Red de radios

24.2.2020

Por Claudio Siniscalco

El titular del Sindicato de Vendedores Libres, Omar Guaraz, denunció que en la comisaría 7 de Once están torturando a vendedores ambulantes. “La policía lo detuvo, lo golpeó, y le quemaron los dedos con la plancha“, relató la tortura a uno de los vendedores. Además aseguró que “los apremios ilegales y las torturas en comisaría son algo sistemático”.

“Tuvimos conocimiento por medio de unas compañeras vendedoras, las cuales nos relataron este suceso que sucedió hace un poco más de un mes. Es habitual las detenciones, la represión es muy dura sobre todo contra los migrantes, contra el colectivo senegalés. Las torturas en comisarías a vendedores son moneda corriente, estamos hablando de la comisaría séptima que está en Once en la calle Lavalle a metros de Pueyrredón“, afirmó Guaraz.
Además, el titular del sindicato de vendedores libres se refirió al episodio que tomó público conocimiento: “Este compañero sale a defender a una compañera y es en ese momento en que la policía lo detiene, lo golpea. Una vez adentro le quemaron los dedos con la plancha. Subimos la foto porque los apremios ilegales y las torturas en comisaría son algo sistemático“.
“Nos hemos juntado con los legisladores para contarles la situación de los vendedores, entre ellas las torturas en las comisarías. Fuimos con una comisión de todo los bloques a excepción de Cambiemos que no fueron. Tuvimos una charla con los comisarios donde ellos negaban estos hechos, decían que cumplían sus funciones, que tenían órdenes por parte del gobierno de la Ciudad de no dejar a ningún vendedor. Negaban sobre todo las detenciones ilegales. Recordemos que en el último año nosotros hemos tenido, sólo en Flores y en Once, más de 1200 vendedores detenidos. Todo se da en una lógica para detener a los vendedores e imputarlos falsamente“, explicó Guaraz.
Asimismo, el titular del sindicato, concluyó: “Esto es un claro acto mafioso, ellos saben perfectamente que la gran mayoría de los vendedores tienen miedo y saben también que las huellas de las torturas y los relatos los van a contar entre vendedores para que el miedo se instale”.

21.2.2020

Efectivos de la Comisaría Séptima del barrio porteño de Once apresaron a un vendedor que intentó defender a una compañera tras una represión y secuestro de mercaderías. El sindicato de Vendedores Libres denuncia que las torturas en comisarías a los ambulantes son moneda corriente.

El titular del sindicato Vendedores Libres Omar Guaraz relató cómo un vendedor ambulante fue detenido y torturado por efectivos de la Comisaría Séptima de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Lavalle a metros de Avenida Pueyrredón en el barrio porteño de Once.
El titular de Vendedores Libres explicó: “Este compañero sale a defender una compañera mujer y en ese momento la Policía lo detiene, lo golpea y una vez adentro le queman los dedos con la plancha. Tuvimos conocimiento por medio de unas compañeras vendedoras, las cuales nos relataron este suceso que sucedió hace un poco más de un mes”.
Guaraz denunció que son habituales las detenciones. “La represión es muy dura sobretodo contra los migrantes, contra el colectivo senegalés. Las torturas en comisarías a vendedores son moneda corriente, estamos hablando de la Comisaría Séptima que está en Once en la calle Lavalle a metros de Pueyrredón. Recordemos que en el último año nosotros hemos tenido, sólo en Flores y en Once, más de 1.200 vendedores detenidos. Todo se da en una lógica para detener a los vendedores e imputarlos falsamente”.
“Semejante brutalidad no es una excepción, si no que este accionar de la Policía de la Ciudad se repite contra los vendedores ambulantes que todos los días buscan la manera de ganarse la vida”, agregó.
Guaraz aseguró que existe un plan sistemático del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para que la Policía se dedique a “perseguir, detener en forma ilegal, golpear y hasta torturar, para amedrentar y disciplinar a trabajadores informales”. Además explicó que la Relatoría de la ONU pudo presenciar un operativo contra inmigrantes senegaleses y que a raíz de ello emitió un comunicado crítico donde denuncia este tipo de situaciones en la ciudad de Buenos Aires.
Alejandrina Barry repudió el accionar de la Policía de la Ciudad y se solidarizó con las víctimas “Una brutalidad, un hecho gravísimo que no puede quedar impune. La represión a los vendedores ambulantes y a los más humildes, es una realidad cotidiana en esta Ciudad” publicó en su cuenta de Facebook y advirtió “Con Myriam Bregman desde la Comisión contra la Violencia Institucional, lo denunciamos constantemente. No son policías sueltos, es una política para expulsar a los más humildes de la Ciudad con estos métodos aberrantes. Todo nuestro repudio” .
El Gobierno de Larreta tiene una larga lista de represiones en su haber. Pero no es el único. En enero de 2017 la entonces Policía Metropolitana desmanteló más de dos mil puestos ambulantes en el barrio de Once con un despliegue desproporcionado de carros hidrantes y de asalto a los que se sumaron también efectivos de infantería.
En 2018 comenzó con un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad desplegado en el barrio porteño de Liniers donde desalojaron alrededor de 500 puestos de vendedores ambulantes.
En abril de 2019 la policía Metropolitana, llevó adelante un operativo contra vendedores ambulantes de Once, muchos de ellos y ellas inmigrantes senegaleses que trabajan en las peores condiciones. Frente a la resistencia generalizada ante el operativo, reprimieron con gases lacrimógenos a un centenar de personas que se encontraban sobre la Avenida Pueyrredón. Lo más repudiable fue que uno de los policías le tiró gas pimienta a un chico de 12 años que estaba junto a su mamá en el lugar.

20.2.2020

La senadora Silvina García Larraburu promovió la realización de una muestra de artesanías rurales elaboradas por mujeres indígenas de la línea sur rionegrina, en la vitrina de la estación Congreso del subte A en la capital del país.

Gente de Sumuncura es una cooperativa de trabajo que nuclea 100 mujeres tejedoras de pueblos originarios pertenecientes a las localidades de Sierra Colorada, Ramos Mexía y Los Menucos.
“Desde hace más de 20 años, estas trabajadoras incansables, se han capacitado en diferentes técnicas de tejido con el objetivo de reivindicar y conservar la tradición mapuche. Además han aprendido sobre cooperativas y desarrollo productivo, se han organizado y contribuyen activamente a la economía familiar”, señaló la parlamentaria.
El Intendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, visitó la muestra y dijo: “Quiero agradecerle a la senadora García Larraburu por su compromiso y reivindicar la puesta en valor de nuestras artesanas en este lugar tan estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. La gente que pasa por el subte puede ver esa mano de obra, de mucho esfuerzo y sacrificio, y nuestra cultura expresada en el trabajo”.
También estuvo presente, el legislador provincial Alejandro Marinao quien celebró la apertura de la muestra y agradeció a la parlamentaria por su constante compromiso con el pueblo rionegrino.
Sandra Martínez, síndica de la Cooperativa e integrante originaria expresó: “Para nosotras es muy valiosa esta oportunidad de mostrar lo que hacemos. Gracias Silvina por tu apoyo y acompañamiento”.
“Deseo invitar a toda la comunidad a esta hermosa muestra, tan representativa de la cultura local. Este espacio resulta ideal para transmitir un poco del gran trabajo que realizan estas mujeres. Ellas, con sus manos, transforman la materia prima en verdaderas obras de arte, son un ejemplo de superación y un orgullo rionegrino”, finalizó García Larraburu.

20.2.2020

Ante la creciente inflación acumulada durante el año 2019, que alcanza el 53% en la Ciudad de Buenos Aires, las y los trabajadores de las cooperativas que prestan servicios para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reclaman un aumento urgente para poder hacer frente a esta situación.

Reproducimos comunicado:

En este contexto social y económico, vemos con gran preocupación la demora en la prórroga de los convenios de trabajo para este año 2020, debido a la consecuente demora del pago de enero, teniendo en cuenta que ya está finalizando el mes de febrero. En el caso de nuestro sector, esta situación tiene un impacto profundo, ya que nuestros ingresos son destinados principalmente al consumo para satisfacer las necesidades básicas más elementales de nuestras familias y dada la situación económica no nos permite llegar a fin de mes.
Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una urgente recomposición de ingresos del 30% correspondiente al año 2019, para compensar lo perdido y el adelanto del nuevo convenio. En la Ciudad más rica del país no podemos resignarnos a trabajar en condiciones de tal precariedad.
Asimismo, ante una economía en crisis, exigimos también la reapertura de los programas de trabajo que fueron cerrados por la gestión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, así como la igualación de los convenios para todas las cooperativas.
Finalmente, destacamos el arduo trabajo y dedicación de las compañeras que cocinan día a día para cientos de familias. Al mismo tiempo denunciamos que el gobierno porteño ha incumplido los acuerdos con los comedores y merenderos: tanto de mercadería a granel como los asistidos con raciones para dichos grupos comunitarios. Esta ausencia del Estado agrava notablemente nuestras condiciones de vida por lo cual el reclamo de actualización que estamos reclamando es de imponente urgencia.
Las organizaciones abajo firmantes, exigimos:
– Aumento para las y los cooperativistas YA
– Apertura de los programas de empleo y construcción de nuevos puestos de trabajo
– Igualación de los convenios a todas las cooperativas
– Regularización y actualización de la situación de los comedores
– Entrega inmediata de útiles escolares y guardapolvos
– Actualización de compras a los productivos de la economía popular
Encuentro de Organizaciones Populares:
Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CTA Autónoma Capital, Frente Popular Venceremos, Movimiento Octubres, La Poderosa, Organizaciones de Base Autónoma (FOB-Autónoma), Movimiento Resistencia Popular (MRP), MTL Rebelde.

19.2.2020

“Pusimos como fecha tope el 1 de marzo para que el Gobierno de la Ciudad y Sbase llamen a licitación para la compra de nueva flota para el subte”, dijo el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli.

Pianelli advirtió que si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) “no retiran los vagones contaminados con asbesto y no llaman a licitación para la compra de nuevas unidades, nos veremos obligados a tomar medidas”. El límite es el 1° de marzo, declaró Pianelli a la Agencia Télam.
Además, el gremialista se refirió a las demoras en los servicios de subte que se produjeron este miércoles y explicó que no se trató de medidas de fuerza, sino “de demoras por los procesos de quita del amianto (asbesto) que tiene que realizar Sbase” por orden judicial y que la empresa “no está cumpliendo”.
“Todo lo que es contacto o tocar materiales con amianto o asbesto, que es lo mismo, no lo estamos haciendo porque la ley lo prohíbe. Hemos tomado esta medida desde hace tiempo reclamando que no exista más ese veneno en las formaciones del Subte”, concluyó Pianelli.

El fallo ambiental

En enero, la jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo ambiental promovido por el gremio junto a miles de usuarios para exigir “la desabestización completa y definitiva del subte”.
Liberatori conminó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa Metrovías a tomar muestras de vagones e instalaciones sospechosas de contener asbesto en el Subterráneo y Premetro porteño, dispuso “la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto” y requirió el listado de trabajadores “que han desempeñado tareas en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda”.
En los fundamentos de la sentencia, la jueza recordó que la Resolución 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación prohíbe “el uso de fibra de asbesto, siendo ésta una sustancia cancerígena comprobada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer”.

Los CAF 5000 de la Línea B

En 2011 el Gobierno de la Ciudad, en ese momento conducido por Mauricio Macri, compró al Metro de Madrid 24 vagones CAF 5000. Las unidades eran tan viejas que eran “carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo”, según consideró el periódico español El País en una nota sobre la operación. “El Metro de Madrid se frota las manos con los 4,2 millones de euros que ha sacado”, agregaba el matutino.
Mauricio Macri y el entonces presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo, viajaron a España y se ocuparon personalmente de la compra.
Al año siguiente, Sbase compró 12 unidades CAF 5000 más.
Por esta operación Piccardo fue denunciado por estafa al Estado en 2015, tres años antes de que el Metro de Madrid admitiera que los viejos coches, que presentaron múltiples fallas mecánicas en su vida porteña, además contenían asbesto.
Tras estallar el escándalo, el nuevo presidente de Sbase, Eduardo de Montmollin, cometió el error de reconocer ante la cadena estadounidense CNN que los manuales de los CAF 5000 decían que tenían asbesto. Intentó corregirse afirmando que al decidir la operación “asumieron” que el metro madrileño había retirado ese material y que, entonces, estaban en condiciones de poder vender los vagones.
Defensivamente, Larreta instruyó a Sbase a presentar una demanda, a su vez, contra el Metro de Madrid.

Asbesto también en la C y E

En mayo de 2018 desde la AGTSyP denunciaron la presencia de asbesto en otras líneas y formaciones. Así lo determinó un estudio del Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur (UNS), con sede en Bahía Blanca, encargado por el gremio. El asbesto fue identificado en varios componentes de los trenes Mitsubishi de la línea B, Nagoya de la línea C, y CAF-GEE de la línea E.
Un año le llevó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad, de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y de Metrovías reconocer los resultados del estudio.
La primera respuesta oficial fue intentar el recambio de sólo los componentes con asbesto, lo cual fue rechazado por el gremio, que exigió el retiro de las unidades.