Red de radios

6.2.2020

Revés para Larreta. La Justicia porteña falló a favor de suspender la audiencia que trataría el aumento de los parquímetros. La cautelar fue presentada por Myriam Bregman y Alejandrina Barry, diputadas porteñas del Frente de Izquierda.

Como informáramos por este medio, las diputadas porteñas del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, presentaron una cautelar ante la justicia para frenar la audiencia del GCABA que trataría el aumento de los parquímetros de la ciudad.
El Juzgado en primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nro. 2 a cargo del Juez Roberto Andrés Gallardo, falló a favor de suspender dicha audiencia. El mismo resuelve: “Hacer lugar a la medida cautelar autónoma peticionada en autos y consecuentemente disponer la suspensión de la audiencia convocada por el GCBA mediante decreto 11/20 para el día 7 de febrero de 2020, con el objeto de tratar la modificación de la tarifa del servicio público de estacionamiento medido en la vía pública”.
Como argumentación a favor de la cautelar, que denunciaba los errores en la convocatoria a la audiencia pública, el Juzgado denuncia: “Se trata de un error esencial, que afecta insanablemente la validez de la convocatoria, dado que quienes como las actoras quisieron ejercer su derecho constitucional y legal de tomar vista de las actuaciones, se vieron imposibilitados de hacerlo como consecuencia de la deficiente convocatoria. Así, resulta clara la transgresión al derecho al acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna consagrado en el art. 46 de la Constitución local…”
Las diputadas explicaron “Hace años que denunciamos el negociado de los parquímetros y este año quieren aún más ganancias a las empresas que acarrean. Han extendido la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la ciudad, otorgándole de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas”.
Y denunciaron al gobierno de Larreta y su falsa publicidad: “Por más que quieran promocionar el Metrobus, la Ciudad organizada por el PRO no garantiza un tránsito fluido ni estacionamientos seguros” y remarcaron el objetivo del gobierno de la ciudad “de una necesidad hacen un negocio”.
Al mismo tiempo las empresas concesionarias fueron blanco de la denuncia de las diputadas, “Las empresas encargadas de los acarreos pagan 55 mil pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12,5 millones de pesos en el mismo periodo. Es realmente una estafa”.

5.2.2020

A seis años del incendio y posterior derrumbe del depósito de la empresa Iron Mountain, en el que perdieron la vida diez trabajadores públicos, la legisladora porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, junto al presidente del bloque, Claudio Ferreño, la vicepresidenta 2° de la Legislatura, María Rosa Muiños, y el vicepresidente del bloque, Javier Andrade, presentaron un proyecto de declaración con el objetivo de recordar y rendir homenaje a los “Héroes de Barracas”.

Entre los fundamentos del proyecto los legisladores señalaron, en un nuevo aniversario de la tragedia, que aún no se conocen fehacientemente las causas del incendio. Además, recordaron que en 2015 los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales en los que se concluía que este podría haber sido intencional.
Un incendio intencional, 10 víctimas, miles de documentos destruidos, funcionarios macristas procesados que Larreta mantuvo en su gobierno.
Ya son 6 años de injusticia. Los argentinos merecemos saber la verdad. #IronMountain
«Este lamentable hecho dejó en claro la necesidad de readecuar el proceso de control y fiscalización de las actividades desarrolladas por industrias y comercios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que no es posible que un hecho semejante vuelva a suceder», expresaron desde el Frente de Todos.
Los legisladores destacan el «coraje, valor y compromiso con el servicio público» de quienes perdieron la vida en esa jornada, 5 bomberos de PFA, 2 rescatistas y 3 bomberos voluntarios que trabajaban para apagar el fuego: Anahí Garnica, -primera mujer bombera del cuerpo profesional de la Policía Federal Argentina- Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli; Sebastián Campos, Facundo Ambrosi, José Méndez y Pedro Barícola. Asimismo, hacen llegar su solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, quienes siguen bregando por verdad y justicia para determinar los responsables de dicha tragedia.

5.2.2020

Por Cosecha Roja

¿Por qué se incendió la planta de Barracas? ¿Qué documentos buscaban eliminar? ¿Por qué los familiares de los muertos no pueden tener acceso a la investigación judicial?

Seis años. Diez muertos. Una causa de más de cuatro mil fojas con pericias, testimonios, documentos. Diecisiete procesados: doce funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tres ejecutivos de la empresa, el director de mantenimiento de la planta y un empleado de seguridad. Detrás de esas cifras se ocultan algunas incógnitas: ¿por qué se incendió la planta de Iron Mountain en Barracas? ¿Qué documentos buscaban eliminar? ¿Por qué los familiares de los muertos no pueden tener acceso a la investigación judicial?
La causa quedó frenada pendiente de una resolución. El lunes la Sala II de la Cámara Nacional de Casación decidirá si acepta como querellantes a los familiares de las víctimas. “Las defensas dicen que los familiares no pueden acceder penalmente porque en algún momento llegaron a un acuerdo civil. Pero el nuevo Código Civil borró de un plumazo eso. Fundado en eso vamos a ir ante Casación”, explicó el abogado Javier Moral, representante de los familiares de las 10 víctimas.
Sebastián Campos había cumplido 34 años un mes antes. Tenía una hijita de un año y medio. Viajaba todos los días desde Florencio Varela en su Ford Falcon al cuartel de Vuelta de Rocha, en La Boca, donde trabajaba como bombero voluntario. Mecánico de oficio, se ocupaba del mantenimiento de cinco autobombas, un jeep y una camioneta. Estaba de guardia cuando a las 9.15 de la mañana del 5 de febrero de 2014 sonó la alarma.
La explosión en Azara 1245 se escuchó como el estruendo de un rayo. Debajo del paredón de ocho metros quedaron atrapados los bomberos. En el incendio murieron Sebastián y su amigo Facundo Ambrosi, de Vuelta de Rocha; seis bomberos de la Federal y dos agentes de Defensa Civil.
Cuando el fuego desapareció la columna de humo blanco todavía cubría el cielo de Barracas. La montaña de escombros superaba los tres metros: vigas retorcidas, ladrillos. Los restos de papeles quemados eran arrastrados por la brisa. Podían verse algunos con membretes de bancos, empresas de transporte y energía, laboratorios.
La lista de empresas era extensa: los bancos HSBC, Patagonia y Santander Río, Metrovías, Petrobras, Sideco, Endesa Costanera, Panamerican Energy, Laboratorios Richmond, Pampa Energía, entre otras.
La querella -y muchos otros- están convencidos de que el incendio fue intencional. ¿El motivo? Eliminar documentos -guardados en la planta- que probaban el lavado de dinero. Las pruebas podrían confirmar esa hipótesis. “Las pericias dicen que estaban dadas las condiciones para que se prenda fuego adrede -explica Moral-. La cisterna estaba vacía; la llave que permitía tomar agua de la red pública no sólo estaba cerrada, la habían quitado; las bombas presurizadoras para los rociadores no funcionaban y había cajas apiladas que tapaban esos rociadores y no permitían el vuelo libre”, enumeró.
También se encontraron “acelerantes” que hicieron que el fuego se propagara más rápido. Eso lo notaron enseguida los bomberos que fueron a apagar el incendio. Los sobrevivientes lo dijeron en la causa judicial: la temperatura era mucho más alta que en un incendio común.
En seis años la causa pasó por varias etapas. Primero se investigaron por separado los delitos de lavado de dinero y estrago doloso seguido de muerte. A partir de un pedido de los familiares, la Sala VI de la Cámara Penal ordenó unificar las causas y aceptar como querellantes a los familiares, que entendían que el incendio y la muerte de las 10 personas eran una consecuencia de las maniobras de lavado.
En la causa había 35 acusados. En marzo de 2018 fueron sobreseídas 18 personas. Las 17 restantes fueron procesadas por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”. La querella apeló los sobreseimientos. La misma sala 6 que tiempo atrás había aceptado la participación de los familiares en la causa (con otra composición) dio marcha atrás y rechazó a los familiares como querellantes.
En ese punto la causa se estancó: las apelaciones de los sobreseimientos y las confirmaciones de los procesamientos quedaron pendientes de la decisión de la Cámara de Casación Nacional. Este lunes la audiencia en el Palacio de Tribunales comenzará a destrabar una investigación que ya lleva 6 años.

4.2.2020

Tras dos años de un proceso licitatorio que debería haber desplazado a Metrovías por su gestión ineficiente, al retirarse los demás oferentes la empresa del grupo Roggio podría renovar su concesión por 12 años. En el medio: la crisis sanitaria por el asbesto, 5000 trabajadores y millones de usuarios.

La concesión del subterráneo de Buenos Aires está vencida desde el 2013 y proviene de 1994. En ese año, en plena fiebre privatizadora menemista, la red, propiedad de la empresa estatal SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) fue concesionada a Metrovías, operadora privada perteneciente al Grupo Roggio.
La licitación pública para concesionar el subte por 12 años más (con opción a prórroga por tres años) se inició en febrero de 2018. A la misma se presentaron tres oferentes en competencia: la actual concesionaria Metrovías; el grupo francés Keolis en conjunto con Corporación América encabezada por Eduardo Eurnekian, y Transport for London (TfL), operadora del subterráneo londinense; y RATP Dev, empresa del grupo RATP que maneja el Metro y otros transportes urbanos de París.
Tras varias postergaciones y con un panorama económico y político bastante distinto al del momento en que se presentaron las ofertas, primero se retiró RATP de la licitación y, en los últimos días, también los franceses de Keolis, dejando allanado el terreno para que la operadora del Grupo Roggio continúe al frente de la concesión.
“La AGTSyP está preocupada por la desasbestización del subte y por cerrar una buena paritaria que estamos a 4 de febrero de 2020 y no pudimos cerrar, acciones que se ven entorpecidas con este chamuyo de que hace cuatro años que están en licitación”, sostiene “Pancho” Ledesma, secretario de Salud Laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, en diálogo con Canal Abierto.
“Hay dos opciones con la licitación: una, es que al caerse los dos oferentes y quedar sólo uno en carrera, se termine el proceso licitatorio, se abra el sobre y digan, ganaste vos; el otro, que es el que creo que va a pasar, es que se declare por desierta la licitación y se convoque un nuevo proceso licitatorio. ¿Por qué? Porque cambiaron todas las condiciones del pliego de licitación, cambiaron los costos, las flotas están más deterioradas, la concesionaria no invirtió lo que tenía que invertir al no tener certeza de su permanencia y el estado no giró los fondos conveniados y se resintió todo el sistema. Además, cuando se inició la licitación no estaba presente el tema del asbesto”; señala Ledesma en relación al conflicto sanitario que estalló este año y tras la denuncia de los metrodelegados alertados por sus compañeros de Madrid de la presencia de este material cancerígeno en la red subterránea.
“Como pasa en cualquier metro del mundo, en Nueva York, Londres, Madrid, Chile, México, París, el tema del asbesto demanda muchos millones: compra de flotas nuevas y desasbestización y compra de equipos en las instalaciones fijas. Eso es parte de la inversión que deben hacer el estado, la concesionaria o ambos. Eso no estaba en pliego inicial y cambia todas las condiciones. Mi opinión es que las oferentes que se bajaron lo hicieron esperando volver a licitar con un pliego que incluya estas nuevas condiciones y costos”, destacó el sindicalista.

Una licitación a medida: el show de Larreta y Roggio

“Esto es crónica de una privatización anunciada y de un concesionario ganador. Cuando fue el debate por la nueva privatización del subte -a fines de 2017-, que se intentó dar la discusión por que vuelva a manos del estado o volverla a privatizar, allí quedó implícito que el futuro concesionario no sería Metrovías, porque fue una operadora con demasiados déficits: el tema de las escaleras mecánicas, el asbesto, la falta de mantenimiento del espacio público, la cuestión de que no hay estados contables separados entre la parte de trenes de Roggio y la parte del subte”, señala el abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
“Larreta hizo un show mediático diciendo que los futuros concesionarios iban a ser empresas europeas, justamente empresas estatales como la del Metro de París o la de Alemania, y que no iba a ser Metrovías. En ese contexto, la Legislatura aprobó la privatización, pero hubo una deficiencia en la votación de la ley. Nosotros acudimos a la Justicia y denunciamos este proceso como viciado, porque la privatización del subte se hizo con mayoría absoluta -no con mayoría agravada- y sin audiencia pública previa”. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para autorizar la cesión precaria de un inmueble a una asociación civil por diez años hace falta el procedimiento de doble lectura: que se vote una vez, se convoque a una audiencia pública y se vote una segunda vez con una mayoría de 40 votos. “En este caso no se hizo, lo que es una grave violación a la Constitución de la Ciudad, se privatiza el servicio público más grande de la ciudad por un método viciado”, sostiene Baldiviezo.
Se suelen usar dos argumentos para justificar la privatización de un servicio público: la falta de financiamiento estatal por lo que hace falta la inversión de capitales privados o porque se necesita de un operador con la capacidad técnica para hacerlo.
“En esta caso Metrovías toma el control de la operación de lo que ya existe pero no invierte un peso: no compra coches, no hace obras, no hace nuevas estaciones. Toma el servicio como está y el estado le paga mensualmente. Y respecto a la operación: ¿El gobierno en ocho años no pudo aprender a gestionar el subte? Un servicio público ya activo”, sostiene el abogado.
El servicio del subte es un servicio ineficiente, con vagones abarrotados, falta de puntualidad, estaciones sin escaleras mecánicas o con escaleras que no andan, trabajadores que mueren por circunstancias evitables y falta de mantenimiento. Un panorama y una opinión contraria de la mayoría de los porteños. Esa oportunidad de revertirlo está siendo desperdiciada por la gestión Larreta.
“El gobierno planificó estó, genera escenarios para confundir o aceptar la crítica, hacer el como sí de la licitación para que luego todo siga como está: Metrovías continúa al frente de la concesión y que el negocio quede entre los amigos. No tiene fundamento técnico más allá de seguir haciendo negocio con lo público que es el eje transversal de las políticas del macrismo en la ciudad”, concluye Baldiviezo.
“La conducción de este gremio está a favor de que vuelva al estado, pero la verdad es que nuestra base prácticamente no conoció la empresa estatal, por lo tanto no es una demanda prioritaria de nuestros afiliados. Nosotros estamos a favor la estatización pero no es prioritaria en el sector”, sostuvo por su parte Ledesma.

El asbesto mata

Está demostrado, por la experiencia de los otros metros del mundo, que el proceso para eliminar el asbesto será prolongado. Según Ledesma es un proceso que llevará cuatro o cinco años.
“No sólo son los trenes, estamos encontrando este material en subestaciones de alta tensión, en cuartos de bombeo para las bombas de achique, en los ferodos (frenos) de las escaleras mecánicas, está en todo el sistema”.
“El problema es que nosotros negociamos en audiencia en el Ministerio con SBASE y Metrovías y ellos no cumplen lo pactado. Por acta se comprometieron a ingresar a la gente de vía al RAR (Registro de Agentes de Riesgo), pero aún no lo cumplieron. Mucho menos los van a llamar para hacerse los estudios. No hay centros de acopio de asbesto, está el asbesto que se retira desparramado por todas partes. Se habían comprometido a lavar la ropa de trabajo y no lo hacen. Iban a dar cofres dobles para que tengas la ropa de calle separada de la ropa de trabajo… no cumplen con nada de lo pactado”, señaló el secretario de Salud de la AGTSyP, al frente de la lucha de los trabajadores por sacar el asbesto del subte.

4.2.2020

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y la Asociación por la Justicia Ambiental convocan a unificar los reclamos para solicitar formalmente al nuevo gobierno nacional y a la nueva gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que pongan freno y den marcha atrás al Plan Sistemático de Privatización de la Tierra Pública implementado por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
Con ese objetivo convocan a reunirse este miércoles 5 de febrero, a las 18:00, en el Museo del Hambre, ubicado en la Avenida San Juan 2491 de la Ciudad de Buenos Aires.
Las organizaciones denuncian que Macri estableció una “Monarquía Inmobiliaria” decidiendo la venta y concesiones de cientos de inmuebles para negocios inmobiliarios sin autorización del Congreso: “Antes de dejar el Gobierno, concesionó y transfirió a la Ciudad las tierras que no pudo privatizar en los cuatro años de gestión, a fin de que Rodríguez Larreta continúe con los negociados. Ahora tenemos la oportunidad de recuperar estas tierras para el bien común: espacios verdes, viviendas sociales y equipamiento urbano”, expresaron.
Para sumarse a la campaña y adelantar propuestas para la presentación formal se puede escribir en https://forms.gle/exd2gnU4MxsgdbLw9