Red de radios

14.11.2019

Una modificatoria unilateral del gobierno porteño aspira a cambiar la forma en la que se accede a horas y cargos en escuelas públicas. Desde los gremios denuncian que esto abre la puerta a la designación «a dedo» y destruye la lógica del orden de mérito con la que se concursó hasta ahora.

Unos días después del rotundo triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires con el 55%, los dos sindicatos docentes mayoritarios realizaron un paro. El motivo fue el reclamo por la discusión paritaria en un contexto inflacionario, pero también un tema sensible para el gremio que el gobierno cambiemita pretende modificar envalentonado por el triunfo: la eliminación del orden de mérito en los concursos docentes para obtener horas y cargos en escuelas públicas.
“El tema es bastante técnico, pero no es menor -analiza Jorge Adaro, titular de Ademys. Hasta ahora, en los actos públicos (los concursos) había cuatro causales que te habilitaban para acceder: por salud, por distancia, por unidad familiar, y por otras razones. Y allí las horas se obtenían por orden de mérito, es decir por puntaje. Pero el gobierno de Larreta dijo que ahora las iban a asignar por causales. Es decir: primero van a pasar todos los que tengan causal y luego el orden de mérito”.
En respuesta, la semana pasada mil docentes agremiados y agremiadas en Ademys y UTE-Ctera frustraron un acto público en el que el gobierno porteño intentó implementar el nuevo mecanismo. Acto seguido, funcionarios de Larreta convocaron a los dirigentes a una reunión en la que parecieron llegar a un acuerdo pero, dos días después, mandaron 24 sumarios dirigidos a docentes que habían participado de la medida de fuerza.
“Dentro de ellos, hay cuatro de Ademys y veinte de UTE. En el caso nuestro, los cuatro somos miembros de la comisión directiva: yo soy uno de los sancionados. Algo similar pasa con UTE. Se trata de un disciplinamiento indirecto, porque el Gobierno no supone que a un secretario general con treinta años de militancia lo van a amedrentar con un sumario. El objetivo es que los docentes piensen en que, si se meten con los dirigentes, pueden ir por cualquiera. Hay una intención de ejemplaridad”, resume Adaro.

Contra el estatuto

Sobre el tema, la secretaria de Educación de UTE-Ctera, Angélica Graciano, consideró que el cambio que impulsa Larreta “altera absolutamente todo el sistema educativo” y que esta decisión “arbitraria y unilateral entreabre la puerta para otras modificaciones estatutarias”. Y es que esta arremetida contra los derechos de los maestros no es la primera.
Allá por diciembre de 2011, la Legislatura porteña vivió un día difícil. Con Mauricio Macri afirmado al frente del gobierno de la Ciudad y estrenando segundo mandato, el PRO consiguió los 30 votos que necesitaba para modificar el estatuto docente contra la voluntad de todos los gremios. La Ley que estableció este cambio -conocida como Ley Abrevaya por ser un proyecto de Sergio Abrevaya (Coalición Cívica)- convirtió a las quince Juntas de Clasificación que designaban a maestros y profesores en siete, y su autoridad quedó restringida a fiscalizar el proceso de designación, que quedó a cargo de la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP).
“Hasta la Ley Abrevaya, la Junta de Clasificación estaba compuesta por nueve miembros: seis electos por el voto directo de los trabajadores y tres por la patronal, lo que daba una garantía de preservación de derechos –explica Adaro-. Y las Juntas determinaban el acceso a los cargos. Con el tiempo, esto termina con la composición actual donde el rol que juegan los vocales es meramente, en el mejor de los casos, de fiscalización. No tienen injerencia ni en la elaboración de listados, ni el armado de los concursos que quedó en manos del gobierno”.
Efectivamente, desde los sindicatos consideran que esta arremetida abre la puerta a una arbitrariedad en la designación de cargos que hoy no es posible. “Lo primero que hace es romper lo más democrático de todo, que es el orden del mérito. Lo segundo es que abre la obtención de horas y cargos a una forma mucho más discrecional. Este gobierno, en cada ocasión, ha avanzado sobre los derechos de los docentes y ahora crea un escenario para la designación de los cargos a dedo”, agrega Adaro.
Por lo pronto, el diálogo entre los gremios y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está empantanado. Pero desde la dirigencia sindical indican que la resistencia al nuevo cambio seguirá.

13.11.2019

Se trata de una acción colectiva presentada ante la detección de asbesto y amianto en escuelas y formaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, se reclama la puesta en marcha de manera urgente de políticas de descontaminación.

El amparo fue presentado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrantes de la comunidad educativa IES de Lenguas Vivas; de su Asociación Cooperadora; de la comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 08/04; CTA Autónoma Capital, delegados del Hospital Durand; CONADU Histórica, y Unidad Popular CABA.
Advierten que desde el gobierno de la Ciudad han demostrado un “desmanejo muy grave en relación con el asbesto”. Denuncian que en 2018 intentaron remover una caldera con amianto en el Nivel Primario N° 8, Distrito Escolar 4, “Carlos Della Penna” en plena ciclo lectivo; y que este año removieron otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa.
Cabe recordar que en 2011, el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri compró coches del subte con asbesto, un hecho que los trabajadores recién se enteraron en febrero de 2018 tras conocerse la noticia de empleados españoles enfermos. En la actualidad, 11 personas se encuentran enfermas a raíz de trabajar en un ambiente con asbesto en los talleres del subte.
Ante esta situación, distintas organizaciones presentaron este amparo en el que solicitan a la justicia que ordene al Ejecutivo porteño la creación de una Política Pública de Descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos de la Ciudad implementando un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto, además de un plan de contingencia y seguridad, de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una Mesa Multisectorial, y un Protocolo de Salud para el seguimiento de las personas expuestas.
La causa judicial se encuentra radicada en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14, a cargo del Juez Lisandro Fastman.

11.11.2019

El senador electo por CABA electo del Frente de Todos, Mariano Recalde, se refirió a las políticas que se vienen en materia laboral. Sus principales declaraciones.

Sus principales declaraciones

“Alberto Fernández fue claro cuando afirmó que Macri uberizó la economía. La agenda del Congreso en materia laboral va a ser combatir la precarización. Regularizar las relaciones laborales. Reconocer esos derechos laborales que tienen y no se les reconocen”
“Hay empresarios inescrupulosos que se esconden y evaden sus obligaciones a través de estas aplicaciones que justamente permiten ocultarse un poco más. Hay que sacarlos a la luz. Ponerles nombre y apellido y que se hagan cargo de sus obligaciones. No solo con los trabajadores, sino con el Estado también. Porque no tributan, evaden y se llevan ganancias extraordinarias”
“Hay que regular sobre la base de premisas claras. Son trabajadores en relación de dependencia y no emprendedores que disponen de su tiempo. Son parte de un engranaje al servicio de un empresario que invierte muchísimo dinero en publicidad y demás. Ese empresario es responsable y tiene que cumplir determinadas normas con los trabajadores que hacen a su dignidad, a su ingreso, a su seguridad e higiene. Sumando a esto que deben responder ante el Estado”.
“Hoy hay regulaciones que se evaden y que por eso deben solucionar con una nueva regulación desde la política”.

10.11.2019

Este lunes 11 de noviembre, a las 9, la Cámara Criminal, ubicada en Viamonte y Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, escuchará los argumentos de las defensas de los tres policías de la Ciudad acusados por el crimen del remisero Claudio Romano. Además, se escuchará la respuesta de los abogados de Correpi, que representan a la familia de la víctima.

Reproducimos comunicado de Correpi:

Un fusilamiento policial no es un “exceso”:¡Perpetua al gatillo fácil!
El 1º de octubre pasado, tres policías de la Ciudad, Beatriz Alejandra Manzanelli, Ramón Darío Pérez y Daniela Isabel López, dispararon sus armas reglamentarias en ocho oportunidades contra Claudio Romano. Los últimos cinco disparos –entre ellos el que resultó fatal- se produjeron en los últimos cinco segundos de la secuencia que quedó registrada en varias cámaras de seguridad de la cuadra de la calle Castillo al 900. Para entonces, Claudio, un remisero de 39 años, tenía varias heridas en sus piernas y pie, lo que le impedía incorporarse. No representaba ningún peligro para los policías ni menos para terceros en esa situación. Pero en lugar de asistirlo, lo fusilaron.
La jueza Ángeles Gómez Maiorano procesó a los tres policías como coautores del delito de homicidio calificado por la condición de miembros de una fuerza de seguridad de sus perpetradores, aunque conservó la situación de libertad con la que unos días antes la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal los había beneficiado.
La defensa de los homicidas, ejercida por abogados de planta del Ministerio de Seguridad de la Ciudad –es decir, funcionarios públicos cuyos sueldos paga la ciudadanía porteña- apeló ese procesamiento, y el lunes 11 de noviembre la misma sala de la Cámara escuchará sus argumentos y la respuesta que, en representación de la familia de Claudio, harán lxs abogadxs de CORREPI.
Nuestrxs compañerxs dirán a los jueces que el fusilamiento policial no es un “exceso”, que el gatillo fácil es política de estado y que exigimos juicio y castigo. ¡Perpetua para el gatillo fácil!
Acompañanos el lunes 11, desde las 9, en Viamonte y Libertad, frente a la Cámara Criminal.
¡Basta de gatillo fácil!
Contra la represión, ¡unidad, organización y lucha!

8.11.2019

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler ordenó al Poder Ejecutivo porteño que adopte las medidas necesarias para que las actas de infracciones y contravenciones sean labradas exclusivamente por personal que tenga estabilidad en el cargo.

El fallo tuvo lugar a raíz de la presentación de un conductor, Eduardo Wilson, quien consideró que «la actuación de la demandada es manifiestamente violatoria de los principios de legalidad, circulación, igualdad, acceso a la justicia, defensa en juicio y seguridad jurídica de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires».
Wilson solicitó por un lado que se considerara ilegal la realización de infracciones de tránsito por parte de agentes no integrantes de la plantilla estable de la Ciudad, considerando que la ley de tránsito lo establece así. «La Ciudad está autorizada para contratar en forma transitoria, pero solo para tareas auxiliares –dijo Eduardo Wilson. No para las funciones que reserva la Ley de Tránsito a oficiales con estabilidad laboral, como son las infracciones».
La decisión judicial hizo lugar a un pedido de amparo colectivo a raíz de la cual el juez Scheibler, titular del juzgado 13 del mencionado fuero, impuso que hasta tanto haya decisión de fondo, solo personal de tránsito con estabilidad en el cargo puede labrar multas, y caso contrario no tienen validez.
«La ley 5688 faculta a los agentes del Cuerpo de Tránsito y Transporte, para realizar múltiples funciones y concretamente la de labrar actas de infracciones y contravenciones, es una manifestación relevante del ejercicio del poder punitivo del Estado», señaló el juez en el fallo que dio a conocer el sitio iJudicial, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
«En este aspecto el requisito de la estabilidad de los agentes adquiere especial relevancia, ya que quienes desempeñan tales funciones deben encontrarse en una situación jurídica y en condiciones de servicio que los independicen de cualquier influencia exterior indebida. Constituiría así, para el trabajador una garantía necesaria para el correcto desarrollo de tales funciones y para la ciudadanía un reaseguro más», completó.
El fallo vincula este pedido de amparo con la presentación realizada por la ONG La Alameda , en la que se cuestiona también la legalidad de las multas de tránsito realizadas por agentes con inestabilidad laboral. Scheibler decidió absorber la causa iniciada por La Alameda en la presentada por Wilson y continuar con esta como principal.
El caso surgió a partir de la muerte de la agente Cinthia Choque y las heridas sufridas por su compañero Santiago Siciliano, durante un control de tránsito el 8 de septiembre pasado, en el que fueron atropellados por Eugenio Veppo en Alcorta y Tagle.
Los agentes de tránsito, luego del atropellamiento, realizaron cortes y protestas reclamando justicia por sus compañeros y condiciones laborales dignas.
El Gobierno porteño será notificado del fallo de Scheibler en las próximas horas y a partir de allí dispondrá de dos días para apelar.