Red de radios

20.1.2020

Vendedores y vendedoras ambulantes de Ciudad de Buenos Aires realizaron en la mañana de hoy una movilización pacífica con olla popular en Plaza Miserere para exigir el cese de la violencia y represión policiales. Es necesario visibilizar el abuso que ejercen los inspectores de Espacio Público de la Ciudad a diario en conjunto con la policía.
La movilización surgió a razón de la hospitalización de una compañera embarazada de seis meses que fue golpeada la semana pasada por efectivos policiales. Ante la demanda de liberación de la compañera embarazada, otro compañero obtuvo como respuesta un ataque con gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad. Otras dos vendedoras sufrieron también decomisos ilegales: sin protocolo ni actas de ningún tipo en la misma semana.
Los trabajadores y trabajadoras de la vía pública luchan día a día por llevar un plato de comida a sus familias. ¡Exigimos el cese del hostigamiento porque trabajar no es delito!

18.1.2020

Luego de publicarse los datos de inflación de diciembre del 3,7% cerrando el año 2019 con un 53,8% de inflación, la mayor inflación de los últimos 29 años, la UTE reclamó la inmediata convocatoria a paritarias en la Ciudad.

En el comunicado, el gremio docente, señala que «como hemos denunciado desde la UTE a lo largo del año, está mal llamada “cláusula gatillo” que rechazamos en el mes de marzo, llega tarde y mal» dado que se paga sin ningún tipo de retroactivos, además sabiendo que la inflación en alimentos es muy superior a la general.
Además, informan que se ha realizado una presentación para que no se efectivice el descuento de los 5 mil pesos adelantados en octubre y se pague los porcentuales adeudados con el sueldo de enero.
En este sentido detallan desde el sindicato que «al liquidarse lo adeudado, cobraremos un aumento de 16,07% del sueldo original del año 2019».
Finalizan reclamando «la urgente convocatoria a la mesa salarial para garantizar que el aumento del 2020 no esté por debajo de la inflación, recuperar lo perdido en el gobierno de Macri-Larreta y recomponer de manera inmediata las asignaciones familiares congeladas desde hace 7 años en la Ciudad de Buenos Aires».

17.1.2020

Por Alejandrina Barry y Florencia N. Vargas

Esta semana comenzó con índices muy duros sobre el estado de situación de la salud a nivel nacional. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) esta división tuvo el alza más pronunciada con el 72,1%, en el marco de la inflación más grande de los últimos 28 años en las que el poder adquisitivo disminuyó y empobreció a niveles extremos a miles de familias. La industria farmacéutica, al contrario, incrementó en estos cuatro años sus ganancias en el medio de la crisis económica a costa de hacer de la salud un gran negociado. El costo de la salud subió casi 20 puntos por encima de la inflación en 2019 y el precio de los medicamentos durante los últimos cuatro años subió un 457%. También crecieron por encima de la inflación los “productos medicinales, artefactos y equipos para la salud” que contiene a los medicamentos. En un año, la suba fue de un 85%.
El incremento de las prepagas durante el año 2019 fue del 60,67% y si se suma el año 2018 alcanza al 126,27%. El Gobierno realizó un acuerdo con las farmacéuticas de una rebaja del 8%, sabemos que esto es insignificante en el medio de los aumentos siderales que hubo. Por lo tanto, ¿el Gobierno Nacional va a tomar medidas reales con el alza de precios que existen?
Pero esto es sólo una parte, en la Ciudad de Buenos Aires los hospitales tienen problemas en la infraestructura, falta de personal, trabajadores colapsados por la alta demanda que cobran por debajo de la canasta familiar, enfermeras, instrumentadoras y trabajadores de bio-imágenes que por la carrera precarizadora de Larreta, las desconoce como profesionales, las cuales dieron una lucha importante con movilizaciones en las calles y paralizando los hospitales. Además, se suma la falta de insumos y equipamientos necesarios para estudios.
La nueva designación del Ministro de salud es una muestra de las políticas que van a desarrollar. En 2015, apenas ganó las elecciones Horacio Rodríguez Larreta, el vicedirector médico de planeamiento estratégico del Hospital Italiano, Fernán Quirós, sonó muy fuerte como posible ministro de Salud. Finalmente, Quirós recaló en la provincia de Buenos Aires como coordinador general de la Red Pública de Salud del Área Metropolitana (AMBA) y ahora como el nuevo ministro de salud.
El perfil de Quirós, especializado en medicina interna e informática, tuvo un objetivo claro en el Hospital Italiano, el crecimiento de afiliados al Plan de salud propio que se dio en paralelo con el estirón inmobiliario. Un nuevo ministro especializado en la gestión privada es un claro mensaje de cuales seguirán siendo sus prioridades.
Ya se divulgó desde este Ministerio junto al Gobierno de Larreta la unificación de cinco hospitales en uno. Este mismo abarca los Hospitales de salud mental, junto al Hospital Udaondo de gastroenterología y al Hospital Ferrer de rehabilitación respiratoria, y de esta manera juntar pacientes infanto-juveniles, niños y niñas, con hombres mayores y mujeres.
Este es un claro ajuste a la salud pública con la intención de que haya un achique en la atención, unificación de servicios y prestaciones a espaldas de la comunidad y de las y los trabajadores que junto a los pacientes son los damnificados. El cinco por uno significa que se siga deteriorando la salud pública a costa de vender los terrenos al mejor postor ya que se habla de terrenos que valen millones para el negocio inmobiliario. Una importante asamblea de trabajadores en el Hospital Moyano ya se pronunció en contra y votó el estado de alerta y movilización para impedirlo.
Lamentablemente esto no es nuevo, desde la banca del Frente de Izquierda en la Ciudad el año pasado también nos opusimos al proyecto del “Complejo hospitalario Sur” del Gobierno de Larreta, que pretendía unificar cinco hospitales en uno. En esa ocasión eran los hospitales Ferrer, Udaondo, Muñiz, Irep y Curie. Su intención era unificarlos en el predio del Hospital Muñiz para que estén en el mismo lugar los pacientes de infectología, oncológicos, con problemas respiratorios y de gastroenterología. En esa oportunidad se logró que el Gobierno dé marcha atrás por las movilizaciones permanentes que los trabajadores, junto a toda la comunidad hospitalaria.
Desde la banca nos preocupa mucho este tema tan sensible como la salud, porque es inadmisible que la salud avance como un negocio, dándole cada vez más lugar a la privatización. Como operadora social en villa 21- 24 conozco cotidianamente lo casi imposible que significa para las familias y los niños y niñas poder acceder a la atención médica, seguir los tratamientos, poder costear los medicamentos, algo que se repite en todos los sectores más humildes de la Ciudad.
Nos vamos a seguir pronunciando en contra de este proyecto, con Myriam Bregman vamos a acompañar a los trabajadores y a la comunidad hospitalaria en su conjunto junto a los vecinos para poder frenar las políticas de ajuste. Tal como lo hicimos junto a enfermería, instrumentadoras quirúrgicas, y las y los trabajadores de bioimágenes para que sean reconocidos como profesionales en la enorme pelea que inundó de una gran marea blanca la Ciudad o junto a los residentes y concurrentes quienes les querían poner una ley que los precarizaba aun más y lo enfrentaron en las calles, paralizando los hospitales lograron tirarla abajo. Esta lucha fue un antes y un después en la pelea por la salud pública, la fuerza de la organización y la movilización obligó al Gobierno de Larreta a tener que retroceder. Un triunfo histórico que mostró como pelear por una salud pública y de calidad. Ese es el camino.
Nosotros ponemos en el centro la necesidad que la salud no sea para unos pocos, sino que sea un derecho y no un privilegio.

16.1.2020

El gobierno de Rodríguez Larreta pretende reunir a los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Udaondo y Ferrer. Los trabajadores se reunieron en una asamblea y denunciaron que «el Gobierno de la Ciudad está intentando de vuelta atropellar los hospitales de salud mental».

Los trabajadores de diversos centros de salud mental se reunieron para denunciar un intento del gobierno porteño de unificar cinco de las instituciones en una sola. El proyecto, que desde los distintos gremios señalaron que les fue adelantado por las autoridades de los hospitales, incluiría unificar el Hospital Borda, el Moyano, el Tobar García, el Udaondo y el Ferrer. Señalaron que se asemeja al intento de unificar otros cinco hospitales en el Muñiz, que cayó el año pasado. El PRO ya intentó en su momento trasladar al Borda y al Moyano para construir allí una nueva sede del gobierno de la ciudad. Esa iniciativa naufragó en 2013 tras una represión salvaje de la Policía Metropolitana a pacientes, médicos, periodistas y dirigentes opositores. Desde el gobierno porteño sostuvieron que buscarán llegar a acuerdos antes de avanzar con ningún plan.
Los rumores de la unificación de los centros de salud comenzaron luego de que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, consiguió la reelección. Ya con las nuevas autoridades nombradas, el 30 de diciembre, en un brindis de fin de año, recibieron la noticia de la unificación de parte de las autoridades del Hospital Moyano. El temor a que represente un ajuste fue creciendo y desembocó en una asamblea a la que asistieron trabajadores del Borda, el Moyano y el Tobar García, según informó Nueva Ciudad. Allí resolvieron enviar una carta al ministro de Salud, Fernán Quirós, y al responsable de la Unidad de Proyectos Especiales Red Integrada de Cuidados Progresivos para la Salud, Aldo Caridi, en la que les piden una reunión urgente.
Consultadas por este diario, fuentes del Ministerio de Salud sostuvieron que «no hay ningún plan de intervención hasta no lograr el marco de acuerdos necesarios para implementarlo».
«Denunciamos en una asamblea que el Gobierno de la Ciudad está intentando de vuelta atropellar nuestros hospitales de salud mental», señaló Tránsito Fernández, secretaria general de ATE Moyano. «Nos informaron, de manera informal, que unificarían el Borda y el Moyano. No pueden hacer semejante locura, más ahora que luchamos contra las agresiones sexuales. Juntarían niños, niñas, mujeres, hombres. Es un disparate», indicó la delegada.
«No nos oponemos a que hagan un Polo de Neurociencia. Pero lo que no vamos permitir es la unificación. Esto ya lo vivimos cuando tiraron abajo los talleres protegidos y les pegaron a los pacientes y a dirigentes gremiales. Me acuerdo que estaba la señora Vidal en esa época con la policía», recordó la dirigente de ATE la represión que sufrieron los trabajadores del Borda el 26 de abril de 2013. Allí la Policía Metropolitana irrumpió para demoler los talleres protegidos del Borda y reprimieron a trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores opositores. Por ese motivo, existió una causa penal en la que estuvieron imputados Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Todos fueron sobreseidos por la Corte Suprema en 2017.
«Estamos preocupadísimos, consternados con la decisión del gobierno porteño de unificar los hospitales, porque entendemos que encubre un negocio inmobiliario bárbaro. El gobierno de Larreta privatizó más de 200 hectáreas durante su último mandato. No tiene nada que ver con la Ley de Salud Mental que, justamente, indica cuestiones contrarias a este proyecto en danza», sostuvo a este diario Mariano Veiga, delegado de la Asociación Gremial Interdisciplinaria Moyano. «El proyecto apunta a la unificación de hospitales y de servicios y venta de terrenos, porque quedarían terrenos libres. Lo peor de todo es que esto no está por escrito. Dicen que para el 31 de enero lo presentarían por escrito. Todo se hizo a espaldas de los trabajadores y de forma verbal», indicó el delegado, que fue uno de los que intervino en la asamblea.
La polémica remeda otra que hubo por el proyecto del Complejo Hospitalario Sur, que reunía a cinco hospitales en el Muñiz. Esa iniciativa –sobre la que también sobrevolaban sospechas de negocios inmobiliarios– terminó de caerse a fines del año pasado. Los trabajadores harán una nueva asamblea el martes 21 en el Borda.

13.1.2020

Por Lorena Pokoik*

Tanto la Ministra de Educación de la Ciudad como su jefe político están encaprichados con arrasar a la educación de los primeros años de vida.

Después de más de 12 años del PRO en la Ciudad, ya no quedan dudas de sus políticas de ajuste y vaciamiento educativo. Sí, salud, infraestructura y vivienda, son otros sectores desbastados por Macri en primera instancia y ahora por Larreta que va por su segundo mandato; pero la educación pública fue y, aparentemente, será el sector más castigado por el oficialismo.
Larreta está obsesionado con destruir definitivamente a la escuela pública y por desorganizar a toda la comunidad educativa, que ha demostrado una resistencia admirable a la aniquilación sistemática del sistema educativo que lleva adelante el gobierno.
Pero dentro de este sector vapuleado y castigado, tanto la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, como su jefe político, están encaprichados con arrasar a la educación de los primeros años de vida. La creciente construcción desmedida de Centros de Primera Infancia (CPI) que el oficialismo pretende hacerlos pasar por jardines maternales, es la muestra clara de ello. Vos no podes decir que una pera es una manzana, como tampoco podes decir que un CPI es un jardín de infantes, porque no está bajo la órbita del Ministerio de Educación, ya que depende del Ministerio de Desarrollo; además no tienen una currícula educativa, y mucho menos profesionales de la educación preparados pedagógicamente para llevar adelante la educación de nuestros pibes y pibas.
En la Ciudad de Buenos Aires, año tras año, han ido aumentando la cantidad de familias sin vacantes. En 2018 un número, que no es tan sólo un número, logró instalarse en el reclamo de toda la comunidad educativa de la Ciudad: Había por aquel entonces un total de 22 mil pibas y pibes sin vacantes, y más del 90% de esa cifra, se concentra en la educación inicial. Éste número se desprende de sumar a los que asisten a los CPI más el número de familias sin vacantes.
Desde ya que el gobierno se niega constantemente a brindar la cifra oficial de pibas y pibes sin lugar en la escuela pública, estos datos se obtienen de diferentes investigaciones periodísticas que tienen acceso a esa información, porque el oficialismo no responde ni un solo pedido de informes que realizamos desde la legislatura por este tema. Por ejemplo: En abril del año pasado escribí un pedido de informes sobre falta de vacantes que aprobamos en la legislatura que, entre otros puntos, pedía al gobierno que detallara la cantidad de familias que quedaron excluidas en los tres niveles educativos: Inicial, primario y secundario.
Soledad Acuña se negó nuevamente a brindar esos datos. Hace tres años que su cartera se rehúsa a hacerlo. La única información que brinda el Ministerio de Educación de la Ciudad, está ligada a un reclamo judicial que tiene sentencia firme, la 23.360/2006, reclamo que fue iniciado hace varios años por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), donde el Ministerio está obligado a informar la falta de vacantes en el nivel inicial, desde los 45 días de vida a los cinco años, pero no de los otros niveles.
En 2019 hubo casi 66.000 familias que solicitaron vacante en el nivel inicial, y sólo recibieron una vacante poco más de 26.000, es decir, menos del 40% de chicas y chicos pudieron acceder a la educación pública y gratuita del total de vacantes solicitadas. En este nivel quedaron 11.883 chicos en lista de espera, además de otros 648 en primaria y 372 en secundaria; o sea, 12.903 alumnas y alumnos sin vacante que se tienen que sumar a los 12.700 chicas y chicos que van a los 104 CPI que tampoco tienen una vacante en la educación pública. En, definitiva: Durante todo este 2020 en la Ciudad vamos a estar hablando de que hay 25.600 chicas y chicos sin vacante.
Lo que hay que dejar en claro es algo muy importante, el 100% de las familias que judicializaron el pedido de una vacante tuvo resultado favorable. Esto es porque la justicia hace respetar el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que establece: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.
Tanto Soledad Acuña como Horacio Rodríguez Larreta, se niegan a cumplir con éste artículo y mienten cuando dicen que ellos están obligados a brindar una vacante a partir de los 4 años de edad, eso lo dice la Ley de Educación Nacional, pero nuestra constitución es superadora a esa norma y hay que aplicar en el distrito el articulado más favorable para las y los ciudadanos.

* La autora es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta de la Comisión de Educación