Red de radios

16.1.2020

El gobierno de Rodríguez Larreta pretende reunir a los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Udaondo y Ferrer. Los trabajadores se reunieron en una asamblea y denunciaron que «el Gobierno de la Ciudad está intentando de vuelta atropellar los hospitales de salud mental».

Los trabajadores de diversos centros de salud mental se reunieron para denunciar un intento del gobierno porteño de unificar cinco de las instituciones en una sola. El proyecto, que desde los distintos gremios señalaron que les fue adelantado por las autoridades de los hospitales, incluiría unificar el Hospital Borda, el Moyano, el Tobar García, el Udaondo y el Ferrer. Señalaron que se asemeja al intento de unificar otros cinco hospitales en el Muñiz, que cayó el año pasado. El PRO ya intentó en su momento trasladar al Borda y al Moyano para construir allí una nueva sede del gobierno de la ciudad. Esa iniciativa naufragó en 2013 tras una represión salvaje de la Policía Metropolitana a pacientes, médicos, periodistas y dirigentes opositores. Desde el gobierno porteño sostuvieron que buscarán llegar a acuerdos antes de avanzar con ningún plan.
Los rumores de la unificación de los centros de salud comenzaron luego de que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, consiguió la reelección. Ya con las nuevas autoridades nombradas, el 30 de diciembre, en un brindis de fin de año, recibieron la noticia de la unificación de parte de las autoridades del Hospital Moyano. El temor a que represente un ajuste fue creciendo y desembocó en una asamblea a la que asistieron trabajadores del Borda, el Moyano y el Tobar García, según informó Nueva Ciudad. Allí resolvieron enviar una carta al ministro de Salud, Fernán Quirós, y al responsable de la Unidad de Proyectos Especiales Red Integrada de Cuidados Progresivos para la Salud, Aldo Caridi, en la que les piden una reunión urgente.
Consultadas por este diario, fuentes del Ministerio de Salud sostuvieron que «no hay ningún plan de intervención hasta no lograr el marco de acuerdos necesarios para implementarlo».
«Denunciamos en una asamblea que el Gobierno de la Ciudad está intentando de vuelta atropellar nuestros hospitales de salud mental», señaló Tránsito Fernández, secretaria general de ATE Moyano. «Nos informaron, de manera informal, que unificarían el Borda y el Moyano. No pueden hacer semejante locura, más ahora que luchamos contra las agresiones sexuales. Juntarían niños, niñas, mujeres, hombres. Es un disparate», indicó la delegada.
«No nos oponemos a que hagan un Polo de Neurociencia. Pero lo que no vamos permitir es la unificación. Esto ya lo vivimos cuando tiraron abajo los talleres protegidos y les pegaron a los pacientes y a dirigentes gremiales. Me acuerdo que estaba la señora Vidal en esa época con la policía», recordó la dirigente de ATE la represión que sufrieron los trabajadores del Borda el 26 de abril de 2013. Allí la Policía Metropolitana irrumpió para demoler los talleres protegidos del Borda y reprimieron a trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores opositores. Por ese motivo, existió una causa penal en la que estuvieron imputados Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Todos fueron sobreseidos por la Corte Suprema en 2017.
«Estamos preocupadísimos, consternados con la decisión del gobierno porteño de unificar los hospitales, porque entendemos que encubre un negocio inmobiliario bárbaro. El gobierno de Larreta privatizó más de 200 hectáreas durante su último mandato. No tiene nada que ver con la Ley de Salud Mental que, justamente, indica cuestiones contrarias a este proyecto en danza», sostuvo a este diario Mariano Veiga, delegado de la Asociación Gremial Interdisciplinaria Moyano. «El proyecto apunta a la unificación de hospitales y de servicios y venta de terrenos, porque quedarían terrenos libres. Lo peor de todo es que esto no está por escrito. Dicen que para el 31 de enero lo presentarían por escrito. Todo se hizo a espaldas de los trabajadores y de forma verbal», indicó el delegado, que fue uno de los que intervino en la asamblea.
La polémica remeda otra que hubo por el proyecto del Complejo Hospitalario Sur, que reunía a cinco hospitales en el Muñiz. Esa iniciativa –sobre la que también sobrevolaban sospechas de negocios inmobiliarios– terminó de caerse a fines del año pasado. Los trabajadores harán una nueva asamblea el martes 21 en el Borda.

13.1.2020

Por Lorena Pokoik*

Tanto la Ministra de Educación de la Ciudad como su jefe político están encaprichados con arrasar a la educación de los primeros años de vida.

Después de más de 12 años del PRO en la Ciudad, ya no quedan dudas de sus políticas de ajuste y vaciamiento educativo. Sí, salud, infraestructura y vivienda, son otros sectores desbastados por Macri en primera instancia y ahora por Larreta que va por su segundo mandato; pero la educación pública fue y, aparentemente, será el sector más castigado por el oficialismo.
Larreta está obsesionado con destruir definitivamente a la escuela pública y por desorganizar a toda la comunidad educativa, que ha demostrado una resistencia admirable a la aniquilación sistemática del sistema educativo que lleva adelante el gobierno.
Pero dentro de este sector vapuleado y castigado, tanto la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, como su jefe político, están encaprichados con arrasar a la educación de los primeros años de vida. La creciente construcción desmedida de Centros de Primera Infancia (CPI) que el oficialismo pretende hacerlos pasar por jardines maternales, es la muestra clara de ello. Vos no podes decir que una pera es una manzana, como tampoco podes decir que un CPI es un jardín de infantes, porque no está bajo la órbita del Ministerio de Educación, ya que depende del Ministerio de Desarrollo; además no tienen una currícula educativa, y mucho menos profesionales de la educación preparados pedagógicamente para llevar adelante la educación de nuestros pibes y pibas.
En la Ciudad de Buenos Aires, año tras año, han ido aumentando la cantidad de familias sin vacantes. En 2018 un número, que no es tan sólo un número, logró instalarse en el reclamo de toda la comunidad educativa de la Ciudad: Había por aquel entonces un total de 22 mil pibas y pibes sin vacantes, y más del 90% de esa cifra, se concentra en la educación inicial. Éste número se desprende de sumar a los que asisten a los CPI más el número de familias sin vacantes.
Desde ya que el gobierno se niega constantemente a brindar la cifra oficial de pibas y pibes sin lugar en la escuela pública, estos datos se obtienen de diferentes investigaciones periodísticas que tienen acceso a esa información, porque el oficialismo no responde ni un solo pedido de informes que realizamos desde la legislatura por este tema. Por ejemplo: En abril del año pasado escribí un pedido de informes sobre falta de vacantes que aprobamos en la legislatura que, entre otros puntos, pedía al gobierno que detallara la cantidad de familias que quedaron excluidas en los tres niveles educativos: Inicial, primario y secundario.
Soledad Acuña se negó nuevamente a brindar esos datos. Hace tres años que su cartera se rehúsa a hacerlo. La única información que brinda el Ministerio de Educación de la Ciudad, está ligada a un reclamo judicial que tiene sentencia firme, la 23.360/2006, reclamo que fue iniciado hace varios años por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), donde el Ministerio está obligado a informar la falta de vacantes en el nivel inicial, desde los 45 días de vida a los cinco años, pero no de los otros niveles.
En 2019 hubo casi 66.000 familias que solicitaron vacante en el nivel inicial, y sólo recibieron una vacante poco más de 26.000, es decir, menos del 40% de chicas y chicos pudieron acceder a la educación pública y gratuita del total de vacantes solicitadas. En este nivel quedaron 11.883 chicos en lista de espera, además de otros 648 en primaria y 372 en secundaria; o sea, 12.903 alumnas y alumnos sin vacante que se tienen que sumar a los 12.700 chicas y chicos que van a los 104 CPI que tampoco tienen una vacante en la educación pública. En, definitiva: Durante todo este 2020 en la Ciudad vamos a estar hablando de que hay 25.600 chicas y chicos sin vacante.
Lo que hay que dejar en claro es algo muy importante, el 100% de las familias que judicializaron el pedido de una vacante tuvo resultado favorable. Esto es porque la justicia hace respetar el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que establece: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.
Tanto Soledad Acuña como Horacio Rodríguez Larreta, se niegan a cumplir con éste artículo y mienten cuando dicen que ellos están obligados a brindar una vacante a partir de los 4 años de edad, eso lo dice la Ley de Educación Nacional, pero nuestra constitución es superadora a esa norma y hay que aplicar en el distrito el articulado más favorable para las y los ciudadanos.

* La autora es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta de la Comisión de Educación

12.1.2020

Por Laura Velazco

Vidas que no importan

La insensibilidad de la gestión PRO en la Ciudad no sólo oculta los números reales de la problemática de las personas en situación de calle, sino que además culpabiliza a la población vulnerada.

Desde el año 2010 existe en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 3.706 de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle, escrita a partir del aporte de las organizaciones no gubernamentales que saben y trabajan solidariamente en la temática. A pesar de que la norma fue reglamentada en el año 2013, aún no se plasma en políticas públicas efectivas que aborden de forma integral la asistencia social de las personas que tienen todos sus derechos vulnerados.
Junto a la ex diputada nacional y actual titular del INADI, Victoria Donda, y habiendo trabajado en la temática desde el Consejo Económico y Social (CESBA), presenté un amparo por las personas en situación de calle en la Ciudad que recibió por respuesta un fallo ejemplar de la Jueza Elena Liberatori. Centralmente reconocía que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no realizaba un censo serio de la población en calle desconociendo la dimensión social del problema. Sin un diagnóstico adecuado es imposible destinar el presupuesto acorde.
Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admiten que con el aumento de la pobreza y la indigencia se ha incrementado en un 35% la gente en situación de calle; inclusive reconocen que hay más mujeres, niños y niñas, que hay más personas con profesiones y oficios que se quedaron sin trabajo recientemente y que cada vez hay más personas durmiendo en la calle en barrios no céntricos. Vemos todos los días los colchones y ranchadas al caminar las veredas, portales, bajo autopistas y sabemos que muchas veces las fuerzas de seguridad expulsan a esta población de las zonas céntricas para que la ciudad se vea “linda y prolija”, escondiendo una tremenda realidad social en lugar de resolverla siendo que estamos en el distrito más rico del país.
La cifra oficial dice que hay 1.146 personas que hoy están en situación de calle en territorio porteño. Pero hace dos años participamos junto a organismos de control porteños y más de cincuenta organizaciones sociales, barriales y solidarias en un censo popular que reveló otros números: 4.394 personas en situación de calle efectiva, ascendiendo ese número a 5.872 al contabilizar a quienes estaban pasando la noche en los paradores. Entre 500 y 600 eran niños, niñas y adolescentes. Y la cifra trepa a decenas de miles si contabilizamos a la población en riesgo de calle tal cual contempla la Ley 3.706. En 2019, el Censo Popular sobre Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires arrojó el resultado de un crecimiento importante de las familias y personas sin techo: se registraron 7.251 personas entre quienes están en calle efectiva y quienes pasan la noche en los dispositivos llamados paradores nocturnos que no reúnen las condiciones de ser centros integrales como plantea la normativa vigente. La cifra relevada representa un 23, 5% de incremento respecto del censo del 2017. El Gobierno porteño no los ve.
La insensibilidad de la gestión PRO no sólo oculta los números reales de esta problemática, sino que además culpabiliza a la población vulnerada. Es brutal y hay que tener el corazón helado para decir que la gente no quiere ir a los paradores y prefiere enfermarse o morir en la calle. ¿No se preguntan los funcionarios por qué la gente no está en los paradores? ¿Será que las 2300 plazas no alcanzan? ¿Será que no son centros integrales abiertos 24 horas? ¿Será que separan a los hijos de las madres? ¿Será que hay situaciones de violencia institucional y social? ¿Será que no permiten entrar el carro que es medio de sustento para el cartoneo? ¿Será que no hay herramientas laborales, sanitarias, educativas que se lleven adelante para salir de la calle? ¿Será que el subsidio habitacional para esta situación de emergencia cubre apenas la mitad de lo que cuesta una pieza de hotel? ¿Será que se ponen por delante trámites burocráticos que impiden el acceso a la ayuda social? ¿Será que no aplican la Ley 3706 para la protección de los derechos humanos y sociales? El voluntariado social y sus organizaciones comunitarias organizan ollas populares, recorre las calles llevando un plato de comida; centros educativos como el Isauro Arancibia garantizan el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de calle. El Gobierno de la Ciudad sigue siendo indiferente, burocratizando la respuesta que se necesita con urgencia para el acceso al subsidio habitacional, que además está cada vez más alejado del costo real de un techo.
La Ley 3.706 plantea con toda claridad que deben protegerse los derechos no sólo de las personas en situación de calle sino de aquellas que están en riesgo de caer en ella. Con el crecimiento de la pobreza y la indigencia de los últimos años, miles de familias quedaron en calle, pero otras tantas miles están al borde de quedar en la calle. Unos doscientos desalojos están poniendo en riesgo a muchísimas familias en la Ciudad. Por eso es imprescindible que el Gobierno porteño se haga cargo de la situación de Emergencia Social y Habitacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires, para frenar los desalojos e impulsar las políticas públicas urgentes.
Desde el Frente de Todos en la Legislatura porteña estamos trabajando con las organizaciones barriales, sociales, de derechos humanos y con organismos descentralizados, para avanzar en proyectos que defiendan a las familias que tienen hoy todos sus derechos vulnerados. En la Ciudad, cada vez hay más gente en la calle y cada vez es más difícil para el conjunto de la población trabajadora acceder a la vivienda propia. Queremos una Buenos Aires que no ponga los negocios inmobiliarios para pocos por encima del bien común y del buen vivir.

* Laura Velasco es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SOMOS – Frente de Todos)

10.1.2020

Alberto Fernández y Rodríguez Larreta buscaron bajar el tono de la polémica por la reducción de la coparticipación a Ciudad. Aún no se confirmó el monto pero estiman que rondará $ 35.000 millones.

Si se confirma un recorte del 1 % de la coparticipación federal de impuestos por el gobierno nacional, será cerca de $ 35.000 millones el monto afectado. Alberto Fernández buscará realizar la baja de la participación de Ciudad en el reparto de fondos por medio de un decreto.
De ambas partes se intentó mostrar “diálogo” y bajar el nivel de la polémica. El presidente confirmó este viernes que habrá una quita de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires y reveló que Horacio Rodríguez Larreta ya está al tanto.
“Ya lo hablé con el jefe de gobierno de la Ciudad, él lo entiende, vamos a trabajar juntos, no hay por qué sobresaltarse”, dijo Fernández. A su vez, justificó la medida en que “la Ciudad es el único distrito que se llevó coparticipación secundaria, que es la parte que le corresponde a la Nación, ninguna otra provincia se llevó eso”, afirmó el presidente.
El Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, por su parte, también buscó bajar decibeles a la polémica por la coparticipación. Tras las duras críticas de legisladores y representantes de Juntos por el Cambio en Ciudad, aclaró: “ratifico mi vocación de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno nacional”.
“Ese camino [el del diálogo] ya lo iniciamos, tanto con el presidente Fernández, su ministro del Interior, de Pedro, y funcionarios de su gobierno, con los que venimos hablando muy positivamente desde el comienzo de su mandato”, dijo Larreta.

De qué se trata la disputa

La Coparticipación Federal (Ley 23.548) es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal. Esta es una delegación efectuada por las Provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue incorporada al sistema desde la reforma constitucional del año 1994.
En 2016 Mauricio Macri había aumentado de 1,4 % a 3,75 % el porcentaje de coparticipación para la Capital. El 2,35 % de incremento se argumentó en el traspaso de la policía de la Ciudad. De esa porción, más de un 80 % estaría destinado a sueldos de la fuerza. “Esa es la discusión y la vamos a resolver”, sentenció el presidente. No obstante, de ninguna manera está en discusión afectar intereses de la policía de la Ciudad, reducir el presupuesto en Seguridad o cuestionar la función represiva de esa fuerza.
Pero además, Fernández agregó que “en épocas de (Eduardo) Duhalde ya recibieron 1,4 % de coparticipación a cambio de nada, eso algo que tenemos que conversar y seguro lo vamos a resolver”.
Con el Pacto Fiscal de 2018 (con el que se acordó el Presupuesto de ajuste de 2019 que actualmente rige y que fue condición del FMI), el porcentaje que le tocó a CABA se redujo 0,25 puntos a 3,5 %.
El gobierno nacional aún no confirmó cuál será el nivel de la nueva reducción, está en negociación. Pero no descartaron podría ser de un punto, o incluso 2. Hoy la Ciudad percibe $ 126.000 millones anuales por coparticipación. La quita de 1 punto implicaría una reducción cercana a $ 36.000 millones.
Por su parte, desde el gobierno porteño se escudan en que aportan entre el 22 % y el 25 % a la masa coparticipable y recibe actualmente el 3,5 %. Sin embargo, el criterio de reparto no es el aporte que hace cada jurisdicción. Los ingresos por coparticipación representan cerca del 11 % del Presupuesto de CABA.
La negociación con Rodríguez Larreta la lleva adelante el Ministerio del Interior y el tema fue puesto en principio sobre la mesa por el propio Alberto Fernández cuando lo recibió en sus oficinas de Puerto Madero, antes de asumir la Presidencia hace un mes. Según fuentes oficiales, aún “no está definido el monto ni cuándo se efectivizará esa baja”.

8.1.2020

Más de 80 agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires fueron despedidos. La medida se tomó a pesar del fallo de la Justicia que prohibió la desvinculación de estos trabajadores e instó a mejorar sus condiciones laborales. Los agentes denunciaron persecución política porque buscaron representación sindical.

La tragedia que se cobró la vida de Cinthia Choque y puso en riesgo la de Santiago Siciliano dejó al descubierto varias cuestiones sobre el sistema de contratación estatal que se maneja a nivel Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires.
A poco más de un mes del hecho, la Justicia tomó cartas en el asunto y prohibió a Larreta desvincular a los miles de agentes de tránsito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató bajo la modalidad de locación de servicios y, por lo tanto, no reconocidos como trabajadores en relación de dependencia. A su vez, instó al Ejecutivo porteño a mejorar las condiciones laborales de estos.
Lo hizo a través de una resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara, a raíz de un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy y por intermedio de Matías Cremonte, el titular de su Departamento Jurídico y, a la vez, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
Sin embargo, al comienzo de esta semana, el gobierno de Rodríguez Larreta hizo caso omiso al amparo y despidió a 80 agentes de tránsito de su jurisdicción. La modalidad de contratación extiende contratos por un año, y es allí donde descansa el argumento del jefe de gobierno porteño.
Para los agentes, se trata de una persecución política desatada al momento de hacer visible la precarización y organizarse a nivel sindical. También denunciaron que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) –el cual debe representarlos- les dio la espalda y tomó partido por el Ejecutivo.
Ayer, durante el corte que realizaron en Avenida de Mayo y Perú, ATE acompañó a los despedidos en el reclamo. Rodolfo Arrechea, dirigente del Consejo Nacional, dijo: “Queremos decirle a Larreta que ningún trabajador de la Ciudad de Buenos Aires sale de su casa para perder la vida. Lo hacen para llevar el pan a sus familias. La precarización laboral de los compañeros y compañeras de Tránsito es lo que llevó a la tragedia en la que la compañera Cinthia Choque perdió la vida. No vamos a parar hasta que reincorporen a todos y todas las compañeras despedidas”.
Por su parte, Verónica Báez, trabajadora referente del sector, manifestó: “Los compañeros y compañeras que estamos en planta permanente no fuimos echados, pero vinimos a denunciar y acompañar porque queremos la igualdad de condiciones. Así como tenemos igualdad de funciones, queremos que nuestros compañeros también estén en planta. Cinthia falleció siendo monotributista. Santiago Siciliano tiene que estar en una silla de ruedas donada por Cáritas. No vamos a permitir que echen a nuestros compañeros, sobre todo a aquellos que estaban reclamando justamente por terminar con esta precarización”.