Red de radios

14.2.2020

Por Mariel Chaves del Pino

A pocos días de que comiencen las capacitaciones docentes situadas, los trabajadores capacitadores aún no recibieron una respuesta favorable de parte del Gobierno y la Dirección de Escuela de Maestros.

Las Capacitaciones situadas son importantes no sólo porque es un derecho estatutario para los y las docentes de grado, sino que también es un espacio en el que reciben el apoyo a lo largo del año para llevar a cabo las clases con propuestas interesantes para los alumnos y alumnas, integrales y acordes a los contenidos del Diseño Curricular.
Además, en la semana de capacitación inicial, se reúnen docentes en una misma sede donde pueden tener intercambios directos de posiciones y experiencias.
El Gobierno de Larreta precariza a los capacitadores que realizan estas tareas porque se dan en un marco democrático de charla entre trabajadores de la educación que enriquece la función pedagógica y que difieren con la política del propio Gobierno de la Ciudad que es más bien mercantil, meritocrática que termina dejando afuera a miles de niños y niñas.
Luego de la reunión con el director de Escuela de Maestros, Oscar Ghillione, y la Ministra de Educación, Soledad Acuña, que se realizó el pasado martes, en la que los docentes capacitadores, exigían un contrato con monto anual de mínimo $1500 por hora con actualización en marzo, como se acordó en diciembre de 2019, la oferta que recibieron fue la siguiente, tal como anunciaron en el comunicado de la asamblea que realizaron el pasado 12 de febrero:
• Las contrataciones se anualizarán (contratos de 12 meses) con dos montos: $1.000 la hora hasta marzo (mismo monto de todo 2019) y a partir de abril se actualizarán de acuerdo a paritarias y a los montos otorgados por Nación. (Sobre los $1.000 cobrados por hora, no sobre la hora cátedra de abril 2020)
• Este aumento a partir de abril no será retroactivo.
Bajo estas condiciones, los capacitadores no acordaron y sostenían su decisión de continuar la lucha por condiciones dignas de trabajo.
Hoy, los capacitadores se volvieron a reunir en asamblea y definieron qué acciones llevar a cabo la próxima semana. En principio, las capacitaciones se realizarían y el martes de la semana que viene sabremos cuál es la decisión final del colectivo.
Hoy publicaron este comunicado:
“A la Comunidad Educativa
En el día de la fecha, las y los trabajadores de la Capacitación Situada 2020 nos reunimos nuevamente con el fin de analizar las condiciones de contratación que nos propone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en las últimas horas fueron comunicadas a este colectivo.
Garantizamos nuestra presencia el martes próximo en las escuelas sede de cada distrito, a pesar de que persisten las irregularidades en las formas de contratación. A dos días del inicio de la Situada, siguen ofreciéndonos un 0% de aumento en el valor de la hora cátedra respecto de ENERO 2019 y desconociendo la totalidad de los acuerdos paritarios firmes a la fecha. Seguiremos reclamando ser convocados por la Dirección de Escuela de Maestros y las autoridades ministeriales, quienes todavía no han accedido a reunirse con las y los trabajadores. En lugar de ser recibidos, fuimos “advertidos” de que, de llevar a cabo alguna medida de fuerza, perderíamos nuestras fuentes de trabajo y nuestros lugares serían ocupados con personal ajeno al dispositivo.
Nuestro desempeño desde el 2017 ha sido reconocido por el actual Ministerio de Educación, como también por toda la comunidad educativa. Hemos sostenido estos espacios con mucho compromiso, preparación y profesionalismo; aspectos que se reflejan en la calidad de la Formación Situada, que es reconocida por los y las docentes a quienes está destinada.
La capacitación en servicio es un derecho de todxs lxs docentes de la ciudad de Buenos Aires. Las instancias de febrero son el inicio de un proceso que se sostiene y profundiza durante todo el ciclo lectivo, en la totalidad de las escuelas de la Ciudad. Exigimos que el Gobierno cumpla con las condiciones laborales necesarias para poder garantizar nuestro trabajo durante todo el plan de Formación Situada.
La capacitación se garantiza con condiciones dignas de trabajo.
Colectivo de Trabajadorxs del dispositivo Formación Situada de Escuela de Maestros.”
Desde ya, tomen la medida que tomen, tendrán todo nuestro apoyo.
A su vez, los docentes de las escuelas mandaron una amplia solidaridad con el reclamo enviando fotos con carteles de apoyo.
En las asambleas estuvieron presentes los representantes de los sindicatos docentes UTE y Ademys y acompañarán las acciones de solidaridad que presenten los capacitadores.
Debemos exigirle al Gobierno que presente un plan de conjunto para la educación de la Ciudad donde se contemple que las capacitaciones sean en servicio y constantes, gratuitas, en la misma escuela, sin jornadas agotadoras para los docentes, donde también se puedan capacitar en ESI, etc.

13.2.2020

Por Mariana Di Mauro

Lxs trabajadorxs del laboratorio recuperado Farmacoop (ex Roux Ocefa) de Villa Luro recibieron el jueves al secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y al recientemente nombrado director de Empresas Recuperadas, Eduardo “Vasco” Murúa. La visita se dio en el marco del relevamiento que estas áreas del Ministerio de Desarrollo están haciendo de las unidades productivas que están en condiciones de generar puestos de trabajo en el corto plazo.

Luego de más de 3 años de conflicto, lucha y resistencia, en abril del 2019 lxs trabajadorxs de Farmacoop consiguieron la continuidad laboral, es decir, el permiso de la Justicia para comenzar a producir. Sin embargo, todavía restan las habilitaciones pertinentes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT). Mientras tanto, lxs trabajadorxs continúan acondicionando el espacio y pensando nuevas propuestas para trabajar.
Tanto Murúa como Pérsico provienen de la militancia de la economía popular, por lo que son conocedores de lo difícil que es llevar a cabo un emprendimiento productivo auto-gestionado sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado. En este sentido, quedaron sorprendidos por el avance que lograron lxs trabajadorxs de Farmacoop a pesar de los obstáculos que el gobierno anterior les puso, y se comprometieron a ayudar para acelerar la puesta en marcha de la fábrica.
La lucha que estxs trabajadorxs llevan adelante hace casi 4 años es por recuperar y mantener sus puestos de trabajo. En base a la unidad, la organización y la perseverancia lograron conformarse como cooperativa de trabajo y demostrarle al Estado que tienen la capacidad de levantar un laboratorio devastado y vaciado por sus antiguos dueños y ponerlo a producir. Todavía falta, pero como suelen decir lxs trabajadorxs de Farmacoop “el que abandona no tiene premio” y ellxs lo saben.

12.2.2020

Este jueves 13 de febrero: movilizamos contra la baja de los salarios y la urgencia en las políticas sociales de la Ciudad

En la ciudad más rica del país, las políticas sociales se caracterizan por la precariedad. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, además, emplea a miles de trabajadorxs bajo modalidades de contratación fraudulentas, sin acceso a derechos laborales básicos. Ante la gravedad del panorama, este jueves 13 de febrero lxs trabajadxs de las direcciones de Niñez, Mujer y Políticas Sociales en Adicciones del GCBA nos convocamos, entre las 11 y las 13 horas, en la sede del Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia (CAINA), para llevar a cabo acciones en búsqueda de respuestas positivas de parte de la gestión porteña.
El contrato de locación y la tercerización a través de la UBA encubren la relación de dependencia de compañerxs que cumplen las mismas funciones, en tareas especializadas y complejas, que quienes están en planta. En el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, hoy a cargo de María Migliori, alrededor de 1100 trabajadorxs todos los meses tienen que descontarle a sueldos que no superan los 28 mil pesos el pago del monotributo y los ingresos brutos. El reciente incremento en dichos impuestos, sumado al nulo aumento en los montos salariales de estas contrataciones, significó en los hechos una quita salarial, desde enero, de alrededor de un 20%.
Asimismo, resulta preocupante el estado de las políticas públicas dependientes del Ministerio, que tendría que dar respuesta a la población más vulnerable de la CABA. Nuevamente asistimos a la sobrepoblación en hogares donde viven bebés y niñxs a quienes el Estado debería proteger. La única casa donde se acompañan tratamientos en adicciones destinada a niñez y adolescencia, esta semana se encontró carente de viáticos. Entre otras ausencias de derechos, lxs chicxs se quedaron sin acceder a distintas actividades por no disponer de carga en las tarjetas para viajar, encerrados en días donde hubo más de 40° de sensación térmica.
Es alarmante el deterioro de la infraestructura en muchos dispositivos. Puertas que se abren contrariamente a lo que indica la legislación en materia de seguridad laboral, detectores de humo que no funcionan, falta de señalización y de planes de evacuación, son solo algunas de las desidias que ponen en riesgo permanente al personal y a la población que vive en estos espacios: niños en situaciones de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género. También es alarmante la falta de personal necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de una variedad de efectores. La única política pública de atención directa de la Ciudad que trabaja contra situaciones de explotación sexual hacia niñxs y adolescentes, por ejemplo, carece de abogadx desde hace ya dos años, descuidando la compulsa de las causas penales, y allanando el camino para la impunidad de proxenetas y prostituyentes.
Lxs trabajadorxs del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, lejos de naturalizar estar situaciones, salimos una vez más a denunciarlas, e instamos a la gestión a tomar las medidas necesarias para contrarrestar la quita salarial que recae por encima de miles de trabajadores y trabajadoras precarizadxs en nuestro Ministerio, a la vez que resulta urgente la jerarquización de las tareas que desarrollamos a diario y la puesta en marcha de acciones que tiendan a revertir el cuadro de precariedad en el que se encuentran las políticas sociales del GCBA.
Por el inmediato pase a planta permanente.
Basta de fraude laboral.
Por el fin de los sueldos de miseria: no a la quita salarial para contratadxs y asistencias técnicas.
Por políticas públicas integrales y de calidad, con presupuestos acordes y perspectiva de géneros transversal.
Para todos y todas, todos los derechos.

12.2.2020

En la Legislatura de la Ciudad hay cinco proyectos de ley presentados por la oposición que coinciden en la propuesta de estatizar la red del Subte y poner fin a las concesiones. Lo cierto es que el gobierno de Larreta duerme estos proyectos e insiste en el negocio con lo público.

Legisladores de la Ciudad del Frente de Todos, el GEN y la Izquierda proponen estatizar la red del Subte y poner fin a las concesiones. Actualmente, existen cinco proyectos de ley en la Legislatura porteña presentados por los bloques de la oposición. Con algunas variantes, todos confluyen en trasladar la operación de la red al Estado.
La concesión del subterráneo de Buenos Aires está vencida desde el 2013 y se originó en 1994. En ese año, en plena fiebre privatizadora menemista, la red, propiedad de la empresa estatal SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) fue concesionada a Metrovías, operadora privada perteneciente al Grupo Roggio.
La licitación pública para concesionar el subte por 12 años más (con opción a prórroga por tres años) se inició en febrero de 2018. A la misma se presentaron tres oferentes en competencia: la actual concesionaria Metrovías; el grupo francés Keolis, en conjunto con la Corporación América, encabezada por Eduardo Eurnekian, y Transport for London, operadora del subterráneo londinense; y RATP Dev, empresa del grupo RATP que maneja el Metro y otros transportes urbanos de París.
“El transporte público, en este caso el subterráneo de la Ciudad, no puede ser visto como un negocio, sino como un servicio que respete derechos fundamentales que el Estado debe garantizar, como la seguridad”, dijo a Télam Lorena Pokoik. La legisladora es coautora del proyecto presentado por el FDT a fines de 2018, que propone una “re estatización bajo el control de los trabajadores y usuarios”.
En este proyecto, se propone a SBASE como operadora del servicio, con un directorio de 10 miembros. El mismo estaría compuesto por cinco representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad, dos representantes de los trabajadores, dos de los usuarios, y uno designado por la Legislatura.
Lo cierto es que el gobierno de Larreta se encarga de dormir estos proyectos en el recinto y continúa el negocio, con tendencia a beneficiar a sus amigos. Tras varias postergaciones y con un panorama económico y político bastante distinto al del momento en que se presentaron las ofertas de licitación, primero se retiró RATP y, en los últimos días, también los franceses de Keolis, dejando allanado el terreno para que la operadora del Grupo Roggio continúe al frente de la concesión.
El abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó: “Esto es la crónica de una privatización anunciada y de un concesionario ganador. Cuando fue el debate por la nueva privatización del subte -a fines de 2017-, donde se intentó dar la discusión para que vuelva a manos del Estado operado por SBASE, quedó implícito que el futuro concesionario no sería Metrovías, porque fue una operadora con demasiados déficits”.
En una suerte de “show mediático” del jefe de Gobierno de la Ciudad, realizó una gira por Europa para conseguir inversores para privatizar el subte. En ese contexto, la Legislatura aprobó la privatización, pero hubo una deficiencia en la votación de la ley. “Nosotros acudimos a la Justicia y denunciamos este proceso como viciado, porque la privatización del subte se hizo con mayoría absoluta –no con mayoría agravada– y sin audiencia pública previa”, agregó Baldiviezo.
Por ejemplo, para autorizar la cesión precaria de un inmueble a una asociación civil por diez años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se requiere de un proceso de doble lectura, es decir, que se vote una vez, se convoque a una audiencia pública y se vote una segunda vez con una mayoría de 40 votos. En este caso, eso no pasó y representa una violación a la Constitución de la Ciudad.
Normalmente, para justificar la privatización de un servicio público suelen usarse dos argumentos: la falta de financiamiento estatal por lo que hace falta la inversión de capitales privados o porque se necesita de un operador con la capacidad técnica para hacerlo.
“En este caso Metrovías toma el control de la operación de lo que ya existe pero no invierte un peso. No compra coches, no hace obras, no hace nuevas estaciones. Toma el servicio como está y el Estado le paga mensualmente ¿El gobierno en ocho años no pudo aprender a gestionar el subte siendo un servicio público ya activo?”, se pregunta el abogado.
Y finalizó: “El gobierno planificó esto. Metrovías continúa al frente de la concesión y el negocio queda entre los amigos. No tiene fundamento técnico más allá de seguir haciendo negocios con lo público, que es el eje transversal de las políticas del macrismo en la ciudad”.

11.2.2020

Por Cristina Judith Romero

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compró flotas de trenes usados para el subte en Madrid (los CAF 5000 que ya fueron retirados) y también en Japón, los Nagoya 5000 que circulan en la línea C. Todos con más de 30 años de antigüedad y con piezas con asbesto.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compró flotas de trenes usados para el subte en Madrid (los CAF 5000 que ya fueron retirados) y también en Japón, los Nagoya 5000 que circulan en la línea C. Todos con más de 30 años de antigüedad.
En febrero de 2018 conocimos la denuncia desde el Metro de Madrid de los trabajadores muertos por enfermedades producidas por asbesto. La investigación de los trabajadores del subte, con la Secretaría de salud e Higiene, demostró que estos trenes y otras formaciones viejas como los Mitsubishi tenían asbesto.
Con estas investigaciones pudimos saber que el asbesto es un mineral muy perjudicial para la salud, cuya fabricación y manipulación está prohibida desde hace muchos años. De los primeros trabajadores que se hicieron los estudios médicos para saber si estaban afectados, nos enteremos que muchos de ellos tenían serias afecciones. Por ese motivo en los talleres empezaron a realizar retenciones de tareas, para evitar seguir estando expuestos a estas fibras.
En estos días los guardas y conductores de la línea C, en este mismo camino, hemos decidido realizar una retención de tareas de los trenes contaminados, abstenernos de prestar servicio con las formaciones Nagoya 5000 hasta que se garantice la total desabestización de los mismos.
Por una vida sana, tráfico de la línea C le dice NO a los Nagoya 5000.