¿Cómo quedaron las comunas porteñas luego de las elecciones de octubre?

7.1.2020

Por Leonardo Farias*

Tras ocho años de presidir las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el PRO pierde territorio con dos presidentes elegidos por la ciudadanía y que son del Frente de Todos (FDT): Ignacio Alvarez y Miguel Eviner al frente de las Comunas 4 y 8 respectivamente. Con Rodríguez Larreta al frente nuevamente del Gobierno porteño, por los próximos cuatro años, la Ciudad adquiere una oposición institucional sin precedentes en la breve historia de funcionamiento descentralizado.

Los flamantes presidentes junto a 37 comuneros más arrancan una tercera gestión que promete, al menos, novedades en la correlación de fuerza que se presenta en el territorio. No solo dos comunas son presididas por el FDT sino que en algunas otras el partido de gobierno pierde la mayoría en la composición de las Juntas (son siete miembros en total, cuatro para obtener la mayoría simple).
Desde el minuto cero Larreta deberá digerir los cuestionamientos que los presidentes del FdT vienen realizando en materia de infraestructura, vivienda, salud y educación, hasta ahora impensado por los “ordenados” jefes comunales de PRO – Cambiemos. El Consejo Intercomunal (órgano que reúne a los hombres y mujeres que presiden las comunas) perderá la composición absoluta.
Por otro lado la relación de las Comunas con el “exterior” presenta perspectivas de grandes modificaciones. Tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Nación pueden ser clave en materia de gestión asociada e inter jurisdiccional con las Comunas, que no necesariamente debe homologar el gobierno de la Ciudad. Varios pueden ser los ejemplo pero vale citar a la ex ministra Nilda Garré quien durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ha trabajado sin prisa pero sin pausa con los comuneros, en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana.
También vale decir que las comunas del sur presididas por el FDT son sujeto de acuerdos con la provincia de Buenos Aires por distintas problemáticas linderas. Pero esto sin dudas está sujeto a las iniciativas de los 39 Comuneros del FDT y a la voluntad de Nación y Provincia de presentarle a Rodríguez Larreta una declarada batalla por la Capital Federal. Sin dudas esto estará proporcionalmente ligado a la relación que logren establecer Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño. Por lo pronto, el presidente le pidió al jefe de Bloque de legisladores, Claudio Ferreño: “estar cerca de los comuneros y atender sus demandas”. Todo un mensaje en clave política de un presidente, que antes de serlo, es un buen conocedor del este territorio.
Así las cosas, lo que está en juego en materia institucional, es el funcionamiento de las Comunas. Hasta el momento la descentralización de las competencias es una proclama sin instancias palpables en el territorio. Desde el aspecto terminológico, y dada la interpretación gramatical, la descentralización consiste en la asignación de funciones estatales delegadas a entidades con personería jurídica propia, separadas de la administración central y en cambio, el proceso de desconcentración entraña una relación interorgánica en el marco de la propia entidad estatal.
Y es esto último lo que sucedió: en el día a día de la gestión el sistema de gobierno fue desconcentrado porque los presidentes de Junta nunca dejaron de trabajar de manera dependiente y centralizada con al Gobierno de Larreta. Nunca le dieron lugar al mando de las Juntas Comunales en su conjunto y jamás reclamaron la personería jurídica propia para poder ejercer libremente el mandato popular que los llevo a ese lugar.
Por su parte, y aunque un poco tarde, la justicia tomo nota de esto. El 25 de noviembre de 2019, en una acción de amparo presentada por comuneros, ex comuneros y habitantes de la ciudad con el patrocinio jurídico de Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad) en la causa caratulada “Vayo Miguel Enrique y otros contra GCBA SOBRE AMPARO”, Expte. N° 7770/2014-0, el Juez Francisco Ferres declaró la inconstitucionalidad del decreto 251/GCABA/2014, consideró que se estaba frente a la lesión de un derecho colectivo y otorgó legitimación a los actores para acudir a la justicia enfatizando el derecho de la ciudadanía para defender la Democracia Participativa y la Democracia Comunal.
En definitiva un escenario sin precedentes se abre en la Ciudad de la avenida más ancha del mundo. Y un mundo que cada vez pondera más la descentralización política espera ver los avances que se presenten en estos próximos cuatro años de gestión comunal.

* Ex comunero. Miembro del CEDET, Centro de Estudios de Desarrollo Territorial.

Buenos Aires, la ciudad del gatillo fácil permanente

6.1.2020

Por Carlos Rodríguez

En 26 meses, la Policía porteña causó 43 muertes por violencia institucional

Un informe de la Legislatura reveló que casi dos personas mueren por mes en la ciudad en hechos vinculados a la brutalidad policial. Los casos de represión social.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza que todavía está integrada por 282 oficiales que cumplieron funciones en la dictadura cívico-militar, fue responsable de la muerte de 43 personas, en hechos clásicos de violencia institucional, a lo largo de 26 meses, sumando casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019. El dato figura en el informe dado a conocer por la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, que corroboró los datos con los últimos registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El informe legislativo denunció también una larga serie de hechos de represión y persecución policial contra trabajadores, organizaciones políticas y sociales, vecinos y estudiantes de la Ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio).
El informe anual, presentado por segundo año consecutivo por la Comisión Especial, puso el eje en “la criminalización de la protesta social, la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles, el hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras informales (vendedores ambulantes, entre otros), y el gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad a los y las jóvenes en los barrios y asentamientos de la CABA”. Otro de los aspectos analizados fue “el acoso policial a jóvenes en las escuelas y sus inmediaciones”.
El informe completo fue presentado en diciembre por la titular de la Comisión Especial, Myriam Bregman (PTS-FIT), junto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (Frente de Todos) y la directora de la Comisión Especial, la diputada del PTS-FIT Alejandrina Barry.
Sobre los casos de gatillo fácil, se precisó que las 43 muertes provocadas por la Policía de la Ciudad en 26 meses representan casi “dos personas fallecidas cada 30 días”. A nivel nacional, durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri hubo “un muerto por responsabilidad de las fuerzas represivas cada 21 horas”, de acuerdo con el citado registro de Correpi. Las cifras, tanto a nivel de la Ciudad como de la Nación, marcaron “un imponente salto represivo” sobre las cifras registradas desde el retorno de la democracia en el año 1983, dado que “se batieron todos los records” en materia de violencia institucional. Datos parciales indican que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta los primeros meses de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, las fuerzas de seguridad todo el país produjeron 1303 muertes en 1159 días, a razón de un caso cada 21 horas.
El caso emblemático de la violencia policial en la Ciudad fue el protagonizado por el policía porteño Esteban Ramírez, de 42 años, quien mató de una patada en el pecho a Jorge Martín Gómez, de 41, porque la víctima “obstruía el tránsito” en Carlos Calvo al 2600, en el barrio de San Cristóbal. El policía, que sigue bajo proceso, fue excarcelado. El abogado de la familia, Ignacio Trimarco, además de apelar la excarcelación, pidió que se investigue a Ramírez por el crimen y por haber “entorpecido el proceso judicial y adulterado pruebas”.
Por esa razón, en una causa paralela se investiga si hubo encubrimiento policial en el caso, por parte de agentes y oficiales de la fuerza. Alejandrina Barry le dijo a este diario que el gobierno de Rodríguez Larreta “nunca respondió al pedido de informe que presentamos desde la Legislatura”, a través de la Comisión Especial, integrada por diputados de diferentes bancadas.
Uno de los primeros casos de violencia institucional en 2019 se produjo el 15 de febrero, cuando la Policía de la Ciudad reprimió con gas pimienta y balazos de goma a los Feriantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que habían convocado a “un feriazo” en Plaza Constitución y Plaza Miserere. La represión fue para impedir que instalaran sus puestos de venta.
Cinco días después ocurrió otro tanto con trabajadores y trabajadoras de la cooperativa MadyGraf cuando repartían gratuitamente cuadernos en Congreso como denuncia de las irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación de la Ciudad. Hubo cuatro detenidos. Fueron golpeados trabajadores de prensa que cubrían la manifestación.
Otros casos similares fueron citados en el informe:
* Represión con gases y golpes contra trabajadoras y trabajadores de Coca-Cola.
* El lunes 11 de marzo, la represión llegó al barrio de San Telmo, sobre los artesanos y artesanas de la calle Defensa. La violencia policial recayó también sobre turistas y transeúntes que recorrían la feria.
* El 22 de marzo, decenas de policías amedrentaron a niños, niñas y maestras que realizaban una actividad por el Día de la Memoria. Se alegó que hubo “una denuncia anónima”, sin otra explicación.
* El sábado 23 con similares excusas, la policía de la Ciudad irrumpió en un local céntrico del PTS -FIT.
* En varias oportunidades fueron reprimidos y perseguidos los trabajadores de la agencia de noticias Télam, movilizados contra los despidos. Lo mismo ocurrió en otras movilizaciones protagonizadas por trabajadores del Hotel Bauen, Clarín, Centro Gallego, Línea 60, feriantes de la UTT, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica, y estudiantes terciarios del Normal 1.
* En una conferencia de prensa conjunta, los gremios docentes UTE y Ademys denunciaron ataques y persecución a docentes por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña y del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un total de 24 docentes relataron la persecución recibida.
* La Defensoría General de la Ciudad denunció casos de discriminación racial contra extranjeros que trabajan en la vía pública. En más de la mitad de los hecho, las víctimas (el 57,5 por ciento) fueron senegaleses que trabajan como vendedores ambulantes. Las denuncias comenzaron en 2018 y siguieron durante 2019.
* El periodista Martín Rodríguez fue detenido por la Policía de la Ciudad por intentar mediar ante la detención violenta de un joven por parte de ocho agentes que lo acusaban de un supuesto hurto. Este tipo de situaciones se repitió muchas veces a lo largo del período analizado.
La Comisión Especial denunció la persecución y el maltrato sufrido por vecinas y vecinos de la Villa 31 de Retiro que se opusieron a la aprobación del proyecto oficialista que dispuso la venta de terrenos en el barrio Carlos Mugica, como paso inicial de lo que fue denunciado como “un negocio inmobiliario” promovido por el gobierno porteño.
Como parte del accionar represivo y persecutorio de los grupos más vulnerables, se mencionó el intento del gobierno de Rodríguez Larreta de desalojar a 106 familias que desde hace diez años viven en el emblemático edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios. El intento fue fallido por la resistencia de los vecinos, con el apoyo de legisladores de la Ciudad y organizaciones sociales.
La Comisión se reunió con personalidades locales, de Chile y de Bolivia, para denunciar el golpe de Estado y los asesinatos y desapariciones ocurridos en el país del Altiplano. Del mismo modo se repudiaron los hechos de violencia cometidos en contra de los pueblos de Chile y Ecuador, en el marco de una política global impulsada por Estados Unidos en la región. Se consideró que el panorama general es coincidente con los casos de violencia institucional cometidos por los agentes de la Policía en la Ciudad de Buenos Aires.

A 15 años de la Masacre de Cromañón

2.1.2020

El lunes 30 de diciembre se realizaron distintos actos, misas, marchas y homenajes ante un nuevo aniversario de la masacre que terminó con la vida de 194 personas y afectó de muchas formas a miles de sobrevivientes y familiares. Reproducimos a continuación el documento unificado del Movimiento Cromañón, leído en el Santuario de Once, bajo el título: “La memoria no se negocia, se defiende”.

¡Las pibas y los pibes de Cromañón presentes! ¡Ahora y siempre!
El 30 de diciembre de 2004, un humo tóxico en el boliche Cromañón, terminó con la vida de 194 personas y afectó de muchas formas a miles de sobrevivientes y familiares. Intuimos en ese momento y lo fuimos comprobando paso a paso, que no fue un hecho accidental, sino la conjugación de habilitaciones truchas, sobreventa criminal de entradas, matafuegos inexistentes, salidas de emergencia con candado, falta de ventilación por presencia no autorizada de canchas de paddle y fútbol en la terraza, falta de criterio en el operativo de la emergencia. El poder político, ayudado por la mayoría de los medios de comunicación, quiso culpabilizar a las propias víctimas de la masacre, haciéndolo pasar por un accidente o un exceso indeseable producto de una supuesta juventud perdida. Pero defendimos y defendemos que no fue una tragedia, fue una masacre con responsables concretos y con participación clara del estado.
Un estado cuyo máximo responsable, en ese momento, fue Aníbal Ibarra, el justamente destituido jefe de gobierno de la Ciudad mediante juicio político. En las instancias públicas del juicio político quedó claramente expuesto que Ibarra sabía lo que podía pasar, y desoyó decenas de alertas de diferentes organismos además de poner en cargos públicos que requerían de técnicos idóneos gente no preparada e ineficiente. A pesar de la innumerable cantidad de evidencia sobre su nefasto desempeño no fue llamado a indagatoria y en el juicio político las y los legisladores no lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos. Y si de apoyos hablamos, no debemos dejar de mencionar que a horas de la masacre se reunió con la Cámara de Empresarios de Discotecas ¿A qué intereses respondía que tanto apoyo tenía del empresariado de la noche? Esa protección político – judicial – empresarial ha permitido que siga intentando reciclar su carrera política.
El Movimiento Cromañón defiende los Derechos Humanos, por este motivo, hoy cargamos con la indignación de encontrarlo en marchas por los derechos humanos u ofreciéndose como abogado para las y los presos que la represión provoca. Lo seguiremos denunciando, lo seguiremos escrachando, con la memoria intacta. NO a los políticos responsables de masacres que quieren reciclarse electoral, política o socialmente. SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE
La lucha de muchos años logró 21 condenas efectivas, totalmente insuficientes, a algunas y algunos de las y los responsables, entre estas personas se encuentran altos funcionarios y funcionarias de la Ciudad como Fabiana Fizbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández, y policías como el subcomisario Carlos Díaz, además del empresario y gerenciador de Cromañón Omar Chabán, su mano derecha Villarreal, los músicos-empresarios y Rafael Levy, dueño del boliche, de talleres clandestinos y prostíbulos de la zona.
Como si lo padecido y luchado estos 15 años fuera poco, a fines del año pasado el TOC 24 ordenó la devolución de las llaves del inmueble a Rafael Levy, quien fue condenado a 4 años y medio de prisión por su responsabilidad en la Masacre. Dentro del espacio se encontraban las pertenencias de las víctimas y de los y las sobrevivientes –zapatillas, banderas, celulares y hasta una bicicleta- objetos de un gran valor simbólico que fueron oportunamente reclamados al tribunal el cual, en ese entonces, había ordenado la judicialización del inmueble. No sólo no se resguardaron las pertenencias, en tanto objetos personales, sino que tampoco huellas de memoria que relataban el horror vivido esa noche.
Tenemos el derecho a contar nuestra historia como nosotres deseamos, no queremos la cultura de la “lavada de cara” como política pública, queremos una cultura construida por y para nosotres y para el conjunto del pueblo de la Ciudad. Aquello que sea significativo, es nuestra decisión. No vamos a permitir que les nieguen a las futuras generaciones, el derecho a entender qué lógicas llevaron a la muerte de 194 personas. Por esa razón, presentamos de manera independiente, dos proyectos de ley a la legislatura porteña, uno de expropiación y otro de patrimonialización para el resguardo del inmueble. El proyecto de un espacio para la memoria incluye la integración de este Santuario que hoy estamos habitando, embellecido por la actividad independiente de familiares y sobrevivientes, sin presupuesto, a puro corazón. El santuario YA ES un espacio de memoria, ahora falta la decisión política de expropiar el boliche.
El oficialismo porteño encabezado por Vamos Juntos, que cuenta con mayoría en la legislatura, nos ha respondido, a través de la legisladora Victoria Roldán Méndez y el legislador Claudio Romero no contar con presupuesto para expropiar Cromañón, mientras vemos cómo gastan fortuna en obras de dudoso interés público. Un monumento inerte de mármol no salda la deuda que tienen con la masacre.
En cuanto al Jefe de Gobierno, Larreta, nunca nos recibió, nos ninguneó e inclusive ante nuestra presencia en la Jefatura a principio de este año, cerró las puertas y envió a las fuerzas represivas. Queda claro, más que nunca, que al Pro no le importa las políticas públicas para la memoria.
Como parte de esa lógica de desidia y maltrato recibidos, denunciamos la ausencia del Estado en la asistencia a familiares y sobrevivientes. A un año de su promulgación, el Ejecutivo porteño no reglamentó los artículos de la Ley de Reparación Integral que se encargan del acceso a salud, educación y trabajo, tan necesarios en los tiempos que corren, para familiares y sobrevivientes. Como muestra del desinterés nos enteramos que fue recientemente disuelta la Dirección de Asistencia a la Víctima, cartera encargada de la implementación de la Ley. Repudiamos la reducción del presupuesto no sólo para el acompañamiento de familiares y sobrevivientes de Cromañón sino también para veteranos de Malvinas.
En sus años de gobierno, el macrismo desplegó su peor cara anti-jóvenes y antipueblo. Recortó el presupuesto de educación y salud, reforzó el de seguridad, es decir el de represión a las protestas, cerró escuelas para hacer “inversiones en otro lado” como planteó Larreta. Los planes de ajuste nos encierran en particular a jóvenes y mujeres, en callejones sin trabajo, sin vivienda, sin salud, sin educación de calidad. Tarifazos, robo a los jubilados, son también atentados contra los derechos humanos. Por ese desfinanciamiento institucional recordamos, a un año, a Sandra y a Rubén quienes murieron por la explosión de una garrafa en una escuela pública de Moreno.
La violencia ejercida a través del gatillo fácil y la represión, no ha cesado de cobrarse vidas, particularmente jóvenes, en democracia. Sería imposible mencionar todos los casos, hoy rendimos homenaje a quienes fallecieron en la masacre de San Miguel del Monte (Gonzalo, Camila, Danilo y Aníbal), ocurrida en este año, que también quisieron hacer aparecer primero como un accidente, luego muerte dudosa, hasta que los familiares y el pueblo se organizaron y quedó al descubierto la lógica policial donde la vida no vale nada.
Las fuerzas de seguridad estatales, sólo durante este año asesinaron a una persona cada 19 horas. El 85% de estas personas eran jóvenes y pobres. Estos datos junto con el recuerdo del asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, los 7 chicos muertos en la Masacre de Pergamino y la injusta prisión domiciliaria a los responsables de este hecho, demuestran cómo las lógicas de la precarización de la vida y la impunidad de las fuerzas de seguridad en relación con gran parte del sector político y judicial de este país perpetúan muertes que pueden ser evitadas.
Durante los últimos 4 años, se produjo un femicidio cada 29 horas, arrojando un total de más de 1200 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Durante la gestión Macri se disminuyó el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres incumpliendo con la responsabilidad de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la lucha contra el sistema patriarcal. Como mujeres familiares y sobrevivientes apoyamos la lucha de mujeres, lesbianas, de las compañeras travestis y trans y repudiamos toda forma de violencia por razones de género.
Todas estas formas de violencia, entre las cuales se encuentra la masacre de Cromañón, son violencias ejercidas por el estado, ya sea por su accionar o por sus omisiones. Con la consigna de que EL ESTADO ES RESPONSABLE marchamos tratando de acompañar a otros familiares y amigos, organizados para lograr que no se olviden y que los culpables se hagan cargo.
Las responsabilidades y complicidades tienen nombres y apellidos. Lo sabemos porque hemos marchado con los y las familiares de Luciano Arruga, quienes nuevamente denuncian que es la policía del intendente Espinoza de la Matanza, que tortura, asesina y desaparece, pero a él parece no interesarle. Lo sabemos porque estamos con la lucha de las y los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados por el Estado en el 2002, con clara responsabilidad política del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá quien en su momento felicitó al comisario asesino Fanchiotti y ahora acepta que cuando la policía reprime, la decisión es política, no de la misma policía. Hoy, en un nuevo atentado contra la memoria, Felipe Solá ha sido designado Ministro de Relaciones Exteriores. Con indignación vemos también, la designación de Vilma Ibarra, hermana -e histórica cómplice- de Aníbal, como Secretaria de Legal y Técnica frente a la posibilidad de que dicho cargo refuerce el poder político del destituido Jefe de Gobierno y/o facilite su acceso a un cargo público. Asimismo, indignadas e indignados, asistimos este año al accionar de la llamada justicia porteña que devolvió a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler la posesión del inmueble de Luis Viale 1296, donde funcionaba el taller textil clandestino que se incendió en 2006, en el que murieron una joven de 25 años embarazada, dos adolescentes y tres niños. Apoyamos el reclamo de sobrevivientes y familiares, para que se funde en el lugar, un espacio de memoria
Todos estos motivos nos llevan a seguir en alerta ya que, evidentemente, la lógica contra la vida se repite constantemente, teniendo que lamentar nuevas muertes anunciadas que el poder encubre tratando de desviar la atención según le convenga: “había una guardería”, “fue el rock and roll” dijeron; “hubo un enfrentamiento entre piqueteros” dijeron; “tenía la pollera corta” o “con 16 años no es tan chica” dijeron; “fue un motín”, “no sabía nadar y se metió en el río”, dijeron.
Todos argumentos para quitar legitimidad a nuestros reclamos, y encubrir las responsabilidades empresariales y estatales.
Quisiéramos en fin, en un día como este, hablar sólo de nuestras hijas e hijos, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Abrazar a los y las sobrevivientes, abrazarnos entre sobrevivientes. Pero la realidad nos obliga a denunciar y acompañar otras tantas luchas, abrazar a otras y otros familiares y sobrevivientes, levantar sus banderas, sus consignas.
La memoria, la verdad y la justicia NO SE NEGOCIAN. Seguiremos firmes en este Santuario, y en donde haga falta, por eso somos un Movimiento. No vamos a permitir que ninguna falta de política ni ninguna injusticia nos vuelvan a paralizar.
Tenemos 194 razones para luchar contra la impunidad, más todas aquellas que se suman permanentemente. Hace 15 años Cromañón interrumpió nuestras vidas, haciéndonos dar un giro de 180 grados. Hace 15 años que lo miramos de frente y que aprendimos, con nuestros aciertos y desaciertos, a tomar la calle, a decidir, articular y exigir, con independencia de cualquier gobierno, aquello que nos corresponde. Gobierne quien gobierne, vamos a seguir luchando.
Por ustedes, queridas hijas e hijos, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Por nosotros y nosotras sobrevivientes, por quienes que no están, por quienes están y por quienes que vendrán: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
Familiares, amigas y amigos en lucha, presentes!
Sobrevivientes de Cromañón, presentes!
¡Las pibas y los pibes de Cromañón presentes! ¡Ahora y siempre!

Pese al asbesto, tarifazos y coimas, Metrovías seguirá con la concesión del Subte

31.12.2019

Por Agustina Chaves

La decisión fue tomada de manera unilateral por el directorio de Sbase y será hasta que finalice el proceso de licitación. Con un pésimo servicio, tarifazos, muertes obreras y hasta reconociendo material cancerígeno en formaciones y haber entregado coimas, el Grupo Roggio viene estando a cargo del subterráneo hace 25 años.

El proceso para adjudicar la concesión del servicio subterráneo a una nueva empresa comenzó en febrero de 2018, pero la resolución del mismo aún está lejos de concretarse. Por eso, hoy, martes 31 de diciembre de 2019, al finalizar la última extensión de la concesión que se le adjudicó a la empresa Metrovías en diciembre del año pasado, el directorio de Sbase decidió que la misma empresa que lo viene operando desde hace 25 años continúe al frente.
Las empresas que participan del proceso son dos: por un lado la propia Metrovías, con asesoramiento de las alemanas Deutsche Bahn y Siemmens; y por el otro, el consorcio Keolis-Helport, integrado por el grupo francocanadiense (Keolis), la firma Helport de Corporación América (del empresario argentino Eduardo Eurnekian) y una subsidiaria del Metro de Londres (Transport Trading Limited).

Amigos son los amigos

La empresa Metrovías se hace cargo de la gestión del subterráneo desde el año 1994, en pleno auge del gobierno menemista que se ocupó de privatizar todas las empresas de servicios y transporte que pudo. Y aunque esta no es la primera vez que se extiende la gestión del servicio subterráneo a dicho grupo, sí podemos decir que se hace de manera cada vez más informal, burda e improvisada.
Uno pensaría que la confianza de los diferentes gobiernos al holding se debe a la exitosa gestión y la mejora del servicio, pero la realidad es que los escándalos y los negociados fueron una constante para el grupo Roggio (propietario de la empresa Metrovías) durante la gestión que desempeña al frente del servicio de transporte más importante de la ciudad de Buenos Aires.
Y a pesar de la intención de Aldo Roggio de mantener un bajo perfil (pocas personas en el país conocen el rostro del presidente de uno de los holdings más importantes de la llamada “patria contratista”), los negociados y escándalos fueron tan burdos, que se hace imposible creer que hoy continúe al frente del servicio e incluso tenga grandes chances de renovar la licitación por 12 años más. Sin ir más lejos, hace unas horas el cuestionado juez Claudio Bonadío decidió elevar a juicio oral y público una investigación por la cartelización en la administración de la obra pública durante los 12 años del kirchnerismo, causa por la cual está imputado Aldo Roggio, quien bajo la figura de “arrepentido” confesó públicamente haber destinado el 5% de las ganancias al pago de coimas para retener la concesión.

Las penas son de nosotros, las ganancias son ajenas

Durante los 25 años de “trayectoria”, la calidad del servicio nunca fue prioridad para quienes deciden cómo viajan millones de usuarios pero que jamás van a tomar un subte en su vida. Antes, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue un festival de subsidios millonarios sin control. Los libros contables que trabajadores y usuarios pedían que se abran, bien gracias. Después, durante la gestión macrista, los tarifazos aplicados por la concesionaria en total complicidad con los gobiernos de Cambiemos (junto con legisladores del PJ y la UCR), significaron un aumento del 322% desde el año 2015. Mientras que los aumentos salariales fueron muy por detrás.
En mayo de 2018, los diputados porteños Myriam Bregman y Patricio Del Corro, del PTS en el Frente de Izquierda, presentaron junto a Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo por la minoría del sindicato del subte (AGTSyP), y trabajadores docentes y estatales, un amparo para frenar el irrisorio aumento de tarifa, que llevaría en ese momento el precio del viaje a $19. Por disposición de la jueza Patricia López Vergara, la tarifa estuvo paralizada por 3 meses, representando un importante triunfo para el bolsillo de trabajadores y estudiantes usuarios del servicio. Y si bien finalmente el aumento a $19 se concretó, ese recurso de amparo, sumado a la presión popular, impidió el aumento del viaje a $21, que era el obejtivo final de Larreta y Roggio para este año.
Los diputados porteños del Frente de Izquierda, luego de la confesión de las coimas por parte del “arrepentido” Aldo Roggio, también presentaron un Proyecto de ley para quitarle la concesión a Metrovías, y que el subte vuelva a manos del Estado. Pero para ellos, sus ganancias valen más que un buen servicio y las vidas de trabajadores.

La historia de escándalos y negociados

La primera prórroga fue otorgada en diciembre del año 2012, cuando el transporte subterráneo pasa de la órbita nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires. En los meses previos, las trabajadoras y los trabajadores del subte protagonizaron el paro más largo de la historia del país. Fueron diez días de paralización del servicio, debido a que no habían podido cerrar paritarias porque el estado no se quería hacer responsable del servicio subterráneo.
El gobierno nacional kirchnerista aducía que la responsabilidad era del gobierno de la Ciudad, cuyo jefe de gobierno en ese momento era Mauricio Macri. A su vez, el gobierno de la Ciudad decía que la responsabilidad era de Nación. En el medio, estaban las trabajadoras, los trabajadores y los usuarios, que sin comerla ni beberla eran las principales víctimas de este pasamanos. Y Metrovías, que amasaba grandes fortunas, era un mero espectador. Finalmente, el gobierno porteño termina haciéndose cargo a través de la votación en la legislatura de la ley de traspaso 4472. Pero sigue siendo Metrovías la concesionaria del servicio, con 5 años más de explotación del mismo hasta el 2017. Para este momento ya había dos trabajadores asesinados por la desidia patronal: David Alfonso, en febrero de 2011, y Diego Martínez, en marzo de 2012. Ambos murieron electrocutados por falta de condiciones producto de la casi nula inversión, pese a que Metrovías llenaba cada vez más sus arcas.
En noviembre de 2017, a través de la ley 5885 votada en la legislatura de la Ciudad, se le otorga otro año más de prórroga a Metrovías. Durante estos 5 años, la empresa siguió recibiendo millonarios subsidios que nunca se supo adonde fueron a parar, porque el servicio continuaba en un colapso sin fin, y murieron 3 trabajadores más: Antonio Villares, quien murió electrocutado el 2 de abril de 2013 (mismo día de la inundación de La Plata que terminó con casi un centenar de muertos), Sergio Reyes, arrollado por un tren en el Taller Rancagua producto de la falta de señalización en septiembre de 2013 y Matías Kruger, también electrocutado en diciembre de 2016. Este fue quizá el caso más resonante y mediático debido a que el joven era jugador de Futsal del club Boca Jrs.
En diciembre de 2018, con el plazo otra vez vencido, se vuelve a aprobar en la legislatura porteña un proyecto de ley que dice que Metrovías continuaría al frente de la concesión hasta hoy. Tres meses antes de que se aprobara la nueva extensión, Aldo Roggio había admitido haber pagado coimas durante años por un valor del 5% de las ganancias para retener la concesión. Luego del escándalo, debió ceder la presidencia del conglomerado a su hermana Graciela Roggio. Un chiste.
En febrero de 2018 había fallecido por aplastamiento de una maquinaria sin la seguridad necesaria Carlos Leguizamón, trabajador de la empresa tercerizada Rowing, que prestaba servicio para Metrovías en el taller Lacarra de la línea E.
Además, en marzo de ese mismo año salió a la luz un hecho que va a seguir en el candelero hasta la actualidad: la denuncia de las trabajadoras y los trabajadores de la presencia de asbesto en trenes que la Ciudad había adquirido recientemente a España, donde habían fallecido trabajadores producto de asbestosis. Metrovías lo negó hasta este mismo año, cuando ya se le hizo imposible seguir ocultándolo y las pruebas eran irrefutables.
Hasta el momento hay 15 trabajadores afectados por la presencia de asbesto. Y de los 3.500 trabajadores de toda la red, solo alrededor de 400 fueron enviados a realizarse los exámenes médicos. De esos 15 afectados, un trabajador del taller Rancagua de la línea B fue operado hace dos meses producto de la detección de cáncer de pulmón por asbesto.
Ahora, la prórroga vuelve a adjudicarse al mismo grupo empresario que es responsable de este derrotero de negligencias.

15 años de Cromañón: Pintar la pared de un montón de colores

30.12.2019

Por Ignacio Marchini

Hoy se cumplen 15 años del 30 de diciembre de 2004, la noche en que el incendio del boliche República Cromañón, en el barrio de Once, se cobró la vida de 194 personas y la de decenas de padres, madres y sobrevivientes que fallecieron después por las secuelas, incluidos varios suicidios. Miles de heridos y heridas, abandonos sistemáticos del Estado, daños físicos, psíquicos y emocionales son parte del saldo de esa noche que se puede caracterizar de diversas maneras, excepto de tragedia.

La cadena de decisiones, errores y omisiones que llevaron a los sucesos del 30 de diciembre, evaluados en su conjunto, brindan un mapa de la situación en la que se desarrollaban los recitales de música, y de rock en particular, por esos años. La Masacre de Cromañón significó un corte que dejó expuestas las condiciones en que pibes y pibas, bandas, artistas y empresarios habitaban la noche. Un mundo abandonado a su suerte por el Estado y regido por la lógica del mercado que, a la vez, latía con un pulso artístico intenso que expresaba la renovación del rock, justamente con Callejeros como uno de sus máximos exponentes. Los y las herederas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la generación de los ‘90 que crecía a la par de un país que trataba de suturar las heridas de una crisis política, económica y social demasiada reciente como para ser del todo comprendida, se vio inmersa en y sostuvo, a la vez, una mística rockera y juvenil que bien podría encuadrarse dentro de “la cultura del aguante”, como definiera alguna vez el sociólogo Pablo Alabarces.
Pero los sucesos traumáticos dejan marcas de todo tipo y el dolor y la nostalgia no son las únicas respuestas posibles ante la ausencia ineludible y la injusticia de lo evitable. El Movimiento Cromañón, una coordinadora de diversas agrupaciones que surgieron en 2005 a partir de la masacre, es un claro ejemplo de otras vías posibles para alcanzar algún tipo de reparación personal y colectiva, transitando la memoria desde una postura activa y desplazándola del recuerdo fantasmagórico y acuciante.
Como cualquier organización social y política, los objetivos se modificaron a través del tiempo, siempre en relación con las demandas urgentes y las condiciones y exigencias del momento, articulados en torno a los vectores guía de los reclamos históricos e insobornables. Hoy organizan un festival en las inmediaciones de Cromañón desde las 12 del mediodía, donde expondrán su pliego de reivindicaciones y realizarán una jornada cultural y artística con radio abierta, bandas en vivo y la inauguración de una arcada realizada por el papá de David Chaparro, una de las víctimas.
En la actualidad, el Movimiento se encuentra enfocado en recuperar el lugar físico, el local ubicado en Bartolomé Mitre 3060, que fue restituido en noviembre del año pasado a Nueva Zarelux S.A., una empresa offshore radicada en Uruguay cuyo dueño es Rafael Levy, un hombre vinculado a talleres clandestinos y a la trata de personas que era propietario del boliche el día del incendio y que estuvo 4 años y medio preso por el delito de incendio culposo calificado. A lo largo de todos estos años hubo cuatro juicios orales en los que se condenaron a 21 personas, de las cuales 18 fueron a prisión. Hoy, todas cumplieron su condena y se encuentran en libertad. Con la excepción de Omar Chabán, el gerente del local que, de no haber muerto hace 5 años de cáncer, seguiría preso.

“Ese montón de espejos rotos”

Diálogo con Belkyss Contino (B.C.) y María Luján Rossi (L.R.), sobrevivientes de Cromañón e integrantes del Movimiento que está motorizando la expropiación del boliche para convertirlo en un espacio de memoria y un patrimonio cultural de la Ciudad. Un lugar destinado a la memoria activa y no al recuerdo estático; una evocación a las víctimas, familiares, amigxs y sobrevivientes; que recuerde sus historias, quiénes eran y quiénes son hoy. Un monumento vivo y habitable que reafirme y permita construir un relato para las nuevas generaciones. Que sepan que no fue una tragedia, que los bomberos, policías, funcionarios públicos, políticos y empresarios fueron partícipes necesarios de lo ocurrido. Que Aníbal Ibarra nunca fue procesado penalmente y que hasta hace 4 años fue Legislador porteño por el Frente para la Victoria.

¿De qué se trata el proyecto que presentaron?

B.C: El primero es de expropiación. Está en la Legislatura porteña, donde hay mayoría de Vamos Juntos (Pro). Cuando nos recibieron nos dijeron que estaba buena la idea, que era importante, que les parecía bien que hubiera un lugar de “recuerdo”. Nosotras usamos la palabra memoria. Nos dijeron que no tenían presupuesto. Entonces presentamos un proyecto de protección estructural del inmueble para que se declare patrimonio de la Ciudad y no se pueda tocar. La respuesta fue un monumento, que está todo bien pero no es lo que pedimos. Nosotras somos conscientes de que ningún proyecto de expropiación y patrimonialización se logró de un día para otro. Si no es en el 2020, será el próximo año. Y si no, el siguiente. Pero no nos vamos a mover de la convicción de que acá no puede haber un local de ropa.

L.R.: Y de hecho ya han intervenido en el lugar. La Justicia no reparó, en la devolución del inmueble a Levy, que adentro había pertenencias de las víctimas que en su momento se había pedido que se pudieran restituir, pero como estaba judicializado no se podían tocar. Celulares, banderas, zapatillas. Hasta la bicicleta de una sobreviviente. Se cagaron en todo, sobretodo en el valor simbólico. Las cosas cuentan historias y estaban las huellas de lo que pasó. Algo muy representativo eran las marcas de las manos en las paredes, que significaban la desesperación por salir. Lo pintaron encima, quieren borrar nuestro relato. Para colmo, nos enteramos de prepo, a través de un hueco de la puerta. Ni nos notificaron.

¿Y por qué les parece que les niegan la construcción de su propia versión de los hechos?

L.R.: Es la misma lógica que se usa con las víctimas del gatillo fácil, de la trata, de las cárceles. Le niegan el relato a las víctimas, a los familiares, a los amigos. Las características de Cromañón son particulares, pero están dentro de un contexto más amplio. No es que nos pasa solo a nosotras y nosotros.

B.C.: Se utilizó mucho Cromañón como bandera de política pública del Pro. No hubo una decisión de fomentar los espacios culturales autogestionados, de acompañar el acondicionamiento de los lugares que no tenían recursos para afrontar las reformas, al gobierno nunca le interesó. Lo que hicieron en nombre de Cromañón fue empezar a clausurar. Y no estamos a favor de eso. Nosotras estamos a favor de que haya espacios donde se promueva la cultura. Fue un uso perverso de lo que pasó. Acompañó a un relato y un tipo de mirada sobre la cultura que no todos y todas compartimos.

L.R.: Lo que pasó en Cromañón fue tan inesperado y tan increíble que cuesta ponerle palabras, elaborar teorías. Yo me resisto a elaborar teorías, siento que elaborar y objetivar Cromañón me abre preguntas que no puedo ni dimensionar. Por eso es que se actualiza constantemente. Y el no poder construir un relato propio, porque te limpian el lugar, es tremendo. Como si acá no hubiera pasado nada, típico del macrismo. No te dejan contar la historia de la manera que vos querés contarla porque no les conviene, porque hace peligrar la idea de un discurso único, de que las responsabilidades son solo de Ibarra, de la banda, de Chabán y de los que fueron a un lugar que tendrían que haber sabido en las condiciones que estaba.

Cromañón y después

Los factores que explican lo sucedido aquel 30 de diciembre son varios y permiten comprender esta visión que reniega de considerar a Cromañón como una “tragedia”, producto de las fuerzas incontrolables del azar. Las puertas que funcionaban como un embudo y abrían para adentro, los extractores de humo tapados, un local rebalsado que albergaba 4 veces su capacidad de público habilitada, la media sombra más barata que mandó a colocar Chabán que no era ignífuga, la infame salida de emergencias cerrada con un candado. Pero detrás de la sucesión de hechos puntuales de esa noche se esconden las múltiple decisiones (o la falta de ellas), que permitieron que sucediera. Cromañón fue la materialización, en proporciones intolerables, de una matanza latente construida durante varios años a base de conveniencias entre funcionarios del Estado, actores políticos y empresarios orientados a la maximización de ganancias.

L.R.: Yo lo vi a Chabán apoyado en un árbol, con la mirada perdida clavada en el piso, mientras los pibes sacaban gente. Y al rato se fue caminando.

B.C.: Muchos y muchas de las que murieron fue porque entraron varias veces a sacar personas.

¿Cómo fue posible que sucediera Cromañón?

B.C.: Tuvo tal magnitud que lo hizo insoportable. Por la cantidad de víctimas, por la edad que teníamos. Es tan insoportable que es preferible no pensarlo para la sociedad. Siempre es más sencillo pensar en el factor trágico, del azar. No fue casualidad, estaban todas las condiciones dadas para que sucediera. La Comisaría 9, que era la de la zona, tenía arreglos con todos los lugares, comprobado en uno de los juicios. El subcomisario Díaz, que estuvo 8 años preso, iba personalmente a cobrar la coima. Habían habilitado un plano del edificio que no correspondía con la realidad, también.
Además se había desfinanciado el área de inspecciones de la Ciudad, encubierto en el relato de que por la corrupción se lo desarticulaba. Lo dejaron sin fondos y pusieron a personas en cargos jerárquicos que no eran idóneas para desempeñar sus funciones. Fueron designaciones políticas, no por aptitudes técnicas. Hubo un montón de avisos previos de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los boliches en Buenos Aires. También de la Auditoría de la Ciudad. Todos fueron desoídos. ¿Cómo vas a esperar que puedan hacer algo sin fondos y sin gente capacitada?

¿El Estado se hizo cargo de lo que había pasado?

B.C.: A nivel judicial, las condenas fueron bajísimas porque las figuras legales utilizadas eran por delitos menos graves. En cuanto a las responsabilidades, el Frente para la Victoria gobernaba la Ciudad en ese momento. Posterior a Cromañón, le brindaron la estructura político-partidaria a Aníbal Ibarra para ser Legislador porteño desde 2007 hasta 2015 y fue como candidato acompañando a Filmus en las elecciones de Jefe de Gobierno de 2011. Hay un entramado que lo sigue sosteniendo. La presencia actual de Vilma Ibarra, su hermana, como Secretaria Legal y Técnica del oficialismo, nos preocupa que sea la puerta de entrada para que (Aníbal) Ibarra pueda regresar a la gestión pública.

L.R.: A Ibarra se lo escrachó porque ni fue llamado a indagatoria, consideraron que no tenía responsabilidad penal. Sí responsabilidad política que, a mi gusto, fue mayor que la que dejaron entrever. No creo en su ingenuidad en un montón de cosas que tienen que ver con el armado de las inspecciones en la Ciudad.

Antes hablaban de que no les dejan construir su propio relato. ¿Cómo es el que sí habilitan?

L.R.: Que éramos unos negros de mierda que no nos importaba nada, que teníamos una guardería en el baño, la cual nunca existió, demostrado en otro de los juicios. Esa es la representación de Cromañón. Si había chicos o chicas en el baño eran hijos de las empleadas de Chabán que les decía “vení a laburar igual” aunque no tuvieran dónde dejarlos.

B.C.: Y si no, que nuestra militancia es puro desborde, que no tenemos una visión crítica de lo que pasó. Los y las sobrevivientes y los familiares desbordados emocionalmente que no razonan sobre lo que sucedió, y no es así. Hay un análisis crítico de lo que pasó después de 15 años. No es solamente mostrar lo que sentimos. Hay datos concretos sobre lo que pasó y continúa pasando. Es una manera de desviar el foco de atención. Lo mismo que con la banda, porque mediáticamente era más atractivo. Si eran o no responsables, si matarlos o permitirles la vida. No se habló, por ejemplo, del acompañamiento a sobrevivientes y familiares, que fue prácticamente nulo.

L.R.: En 2009 se presentó un proyecto de ley de reparación integral para sobrevivientes y familiares que contemplaba no solamente un subsidio por 5 años, sino también asistencia en salud, con especialidades en neurología, dermatología, psicología y psiquiatría. También solicitamos programas para reinsertar en el sistema educativo a sobrevivientes que no habían terminado el secundario, capacitación laboral para quienes no tenían trabajo, algún plan social de alimentación de la Ciudad. Ritondo, entre otros tantos, pedía como condición para acceder a los beneficios de la ley tener cierto “porcentaje de discapacidad”. No vamos a negociar que nos hagan un seguimiento como corresponde, que me permitan volver a estudiar, a tener un trabajo. No desde el lugar de “pobre de nosotros que no podemos seguir con nuestras vidas”, todo lo contrario. Justamente, como queremos seguir adelante, como Estado tenés que hacerte cargo de ayudarnos.

Ponerse las zapatillas

El pilón de zapatillas fue y continúa siendo una de las imágenes más representativas de lo que pasó en Cromañón. En la actualidad, cientos de ellas cuelgan en las afueras del boliche, para recordar a las víctimas. Y la potencia de su imagen radica en la cantidad de sentidos que encierra. La Topper rota y manuscrita, ícono de una tribu urbana ya casi extinta, abandonada, vacía, habla no sólo de la desesperación y la corrida por salir en busca de aire, sino de una ausencia. La zapatilla que no camina, que no avanza, que no tiene destino. La zapatilla colgada que habla del recuerdo.

¿Qué significan las zapatillas para ustedes, después de 15 años?

B.C.: Nosotras queremos descolgarlas. Metafóricamente hablando, obvio. En el sentido de ponérnoslas y poner a caminar a las pibas y pibes que estaban ahí dentro.

L.R.: Varios y varias hemos transitado momentos realmente oscuros, tensando cada vez más el límite, hasta que alguien te dice basta. Inevitablemente sucede, lo sé por charlar con los y las demás. Y ahí decís “ahora quiero elegir”. Y eso tiene que ver con que pasaron 15 años y no nos olvidamos, el dolor sigue siendo el mismo pero el poder registrar todo lo que hicimos es un montón. Tantas veces pensábamos que no había salida y hoy la vemos. Está bueno registrarlo, si no estamos permanentemente metidas en la nostalgia y en el dolor. Me sigue costando atravesarlo, pero hoy estoy eligiendo transitarlo de otra manera. Hoy en vez de pintar la pared de negro, la pinto con un montón de colores.

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