Red de radios

12.1.2020

Por Laura Velazco

Vidas que no importan

La insensibilidad de la gestión PRO en la Ciudad no sólo oculta los números reales de la problemática de las personas en situación de calle, sino que además culpabiliza a la población vulnerada.

Desde el año 2010 existe en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 3.706 de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle, escrita a partir del aporte de las organizaciones no gubernamentales que saben y trabajan solidariamente en la temática. A pesar de que la norma fue reglamentada en el año 2013, aún no se plasma en políticas públicas efectivas que aborden de forma integral la asistencia social de las personas que tienen todos sus derechos vulnerados.
Junto a la ex diputada nacional y actual titular del INADI, Victoria Donda, y habiendo trabajado en la temática desde el Consejo Económico y Social (CESBA), presenté un amparo por las personas en situación de calle en la Ciudad que recibió por respuesta un fallo ejemplar de la Jueza Elena Liberatori. Centralmente reconocía que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no realizaba un censo serio de la población en calle desconociendo la dimensión social del problema. Sin un diagnóstico adecuado es imposible destinar el presupuesto acorde.
Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admiten que con el aumento de la pobreza y la indigencia se ha incrementado en un 35% la gente en situación de calle; inclusive reconocen que hay más mujeres, niños y niñas, que hay más personas con profesiones y oficios que se quedaron sin trabajo recientemente y que cada vez hay más personas durmiendo en la calle en barrios no céntricos. Vemos todos los días los colchones y ranchadas al caminar las veredas, portales, bajo autopistas y sabemos que muchas veces las fuerzas de seguridad expulsan a esta población de las zonas céntricas para que la ciudad se vea “linda y prolija”, escondiendo una tremenda realidad social en lugar de resolverla siendo que estamos en el distrito más rico del país.
La cifra oficial dice que hay 1.146 personas que hoy están en situación de calle en territorio porteño. Pero hace dos años participamos junto a organismos de control porteños y más de cincuenta organizaciones sociales, barriales y solidarias en un censo popular que reveló otros números: 4.394 personas en situación de calle efectiva, ascendiendo ese número a 5.872 al contabilizar a quienes estaban pasando la noche en los paradores. Entre 500 y 600 eran niños, niñas y adolescentes. Y la cifra trepa a decenas de miles si contabilizamos a la población en riesgo de calle tal cual contempla la Ley 3.706. En 2019, el Censo Popular sobre Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires arrojó el resultado de un crecimiento importante de las familias y personas sin techo: se registraron 7.251 personas entre quienes están en calle efectiva y quienes pasan la noche en los dispositivos llamados paradores nocturnos que no reúnen las condiciones de ser centros integrales como plantea la normativa vigente. La cifra relevada representa un 23, 5% de incremento respecto del censo del 2017. El Gobierno porteño no los ve.
La insensibilidad de la gestión PRO no sólo oculta los números reales de esta problemática, sino que además culpabiliza a la población vulnerada. Es brutal y hay que tener el corazón helado para decir que la gente no quiere ir a los paradores y prefiere enfermarse o morir en la calle. ¿No se preguntan los funcionarios por qué la gente no está en los paradores? ¿Será que las 2300 plazas no alcanzan? ¿Será que no son centros integrales abiertos 24 horas? ¿Será que separan a los hijos de las madres? ¿Será que hay situaciones de violencia institucional y social? ¿Será que no permiten entrar el carro que es medio de sustento para el cartoneo? ¿Será que no hay herramientas laborales, sanitarias, educativas que se lleven adelante para salir de la calle? ¿Será que el subsidio habitacional para esta situación de emergencia cubre apenas la mitad de lo que cuesta una pieza de hotel? ¿Será que se ponen por delante trámites burocráticos que impiden el acceso a la ayuda social? ¿Será que no aplican la Ley 3706 para la protección de los derechos humanos y sociales? El voluntariado social y sus organizaciones comunitarias organizan ollas populares, recorre las calles llevando un plato de comida; centros educativos como el Isauro Arancibia garantizan el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de calle. El Gobierno de la Ciudad sigue siendo indiferente, burocratizando la respuesta que se necesita con urgencia para el acceso al subsidio habitacional, que además está cada vez más alejado del costo real de un techo.
La Ley 3.706 plantea con toda claridad que deben protegerse los derechos no sólo de las personas en situación de calle sino de aquellas que están en riesgo de caer en ella. Con el crecimiento de la pobreza y la indigencia de los últimos años, miles de familias quedaron en calle, pero otras tantas miles están al borde de quedar en la calle. Unos doscientos desalojos están poniendo en riesgo a muchísimas familias en la Ciudad. Por eso es imprescindible que el Gobierno porteño se haga cargo de la situación de Emergencia Social y Habitacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires, para frenar los desalojos e impulsar las políticas públicas urgentes.
Desde el Frente de Todos en la Legislatura porteña estamos trabajando con las organizaciones barriales, sociales, de derechos humanos y con organismos descentralizados, para avanzar en proyectos que defiendan a las familias que tienen hoy todos sus derechos vulnerados. En la Ciudad, cada vez hay más gente en la calle y cada vez es más difícil para el conjunto de la población trabajadora acceder a la vivienda propia. Queremos una Buenos Aires que no ponga los negocios inmobiliarios para pocos por encima del bien común y del buen vivir.

* Laura Velasco es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SOMOS – Frente de Todos)

10.1.2020

Alberto Fernández y Rodríguez Larreta buscaron bajar el tono de la polémica por la reducción de la coparticipación a Ciudad. Aún no se confirmó el monto pero estiman que rondará $ 35.000 millones.

Si se confirma un recorte del 1 % de la coparticipación federal de impuestos por el gobierno nacional, será cerca de $ 35.000 millones el monto afectado. Alberto Fernández buscará realizar la baja de la participación de Ciudad en el reparto de fondos por medio de un decreto.
De ambas partes se intentó mostrar “diálogo” y bajar el nivel de la polémica. El presidente confirmó este viernes que habrá una quita de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires y reveló que Horacio Rodríguez Larreta ya está al tanto.
“Ya lo hablé con el jefe de gobierno de la Ciudad, él lo entiende, vamos a trabajar juntos, no hay por qué sobresaltarse”, dijo Fernández. A su vez, justificó la medida en que “la Ciudad es el único distrito que se llevó coparticipación secundaria, que es la parte que le corresponde a la Nación, ninguna otra provincia se llevó eso”, afirmó el presidente.
El Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, por su parte, también buscó bajar decibeles a la polémica por la coparticipación. Tras las duras críticas de legisladores y representantes de Juntos por el Cambio en Ciudad, aclaró: “ratifico mi vocación de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno nacional”.
“Ese camino [el del diálogo] ya lo iniciamos, tanto con el presidente Fernández, su ministro del Interior, de Pedro, y funcionarios de su gobierno, con los que venimos hablando muy positivamente desde el comienzo de su mandato”, dijo Larreta.

De qué se trata la disputa

La Coparticipación Federal (Ley 23.548) es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal. Esta es una delegación efectuada por las Provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue incorporada al sistema desde la reforma constitucional del año 1994.
En 2016 Mauricio Macri había aumentado de 1,4 % a 3,75 % el porcentaje de coparticipación para la Capital. El 2,35 % de incremento se argumentó en el traspaso de la policía de la Ciudad. De esa porción, más de un 80 % estaría destinado a sueldos de la fuerza. “Esa es la discusión y la vamos a resolver”, sentenció el presidente. No obstante, de ninguna manera está en discusión afectar intereses de la policía de la Ciudad, reducir el presupuesto en Seguridad o cuestionar la función represiva de esa fuerza.
Pero además, Fernández agregó que “en épocas de (Eduardo) Duhalde ya recibieron 1,4 % de coparticipación a cambio de nada, eso algo que tenemos que conversar y seguro lo vamos a resolver”.
Con el Pacto Fiscal de 2018 (con el que se acordó el Presupuesto de ajuste de 2019 que actualmente rige y que fue condición del FMI), el porcentaje que le tocó a CABA se redujo 0,25 puntos a 3,5 %.
El gobierno nacional aún no confirmó cuál será el nivel de la nueva reducción, está en negociación. Pero no descartaron podría ser de un punto, o incluso 2. Hoy la Ciudad percibe $ 126.000 millones anuales por coparticipación. La quita de 1 punto implicaría una reducción cercana a $ 36.000 millones.
Por su parte, desde el gobierno porteño se escudan en que aportan entre el 22 % y el 25 % a la masa coparticipable y recibe actualmente el 3,5 %. Sin embargo, el criterio de reparto no es el aporte que hace cada jurisdicción. Los ingresos por coparticipación representan cerca del 11 % del Presupuesto de CABA.
La negociación con Rodríguez Larreta la lleva adelante el Ministerio del Interior y el tema fue puesto en principio sobre la mesa por el propio Alberto Fernández cuando lo recibió en sus oficinas de Puerto Madero, antes de asumir la Presidencia hace un mes. Según fuentes oficiales, aún “no está definido el monto ni cuándo se efectivizará esa baja”.

8.1.2020

Más de 80 agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires fueron despedidos. La medida se tomó a pesar del fallo de la Justicia que prohibió la desvinculación de estos trabajadores e instó a mejorar sus condiciones laborales. Los agentes denunciaron persecución política porque buscaron representación sindical.

La tragedia que se cobró la vida de Cinthia Choque y puso en riesgo la de Santiago Siciliano dejó al descubierto varias cuestiones sobre el sistema de contratación estatal que se maneja a nivel Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires.
A poco más de un mes del hecho, la Justicia tomó cartas en el asunto y prohibió a Larreta desvincular a los miles de agentes de tránsito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató bajo la modalidad de locación de servicios y, por lo tanto, no reconocidos como trabajadores en relación de dependencia. A su vez, instó al Ejecutivo porteño a mejorar las condiciones laborales de estos.
Lo hizo a través de una resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara, a raíz de un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy y por intermedio de Matías Cremonte, el titular de su Departamento Jurídico y, a la vez, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
Sin embargo, al comienzo de esta semana, el gobierno de Rodríguez Larreta hizo caso omiso al amparo y despidió a 80 agentes de tránsito de su jurisdicción. La modalidad de contratación extiende contratos por un año, y es allí donde descansa el argumento del jefe de gobierno porteño.
Para los agentes, se trata de una persecución política desatada al momento de hacer visible la precarización y organizarse a nivel sindical. También denunciaron que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) –el cual debe representarlos- les dio la espalda y tomó partido por el Ejecutivo.
Ayer, durante el corte que realizaron en Avenida de Mayo y Perú, ATE acompañó a los despedidos en el reclamo. Rodolfo Arrechea, dirigente del Consejo Nacional, dijo: “Queremos decirle a Larreta que ningún trabajador de la Ciudad de Buenos Aires sale de su casa para perder la vida. Lo hacen para llevar el pan a sus familias. La precarización laboral de los compañeros y compañeras de Tránsito es lo que llevó a la tragedia en la que la compañera Cinthia Choque perdió la vida. No vamos a parar hasta que reincorporen a todos y todas las compañeras despedidas”.
Por su parte, Verónica Báez, trabajadora referente del sector, manifestó: “Los compañeros y compañeras que estamos en planta permanente no fuimos echados, pero vinimos a denunciar y acompañar porque queremos la igualdad de condiciones. Así como tenemos igualdad de funciones, queremos que nuestros compañeros también estén en planta. Cinthia falleció siendo monotributista. Santiago Siciliano tiene que estar en una silla de ruedas donada por Cáritas. No vamos a permitir que echen a nuestros compañeros, sobre todo a aquellos que estaban reclamando justamente por terminar con esta precarización”.

7.1.2020

Por Leonardo Farias*

Tras ocho años de presidir las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el PRO pierde territorio con dos presidentes elegidos por la ciudadanía y que son del Frente de Todos (FDT): Ignacio Alvarez y Miguel Eviner al frente de las Comunas 4 y 8 respectivamente. Con Rodríguez Larreta al frente nuevamente del Gobierno porteño, por los próximos cuatro años, la Ciudad adquiere una oposición institucional sin precedentes en la breve historia de funcionamiento descentralizado.

Los flamantes presidentes junto a 37 comuneros más arrancan una tercera gestión que promete, al menos, novedades en la correlación de fuerza que se presenta en el territorio. No solo dos comunas son presididas por el FDT sino que en algunas otras el partido de gobierno pierde la mayoría en la composición de las Juntas (son siete miembros en total, cuatro para obtener la mayoría simple).
Desde el minuto cero Larreta deberá digerir los cuestionamientos que los presidentes del FdT vienen realizando en materia de infraestructura, vivienda, salud y educación, hasta ahora impensado por los “ordenados” jefes comunales de PRO – Cambiemos. El Consejo Intercomunal (órgano que reúne a los hombres y mujeres que presiden las comunas) perderá la composición absoluta.
Por otro lado la relación de las Comunas con el “exterior” presenta perspectivas de grandes modificaciones. Tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Nación pueden ser clave en materia de gestión asociada e inter jurisdiccional con las Comunas, que no necesariamente debe homologar el gobierno de la Ciudad. Varios pueden ser los ejemplo pero vale citar a la ex ministra Nilda Garré quien durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ha trabajado sin prisa pero sin pausa con los comuneros, en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana.
También vale decir que las comunas del sur presididas por el FDT son sujeto de acuerdos con la provincia de Buenos Aires por distintas problemáticas linderas. Pero esto sin dudas está sujeto a las iniciativas de los 39 Comuneros del FDT y a la voluntad de Nación y Provincia de presentarle a Rodríguez Larreta una declarada batalla por la Capital Federal. Sin dudas esto estará proporcionalmente ligado a la relación que logren establecer Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño. Por lo pronto, el presidente le pidió al jefe de Bloque de legisladores, Claudio Ferreño: “estar cerca de los comuneros y atender sus demandas”. Todo un mensaje en clave política de un presidente, que antes de serlo, es un buen conocedor del este territorio.
Así las cosas, lo que está en juego en materia institucional, es el funcionamiento de las Comunas. Hasta el momento la descentralización de las competencias es una proclama sin instancias palpables en el territorio. Desde el aspecto terminológico, y dada la interpretación gramatical, la descentralización consiste en la asignación de funciones estatales delegadas a entidades con personería jurídica propia, separadas de la administración central y en cambio, el proceso de desconcentración entraña una relación interorgánica en el marco de la propia entidad estatal.
Y es esto último lo que sucedió: en el día a día de la gestión el sistema de gobierno fue desconcentrado porque los presidentes de Junta nunca dejaron de trabajar de manera dependiente y centralizada con al Gobierno de Larreta. Nunca le dieron lugar al mando de las Juntas Comunales en su conjunto y jamás reclamaron la personería jurídica propia para poder ejercer libremente el mandato popular que los llevo a ese lugar.
Por su parte, y aunque un poco tarde, la justicia tomo nota de esto. El 25 de noviembre de 2019, en una acción de amparo presentada por comuneros, ex comuneros y habitantes de la ciudad con el patrocinio jurídico de Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad) en la causa caratulada “Vayo Miguel Enrique y otros contra GCBA SOBRE AMPARO”, Expte. N° 7770/2014-0, el Juez Francisco Ferres declaró la inconstitucionalidad del decreto 251/GCABA/2014, consideró que se estaba frente a la lesión de un derecho colectivo y otorgó legitimación a los actores para acudir a la justicia enfatizando el derecho de la ciudadanía para defender la Democracia Participativa y la Democracia Comunal.
En definitiva un escenario sin precedentes se abre en la Ciudad de la avenida más ancha del mundo. Y un mundo que cada vez pondera más la descentralización política espera ver los avances que se presenten en estos próximos cuatro años de gestión comunal.

* Ex comunero. Miembro del CEDET, Centro de Estudios de Desarrollo Territorial.

6.1.2020

Por Carlos Rodríguez

En 26 meses, la Policía porteña causó 43 muertes por violencia institucional

Un informe de la Legislatura reveló que casi dos personas mueren por mes en la ciudad en hechos vinculados a la brutalidad policial. Los casos de represión social.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza que todavía está integrada por 282 oficiales que cumplieron funciones en la dictadura cívico-militar, fue responsable de la muerte de 43 personas, en hechos clásicos de violencia institucional, a lo largo de 26 meses, sumando casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019. El dato figura en el informe dado a conocer por la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, que corroboró los datos con los últimos registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El informe legislativo denunció también una larga serie de hechos de represión y persecución policial contra trabajadores, organizaciones políticas y sociales, vecinos y estudiantes de la Ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio).
El informe anual, presentado por segundo año consecutivo por la Comisión Especial, puso el eje en “la criminalización de la protesta social, la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles, el hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras informales (vendedores ambulantes, entre otros), y el gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad a los y las jóvenes en los barrios y asentamientos de la CABA”. Otro de los aspectos analizados fue “el acoso policial a jóvenes en las escuelas y sus inmediaciones”.
El informe completo fue presentado en diciembre por la titular de la Comisión Especial, Myriam Bregman (PTS-FIT), junto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (Frente de Todos) y la directora de la Comisión Especial, la diputada del PTS-FIT Alejandrina Barry.
Sobre los casos de gatillo fácil, se precisó que las 43 muertes provocadas por la Policía de la Ciudad en 26 meses representan casi “dos personas fallecidas cada 30 días”. A nivel nacional, durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri hubo “un muerto por responsabilidad de las fuerzas represivas cada 21 horas”, de acuerdo con el citado registro de Correpi. Las cifras, tanto a nivel de la Ciudad como de la Nación, marcaron “un imponente salto represivo” sobre las cifras registradas desde el retorno de la democracia en el año 1983, dado que “se batieron todos los records” en materia de violencia institucional. Datos parciales indican que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta los primeros meses de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, las fuerzas de seguridad todo el país produjeron 1303 muertes en 1159 días, a razón de un caso cada 21 horas.
El caso emblemático de la violencia policial en la Ciudad fue el protagonizado por el policía porteño Esteban Ramírez, de 42 años, quien mató de una patada en el pecho a Jorge Martín Gómez, de 41, porque la víctima “obstruía el tránsito” en Carlos Calvo al 2600, en el barrio de San Cristóbal. El policía, que sigue bajo proceso, fue excarcelado. El abogado de la familia, Ignacio Trimarco, además de apelar la excarcelación, pidió que se investigue a Ramírez por el crimen y por haber “entorpecido el proceso judicial y adulterado pruebas”.
Por esa razón, en una causa paralela se investiga si hubo encubrimiento policial en el caso, por parte de agentes y oficiales de la fuerza. Alejandrina Barry le dijo a este diario que el gobierno de Rodríguez Larreta “nunca respondió al pedido de informe que presentamos desde la Legislatura”, a través de la Comisión Especial, integrada por diputados de diferentes bancadas.
Uno de los primeros casos de violencia institucional en 2019 se produjo el 15 de febrero, cuando la Policía de la Ciudad reprimió con gas pimienta y balazos de goma a los Feriantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que habían convocado a “un feriazo” en Plaza Constitución y Plaza Miserere. La represión fue para impedir que instalaran sus puestos de venta.
Cinco días después ocurrió otro tanto con trabajadores y trabajadoras de la cooperativa MadyGraf cuando repartían gratuitamente cuadernos en Congreso como denuncia de las irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación de la Ciudad. Hubo cuatro detenidos. Fueron golpeados trabajadores de prensa que cubrían la manifestación.
Otros casos similares fueron citados en el informe:
* Represión con gases y golpes contra trabajadoras y trabajadores de Coca-Cola.
* El lunes 11 de marzo, la represión llegó al barrio de San Telmo, sobre los artesanos y artesanas de la calle Defensa. La violencia policial recayó también sobre turistas y transeúntes que recorrían la feria.
* El 22 de marzo, decenas de policías amedrentaron a niños, niñas y maestras que realizaban una actividad por el Día de la Memoria. Se alegó que hubo “una denuncia anónima”, sin otra explicación.
* El sábado 23 con similares excusas, la policía de la Ciudad irrumpió en un local céntrico del PTS -FIT.
* En varias oportunidades fueron reprimidos y perseguidos los trabajadores de la agencia de noticias Télam, movilizados contra los despidos. Lo mismo ocurrió en otras movilizaciones protagonizadas por trabajadores del Hotel Bauen, Clarín, Centro Gallego, Línea 60, feriantes de la UTT, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica, y estudiantes terciarios del Normal 1.
* En una conferencia de prensa conjunta, los gremios docentes UTE y Ademys denunciaron ataques y persecución a docentes por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña y del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un total de 24 docentes relataron la persecución recibida.
* La Defensoría General de la Ciudad denunció casos de discriminación racial contra extranjeros que trabajan en la vía pública. En más de la mitad de los hecho, las víctimas (el 57,5 por ciento) fueron senegaleses que trabajan como vendedores ambulantes. Las denuncias comenzaron en 2018 y siguieron durante 2019.
* El periodista Martín Rodríguez fue detenido por la Policía de la Ciudad por intentar mediar ante la detención violenta de un joven por parte de ocho agentes que lo acusaban de un supuesto hurto. Este tipo de situaciones se repitió muchas veces a lo largo del período analizado.
La Comisión Especial denunció la persecución y el maltrato sufrido por vecinas y vecinos de la Villa 31 de Retiro que se opusieron a la aprobación del proyecto oficialista que dispuso la venta de terrenos en el barrio Carlos Mugica, como paso inicial de lo que fue denunciado como “un negocio inmobiliario” promovido por el gobierno porteño.
Como parte del accionar represivo y persecutorio de los grupos más vulnerables, se mencionó el intento del gobierno de Rodríguez Larreta de desalojar a 106 familias que desde hace diez años viven en el emblemático edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios. El intento fue fallido por la resistencia de los vecinos, con el apoyo de legisladores de la Ciudad y organizaciones sociales.
La Comisión se reunió con personalidades locales, de Chile y de Bolivia, para denunciar el golpe de Estado y los asesinatos y desapariciones ocurridos en el país del Altiplano. Del mismo modo se repudiaron los hechos de violencia cometidos en contra de los pueblos de Chile y Ecuador, en el marco de una política global impulsada por Estados Unidos en la región. Se consideró que el panorama general es coincidente con los casos de violencia institucional cometidos por los agentes de la Policía en la Ciudad de Buenos Aires.