Red de radios

16.11.2019

Por Colectivo de Medios Populares*

“El intento de asesinato a Lucas Cabello fue una grave violación a los derechos humanos y un hecho precursor al aumento del gatillo fácil en los últimos cuatro años del gobierno nacional de Cambiemos. (…) También se solicitó que se investigue por encubrimiento a los efectivos y superiores que estuvieron en funciones ese día”.

La sala llena de madres víctimas de violencia institucional y de vecinos del barrio de La Boca escucharon las cuatro horas de audiencia en la segunda instancia de alegatos. En esta oportunidad expusieron los abogados Ataliva Dinani de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Matías Busso de la Asociación contra la Violencia Institucional, quienes también actuaron como querellantes. Ambos organismos pidieron la pena de 20 años de reclusión para el policía Ricardo Ayala, por considerar que el intento de asesinato a Lucas Cabello fue una grave violación a los derechos humanos y un hecho precursor al aumento del gatillo fácil en los últimos cuatro años del gobierno nacional de Cambiemos. Pero el pedido de pena esperado de la jornada del jueves fue el de la fiscal Adriana García Nietto quien consideró que Ayala debe ser condenado a 13 años de prisión y también solicitó que se investigue por encubrimiento a los efectivos y superiores que estuvieron en funciones ese día, el fatídico 9 de noviembre de 2015.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo la misma calificación penal, los mismos hechos y pruebas que argumentan las querellas. Tuvo en cuenta las graves consecuencias a la salud de Lucas Cabello, quien con solo 24 años quedó hemipléjico, y el abuso de las funciones de Ricardo Ayala como funcionario de la ex Policía Metropolitana. También el conflicto habitacional irresuelto hasta entonces por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que por el hacinamiento de las familias, ubicadas durante 15 años en el PH de Martín Rodríguez 559 y 561, llevó a conflictos vecinales que derivaron en la presencia policial y, como resultado, terminó en este hecho trágico.
La pena mínima para este delito es de 10 años y la máxima de 15. La fiscal García Nietto consideró el pedido de 13 años de prisión por la gravedad del actuar del policía, que merecía una pena cercana a la máxima. Pero consideró como atenuantes, para no pedir la reclusión sin beneficios, que Ayala fuera joven (la misma edad que Lucas), que tuviera pocos meses de formación en la Policía, que actualmente estudie y viva en la casa de los padres. A Lucas y su familia les quedó sabor a poco, pero confían en que los jueces del TOC Nº1 tendrán en cuenta su situación para juzgar a Ricardo Ayala con el mayor rigor que permite la ley penal en nuestro país.
La próxima audiencia será el martes 26 de noviembre a las 13 hs en Talcahuano 550, Palacio de Tribunales. La defensa del policía expondrá sus argumentos. Y posiblemente el Tribunal de su veredicto luego de las últimas palabras del fusilador Ricardo Ayala.
*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente/Revoluciones.net

14.11.2019

Difundimos
Martes 19 de noviembre, de 6 a 9 horas, gran jornada de difusión en Plaza Constitución ¡El transporte del pueblo no se toca!
Lxs usuarixs de la Línea 60 ante el intento de cierre de ramales decimos: ¡Si siguen con el desguace no pagaremos más boleto hasta que lo frenen!
Lxs usuarixs de la Línea 60 hemos decidido organizamos en comités zonales para frenar el desguace que pretende el grupo que maneja la empresa de colectivos y el Gobierno. Esto, en los hechos, significa el cierre de 12 de los 19 ramales y el desdoblamiento de varios recorridos. Con esta medida, nos va a costar tener que pagar 2 boletos en lugar de 1 como sucede hoy día. Por ejemplo, pretenden dar de baja los ramales que salen desde Barracas por Panamericana a Escobar, a Ing. Maschwitz, a Tigre, por Fleming y por Alto a Tigre. Solo saldrían de Barracas por Alto por Maipú a San Isidro y por Libertador a Tigre y encima varios barrios del norte del GBA quedarían sin colectivos, porque solo los de la 60 entran, como pasaría con Las Tunas, Delfino, Escobar, Rincón, Los Troncos, entre otros.
Con esta medida, otorgada por un Gobierno en retirada, miles de usuarios quedarán sin transporte.
Este desguace, frenado anteriormente por la pelea de los choferes, entraría en vigencia en los próximos días y dejaría sin movilidad a miles de estudiantes, trabajadores y vecinos que acceden a hospitales, lugares de trabajo y centros de estudios con los colectivos de la 60. Además, nos obligaría a abonar tarifas más caras, con peor frecuencia, y partiría un servicio histórico con 81 años de antigüedad.
En Chile, el aumento del boleto del subte desencadenó que miles de pasajeros evadieran el pago saltando los molinetes. En Argentina pagamos boletos carísimos por un servicio pésimo. Chile es un ejemplo a seguir.
Desde el comité de usuarixs en apoyo a la Línea 60 convocamos a las y a los pasajeros a organizarse en contra del desguace empresario. Defendamos entre todos un servicio público de calidad. Entérate de qué manera podes colaborar: proponé, escribí, subí videos, tomá tu iniciativa y llevala a cabo que te damos una mano. Seguinos en las redes sociales de los Comités barriales
¡Si nos recortan los servicios y nos aumentan los pasajes, no paguemos boleto!
¡EN LA SEMANA DEL 25 AL 29 ARRANCAMOS CON 24 HORAS DE NO PAGO DE BOLETO EN LA 60 HASTA QUE FRENEN EL DESGUACE, Y DESPUÉS SERÁN DOS DÍAS POR SEMANA, Y LUEGO 3 Y LUEGO…!
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14.11.2019

Una modificatoria unilateral del gobierno porteño aspira a cambiar la forma en la que se accede a horas y cargos en escuelas públicas. Desde los gremios denuncian que esto abre la puerta a la designación «a dedo» y destruye la lógica del orden de mérito con la que se concursó hasta ahora.

Unos días después del rotundo triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires con el 55%, los dos sindicatos docentes mayoritarios realizaron un paro. El motivo fue el reclamo por la discusión paritaria en un contexto inflacionario, pero también un tema sensible para el gremio que el gobierno cambiemita pretende modificar envalentonado por el triunfo: la eliminación del orden de mérito en los concursos docentes para obtener horas y cargos en escuelas públicas.
“El tema es bastante técnico, pero no es menor -analiza Jorge Adaro, titular de Ademys. Hasta ahora, en los actos públicos (los concursos) había cuatro causales que te habilitaban para acceder: por salud, por distancia, por unidad familiar, y por otras razones. Y allí las horas se obtenían por orden de mérito, es decir por puntaje. Pero el gobierno de Larreta dijo que ahora las iban a asignar por causales. Es decir: primero van a pasar todos los que tengan causal y luego el orden de mérito”.
En respuesta, la semana pasada mil docentes agremiados y agremiadas en Ademys y UTE-Ctera frustraron un acto público en el que el gobierno porteño intentó implementar el nuevo mecanismo. Acto seguido, funcionarios de Larreta convocaron a los dirigentes a una reunión en la que parecieron llegar a un acuerdo pero, dos días después, mandaron 24 sumarios dirigidos a docentes que habían participado de la medida de fuerza.
“Dentro de ellos, hay cuatro de Ademys y veinte de UTE. En el caso nuestro, los cuatro somos miembros de la comisión directiva: yo soy uno de los sancionados. Algo similar pasa con UTE. Se trata de un disciplinamiento indirecto, porque el Gobierno no supone que a un secretario general con treinta años de militancia lo van a amedrentar con un sumario. El objetivo es que los docentes piensen en que, si se meten con los dirigentes, pueden ir por cualquiera. Hay una intención de ejemplaridad”, resume Adaro.

Contra el estatuto

Sobre el tema, la secretaria de Educación de UTE-Ctera, Angélica Graciano, consideró que el cambio que impulsa Larreta “altera absolutamente todo el sistema educativo” y que esta decisión “arbitraria y unilateral entreabre la puerta para otras modificaciones estatutarias”. Y es que esta arremetida contra los derechos de los maestros no es la primera.
Allá por diciembre de 2011, la Legislatura porteña vivió un día difícil. Con Mauricio Macri afirmado al frente del gobierno de la Ciudad y estrenando segundo mandato, el PRO consiguió los 30 votos que necesitaba para modificar el estatuto docente contra la voluntad de todos los gremios. La Ley que estableció este cambio -conocida como Ley Abrevaya por ser un proyecto de Sergio Abrevaya (Coalición Cívica)- convirtió a las quince Juntas de Clasificación que designaban a maestros y profesores en siete, y su autoridad quedó restringida a fiscalizar el proceso de designación, que quedó a cargo de la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP).
“Hasta la Ley Abrevaya, la Junta de Clasificación estaba compuesta por nueve miembros: seis electos por el voto directo de los trabajadores y tres por la patronal, lo que daba una garantía de preservación de derechos –explica Adaro-. Y las Juntas determinaban el acceso a los cargos. Con el tiempo, esto termina con la composición actual donde el rol que juegan los vocales es meramente, en el mejor de los casos, de fiscalización. No tienen injerencia ni en la elaboración de listados, ni el armado de los concursos que quedó en manos del gobierno”.
Efectivamente, desde los sindicatos consideran que esta arremetida abre la puerta a una arbitrariedad en la designación de cargos que hoy no es posible. “Lo primero que hace es romper lo más democrático de todo, que es el orden del mérito. Lo segundo es que abre la obtención de horas y cargos a una forma mucho más discrecional. Este gobierno, en cada ocasión, ha avanzado sobre los derechos de los docentes y ahora crea un escenario para la designación de los cargos a dedo”, agrega Adaro.
Por lo pronto, el diálogo entre los gremios y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está empantanado. Pero desde la dirigencia sindical indican que la resistencia al nuevo cambio seguirá.

13.11.2019

Se trata de una acción colectiva presentada ante la detección de asbesto y amianto en escuelas y formaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, se reclama la puesta en marcha de manera urgente de políticas de descontaminación.

El amparo fue presentado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrantes de la comunidad educativa IES de Lenguas Vivas; de su Asociación Cooperadora; de la comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 08/04; CTA Autónoma Capital, delegados del Hospital Durand; CONADU Histórica, y Unidad Popular CABA.
Advierten que desde el gobierno de la Ciudad han demostrado un “desmanejo muy grave en relación con el asbesto”. Denuncian que en 2018 intentaron remover una caldera con amianto en el Nivel Primario N° 8, Distrito Escolar 4, “Carlos Della Penna” en plena ciclo lectivo; y que este año removieron otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa.
Cabe recordar que en 2011, el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri compró coches del subte con asbesto, un hecho que los trabajadores recién se enteraron en febrero de 2018 tras conocerse la noticia de empleados españoles enfermos. En la actualidad, 11 personas se encuentran enfermas a raíz de trabajar en un ambiente con asbesto en los talleres del subte.
Ante esta situación, distintas organizaciones presentaron este amparo en el que solicitan a la justicia que ordene al Ejecutivo porteño la creación de una Política Pública de Descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos de la Ciudad implementando un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto, además de un plan de contingencia y seguridad, de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una Mesa Multisectorial, y un Protocolo de Salud para el seguimiento de las personas expuestas.
La causa judicial se encuentra radicada en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14, a cargo del Juez Lisandro Fastman.

11.11.2019

El senador electo por CABA electo del Frente de Todos, Mariano Recalde, se refirió a las políticas que se vienen en materia laboral. Sus principales declaraciones.

Sus principales declaraciones

“Alberto Fernández fue claro cuando afirmó que Macri uberizó la economía. La agenda del Congreso en materia laboral va a ser combatir la precarización. Regularizar las relaciones laborales. Reconocer esos derechos laborales que tienen y no se les reconocen”
“Hay empresarios inescrupulosos que se esconden y evaden sus obligaciones a través de estas aplicaciones que justamente permiten ocultarse un poco más. Hay que sacarlos a la luz. Ponerles nombre y apellido y que se hagan cargo de sus obligaciones. No solo con los trabajadores, sino con el Estado también. Porque no tributan, evaden y se llevan ganancias extraordinarias”
“Hay que regular sobre la base de premisas claras. Son trabajadores en relación de dependencia y no emprendedores que disponen de su tiempo. Son parte de un engranaje al servicio de un empresario que invierte muchísimo dinero en publicidad y demás. Ese empresario es responsable y tiene que cumplir determinadas normas con los trabajadores que hacen a su dignidad, a su ingreso, a su seguridad e higiene. Sumando a esto que deben responder ante el Estado”.
“Hoy hay regulaciones que se evaden y que por eso deben solucionar con una nueva regulación desde la política”.