Red de radios

21.11.2019

En la sesión de hoy, el oficialismo porteño logró aprobar una serie de leyes que benefician a contratistas y privados para el negocio de la obra pública y la venta de tierras de la Ciudad.

Luego de una extensa sesión, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó leyes escandalosas al servicio de los negociados de empresarios de la obra pública, la especulación inmobiliaria, y contra los y las vecinas porteñas como ocurrió con la ley de rezonificación en el barrio de Villa Crespo.
Vamos Juntos (PRO) logró aprobar leyes importantes en la sesión de hoy, entre ellas; la creación del Régimen de Contratación de Obra Pública de la Ciudad y el Régimen para la Disposición de Bienes Inmuebles. Para esto, contó con los votos positivos o abstenciones de sus aliados de Evolución (radicales de Lousteau) y del Partido Socialista que encabeza Roy Cortina. Ambos, se abstuvieron en las leyes que requerían minoría simple – 31 votos o más- como la de Bienes Inmuebles que flexibiliza las normativas para a favor de contratistas que quieran adquirir terrenos públicos de la Ciudad. Así, el gobierno de la Ciudad, avanza en su plan de tratar decenas de leyes de manera expeditiva antes del 10 de diciembre, donde perderá los dos tercios propios (40 votos) dados los cambios que habrá en el cuerpo legislativo luego de las pasadas elecciones del 27 de octubre. De esta forma, se debilitó la escribanía PRO y fundaron la Inmobiliaria Gubernamental. Los diputados del Frente de Izquierda, rechazaron las leyes propuestas por el Ejecutivo de la Ciudad.
Al respecto, la diputada del PTS – Frente de Izquierda, Myriam Bregman, planteó: “El oficialismo y aliados aprobaron una ley para modificar el régimen de contrataciones para que, según su discurso, sea más transparente. Pero dicha ley, decreta la impunidad de los empresarios procesados por corrupción que hacen negocios con la Ciudad. Una ley a medida de empresarios como Roggio y Calcaterra. Ahora bien, lo más importante es otro proyecto al que está atado este que presume de transparencia, pero que se discutió hacia lo último en el orden del día: el régimen para la disposición de bienes e inmuebles. En última instancia las nuevas facultades de la jefatura de gobierno para disponer la venta de tierras públicas con las que luego se financia parte de la obra pública. Entonces nos ponen el carro delante del caballo”. Y agregó que “como dice la especialista Maristella Svampa, se trata de una política de extractivismo urbano”.
Por su parte, la diputada Laura Marrone de IS en el FIT, afirmó: “Estas dos leyes liberan controles públicos para favorecer los negocios del capitalismo de amigos favorecidos por sus agentes en el estado”.
A su vez, el diputado Gabriel Solano del PO- FIT, aseguró: “Rechazamos el proyecto que habilita a las dependencias del Estado a vender propiedades públicas sin pasar por la Legislatura. Denunciamos no sólo su carácter completamente anticonstitucional sino que es una medida al servicio de los grandes grupos inmobiliarios que quieren quedarse a precio “regalo” el patrimonio de inmuebles y tierra públicos.”
Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA: “Entre 2008, primer año de gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, y 2019, el último del primer período de su sucesor Horacio Rodríguez Larreta, se privatizaron un total de 473 hectáreas, el equivalente a 236 veces la Plaza de Mayo, a 630 canchas de River o a cuatro veces la superficie urbanizada de Puerto Madero”.

19.11.2019

Por Tomás Máscolo

El hecho ocurrió el domingo a la medianoche, un patrullero pasó en rojo un semáforo y chocó a una pareja que iba en moto. Sandra Constante, tenía 19 años y murió. Un testigo afirma que el patrullero no tenía la sirena puesta.

Sandra y Ariel son pareja e iban en la moto cuando fueron atropellados por un patrullero de la Policía de la Ciudad, el mismo había cruzado en rojo y no llevaba sirena. La oficial que iba al volante del móvil se llama Silvina Beñacar, fue detenida y trasladada a la Alcaldía de la U28 del Servicio Penitenciario Federal. En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, a cargo del juez Litzvak.
Anoche, familiares y amigos de Sandra y Ariel salieron a las calles para manifestarse y pedir más testigos. Es un caso similar al del joven Nehuen Rodríguez, que en la madrugada del 15 de diciembre del 2014, fue atropellado por una Ford Ranger de la Policía Metropolitana conducida por el oficial Daniel German Castagnasso.
La denuncia de los familiares y amigos debe ir acompañada de una denuncia contra el gatillo fácil y la violencia institucional, sobre todo en este momento que las fuerzas del aparato represivo se encuentran envalentonadas, cuando la doctrina Chocobar está a la orden del día.
Una amiga de la víctima, reveló que vecinos de la zona aseguraron que el vehículo de la Policía “pasó en rojo, sin sirena”. “Los chicos llevaban los cascos puestos, el de Sandra salió disparado por el golpe que le pega el patrullero. Nos llama la atención la velocidad a la que iban, porque no estaban acudiendo a una emergencia, no había apuro por el cual tuvieran que pasar un semáforo enrojo”, dijo.
Según Correpi “en el curso de este año incorporamos 1.102 casos al Archivo, totalizando 6.536 hasta diciembre de 2018, y 6.564 si incluimos 28 casos ya chequeados de 2019, ocurridos en enero y primeros días de febrero, contra 5.462 que teníamos registrados hace un año. Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019”.

En un contexto en el cual las fuerzas represivas del Estado matan a un pibe cada 21 horas, es importante redoblar las fuerzas y la organización contra el gatillo fácil y la impunidad de la fuerzas.

18.11.2019

Después de reclamar dos años una solución a la gravísima crisis de salud pública por la presencia de material cancerígeno (asbesto) en el subterráneo a la empresa Metrovias, a SBASE y al Gobierno de la Ciudad sin respuesta, los trabajadores decidieron realizar un paro de 24 horas en la línea B de subte el miércoles 20 de noviembre. El plan de medidas de fuerza será informado en una conferencia de prensa convocada para este martes 19, a las 8:00, en la Estación Federico Lacroze.

Reproducimos comunicado:

Hemos decidido en asamblea poner en pie un plan de lucha con paros y otras medidas de fuerza hasta que los responsables de exponer la salud de trabajadores y usuarios den soluciones concretas.
Como inicio del plan de medidas de fuerza este miércoles 20/11 paralizaremos el servicio de la línea B entre las 0 y las 24 horas.
Recordamos que el asbesto es un material prohibido desde principios de siglo y que sin embargo sigue presente en diferentes flotas de trenes que circulan cotidianamente en diferentes líneas como así también en estructuras de túneles, estaciones y talleres. Los trabajadores hemos sido expuestos durante años a realizar nuestras tareas con elementos contaminados con este mineral cancerígeno lo que dio como resultado, aun parcial, 13 trabajadores con sus pulmones afectados.
La exposición no solo pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores del subte, sino también la de millones de usuarios que utilizan el servicio diariamente.
Nuestro pliego de reclamos incluye la exigencia de plan integral de desabestización, fecha concreta de cambio de flotas, medidas de seguridad sanitarias para realizar nuestras labores y la inclusión de todos los trabajadores en el registro de agentes de riesgo (RAR).
Convocamos a conferencia de prensa el día martes 19/11 a las 8:00 en la estación Federico Lacroze de la línea B donde daremos mas detalles de la situación y anunciaremos las próximas medidas de fuerza.

Delegados Línea B – Miembros del Secretariado Ejecutivo AGTSyP

16.11.2019

Por Colectivo de Medios Populares*

“El intento de asesinato a Lucas Cabello fue una grave violación a los derechos humanos y un hecho precursor al aumento del gatillo fácil en los últimos cuatro años del gobierno nacional de Cambiemos. (…) También se solicitó que se investigue por encubrimiento a los efectivos y superiores que estuvieron en funciones ese día”.

La sala llena de madres víctimas de violencia institucional y de vecinos del barrio de La Boca escucharon las cuatro horas de audiencia en la segunda instancia de alegatos. En esta oportunidad expusieron los abogados Ataliva Dinani de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Matías Busso de la Asociación contra la Violencia Institucional, quienes también actuaron como querellantes. Ambos organismos pidieron la pena de 20 años de reclusión para el policía Ricardo Ayala, por considerar que el intento de asesinato a Lucas Cabello fue una grave violación a los derechos humanos y un hecho precursor al aumento del gatillo fácil en los últimos cuatro años del gobierno nacional de Cambiemos. Pero el pedido de pena esperado de la jornada del jueves fue el de la fiscal Adriana García Nietto quien consideró que Ayala debe ser condenado a 13 años de prisión y también solicitó que se investigue por encubrimiento a los efectivos y superiores que estuvieron en funciones ese día, el fatídico 9 de noviembre de 2015.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo la misma calificación penal, los mismos hechos y pruebas que argumentan las querellas. Tuvo en cuenta las graves consecuencias a la salud de Lucas Cabello, quien con solo 24 años quedó hemipléjico, y el abuso de las funciones de Ricardo Ayala como funcionario de la ex Policía Metropolitana. También el conflicto habitacional irresuelto hasta entonces por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que por el hacinamiento de las familias, ubicadas durante 15 años en el PH de Martín Rodríguez 559 y 561, llevó a conflictos vecinales que derivaron en la presencia policial y, como resultado, terminó en este hecho trágico.
La pena mínima para este delito es de 10 años y la máxima de 15. La fiscal García Nietto consideró el pedido de 13 años de prisión por la gravedad del actuar del policía, que merecía una pena cercana a la máxima. Pero consideró como atenuantes, para no pedir la reclusión sin beneficios, que Ayala fuera joven (la misma edad que Lucas), que tuviera pocos meses de formación en la Policía, que actualmente estudie y viva en la casa de los padres. A Lucas y su familia les quedó sabor a poco, pero confían en que los jueces del TOC Nº1 tendrán en cuenta su situación para juzgar a Ricardo Ayala con el mayor rigor que permite la ley penal en nuestro país.
La próxima audiencia será el martes 26 de noviembre a las 13 hs en Talcahuano 550, Palacio de Tribunales. La defensa del policía expondrá sus argumentos. Y posiblemente el Tribunal de su veredicto luego de las últimas palabras del fusilador Ricardo Ayala.
*FM Riachuelo/FM La Caterva/La Retaguardia/Agencia Paco Urondo/Sur Capitalino/Radio Gráfica/Radio Presente/Revoluciones.net

14.11.2019

Difundimos
Martes 19 de noviembre, de 6 a 9 horas, gran jornada de difusión en Plaza Constitución ¡El transporte del pueblo no se toca!
Lxs usuarixs de la Línea 60 ante el intento de cierre de ramales decimos: ¡Si siguen con el desguace no pagaremos más boleto hasta que lo frenen!
Lxs usuarixs de la Línea 60 hemos decidido organizamos en comités zonales para frenar el desguace que pretende el grupo que maneja la empresa de colectivos y el Gobierno. Esto, en los hechos, significa el cierre de 12 de los 19 ramales y el desdoblamiento de varios recorridos. Con esta medida, nos va a costar tener que pagar 2 boletos en lugar de 1 como sucede hoy día. Por ejemplo, pretenden dar de baja los ramales que salen desde Barracas por Panamericana a Escobar, a Ing. Maschwitz, a Tigre, por Fleming y por Alto a Tigre. Solo saldrían de Barracas por Alto por Maipú a San Isidro y por Libertador a Tigre y encima varios barrios del norte del GBA quedarían sin colectivos, porque solo los de la 60 entran, como pasaría con Las Tunas, Delfino, Escobar, Rincón, Los Troncos, entre otros.
Con esta medida, otorgada por un Gobierno en retirada, miles de usuarios quedarán sin transporte.
Este desguace, frenado anteriormente por la pelea de los choferes, entraría en vigencia en los próximos días y dejaría sin movilidad a miles de estudiantes, trabajadores y vecinos que acceden a hospitales, lugares de trabajo y centros de estudios con los colectivos de la 60. Además, nos obligaría a abonar tarifas más caras, con peor frecuencia, y partiría un servicio histórico con 81 años de antigüedad.
En Chile, el aumento del boleto del subte desencadenó que miles de pasajeros evadieran el pago saltando los molinetes. En Argentina pagamos boletos carísimos por un servicio pésimo. Chile es un ejemplo a seguir.
Desde el comité de usuarixs en apoyo a la Línea 60 convocamos a las y a los pasajeros a organizarse en contra del desguace empresario. Defendamos entre todos un servicio público de calidad. Entérate de qué manera podes colaborar: proponé, escribí, subí videos, tomá tu iniciativa y llevala a cabo que te damos una mano. Seguinos en las redes sociales de los Comités barriales
¡Si nos recortan los servicios y nos aumentan los pasajes, no paguemos boleto!
¡EN LA SEMANA DEL 25 AL 29 ARRANCAMOS CON 24 HORAS DE NO PAGO DE BOLETO EN LA 60 HASTA QUE FRENEN EL DESGUACE, Y DESPUÉS SERÁN DOS DÍAS POR SEMANA, Y LUEGO 3 Y LUEGO…!
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