra el recorte de clases de natación en la pileta que construyeron y mantienen con fondos de su propia cooperadora. Incluso llevaron el caso a la Justicia y obtuvieron un fallo favorable, pero pese a tener una cautelar vigente el Gobierno de la Ciudad volvió a restringir el derecho para nenes y nenas de nivel inicial.

10.9.2019

Por Nicolás Romero

El personal denuncia que el gobierno porteño vulnera sus derechos como trabajadores. Exigen el pase a planta permanente.

Los agentes de Prevención de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que el noventa por ciento del personal de ese cuerpo encargado de colaborar con la policía trabaja en condiciones de precarización laboral, similares a las que denunciaron los agentes de tránsito porteño. De 800 personas, sólo 72 son trabajadores de planta. El resto, bajo el modelo de flexibilización cambiemita, es monotributista, como los trabajadores de delivery. Sin ART, ni viático ni horas extras, y con apenas una muda de ropa provista por las autoridades, el personal de esta dependencia constituida por civiles sin armas, que tiene a su cargo cuidar los senderos escolares, efectuar controles en estadios y recitales, y realizar tareas de monitoreo en el espacio público, donde enfrentan situaciones de riesgo, exige el pase a planta permanente.
«Cumplimos funciones de personal policial sin protección y por un sueldo básico de 22.300 pesos, a los que hay que descontar casi 3000 de monotributo e ingresos brutos», contó uno de los agentes que prefirió reservar su identidad por miedo a perder su puesto de trabajo.
«Nos dicen que nuestra tarea es de bajo riesgo, cuando estamos en la calle con un co-seguro mínimo de 700 pesos y sin ART, enfrentando cotidianamente situaciones que pueden terminar en violencia. Tenemos muchas compañeras agredidas, compañeros que fueron encañonados por delincuentes, y todo eso en un contexto de trabajo donde vulneran nuestros derechos laborales y nos presionan y maltratan de forma constante».
Otro de sus compañeros explicó que «la normativa decía que íbamos a estar bajo la vista de personal policial. Que donde hubiera un agente de Prevención, iba a haber, a poca distancia, un policía, y eso no se cumplió nunca. Es más, fueron sacando al personal policial y nos dejaron solos para hacer frente a diversas situaciones para las que deberíamos contar con apoyo».
Según advirtieron, la única herramienta de que disponen es un celular georeferenciado que entregan las autoridades para saber dónde están, dar el presente y fichar la salida. «El teléfono es para conectarte con el supervisor o llamar al 911, no tenemos comunicación directa con móviles policiales, y si nos ven hablando con un policía nos sancionan», explicaron.
Con un curso de capacitación de 30 días en el Instituto Superior de Seguridad Pública de Villa Lugano, donde les enseñan las diferencias entre contravención, robo y hurto, y algún pantallazo más sobre cuestiones legales, más un curso de dos días de reanimación cardiopulmonar (RCP) y algo de gimnasia, los agentes que dependen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, están listos para patear la calle durante las siete horas que dura la jornada laboral.
Y lo de patear es casi literal, porque muchos de ellos terminan con los borcegos destrozados. «Nos entregan un par de borceguíes que terminan desechos, un pantalón de combate como el que usa la policía, una chomba, un buzo, una campera, un piloto y una gorra. Eso en el mejor de los casos. Este año nos dieron para los 800, 360 uniformes. Te hacían llevar el uniforme viejo para darte el nuevo, y los viejos se los entregaron a los agentes nuevos que salieron a la calle», detalló uno de los trabajadores.
Y agregó que: «Cuando se formó el cuerpo era para custodiar los senderos seguros de las escuelas, pero eso fue mutando, desde hace tiempo incluye seguridad urbana. Y terminó convirtiéndose en una seguridad privada de la Ciudad para cubrir eventos por los que cobra. Cubrimos recitales, las entradas en las canchas, donde hacemos control de documentación, cuando no podemos pedir el DNI a nadie porque no somos personal nombrado, solo monotributistas con locación de servicio».

10.9.2019

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad presentó un pedido de informes sobre la situación de los 2.700 agentes de tránsito, que como acaba de ponerse de manifiesto con la muerte de Cinthia Choque y las graves heridas recibidas por Santiago Siciliano, están en un estado de total precariedad, sin los derechos laborales amparados para los empleados públicos. En un claro acto de fraude laboral, los miles de trabajadores están contratados como monotributistas, sin siquiera contar con ART.
En su pedido de informes señaló que “la situación de precariedad de los agentes de tránsito es responsabilidad de Larreta, que viola abiertamente las leyes laborales que le corresponden a los trabajadores de su gobierno. La contratación como monotributistas dentro del Estado representa un fraude laboral ejecutado por el mismo gobierno que debe velar por el cumplimiento de las leyes laborales. No es casual por eso que la violación de las leyes laborales se extienda al conjunto de la Ciudad, como lo prueba la situación de los miles de trabajadores de las plataformas”.
“Para enfrentar esta situación nuestro bloque en la Legislatura presentó un proyecto de pase a planta permanente de todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad. Pero a pesar de que esa presentación fue hace más de un año el oficialismo en la Legislatura bloque tratarlo incluso en la comisión de trabajo”.
“Insistiremos en el pase a planta permanente de todos los trabajadores de la Ciudad, empezando por los del propio Estado”.

10.9.2019

Por Larisa Pérez

La situación de los monotributistas en el gobierno de Larreta estuvo en boca de todos por la protesta de los agentes de tránsito en CABA. La precarización que aumenta en especial en la juventud, la responsabilidad de gobiernos y empresarios, la complicidad de la CGT para pasar el ajuste, y la única salida para los trabajadores en la crisis la propone la izquierda.

La protesta de los agentes de tránsito de la Ciudad puso en primera plana una realidad que muchos y muchas intentan tapar. Mientras el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, calificaba como una “tragedia indignante” la muerte de Cinthia Choque, el Estado tiene miles de monotributistas a nivel nacional, y más aún provinciales y municipales como en este caso. Es decir, es garante de sostener la precarización laboral.
Los trabajadores reclamaron contra la precarización laboral y exigen justicia por sus compañeros: “Cinthia murió monotributista” denunciaron. Cinthia Choque era monotributista como lo es el 70% de los agentes de tránsito: hay 1.900 monotributistas y 800 de planta, según cifras oficiales. Y como sucede en los trabajos precarizados o peores pagos la mayoría el 54 % son mujeres.
Los testimonios que dan sobre las condiciones de precarización, con la amenaza constante de que no se renueve el contrato si salen a denunciarlas u organizarse, y la denuncia a los sindicatos como UPCN -dirigido nacionalmente por Andrés Rodríguez, ayer cercano al macrismo, hoy apoyando al Frente de Todos, de Alberto Fernández- y SUTECBA, un gremio muy cercano a la gestión de Rodríguez Larreta, que no toman sus reclamos.
Los mismos reclamos podrían aplicarse a millones de trabajadores en el país, monotributistas municipales y estatales, pero también con muchas otras formas de flexibilización laboral en el ámbito público y privado. La precarización en Argentina sólo fue en aumento desde las reformas neoliberales que se realizaron principalmente durante los ’90. Incluso fue la clave sobre la cual creció el empleo luego de la crisis del 2001, con el necesario apoyo de todos los gobiernos, incluidos los trece años bajo el kirchnerismo, y de la burocracia sindical.
La crisis actual vuelve a demostrar que a la precarización nadie la piensa tocar. Más bien al revés, en el país bajo el mando del FMI y “los mercados” es donde más pega el ajuste, y piden junto a los empresarios una reforma laboral para ir por más.
Porque ser monotributista, u otras formas de precarización, no sólo implica bajos salarios, sino que no te aplican los bonos “migajas” que dio Macri, ni los aumentos por debajo de la inflación que pactan los burócratas en los sindicatos, o tener los mínimos derechos laborales a vacaciones, enfermedad o indemnización en caso de despido. Según el INDEC la cantidad de asalariados sin descuento jubilatorio (una forma de medir la precarización) subió de 33,9 % a 35 % entre primer trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019. Y Alberto Fernández nos quiere convencer de que un dólar a 60 es razonable, ¿razonable para quién?
Ser precarizado en el laburo implica estar precarizado en la vida, y esa vida es especialmente la de la juventud hoy en día. Los jóvenes son los que tienen que agarrar los peores trabajos, vivir de changas, arriesgar su vida en los Rappi o Glovo, en la picadora de los call centers y cadenas de comidas rápidas. Qué mejor imagen de la realidad para mostrar que no hay forma que en esta crisis ganemos todos, empresarios y trabajadores, como el Frente de Todos quiere vender.
“Rebelde o precarizada: vida y futuro de la juventud en tiempos el FMI, de los noventa a la era Macri” es como tituló su reciente libro Nicolás del Caño, candidato a presidente por el Frente de Izquierda – Unidad. Allí afirma “hoy, dos de cada tres jóvenes trabajan en la informalidad. Cobran menos, tienen los peores contratos, se accidentan más. Son descartables”.
La CGT dijo que el salario mínimo debía ser cercano a 30.000 pesos, gobierno y patronales dijeron 16.000, y ellos se fueron a la casa. Se reunieron este lunes con Sica y Stanley -Ministerios de Producción y Trabajo y de Desarrollo Social- para pedir por reapertura de paritarias o un bono, y les tiraron una supuesta tarjeta alimentaria para los desocupados de los gremios que abarca.
Si ni siquiera reclaman por los trabajadores que están representando, cómodos en sus sillones sin laburar desde hace años, ni soñar que van a reclamar para los millones no registrados o bajo alguna de las formas de precarización, que no están incluidos por los convenios colectivos ni leyes laborales.