Red de radios

31.12.2019

Por Agustina Chaves

La decisión fue tomada de manera unilateral por el directorio de Sbase y será hasta que finalice el proceso de licitación. Con un pésimo servicio, tarifazos, muertes obreras y hasta reconociendo material cancerígeno en formaciones y haber entregado coimas, el Grupo Roggio viene estando a cargo del subterráneo hace 25 años.

El proceso para adjudicar la concesión del servicio subterráneo a una nueva empresa comenzó en febrero de 2018, pero la resolución del mismo aún está lejos de concretarse. Por eso, hoy, martes 31 de diciembre de 2019, al finalizar la última extensión de la concesión que se le adjudicó a la empresa Metrovías en diciembre del año pasado, el directorio de Sbase decidió que la misma empresa que lo viene operando desde hace 25 años continúe al frente.
Las empresas que participan del proceso son dos: por un lado la propia Metrovías, con asesoramiento de las alemanas Deutsche Bahn y Siemmens; y por el otro, el consorcio Keolis-Helport, integrado por el grupo francocanadiense (Keolis), la firma Helport de Corporación América (del empresario argentino Eduardo Eurnekian) y una subsidiaria del Metro de Londres (Transport Trading Limited).

Amigos son los amigos

La empresa Metrovías se hace cargo de la gestión del subterráneo desde el año 1994, en pleno auge del gobierno menemista que se ocupó de privatizar todas las empresas de servicios y transporte que pudo. Y aunque esta no es la primera vez que se extiende la gestión del servicio subterráneo a dicho grupo, sí podemos decir que se hace de manera cada vez más informal, burda e improvisada.
Uno pensaría que la confianza de los diferentes gobiernos al holding se debe a la exitosa gestión y la mejora del servicio, pero la realidad es que los escándalos y los negociados fueron una constante para el grupo Roggio (propietario de la empresa Metrovías) durante la gestión que desempeña al frente del servicio de transporte más importante de la ciudad de Buenos Aires.
Y a pesar de la intención de Aldo Roggio de mantener un bajo perfil (pocas personas en el país conocen el rostro del presidente de uno de los holdings más importantes de la llamada “patria contratista”), los negociados y escándalos fueron tan burdos, que se hace imposible creer que hoy continúe al frente del servicio e incluso tenga grandes chances de renovar la licitación por 12 años más. Sin ir más lejos, hace unas horas el cuestionado juez Claudio Bonadío decidió elevar a juicio oral y público una investigación por la cartelización en la administración de la obra pública durante los 12 años del kirchnerismo, causa por la cual está imputado Aldo Roggio, quien bajo la figura de “arrepentido” confesó públicamente haber destinado el 5% de las ganancias al pago de coimas para retener la concesión.

Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas

Durante los 25 años de “trayectoria”, la calidad del servicio nunca fue prioridad para quienes deciden cómo viajan millones de usuarios pero que jamás van a tomar un subte en su vida. Antes, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue un festival de subsidios millonarios sin control. Los libros contables que trabajadores y usuarios pedían que se abran, bien gracias. Después, durante la gestión macrista, los tarifazos aplicados por la concesionaria en total complicidad con los gobiernos de Cambiemos (junto con legisladores del PJ y la UCR), significaron un aumento del 322% desde el año 2015. Mientras que los aumentos salariales fueron muy por detrás.
En mayo de 2018, los diputados porteños Myriam Bregman y Patricio Del Corro, del PTS en el Frente de Izquierda, presentaron junto a Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo por la minoría del sindicato del subte (AGTSyP), y trabajadores docentes y estatales, un amparo para frenar el irrisorio aumento de tarifa, que llevaría en ese momento el precio del viaje a $19. Por disposición de la jueza Patricia López Vergara, la tarifa estuvo paralizada por 3 meses, representando un importante triunfo para el bolsillo de trabajadores y estudiantes usuarios del servicio. Y si bien finalmente el aumento a $19 se concretó, ese recurso de amparo, sumado a la presión popular, impidió el aumento del viaje a $21, que era el obejtivo final de Larreta y Roggio para este año.
Los diputados porteños del Frente de Izquierda, luego de la confesión de las coimas por parte del “arrepentido” Aldo Roggio, también presentaron un Proyecto de ley para quitarle la concesión a Metrovías, y que el subte vuelva a manos del Estado. Pero para ellos, sus ganancias valen más que un buen servicio y las vidas de trabajadores.

La historia de escándalos y negociados

La primera prórroga fue otorgada en diciembre del año 2012, cuando el transporte subterráneo pasa de la órbita nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires. En los meses previos, las trabajadoras y los trabajadores del subte protagonizaron el paro más largo de la historia del país. Fueron diez días de paralización del servicio, debido a que no habían podido cerrar paritarias porque el estado no se quería hacer responsable del servicio subterráneo.
El gobierno nacional kirchnerista aducía que la responsabilidad era del gobierno de la Ciudad, cuyo jefe de gobierno en ese momento era Mauricio Macri. A su vez, el gobierno de la Ciudad decía que la responsabilidad era de Nación. En el medio, estaban las trabajadoras, los trabajadores y los usuarios, que sin comerla ni beberla eran las principales víctimas de este pasamanos. Y Metrovías, que amasaba grandes fortunas, era un mero espectador. Finalmente, el gobierno porteño termina haciéndose cargo a través de la votación en la legislatura de la ley de traspaso 4472. Pero sigue siendo Metrovías la concesionaria del servicio, con 5 años más de explotación del mismo hasta el 2017. Para este momento ya había dos trabajadores asesinados por la desidia patronal: David Alfonso, en febrero de 2011, y Diego Martínez, en marzo de 2012. Ambos murieron electrocutados por falta de condiciones producto de la casi nula inversión, pese a que Metrovías llenaba cada vez más sus arcas.
En noviembre de 2017, a través de la ley 5885 votada en la legislatura de la Ciudad, se le otorga otro año más de prórroga a Metrovías. Durante estos 5 años, la empresa siguió recibiendo millonarios subsidios que nunca se supo adonde fueron a parar, porque el servicio continuaba en un colapso sin fin, y murieron 3 trabajadores más: Antonio Villares, quien murió electrocutado el 2 de abril de 2013 (mismo día de la inundación de La Plata que terminó con casi un centenar de muertos), Sergio Reyes, arrollado por un tren en el Taller Rancagua producto de la falta de señalización en septiembre de 2013 y Matías Kruger, también electrocutado en diciembre de 2016. Este fue quizá el caso más resonante y mediático debido a que el joven era jugador de Futsal del club Boca Jrs.
En diciembre de 2018, con el plazo otra vez vencido, se vuelve a aprobar en la legislatura porteña un proyecto de ley que dice que Metrovías continuaría al frente de la concesión hasta hoy. Tres meses antes de que se aprobara la nueva extensión, Aldo Roggio había admitido haber pagado coimas durante años por un valor del 5% de las ganancias para retener la concesión. Luego del escándalo, debió ceder la presidencia del conglomerado a su hermana Graciela Roggio. Un chiste.
En febrero de 2018 había fallecido por aplastamiento de una maquinaria sin la seguridad necesaria Carlos Leguizamón, trabajador de la empresa tercerizada Rowing, que prestaba servicio para Metrovías en el taller Lacarra de la línea E.
Además, en marzo de ese mismo año salió a la luz un hecho que va a seguir en el candelero hasta la actualidad: la denuncia de las trabajadoras y los trabajadores de la presencia de asbesto en trenes que la Ciudad había adquirido recientemente a España, donde habían fallecido trabajadores producto de asbestosis. Metrovías lo negó hasta este mismo año, cuando ya se le hizo imposible seguir ocultándolo y las pruebas eran irrefutables.
Hasta el momento hay 15 trabajadores afectados por la presencia de asbesto. Y de los 3.500 trabajadores de toda la red, solo alrededor de 400 fueron enviados a realizarse los exámenes médicos. De esos 15 afectados, un trabajador del taller Rancagua de la línea B fue operado hace dos meses producto de la detección de cáncer de pulmón por asbesto.
Ahora, la prórroga vuelve a adjudicarse al mismo grupo empresario que es responsable de este derrotero de negligencias.

30.12.2019

Por Ignacio Marchini

Hoy se cumplen 15 años del 30 de diciembre de 2004, la noche en que el incendio del boliche República Cromañón, en el barrio de Once, se cobró la vida de 194 personas y la de decenas de padres, madres y sobrevivientes que fallecieron después por las secuelas, incluidos varios suicidios. Miles de heridos y heridas, abandonos sistemáticos del Estado, daños físicos, psíquicos y emocionales son parte del saldo de esa noche que se puede caracterizar de diversas maneras, excepto de tragedia.

La cadena de decisiones, errores y omisiones que llevaron a los sucesos del 30 de diciembre, evaluados en su conjunto, brindan un mapa de la situación en la que se desarrollaban los recitales de música, y de rock en particular, por esos años. La Masacre de Cromañón significó un corte que dejó expuestas las condiciones en que pibes y pibas, bandas, artistas y empresarios habitaban la noche. Un mundo abandonado a su suerte por el Estado y regido por la lógica del mercado que, a la vez, latía con un pulso artístico intenso que expresaba la renovación del rock, justamente con Callejeros como uno de sus máximos exponentes. Los y las herederas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la generación de los ‘90 que crecía a la par de un país que trataba de suturar las heridas de una crisis política, económica y social demasiada reciente como para ser del todo comprendida, se vio inmersa en y sostuvo, a la vez, una mística rockera y juvenil que bien podría encuadrarse dentro de “la cultura del aguante”, como definiera alguna vez el sociólogo Pablo Alabarces.
Pero los sucesos traumáticos dejan marcas de todo tipo y el dolor y la nostalgia no son las únicas respuestas posibles ante la ausencia ineludible y la injusticia de lo evitable. El Movimiento Cromañón, una coordinadora de diversas agrupaciones que surgieron en 2005 a partir de la masacre, es un claro ejemplo de otras vías posibles para alcanzar algún tipo de reparación personal y colectiva, transitando la memoria desde una postura activa y desplazándola del recuerdo fantasmagórico y acuciante.
Como cualquier organización social y política, los objetivos se modificaron a través del tiempo, siempre en relación con las demandas urgentes y las condiciones y exigencias del momento, articulados en torno a los vectores guía de los reclamos históricos e insobornables. Hoy organizan un festival en las inmediaciones de Cromañón desde las 12 del mediodía, donde expondrán su pliego de reivindicaciones y realizarán una jornada cultural y artística con radio abierta, bandas en vivo y la inauguración de una arcada realizada por el papá de David Chaparro, una de las víctimas.
En la actualidad, el Movimiento se encuentra enfocado en recuperar el lugar físico, el local ubicado en Bartolomé Mitre 3060, que fue restituido en noviembre del año pasado a Nueva Zarelux S.A., una empresa offshore radicada en Uruguay cuyo dueño es Rafael Levy, un hombre vinculado a talleres clandestinos y a la trata de personas que era propietario del boliche el día del incendio y que estuvo 4 años y medio preso por el delito de incendio culposo calificado. A lo largo de todos estos años hubo cuatro juicios orales en los que se condenaron a 21 personas, de las cuales 18 fueron a prisión. Hoy, todas cumplieron su condena y se encuentran en libertad. Con la excepción de Omar Chabán, el gerente del local que, de no haber muerto hace 5 años de cáncer, seguiría preso.

“Ese montón de espejos rotos”

Diálogo con Belkyss Contino (B.C.) y María Luján Rossi (L.R.), sobrevivientes de Cromañón e integrantes del Movimiento que está motorizando la expropiación del boliche para convertirlo en un espacio de memoria y un patrimonio cultural de la Ciudad. Un lugar destinado a la memoria activa y no al recuerdo estático; una evocación a las víctimas, familiares, amigxs y sobrevivientes; que recuerde sus historias, quiénes eran y quiénes son hoy. Un monumento vivo y habitable que reafirme y permita construir un relato para las nuevas generaciones. Que sepan que no fue una tragedia, que los bomberos, policías, funcionarios públicos, políticos y empresarios fueron partícipes necesarios de lo ocurrido. Que Aníbal Ibarra nunca fue procesado penalmente y que hasta hace 4 años fue Legislador porteño por el Frente para la Victoria.

¿De qué se trata el proyecto que presentaron?

B.C: El primero es de expropiación. Está en la Legislatura porteña, donde hay mayoría de Vamos Juntos (Pro). Cuando nos recibieron nos dijeron que estaba buena la idea, que era importante, que les parecía bien que hubiera un lugar de “recuerdo”. Nosotras usamos la palabra memoria. Nos dijeron que no tenían presupuesto. Entonces presentamos un proyecto de protección estructural del inmueble para que se declare patrimonio de la Ciudad y no se pueda tocar. La respuesta fue un monumento, que está todo bien pero no es lo que pedimos. Nosotras somos conscientes de que ningún proyecto de expropiación y patrimonialización se logró de un día para otro. Si no es en el 2020, será el próximo año. Y si no, el siguiente. Pero no nos vamos a mover de la convicción de que acá no puede haber un local de ropa.

L.R.: Y de hecho ya han intervenido en el lugar. La Justicia no reparó, en la devolución del inmueble a Levy, que adentro había pertenencias de las víctimas que en su momento se había pedido que se pudieran restituir, pero como estaba judicializado no se podían tocar. Celulares, banderas, zapatillas. Hasta la bicicleta de una sobreviviente. Se cagaron en todo, sobretodo en el valor simbólico. Las cosas cuentan historias y estaban las huellas de lo que pasó. Algo muy representativo eran las marcas de las manos en las paredes, que significaban la desesperación por salir. Lo pintaron encima, quieren borrar nuestro relato. Para colmo, nos enteramos de prepo, a través de un hueco de la puerta. Ni nos notificaron.

¿Y por qué les parece que les niegan la construcción de su propia versión de los hechos?

L.R.: Es la misma lógica que se usa con las víctimas del gatillo fácil, de la trata, de las cárceles. Le niegan el relato a las víctimas, a los familiares, a los amigos. Las características de Cromañón son particulares, pero están dentro de un contexto más amplio. No es que nos pasa solo a nosotras y nosotros.

B.C.: Se utilizó mucho Cromañón como bandera de política pública del Pro. No hubo una decisión de fomentar los espacios culturales autogestionados, de acompañar el acondicionamiento de los lugares que no tenían recursos para afrontar las reformas, al gobierno nunca le interesó. Lo que hicieron en nombre de Cromañón fue empezar a clausurar. Y no estamos a favor de eso. Nosotras estamos a favor de que haya espacios donde se promueva la cultura. Fue un uso perverso de lo que pasó. Acompañó a un relato y un tipo de mirada sobre la cultura que no todos y todas compartimos.

L.R.: Lo que pasó en Cromañón fue tan inesperado y tan increíble que cuesta ponerle palabras, elaborar teorías. Yo me resisto a elaborar teorías, siento que elaborar y objetivar Cromañón me abre preguntas que no puedo ni dimensionar. Por eso es que se actualiza constantemente. Y el no poder construir un relato propio, porque te limpian el lugar, es tremendo. Como si acá no hubiera pasado nada, típico del macrismo. No te dejan contar la historia de la manera que vos querés contarla porque no les conviene, porque hace peligrar la idea de un discurso único, de que las responsabilidades son solo de Ibarra, de la banda, de Chabán y de los que fueron a un lugar que tendrían que haber sabido en las condiciones que estaba.

Cromañón y después

Los factores que explican lo sucedido aquel 30 de diciembre son varios y permiten comprender esta visión que reniega de considerar a Cromañón como una “tragedia”, producto de las fuerzas incontrolables del azar. Las puertas que funcionaban como un embudo y abrían para adentro, los extractores de humo tapados, un local rebalsado que albergaba 4 veces su capacidad de público habilitada, la media sombra más barata que mandó a colocar Chabán que no era ignífuga, la infame salida de emergencias cerrada con un candado. Pero detrás de la sucesión de hechos puntuales de esa noche se esconden las múltiple decisiones (o la falta de ellas), que permitieron que sucediera. Cromañón fue la materialización, en proporciones intolerables, de una matanza latente construida durante varios años a base de conveniencias entre funcionarios del Estado, actores políticos y empresarios orientados a la maximización de ganancias.

L.R.: Yo lo vi a Chabán apoyado en un árbol, con la mirada perdida clavada en el piso, mientras los pibes sacaban gente. Y al rato se fue caminando.

B.C.: Muchos y muchas de las que murieron fue porque entraron varias veces a sacar personas.

¿Cómo fue posible que sucediera Cromañón?

B.C.: Tuvo tal magnitud que lo hizo insoportable. Por la cantidad de víctimas, por la edad que teníamos. Es tan insoportable que es preferible no pensarlo para la sociedad. Siempre es más sencillo pensar en el factor trágico, del azar. No fue casualidad, estaban todas las condiciones dadas para que sucediera. La Comisaría 9, que era la de la zona, tenía arreglos con todos los lugares, comprobado en uno de los juicios. El subcomisario Díaz, que estuvo 8 años preso, iba personalmente a cobrar la coima. Habían habilitado un plano del edificio que no correspondía con la realidad, también.
Además se había desfinanciado el área de inspecciones de la Ciudad, encubierto en el relato de que por la corrupción se lo desarticulaba. Lo dejaron sin fondos y pusieron a personas en cargos jerárquicos que no eran idóneas para desempeñar sus funciones. Fueron designaciones políticas, no por aptitudes técnicas. Hubo un montón de avisos previos de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los boliches en Buenos Aires. También de la Auditoría de la Ciudad. Todos fueron desoídos. ¿Cómo vas a esperar que puedan hacer algo sin fondos y sin gente capacitada?

¿El Estado se hizo cargo de lo que había pasado?

B.C.: A nivel judicial, las condenas fueron bajísimas porque las figuras legales utilizadas eran por delitos menos graves. En cuanto a las responsabilidades, el Frente para la Victoria gobernaba la Ciudad en ese momento. Posterior a Cromañón, le brindaron la estructura político-partidaria a Aníbal Ibarra para ser Legislador porteño desde 2007 hasta 2015 y fue como candidato acompañando a Filmus en las elecciones de Jefe de Gobierno de 2011. Hay un entramado que lo sigue sosteniendo. La presencia actual de Vilma Ibarra, su hermana, como Secretaria Legal y Técnica del oficialismo, nos preocupa que sea la puerta de entrada para que (Aníbal) Ibarra pueda regresar a la gestión pública.

L.R.: A Ibarra se lo escrachó porque ni fue llamado a indagatoria, consideraron que no tenía responsabilidad penal. Sí responsabilidad política que, a mi gusto, fue mayor que la que dejaron entrever. No creo en su ingenuidad en un montón de cosas que tienen que ver con el armado de las inspecciones en la Ciudad.

Antes hablaban de que no les dejan construir su propio relato. ¿Cómo es el que sí habilitan?

L.R.: Que éramos unos negros de mierda que no nos importaba nada, que teníamos una guardería en el baño, la cual nunca existió, demostrado en otro de los juicios. Esa es la representación de Cromañón. Si había chicos o chicas en el baño eran hijos de las empleadas de Chabán que les decía “vení a laburar igual” aunque no tuvieran dónde dejarlos.

B.C.: Y si no, que nuestra militancia es puro desborde, que no tenemos una visión crítica de lo que pasó. Los y las sobrevivientes y los familiares desbordados emocionalmente que no razonan sobre lo que sucedió, y no es así. Hay un análisis crítico de lo que pasó después de 15 años. No es solamente mostrar lo que sentimos. Hay datos concretos sobre lo que pasó y continúa pasando. Es una manera de desviar el foco de atención. Lo mismo que con la banda, porque mediáticamente era más atractivo. Si eran o no responsables, si matarlos o permitirles la vida. No se habló, por ejemplo, del acompañamiento a sobrevivientes y familiares, que fue prácticamente nulo.

L.R.: En 2009 se presentó un proyecto de ley de reparación integral para sobrevivientes y familiares que contemplaba no solamente un subsidio por 5 años, sino también asistencia en salud, con especialidades en neurología, dermatología, psicología y psiquiatría. También solicitamos programas para reinsertar en el sistema educativo a sobrevivientes que no habían terminado el secundario, capacitación laboral para quienes no tenían trabajo, algún plan social de alimentación de la Ciudad. Ritondo, entre otros tantos, pedía como condición para acceder a los beneficios de la ley tener cierto “porcentaje de discapacidad”. No vamos a negociar que nos hagan un seguimiento como corresponde, que me permitan volver a estudiar, a tener un trabajo. No desde el lugar de “pobre de nosotros que no podemos seguir con nuestras vidas”, todo lo contrario. Justamente, como queremos seguir adelante, como Estado tenés que hacerte cargo de ayudarnos.

Ponerse las zapatillas

El pilón de zapatillas fue y continúa siendo una de las imágenes más representativas de lo que pasó en Cromañón. En la actualidad, cientos de ellas cuelgan en las afueras del boliche, para recordar a las víctimas. Y la potencia de su imagen radica en la cantidad de sentidos que encierra. La Topper rota y manuscrita, ícono de una tribu urbana ya casi extinta, abandonada, vacía, habla no sólo de la desesperación y la corrida por salir en busca de aire, sino de una ausencia. La zapatilla que no camina, que no avanza, que no tiene destino. La zapatilla colgada que habla del recuerdo.

¿Qué significan las zapatillas para ustedes, después de 15 años?

B.C.: Nosotras queremos descolgarlas. Metafóricamente hablando, obvio. En el sentido de ponérnoslas y poner a caminar a las pibas y pibes que estaban ahí dentro.

L.R.: Varios y varias hemos transitado momentos realmente oscuros, tensando cada vez más el límite, hasta que alguien te dice basta. Inevitablemente sucede, lo sé por charlar con los y las demás. Y ahí decís “ahora quiero elegir”. Y eso tiene que ver con que pasaron 15 años y no nos olvidamos, el dolor sigue siendo el mismo pero el poder registrar todo lo que hicimos es un montón. Tantas veces pensábamos que no había salida y hoy la vemos. Está bueno registrarlo, si no estamos permanentemente metidas en la nostalgia y en el dolor. Me sigue costando atravesarlo, pero hoy estoy eligiendo transitarlo de otra manera. Hoy en vez de pintar la pared de negro, la pinto con un montón de colores.

28.12.2019

A 15 años de la Masacre de Cromañón, memoria verdad y justicia por las víctimas. Compartimos el relato de Santiago Menconi.

Una noche como hoy, hace 15 años, me tomaba el colectivo en las 5 Esquinas. Supongo que sería un 60, porque era el único que llegaba hasta el centro.
Iba, como tantos otros fines de semana, a ver una banda de rocanrol. En el bondi me crucé con un vecino «se prendió fuego el Reventón», me dijo.
Recuerdo que bajé en Plaza Italia y que caminé hasta la avenida Córdoba.
En el club Villa Malcolm vimos a Los Tolchocos y a otra banda que no recuerdo. Al salir, vimos ambulancias y escuchamos los rumores: que se había prendido fuego un boliche, que había pibes muertos.
Pensé en el Teatro del Plata, dónde unos meses antes, viendo a una banda de hardcore, se prendió fuego un amplificador. Era un sótano con escalera en caracol. Recuerdo los empujones y el humo. Recuerdo que me metí debajo del escenario para poder respirar. Por suerte, esa vez, alguien apagó el fuego.
Recuerdo, además, que ya de madrugada busqué un teléfono público y llamé a mí vieja. Me atendió dormida preguntando qué pasaba. Estoy bien, le dije; dejame dormir, me contestó. Ella no sabía lo que había pasado, yo lo intuía.
Los recitales de roncanrol se terminaron aquella madrugada. Ya no hubo jueves de No, ni viernes de Sí. Los recitales, tal como los conocíamos hasta entonces, se terminaron. Ya no hubo vaquitas para entrar ni mil bandas para ver. Se hizo un silencio, y al silencio lo precedieron los gritos de familiares y amigos de los 194 pibes y pibas fallecidos.
A 15 años de aquella noche, a 15 años de la masacre de Cromañón, no los olvidamos y seguimos exigiendo justicia.
¡Las y los pibes de Cromañón, presentes; ahora y siempre!

27.12.2019

La diputada del PTS-FIT preside la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional desde 2018. Este segundo informe presentado en la legislatura porteña a principios de diciembre, destaca el avance represivo, la criminalización de la protesta social y la pobreza, como el control social en los barrios populares. También denuncia su correlato en leyes votadas este año.

La Comisión está integrada por diputadas y diputados de distintos bloques y desde 2018 estuvo presidida por Bregman, abogada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, miembro del mismo organismo de derechos humanos y reciente legisladora electa, estuvo a cargo de la dirección de la misma.
En este segundo trabajo, se destaca el rol activo que tuvo la Comisión en diversas actividades junto a referentes de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y barriales; y familiares y víctimas de la violencia institucional a quienes se ha acompañado en sus denuncias.
El mismo se sustenta en denuncias recepcionadas por la Comisión, de víctimas de la criminalización de la protesta social, de dirigentes y militantes perseguidos, como también de trabajadores y trabajadoras informales que sufren el acoso policial, entre otros.
En el informe, que se puede leer completo al final de esta nota, se denuncia la represión que han sufrido trabajadores, trabajadoras y sectores que acompañaban solidariamente su reclamo, a quienes desde la Comisión, se acompañó con la presencia en el lugar de detención y siguiendo la causa junto a los abogados defensores.
También se menciona la violencia policial contra artesanos y artesanas, docentes, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica, como también a estudiantes terciarios del Normal 1, entre otros, donde la Comisión ha intervenido activamente.
El informe denuncia que “en el marco de una crisis económica y social creciente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prosiguió con la política de sacar de la vía pública a quienes sobreviven de la venta o las producciones artísticas callejeras por carecer de otro medio de subsistencia, en particular con las y los trabajadores senegaleses”.
Se nombra el acompañamiento a familiares y víctimas de Cromañón, la presencia en el juicio de Lucas Cabello quien fue baleado por el agente de la entonces Policía Metropolitana Ayala y la presentación del Pedido de Informe en la Legislatura por el asesinato de Jorge Martín Gómez a manos de un policía de la Ciudad.
Otro eje de denuncia que se destaca en el informe es que 282 efectivos policiales que hoy cumplen funciones en la Policía de la ciudad, también actuaron durante la última dictadura cívico-militar. Carlos Kevorkian, ex jefe de Policía, es el primero de la lista.
Esta información fue dada a conocer por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su Jefatura de Gabinete, en respuesta a varios reclamos y Pedidos de Informes que realizó Bregman junto al ex legislador porteño Patricio Del Corro, retomando un histórico reclamo de los organismos de derechos humanos.
Al respecto, Bregman denuncia en el informe: “Consideramos un hecho muy grave que 282 policías que cumplieron funciones en la dictadura formen parte de la Policía local, considerando que las Comisarías de la Ciudad en aquella época fueron utilizadas como Centros de Detención ilegal de personas”.
Cabe destacar que al momento de la presentación del Informe, Correpi aún no había presentado el informe 2019 de la situación represiva nacional, que indica que “en sus tres años de existencia, la Policía de la Ciudad mató 68 personas en 36 meses”.
Otra grave denuncia que realiza Bregman, es la aprobación de la venta de terrenos de la Villa 31 para destinarlos al negocio inmobiliario a pesar de la gran oposición de las mujeres que encabezaron la lucha y de todo el barrio Padre Mugica que recibieron maltrato, persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de la Ciudad.
La diputada Myriam Bregman señaló: “en una ciudad donde hay personas sin techo muriendo en las calles por frío como Sergio Sacarías, esta Casa votó arrebatarle las tierras y viviendas a uno de los sectores más humildes de la CABA”.
En un apartado especial, el Informe detalla los avances represivos sobre la legislación en CABA, como el nuevo Código Contravencional, el Sistema de Reconocimiento Facial, el “Control Poblacional” de la Resolución del Ministerio de Seguridad 845/19, la Resolución 956/2018 del Protocolo de Uso de Armas de Fuego del Ministerio de Seguridad y la Resolución 395/2019 sobre el uso de Pistolas Taser.
A su vez, menciona el estado de la causa que iniciaron junto a María del Carmen Verdú, referente de CORREPI, y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil, y en representación de la Comisión, a partir de la presentación ante la Justicia de un amparo para que no se aplique la Resolución 956/2018 por afectar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional.
Con respecto al reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, uso de Pistolas Taser, se informa también que “continúa pendiente de tratamiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia realizada por numerosos organismos que se presentaron ante la misma para que se prohíba su uso en el país y en la Ciudad de Buenos Aires considerando las estadísticas y experiencias trágicas que llevó a ser prohibida su utilización en distintos países del mundo”.
En uno de sus anexos, se hace mención a la reunión conjunta de las Comisiones contra la Violencia Institucional y de Derechos Humanos de la Legislatura que realizaron junto a diversos organismos de DD HH, organizaciones y miembros de las comunidades de Chile, Bolivia y Colombia quienes denunciaron hechos de represión gravísimos.
Como resultado del conjunto de las denuncias recogidas, se resolvió extender las campañas activas de solidaridad internacional, recopilar las denuncias recibidas para presentar ante todos los organismos internacionales y reclamar enfáticamente la aparición y libertad de los miles de detenidos en los distintos países latinoamericanos.

26.12.2019

Por Patricio Abalos Testoni

En el presupuesto de 2020 para la Ciudad de Buenos Aires figura que se van a destinar 611 millones de pesos para implementar más de 80.000 parquímetros, lo que equivale al 45% de las calles. Los números generan más indignación cuando se observa el negociado que significa para las empresas en paralelo a la degradación del transporte público que utilizan millones de usuarios.

Ya hace unos meses nos habíamos enterado del plan del gobierno porteño de llenar de parquímetros la ciudad. Luego de estar trabado judicialmente, ya se habilitó para que Cambiemos avance con la implementación del nuevo sistema, que abarcan 86.768 parquímetros en la ciudad, y que tiene un costo de 611 millones de pesos, que ya se votó en el presupuesto del 2020. Esta política deriva en que el 25% de los lugares que hay para estacionar van a tener un parquímetro.
Ya hace varios años que se están denunciando el negociado que hay bajo este sistema, que hizo que cambiemos retrocediera en algunos puntos o que se paralizara por pedidos judiciales. Sin embargo a partir del año que viene se va a profundizar, con un esquema que le da aun más ganancias a las empresas que van a realizar los acarreos. El plan abarca la extensión de la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la ciudad, pero a su vez se le otorga de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas.
Hasta ahora hubo dos empresas que se encargaban de 14000 acarreos mensuales, y vale destacar que pagan 55 mil pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12.5 millones de pesos en el mismo período. Realmente una estafa. Con la ley sancionada este año ahora se van a repartir la ciudad entre 5 empresas.
Hay que tener en cuenta que el crecimiento de la cantidad de parquímetros, toma un salto exponencial en el año 2013 con la sanción de la ley 4888, cuando Macri era todavía Jefe de Gobierno. Dicha ley salió no solo por el voto del PRO, sino también gracias a la complicidad del peronismo, que le dio 9 votos a favor que permitió que se sancione dicha ley.

Un golpe a la calidad de vida

El gobierno porteño disfraza este negociado y privatización del espacio público bajo la apariencia de desincentivar el uso del auto. Sin embargo esta mentira dura hasta que uno ve el estado del transporte público y los valores para trasladarse. Subtes repletos, colectivos colapsados, boletos que se incrementaron considerablemente, y que tienen previstos nuevos aumentos que se frenaron por mera especulación electoral. Ni siquiera se está trabajando actualmente en extensiones de nuevas líneas de subterráneos, pero no dudan en invertir millones para que las empresas puedan recaudar más.
A su vez la ley determina que si no movilizas tu automóvil luego de 7 días también puede ser motivo de acarreo, aun cuando también se sancionó leyes para que se puedan construir departamentos más chicos y con menos cocheras. Por lo tanto, si tenés la suerte de encontrar un lugar para estacionar que no te cobren, y no querés pagar fortuna por una cochera, si o si tenés que cambiarlo de lugar a los días porque te lo pueden remolcar.
Además hay que resaltar que los empleados de este sector los paga el estado, pero bajo condiciones laborales de contratación totalmente precarizados que ni abarcan los derechos laborales mínimos, y con salarios que ni llegan al nivel de la canasta básica familiar porteña. Esto quedó demostrado con la lucha que dieron los agentes de tránsito por pasar a planta permanente, a raíz de la muerte de Cintia, una compañera que fue atropellada en septiembre de este año, y que se encontraba bajo “contrato de locación” como más del 80% del sector.
También se pudo saber, las nuevas playas de acarreo que se van a entregar gratuitamente a las empresas concesionarias, son lugares que se podrían usar como espacio verde para todos los vecinos de la ciudad. Una de las playas que se van a entregar en Villa Pueyrredón se encuentra al lado de un parque público donde hay se mueve cientos de niñas y niños todos los días. Otro terreno que había sido transferido de Nación a la Ciudad con el fin de que se destine a viviendas, sin embargo va a ser usado como playa.
Queda demostrado una vez más las prioridades que tiene el gobierno de Rodríguez Larreta. Los negociados y la privatización a raíz de perjudicar a los que menos tienen en pos de incrementar las ganancias a las empresas. Una política que actualmente con la mayoría automática que tiene en la legislatura, viene incrementándose. Resulta cada vez más necesario invertir estas prioridades, donde por fin se ponga como prioridad las necesidades de los trabajadores y los que menos tienen.