Red de radios

28.12.2019

A 15 años de la Masacre de Cromañón, memoria verdad y justicia por las víctimas. Compartimos el relato de Santiago Menconi.

Una noche como hoy, hace 15 años, me tomaba el colectivo en las 5 Esquinas. Supongo que sería un 60, porque era el único que llegaba hasta el centro.
Iba, como tantos otros fines de semana, a ver una banda de rocanrol. En el bondi me crucé con un vecino «se prendió fuego el Reventón», me dijo.
Recuerdo que bajé en Plaza Italia y que caminé hasta la avenida Córdoba.
En el club Villa Malcolm vimos a Los Tolchocos y a otra banda que no recuerdo. Al salir, vimos ambulancias y escuchamos los rumores: que se había prendido fuego un boliche, que había pibes muertos.
Pensé en el Teatro del Plata, dónde unos meses antes, viendo a una banda de hardcore, se prendió fuego un amplificador. Era un sótano con escalera en caracol. Recuerdo los empujones y el humo. Recuerdo que me metí debajo del escenario para poder respirar. Por suerte, esa vez, alguien apagó el fuego.
Recuerdo, además, que ya de madrugada busqué un teléfono público y llamé a mí vieja. Me atendió dormida preguntando qué pasaba. Estoy bien, le dije; dejame dormir, me contestó. Ella no sabía lo que había pasado, yo lo intuía.
Los recitales de roncanrol se terminaron aquella madrugada. Ya no hubo jueves de No, ni viernes de Sí. Los recitales, tal como los conocíamos hasta entonces, se terminaron. Ya no hubo vaquitas para entrar ni mil bandas para ver. Se hizo un silencio, y al silencio lo precedieron los gritos de familiares y amigos de los 194 pibes y pibas fallecidos.
A 15 años de aquella noche, a 15 años de la masacre de Cromañón, no los olvidamos y seguimos exigiendo justicia.
¡Las y los pibes de Cromañón, presentes; ahora y siempre!

27.12.2019

La diputada del PTS-FIT preside la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional desde 2018. Este segundo informe presentado en la legislatura porteña a principios de diciembre, destaca el avance represivo, la criminalización de la protesta social y la pobreza, como el control social en los barrios populares. También denuncia su correlato en leyes votadas este año.

La Comisión está integrada por diputadas y diputados de distintos bloques y desde 2018 estuvo presidida por Bregman, abogada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, miembro del mismo organismo de derechos humanos y reciente legisladora electa, estuvo a cargo de la dirección de la misma.
En este segundo trabajo, se destaca el rol activo que tuvo la Comisión en diversas actividades junto a referentes de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y barriales; y familiares y víctimas de la violencia institucional a quienes se ha acompañado en sus denuncias.
El mismo se sustenta en denuncias recepcionadas por la Comisión, de víctimas de la criminalización de la protesta social, de dirigentes y militantes perseguidos, como también de trabajadores y trabajadoras informales que sufren el acoso policial, entre otros.
En el informe, que se puede leer completo al final de esta nota, se denuncia la represión que han sufrido trabajadores, trabajadoras y sectores que acompañaban solidariamente su reclamo, a quienes desde la Comisión, se acompañó con la presencia en el lugar de detención y siguiendo la causa junto a los abogados defensores.
También se menciona la violencia policial contra artesanos y artesanas, docentes, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica, como también a estudiantes terciarios del Normal 1, entre otros, donde la Comisión ha intervenido activamente.
El informe denuncia que “en el marco de una crisis económica y social creciente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prosiguió con la política de sacar de la vía pública a quienes sobreviven de la venta o las producciones artísticas callejeras por carecer de otro medio de subsistencia, en particular con las y los trabajadores senegaleses”.
Se nombra el acompañamiento a familiares y víctimas de Cromañón, la presencia en el juicio de Lucas Cabello quien fue baleado por el agente de la entonces Policía Metropolitana Ayala y la presentación del Pedido de Informe en la Legislatura por el asesinato de Jorge Martín Gómez a manos de un policía de la Ciudad.
Otro eje de denuncia que se destaca en el informe es que 282 efectivos policiales que hoy cumplen funciones en la Policía de la ciudad, también actuaron durante la última dictadura cívico-militar. Carlos Kevorkian, ex jefe de Policía, es el primero de la lista.
Esta información fue dada a conocer por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su Jefatura de Gabinete, en respuesta a varios reclamos y Pedidos de Informes que realizó Bregman junto al ex legislador porteño Patricio Del Corro, retomando un histórico reclamo de los organismos de derechos humanos.
Al respecto, Bregman denuncia en el informe: “Consideramos un hecho muy grave que 282 policías que cumplieron funciones en la dictadura formen parte de la Policía local, considerando que las Comisarías de la Ciudad en aquella época fueron utilizadas como Centros de Detención ilegal de personas”.
Cabe destacar que al momento de la presentación del Informe, Correpi aún no había presentado el informe 2019 de la situación represiva nacional, que indica que “en sus tres años de existencia, la Policía de la Ciudad mató 68 personas en 36 meses”.
Otra grave denuncia que realiza Bregman, es la aprobación de la venta de terrenos de la Villa 31 para destinarlos al negocio inmobiliario a pesar de la gran oposición de las mujeres que encabezaron la lucha y de todo el barrio Padre Mugica que recibieron maltrato, persecución y amedrentamiento por parte del gobierno de la Ciudad.
La diputada Myriam Bregman señaló: “en una ciudad donde hay personas sin techo muriendo en las calles por frío como Sergio Sacarías, esta Casa votó arrebatarle las tierras y viviendas a uno de los sectores más humildes de la CABA”.
En un apartado especial, el Informe detalla los avances represivos sobre la legislación en CABA, como el nuevo Código Contravencional, el Sistema de Reconocimiento Facial, el “Control Poblacional” de la Resolución del Ministerio de Seguridad 845/19, la Resolución 956/2018 del Protocolo de Uso de Armas de Fuego del Ministerio de Seguridad y la Resolución 395/2019 sobre el uso de Pistolas Taser.
A su vez, menciona el estado de la causa que iniciaron junto a María del Carmen Verdú, referente de CORREPI, y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil, y en representación de la Comisión, a partir de la presentación ante la Justicia de un amparo para que no se aplique la Resolución 956/2018 por afectar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional.
Con respecto al reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, uso de Pistolas Taser, se informa también que “continúa pendiente de tratamiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia realizada por numerosos organismos que se presentaron ante la misma para que se prohíba su uso en el país y en la Ciudad de Buenos Aires considerando las estadísticas y experiencias trágicas que llevó a ser prohibida su utilización en distintos países del mundo”.
En uno de sus anexos, se hace mención a la reunión conjunta de las Comisiones contra la Violencia Institucional y de Derechos Humanos de la Legislatura que realizaron junto a diversos organismos de DD HH, organizaciones y miembros de las comunidades de Chile, Bolivia y Colombia quienes denunciaron hechos de represión gravísimos.
Como resultado del conjunto de las denuncias recogidas, se resolvió extender las campañas activas de solidaridad internacional, recopilar las denuncias recibidas para presentar ante todos los organismos internacionales y reclamar enfáticamente la aparición y libertad de los miles de detenidos en los distintos países latinoamericanos.

26.12.2019

Por Patricio Abalos Testoni

En el presupuesto de 2020 para la Ciudad de Buenos Aires figura que se van a destinar 611 millones de pesos para implementar más de 80.000 parquímetros, lo que equivale al 45% de las calles. Los números generan más indignación cuando se observa el negociado que significa para las empresas en paralelo a la degradación del transporte público que utilizan millones de usuarios.

Ya hace unos meses nos habíamos enterado del plan del gobierno porteño de llenar de parquímetros la ciudad. Luego de estar trabado judicialmente, ya se habilitó para que Cambiemos avance con la implementación del nuevo sistema, que abarcan 86.768 parquímetros en la ciudad, y que tiene un costo de 611 millones de pesos, que ya se votó en el presupuesto del 2020. Esta política deriva en que el 25% de los lugares que hay para estacionar van a tener un parquímetro.
Ya hace varios años que se están denunciando el negociado que hay bajo este sistema, que hizo que cambiemos retrocediera en algunos puntos o que se paralizara por pedidos judiciales. Sin embargo a partir del año que viene se va a profundizar, con un esquema que le da aun más ganancias a las empresas que van a realizar los acarreos. El plan abarca la extensión de la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la ciudad, pero a su vez se le otorga de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas.
Hasta ahora hubo dos empresas que se encargaban de 14000 acarreos mensuales, y vale destacar que pagan 55 mil pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12.5 millones de pesos en el mismo período. Realmente una estafa. Con la ley sancionada este año ahora se van a repartir la ciudad entre 5 empresas.
Hay que tener en cuenta que el crecimiento de la cantidad de parquímetros, toma un salto exponencial en el año 2013 con la sanción de la ley 4888, cuando Macri era todavía Jefe de Gobierno. Dicha ley salió no solo por el voto del PRO, sino también gracias a la complicidad del peronismo, que le dio 9 votos a favor que permitió que se sancione dicha ley.

Un golpe a la calidad de vida

El gobierno porteño disfraza este negociado y privatización del espacio público bajo la apariencia de desincentivar el uso del auto. Sin embargo esta mentira dura hasta que uno ve el estado del transporte público y los valores para trasladarse. Subtes repletos, colectivos colapsados, boletos que se incrementaron considerablemente, y que tienen previstos nuevos aumentos que se frenaron por mera especulación electoral. Ni siquiera se está trabajando actualmente en extensiones de nuevas líneas de subterráneos, pero no dudan en invertir millones para que las empresas puedan recaudar más.
A su vez la ley determina que si no movilizas tu automóvil luego de 7 días también puede ser motivo de acarreo, aun cuando también se sancionó leyes para que se puedan construir departamentos más chicos y con menos cocheras. Por lo tanto, si tenés la suerte de encontrar un lugar para estacionar que no te cobren, y no querés pagar fortuna por una cochera, si o si tenés que cambiarlo de lugar a los días porque te lo pueden remolcar.
Además hay que resaltar que los empleados de este sector los paga el estado, pero bajo condiciones laborales de contratación totalmente precarizados que ni abarcan los derechos laborales mínimos, y con salarios que ni llegan al nivel de la canasta básica familiar porteña. Esto quedó demostrado con la lucha que dieron los agentes de tránsito por pasar a planta permanente, a raíz de la muerte de Cintia, una compañera que fue atropellada en septiembre de este año, y que se encontraba bajo “contrato de locación” como más del 80% del sector.
También se pudo saber, las nuevas playas de acarreo que se van a entregar gratuitamente a las empresas concesionarias, son lugares que se podrían usar como espacio verde para todos los vecinos de la ciudad. Una de las playas que se van a entregar en Villa Pueyrredón se encuentra al lado de un parque público donde hay se mueve cientos de niñas y niños todos los días. Otro terreno que había sido transferido de Nación a la Ciudad con el fin de que se destine a viviendas, sin embargo va a ser usado como playa.
Queda demostrado una vez más las prioridades que tiene el gobierno de Rodríguez Larreta. Los negociados y la privatización a raíz de perjudicar a los que menos tienen en pos de incrementar las ganancias a las empresas. Una política que actualmente con la mayoría automática que tiene en la legislatura, viene incrementándose. Resulta cada vez más necesario invertir estas prioridades, donde por fin se ponga como prioridad las necesidades de los trabajadores y los que menos tienen.

23.12.2019

Por Laura Vales

Nochebuena en Unidad: festejo solidario con los sin techo en el Congreso. El gremio docente UTE, los estatales de ATE y los Metrodelegados van a cenar con dos mil personas en situación de calle. A pesar de que la cifra aumentó en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta redujo el presupuesto destinado a políticas sociales
para 2020. Los vecinos están invitados a sumarse a la celebración que empieza a las 18:00 para armar las mesas.

Este 24 de diciembre, en la plaza del Congreso, militantes de organizaciones sociales y sindicatos porteños van compartir una cena de navidad con los sin techo. Como ya hicieron el año pasado, instalarán en el lugar mesas para unas dos mil personas, con una convocatoria abierta a los vecinos que quieran acercarse a dar una mano. “La esperanza de poner a la Argentina de pie radica en que los y las trabajadoras nunca hemos dejado de construir en nuestros barrios y lugares de trabajo las herramientas para alcanzar la justicia social que merecemos”, señaló la CTEP-Capital en la convocatoria que intentar exponer la realidad de la pobreza, que llega al 40 por ciento, y denunciar la injustificable situación en la ciudad de Buenos Aires, que siendo el distrito más rico del país tiene 7.251 personas en situación de calle. El número fue constatado por un censo popular realizado este año que reveló que en los dos últimos, las personas sin techo en la CABA aumentaron un 23 %; pese a esto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta redujo en un 18 por ciento los fondos destinados a políticas sociales en el presupuesto para 2020.
Participarán del festejo junto a los sin techo el gremio docente UTE, los estatales de ATE y los metrodelegados. La consigna del encuentro es Nochebuena en Unidad, aunque no es la única. Marina Josky, del MP La Dignidad, indicó que uno de los reclamos principales es que la ciudad “reconozca a los trabajadores de la economía popular, en lugar de golpearlos y expropiarlos de sus elementos de trabajo”.
Constanza Guillén, del Movimiento de Trabajadores y Excluidos, contó que a partir de las seis de la tarde van a estar armando las mesas frente a las escalinatas del Congreso. “Alrededor de las 9 de la noche vamos a servir la comida, con una bendición con representantes de todos los cultos. Están programadas dos obras de teatro para los más chicos, va a haber un inflable, metegoles, y más tarde, dos bandas de música en el escenario. A las 12 de la noche vamos a hacer el brindis y a soltar globos con los deseos de cada uno para el año que viene”.
Los vecinos que quieran acercarse a colaborar pueden hacerlo desde las 18.00, para armar las mesas, o a partir de las 20.00 para servir la comida.
El dirigente de los docentes porteños Eduardo López estuvo la navidad pasada en la cena frente al Congreso, una experiencia que recuerda como de “encuentro y reconocimiento”. “Se entregan libros, se realiza un espectáculo para los más chicos; hay mucho amor. Y es, al mismo tiempo, un reclamo a Rodríguez Larreta en dos sentidos, para que no siga bajando las políticas sociales y para que reconozca al otro como ser humano”. El dirigente recordó que al mismo tiempo que el gobierno de la Ciudad “redujo en un 18 por ciento los fondos de políticas sociales, aumentó en un 20 por ciento el presupuesto para seguridad”, dos datos que definen su enfoque de la emergencia social.
El censo popular de personas en situación de calle se realizó en abril de este año y encontró que de los 7.251 sin techo que viven en Buenos Aires, 5.412 estaban a la intemperie, es decir que no habían sido cobijados por paradores ni accedieron a otros sitios conveniados con el gobierno porteño. El 56 % de los censados manifestó además haber sido objeto de algún tipo de violencia de parte de la policía, el personal de los hospitales u otras figuras del Estado. 871 de los que estaban en la calle eran niños y 40, mujeres embarazadas.

18.12.2019

“Carla Soggiu, 28 años, madre de 2 niñxs fue violada y golpeada el 26/12/18. Denunció a su ex pareja, Sergio Fuentes, padre de sus hijxs. Cuando hizo la denuncia, a Carla le dieron un botón anti pánico como medida de prevención y cuidado. Un botón que cuenta con GPS y que al ser presionado da anuncio al Centro de Monitoreo y alarmas móviles de la Policía de la Ciudad. Carla tenía hidrocefalia. A los 15 años fue operada.”El médico que la atendió dijo que su corteza cerebral era fina como una hoja de papel, y que lo único que debía evitar era sufrir golpes en la cabeza” Contó su padre, Alfredo. El 15 de enero de este año- días después del abuso y la golpiza- Carla apretó dos veces su botón anti pánico porque estaba perdida y se encontraba en un lugar “con agua y olor a combustible”. Pero el GPS del botón anti pánico no funcionaba. Carla y las más de 7.000 mujeres que contaban con el dispositivo en la Ciudad de Buenos Aires en ese momento no lo sabían: la empresa que prestaba el servicio de geo localización al Gobierno de la Ciudad había finalizado su contrato. El 1º de enero la firma Coradir ya no estaba a cargo del funcionamiento de los dispositivos. Se hizo cargo otra empresa. En la desprolijidad del cambio, sucedió la muerte de Carla: ahogada en el Riachuelo. La encontró un trabajador de limpieza 4 días después de apretado el botón. La situación de recibir golpes pudo dañarle la válvula de drenaje que le pusieron al operarla. Eso podía provocarle desorientaciones o lesiones. En los últimos audios enviados por Carla dijo sentirse “desorientada”. (¿Por qué no se unificó la causa de abuso y la de su muerte?) Hace unos meses la familia de Carla recibe una llamada de Tribunales: Avisan a Carla que empieza el juicio oral por la violación. Contestaron que estaba muerta. No lo sabían. Los padres no pudieron ser querellantes: había vencido el plazo. (…) El fiscal sólo pidió 6 años. Si le dan esa pena el femicida queda libre y a cargo de los dos hijos de Carla, que hoy crían sus abuelos sin ninguna ayuda del Estado.” En Talcahuano 550, sexto piso, CABA. Viernes 20 a las 10:00.