Red de radios

30.1.2020

Desde que se hicieron las primeras denuncias en España, el tema ganó notoriedad, y se volvió parte de la agenda gremial y sanitaria del sector. La presencia de piezas con asbesto en el subte de la Ciudad de Buenos Aires fue alertada por los metrodelegados, que desde un primer momento se pusieron al frente de la lucha para que la empresa concesionaria del servicio y el gobierno porteño tenga un plan para retirar este material, calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dos años después, un fallo judicial no sólo le dio la razón a la organización gremial, sino que confirma el peligro al que están expuestos trabajadores y usuarios. Esta semana, la jueza Elena Liberatori hizo lugar al amparo presentado por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) y ordenó tomar muestras de piezas y materiales para determinar si hay presencia de asbesto o amianto.
Además, pidió que se elabore una lista de los empleados de todas las líneas de subte que hayan tomado contacto con esas piezas en los últimos 40 años. La dirigencia sindical se mostró satisfecha por la medida, que prohíbe la manipulación de este material por parte de los trabajadores, y remarcaron que la misma incluye duras críticas al manejo de la situación por parte de las empresas. “Hay asbesto en todo el subte”, ratificaron desde la secretaria de Salud Laboral.
El fallo de la jueza porteña empieza a cerrar el escándalo desatado por la presencia de asbesto en el subte, ya que ordena un análisis exhaustivo, tanto a Metrovías como a la firma estatal SBASE. Liberatori hizo lugar al amparo presentado por AGTSyP y dispuso una serie de medidas respecto de las denuncias que viene haciendo el gremio. En primer lugar, dispuso la prohibición de la “manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto, sean previamente así determinados o con sospechas de serlo”.
Además, en el fallo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, la jueza dispuso que “en el plazo perentorio de 10 días hábiles, la toma de muestras de piezas, materiales o componentes sospechados de asbesto, de las flotas Nagoya 300, 1200 y 5000, CAF 6000, CNR Almston, Fiat, General Electric, Siemmens, La Brugeoise y Materfer (Premetro)”.
Las mismas deben guardar la denominada “cadena de custodia”, igual que se hizo con las piezas estudiadas de la flota CAF-5000 –la cual fue comprada el Metro de Madrid y que fue la primera en ser denunciada por los metrodelegados –y la Mitsubishi. Además, se dispusieron pruebas en las llamas “instalaciones fijas”, que según el fallo son “elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al colectivo de usuarios”.
Desde la secretaría de Salud Laboral del gremio confirmaron que los análisis involucran a todas las flotas que prestan servicio. “La justicia determinó que deben estudiarse todas las formaciones que son parte hoy del subte, de todas las líneas”, le dijo a Gestión Sindical Francisco Ledesma, titular de esa secretaría. Además, remarcó que las instalaciones fijas deberán ser revisadas, es decir, “escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías”. La magnitud de los estudios a realizar habla de la cantidad de asbesto que hay en los túneles que forman el subte hoy.
“Hay asbesto en estado de descomposición en todas las instalaciones, en todas las formaciones y los sectores”, sostuvo Ledesma. Además, el fallo determinó que tanto Metrovías como SBASE deberán entregar en 10 días hábiles un listado de “trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda”. La misma debe tener “la ‘hoja de ruta laboral’ (lugares, secciones o funciones desarrolladas), incluyendo los actuales y los que por cualquier causa hayan cesado, indicando en su caso fecha y causa de baja y último domicilio registrado, todo bajo apercibimiento de astreintes”. Según el cálculo que hizo Ledesma, este listado debería contemplar un número de 4.100 empleados y ex empleados”. “Si deciden incluir a personal administrativo, supervisores y gerentes, la cuenta sube a 5.300”, remarcó el dirigente sindical.
En medio de las denuncias, los metrodelegados lograron que muchos de los trabajadores sospechados de estar en contacto con el material se hicieran estudios en el Hospital Británico, cuyos resultados generaron alarma. “Lamentablemente hasta ahora dieron cinco casos de patologías con base en el asbesto, y hay varios casos más que se están analizando”, recordó en agosto del año pasado Ledesma. Al menos tres de los empleados tienen engrosamiento de pleura, un mal que suele generarse por estar en contacto con el polvo de asbesto. Según la Asociación de Afectados por Amianto de España establece que “el engrosamiento pleural de zonas focales por tejidos fibrosos es parte de un grupo de patologías dentro de los cuales pueden observarse fibras de amianto mediante el microscopio electrónico”. En general, se agregó, “las placas no producen dificultades respiratorias” pero son una prueba de la exposición al amianto.
Esta medida podría tener algún tipo de impacto en la operatividad del subte. Ya en el pasado esto sucedió, ya que cuando se retiraron formaciones de la línea B, el servicio estuvo a punto de colapsar, ya que los vagones no podrían ser ubicados en los estacionamientos disponibles. En este caso, también podría afectar las habituales tareas de los empleados, que no puedan ir a sus puestos de trabajo por estar sospechados de estar contaminados.
En ese caso, la jueza porteña resguardo “el derecho al trabajo”, y estableció que “todos aquellos trabajadores comprendidos en la acción que deban ser reubicados con motivo de la determinación de alguna afectación derivada de la contaminación con asbesto, o deban quedar en situación de abstención de tareas, de manera que no se cumplan a su respecto períodos de caducidad de este derecho o de cualquier modo se altere la situación de empleo de los mismos”.
Por último, el fallo judicial hace una fuerte crítica a Metrovías y SBASE. La empresa estatal admitió durante el proceso no haber leído los manuales de los vagones comprados a España, donde se confirmaba la presencia de asbesto. Por eso, Liberatori concluye que “las argumentaciones o justificaciones del funcionario evidencian la escasa o ninguna sensibilidad en materia ambiente y por cierto un absoluto desconocimiento técnico de las consecuencias que a la vista están”.

30.1.2020

A pesar de la tragedia que se llevó la vida de Cinthia Choque y visibilizó la trama de precarización en el Estado porteño, los agentes de tránsito no cambiaron su condición laboral. Sigue precarizados, facturando 25.000 pesos y teniendo que pagar el monotributo.

A principios de septiembre 2019 fallecía Cinthia Choque, la agente de tránsito porteño que fue atropellada en un control vehicular en el barrio porteño de Palermo.
La víctima, madre de una nena de 6 años y otra de 4, era monotributista y llevaba unos seis años trabajando para la Secretaría de Tránsito de la Ciudad en la misma situación. Hacía al menos cuatro que era parte del turno noche de los fines de semana y cobraba 25.000 pesos.
Hoy, a 4 meses de la tragedia, los empleados de tránsito tienen los mismos problemas y casi ninguna solución. Es que a pesar de que un pequeño grupo comenzó a pasar a planta, la gran mayoría sigue facturando al Estado porteño 25.000 pesos, en un claro caso de fraude laboral.
Es más, la situación se agravó. Unos 78 fueron despedidos por el el gobierno porteño por reclamar mejores condiciones de trabajo (hecho revertido por un fallo judicial en las últimas horas), a todos les aumentó el monotributo un 51% y la inflación acumulada del último semestre superó el 23%.
Por ello en un comunicado de prensa los empleados reclamaron inmediato pase a planta transitoria de los contratados y un salario acorde a la canasta básica, calculada en casi 39.000 pesos.

29.1.2020

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28de enero de 2020.-La Jueza a cargo del Juzgado de Feria nro. 2, Dra. Elena Liberatori, haciendo lugar íntegramente a lo peticionado por la “Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro” en el amparo ambiental promovido para exigir la desabestización completa y definitiva del Subte y Premetro de la CABA, con fecha 27 de enero ha resuelto: a)Disponer la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con Asbesto, sean previamente así determinados o con sospechas de serlo; b)Ordenar que el plazo perentorio de 10 días hábiles, la toma de muestras de piezas, materiales o componentes sospechados de Asbesto, de las Flotas Nagoya 300, 1200 y 5000, CAF 6000, CNR Almston, Fiat, General Electric, Siemmens, La Brugeoise y Materfer (Premetro),con la misma metodología, cadena de custodia y análisis que los llevados a cabo con la Flota CAF 5000 y Mitsubishi, y se periten las mismas a efectos de determinar si presentan Asbesto, con la Veeduría de todo el proceso por los profesionales especialistas de Universidad Nacionales; c)Del mismo modo que lo indicado en el punto b) en relación a los sectores de Instalaciones Fijas también sospechados de contener elementos con Asbesto, como Sector Usina, escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías, elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al colectivo de usuarios y de cualquier habitante; d)Garantizar el derecho al trabajo (art. 6to. PIDESC, cf. Art. 75.22 C.N.) de todos aquellos trabajadores comprendidos en la acción y que deban ser reubicados con motivo de la determinación de alguna afectación derivada de la contaminación con Asbesto, o deban quedar en situación de abstención de tareas, de manera que no se cumplan a su respecto períodos de caducidad de este derecho o de cualquier modo se altere la situación de empleo de los mismos; e)Ordene a las codemandadas METROVÍAS y SBASE, para que en el plazo de 10 días hábiles, informe al Tribunal el listado de trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del Subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda (Cf. Resolución SRT 415/02), indicando la “hoja de ruta laboral”(lugares, secciones o funciones desarrolladas), incluyendo los actuales y los que por cualquier causa hayan cesado, indicando en su caso fecha y causa de baja y último domicilio registrado, todo bajo apercibimiento de astreintes. Entre los fundamentos de la sentencia se señala que según la Resolución 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación se prohíbe el uso de fibra de Asbesto, siendo ésta una sustancia cancerígena comprobada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y que la Organización Mundial de la Salud estableció que la aparición de los efectos a la exposición al Amianto es independiente de la dosis de la exposición, “siendo imposible establecer niveles de exposición seguros”. La responsabilidad del Gobierno de la CABA ha quedado puesta de manifiesto, según lo indicado por la resolución judicial, en las propias declaraciones del Presidente de SBASE, según las cuales “… no vieron en su momento los Manuales técnicos de las formaciones que la ciudad compró a España, dada su voluminosidad y asumiendo que el metro de Madrid no vendería vagones con material cancerígeno, siendo que rige en la Unión Europea la prohibición de uso de amianto desde el año 1999”. Concluye en consecuencia la Jueza que “las argumentaciones o justificaciones del funcionario evidencian la escasa o ninguna sensibilidad en materia ambiente y por cierto un absoluto desconocimiento técnico de las consecuencias que a la vista están”.

29.1.2020

La jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de 80 agentes de tránsito cesanteados por el gobierno de la Ciudad en represalia a las protestas originadas tras la muerte de una trabajadora en septiembre del año pasado. Es el segundo fallo contra Larreta a raíz de una causa iniciada por ATE. La tragedia que se cobró la vida de Cinthia Choque y puso en riesgo la de Santiago Siciliano dejó al descubierto varias cuestiones sobre el sistema de contratación estatal que se maneja a nivel Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

A poco más de un mes del hecho, la Justicia tomó cartas en el asunto y prohibió a Larreta desvincular a los miles de agentes de tránsito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató bajo la modalidad de locación de servicios y, por lo tanto, no reconocidos como trabajadores en relación de dependencia. A su vez, instó al Ejecutivo porteño a mejorar las condiciones laborales de estos.
Lo hizo a través de una resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara, a raíz de un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy y por intermedio de Matías Cremonte, el titular de su Departamento Jurídico y, a la vez, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
Desde entonces el gobierno de Rodríguez Larreta hizo caso omiso al amparo y despidió a 80 agentes de tránsito de su jurisdicción.
En las últimas horas, la jueza Elena Liberatori hizo mención a dicho incumplimiento e instó al gobierno porteño a la reincorporación de los 80 trabajadores precarizados.

28.1.2020

El juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires Pablo Mántaras remitió para que prosiga su trámite ante el tribunal de turno la causa contra el gobierno local y la empresa Metrovías S.A. por la desasbestización del Subterráneo y el Premetro de Ciudad de Buenos Aires.

La demanda por el «derecho a la salud», también dirigida contra Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) fue iniciada hace algo más de un par de meses por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios general y adjunto, respectivamente, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (Agtsyp).
La acción de «amparo ambiental colectivo», que entre los demandados incluye a la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), también fue firmada por trabajadores y usuarios del servicio de transportes de pasajeros.
Durante el receso de enero la causa había recaído ante el juez Roberto Gallardo, quien, recusado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), decidió inhibirse.
Los demandantes reclaman la «recomposición ambiental» y que se garantice al subterráneo como un lugar «libre de asbesto», con la realización de estudios médicos periódicos y el resarcimiento a quienes padecieron daños en su salud.
Piden, además, que se condene a las demandadas a financiar la instalación y dotación de recursos materiales, personal profesional capacitado y la puesta en marcha de un «Instituto para la Prevención, Capacitación y Tratamiento del Asbesto», con sede en esta ciudad, cuya administración estará a cargo de un Consejo designado por los accionantes.
Los demandantes sostienen que la presencia de asbesto es determinante de daño ambiental y advirtieron sobre el riesgo que el contacto con el material conlleva para la salud de los trabajadores, sus familias y para los usuarios del servicio.
Los amparistas solicitaron que se exija a las codemandadas Metrovías SA y Sbase que informen el listado de trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del subterráneo, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda.