Red de radios

8.5.2020

Por Oscar Castelnovo

Uno de los referentes de los detenidos en Devoto, Carlos Palazzo, expresó que el acuerdo fue positivo, es un tramo de nuestra lucha ante un sistema tan injusto, tenemos compañeros y chicas que ya deberían estar en libertad porque pasaron años sin condena firme, porque ya la cumplieron o porque pertenecen a grupos de riesgo ante la covid-19. Y no estamos hablando de violadores o genocidas. Sino de la mayoría de la población en las cárceles que pudo o no haber cometidos delitos contra la propiedad o infringir la ley de drogas. El próximo 20 de mayo nos volvemos a juntar porque hay mucho para resolver. Nosotros solo luchamos por nuestros derechos”

Con el acta-acuerdo firmada, este miércoles, por detenidos, funcionarios, miembros de la justicia y de organismos de derechos humanos, en medio de la pandemia de la covid-19, amainó el conflicto en la cárcel de Devoto. Allí, estuvo el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, cuya ausencia la semana anterior fue motivo de tensión ya que los presos reclamaban que viniese como interlocutor ministerial. Su presencia era necesaria para que asuma, por caso, el compromiso con relación a los criterios criminológicos e informes que elabora la autoridad penitenciaria, punitivos como método, que resultan decisivos para la libertades y/o morigeraciones.
Así, acordaron la conformación de un grupo de trabajo que aborde la temática penitenciaria en forma «integral», con lo que dieron por concluidas las negociaciones iniciadas el 24 de abril pasado tras la jornada de protesta de detenidos en reclamo de prisiones domiciliarias por el coronavirus.
También participaron del encuentro el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; el juez Daniel Morín, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución 2 Vilma Bisceglia; y el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco. En la mesa de diálogo estuvo Ariel Cejas Meliare, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Andrea Casamento de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), Claudia Cesaroni (Cepoc) y el abogado Matías Isequilla del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla), entre otras organizaciones.
Como ha denunciado esta Agencia, tanto el presidente Fernández como los gobernadores de las provincias podrían haber decretado conmutaciones de penas, pero negaron esa posibilidad al tronar de las cacerolas de la ultraderecha que hoy también manifestarán en las esquinas contra «el comunismo» (sic). Así, de las 1.280 personas detenidas en las cárceles federales que reúnen los requisitos establecidos por Casación, muy pocas fueron excarceladas hasta ayer, a más de un mes de declarada la cuarentena. Países de todo el planeta, incluido Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España o Irán liberaron o dieron arrestos domiciliarios a miles de sus detenidos ante el riesgo de la covid-19. La Argentina, hasta el momento, eligió hacer equilibrio al borde del precipicio.

9.5.2020

Lo hizo la Legislatura porteña en la sesión de este jueves 7 de mayo. El Proyecto de Ley N° 818-J-2020 de “Emergencia Económica y Financiera” obtuvo 38 votos afirmativos (Pro, Radicalismo, Socialismo, Coalición Cívica) y 21 negativos (Frente de Todxs, FIt).

Desde distintas organizaciones, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas explicaron que el proyecto fue enviado por el Jefe de Gobierno para que la Legislatura le otorgue la suma del poder público al Ejecutivo, pero que la Legislatura tiene prohibido por la Constitución delegar facultades sin excepción (Art. 84), por lo que el proyecto de ley debería votarse con 40 votos y doble lectura (y no 31 votos y simple lectura).
Las organizaciones aseguran que los legisladores y las legisladoras que aprobaron la norma violaron estos mandatos constitucionales.
En cuanto a los súper poderes que tendrá el jefe de Gobierno, detallaron:
* Suspender la VIGENCIA DE LEYES, por ejemplo, las leyes ambientales, de seguridad, de transporte, de planeamiento urbano. Suspender los mecanismos de democracia participativa, programas comunales, etcétera.
Una Ley estará vigente sólo si Rodríguez Larreta decide cumplirla.
Este Súper poder no lo tuvo ningún Poder Ejecutivo democrático.
*Podrá distribuir a voluntad la totalidad del PRESUPUESTO sin límites.
El destino de todos los recursos de la ciudad los definirá el Jefe de Gobierno.
Se ha tomado deuda para sobreprecios y para fortalecer las fuerzas de seguridad para la represión.
¿En qué dirección creen que usará este súper poder?
* MODIFICAR contratos, permisos, CONCESIONES, compras reguladas por las leyes sin límites.
Venimos de la privatización histórica de tierras públicas y de la reprivatización de todos los servicios públicos de la ciudad.
¿Imaginan lo que hará con este súper poder?
*Recortará el presupuesto para las POLÍTICAS de VIVIENDA y para los procesos de REURBANIZACIÓN de los Barrios Populares
Por la falta de infraestructura sanitaria en las villas, 400 mil personas no tienen agua potable segura.
En este sentido, las organizaciones manifestaron que esta ley “no es solo un cheque en blanco sino la forma indirecta de cerrar la Legislatura y desvirtuar la democracia representativa y participativa”.

8.5.2020

El Movimiento Resistencia Popular denuncia que el gobierno porteño “decide dejar a 500 personas de los barrios de La Boca, Constitución y Villa 21-24 sin alimento”. Compartimos comunicado

COMUNICADO
En una total falta de sensibilidad el Gobierno de la Ciudad sigue desoyendo las necesidades de los barrios carenciados de la Capital Federal.
En medio de una pandemia mundial el gobierno de Larreta decide dejar a 500 personas de los barrios de La Boca, Constitución y Villa 21-24 sin alimento.
La gente hace ya 40 días que se encuentra completamente imposibilitada de trabajar y la demanda de alimentos crece día a día. Da tristeza ver las largas colas de vecinos que esperan hasta 4 horas por un plato de comida, pero es la realidad. Muchos esperan desde las 10 de la mañana para poder comer a las 14:00 horas. Ahora no tienen ni siquiera esa posibilidad.
Nosotros pagamos los alquileres, los servicios, el gas, nuestros compañeros se exponen para cumplir una tarea social PERO SIN ALIMENTOS ES IMPOSIBLE COCINAR.
Frente a esta total falta de empatía propia de gobernantes millonarios, los vecinos han decidido cortar las avenidas más cercanas en el horario del mediodía, para luego dirigirse a la dependencia de Desarrollo Social.

7.5.2020

Por Leandro Sorribas

En el operativo conjunto entre Nación y Ciudad en la Villa 31, resultaron positivos 30 de las 39 personas testeadas. Los casos positivos de coronavirus en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires siguen en ascenso. Solamente ayer se confirmaron 64 nuevos diagnósticos de Covid-19 y ya fallecieron 6 personas.

El día de hoy jueves, donde la Legislatura porteña, decidirá la entrega de súper poderes para Horacio Rodríguez Larreta con la Ley de Emergencia Económica, salen a la luz datos preocupantes que demuestran la desidia criminal del Gobierno de la Ciudad en los barrios vulnerables. Mientras escandalosamente esta ley determina, dentro de otros puntos, la reducción de fondos destinados a las viviendas sociales.
Las denuncias de las organizaciones barriales y de DD.HH. fueron desoídas durante semanas. La falta de agua en la Villa 31 fue el detonante, pero ya el Covid-19 había entrado en los barrios vulnerables a partir de trabajadores de áreas esenciales que sufren la falta de protección sanitaria y deben volver a sus casas en situaciones de hacinamiento.
Los datos son alarmantes y tiran por la borda la teoría del aplanamiento de la curva de contagios. Solo ayer miércoles los casos positivos confirmados fueron 64 en barrio vulnerables, la mayoría se registran en la Villa 31 de Retiro y el Barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14) del Bajo Flores. Más del 60% de los casos registrados en la Ciudad se dieron en los barrios populares. Y ya alcanzan los 365 casos positivos.
Este pasado martes, los ministerios de salud de Nación y Ciudad mancomunadamente fueron a la Villa 31 a realizar un operativo sanitario, luego de semanas de denuncias de las organizaciones barriales. De una población de más de 40.000 habitantes realizaron solamente 39 testeos, sobre una población de riesgo por su condición precaria de vida, hacinamiento, falta de agua para la higienización necesaria. Un “operativo sanitario” para el marketing con un casi nulo efecto epidemiológico. Así y todo 30 de los 39 testeos dio positivo para Covid-19, una proporción que rompe todo tipo de achatamiento de la curva de contagio.
A esto hay que sumarle que hace semanas los habitantes de la Villa 31 denuncian falta de agua, una necesidad esencial en especial en medio de la pandemia. La falta de agua, sigue sin resolverse, incluso ante un fallo judicial que le exige al Gobierno de la Ciudad una solución inmediata. Mientras entre el Gobierno porteño y la directiva nacional de la privatizada AYSA se tiran la pelota en búsqueda del responsable.
Recién el día de ayer, en una reunión entre las autoridades del GCBA y Malena Galmarini directiva por el Gobierno Nacional en la privatizada AYSA, se pusieron de acuerdo en solucionar el problema del agua en la Villa 31, problema que los vecinos denuncian desde enero de este año sin tener respuestas favorables por ninguna de las dos partes implicadas.
En dicha reunión acordaron un plan, poco creíble, que las obras necesarias para que llegue el agua a las casas tardarían unos 20 días. Mientras se sigue sin dar respuesta inmediata y en todo ese tiempo el contagio podría triplicarse, sin posibilidad siquiera de la higiene necesaria.
Como denunciaron los vecinos de la Villa 31 en el noticiero de nuestro diario: “yo misma hace meses le llevé el reclamo por el agua a la presidenta de AYSA Malena Galmarini y nunca me contestaron”.
Se transforma en una necesidad inmediata, sobre todo en los barrios populares, lo que desde la izquierda venimos exigiendo desde el comienzo de la pandemia, testeos masivos entre la población. Única forma de poder detectar que sectores necesitan asilamiento social, en especial en las barriadas populares donde el slogan #QuedateEnCasa es inviable por el alto grado de hacinamiento y por ser los sectores que necesitan ir a trabajar si o si, o incluso lo que es peor salir a buscar alimentación en comedores populares.
Y para lograr un aislamiento social real, es necesario utilizar los hoteles vacíos de la Ciudad, los mismos que se usaron para contener a los argentinos repatriados, además de las viviendas ociosas que dicho sea de paso se encuentran a metros de la misma Villa 31, en Puerto Madero, barrio de especulación inmobiliaria con cientos de departamentos a estrenar completamente vacíos.
La vulnerabilidad de las viviendas populares es proporcional a la vulnerabilidad laboral, con miles de despedidos que ni siquiera tienen la posibilidad de la changa diaria. Mientras se sigue extendiendo el pago del mísero bono IFE de $10.000, ahora dicen que recién en junio se completaría el primer pago, prácticamente a 2 meses de haber comenzado la cuarentena.
Siempre lo dijimos y ahora es clara para millones, la cuarentena como única medida sanitaria es una medida que excluye a todos los habitantes de los barrios populares de la Ciudad, como así también de las villas del conurbano bonaerense y de todas las grandes ciudades del país.

7.5.2020

Por Alfonso de Villalobos

La movilización rechazó la aprobación de una norma presentada por el ejecutivo que en su versión original permitía escalonar el pago de los salarios y otorgaba facultades especiales al Jefe de Gobierno. Se aprobó con modificaciones que mantienen el congelamiento de haberes y reducciones de presupuestos para obras en barrios carenciados.

Con barbijos y respetando a rajatablas la distancia social recomendada por los autoridades sanitarias un nutrido grupo de representantes de la Asamblea de residentes y concurrentes (jóvenes profesionales de la salud) de la Ciudad de Buenos Aires junto con docentes del sindicato Ademys protestaron en Diagonal Sur y Alsina a metros de la legislatura porteña que amaneció con un fuerte vallado pero escasa presencia policial.
La movilización fue acompañada por partidos de izquierda y organizaciones sociales como el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Vive y participaron alrededor de 500 personas que se distribuyeron en la cuadra de Diagonal Sur que va desde la calle Alsina hasta Chacabuco.
Se trató del segundo día consecutivo en el que, con el marco de la cuarentena oficial, se produjeron movilizaciones callejeras por reclamos populares.
El miércoles había sido el turno de organizaciones piqueteras que con la consigna de “Con hambre no hay cuarentena” decidieron movilizar a la avenida 9 de julio con el propósito de conseguir una entrevista con el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo porque aseguran que hace semanas que no reciben alimentos suficiente para los comedores populares cuya demanda se incrementó exponencialmente como resultado del contexto de crisis. También reclamaron la ampliación del IFE y soluciones para la crisis sanitaria que se vive en villas y barrios populares.
El jueves fue el turno de los gremios porteños que rechazan la ley de Emergencia económica que el oficialismo de la ciudad presentó en la legislatura porteña y que, en su versión original, facultaba al ejecutivo a congelar y hasta reducir unilateralmente los salarios de sus empleados así como realizar los pagos en cuotas de los mismos.
La asamblea de residentes y concurrentes, además, puso el foco en el reclamo que vienen sosteniendo desde noviembre del año pasado con relación al pedido de un reconocimiento salarial para los concurrentes que trabajan en los hospitales públicos sin percibir haberes y, en el actual contexto, se encuentran expuestos al contagio comprometiendo la posibilidad de percibir haberes en las otras actividades laborales que están obligados a sostener.
La movilización se formó parte de una jornada nacional de protesta a la que adhirieron unos 40 de gremios de la salud en todo el país.
Otros gremios municipales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estaba evaluando su participación en la movilización pero, ante las versiones acerca de la posible eliminación de uno de los artículos, el 19, referido a la cuotificación de los haberes finalmente decidieron no hacerlo.
Amanda Martín, secretaria gremial del sindicato Ademys explicó que “estuvimos presentes en la Legislatura luego de desenvolver una campaña en las escuelas con asambleas virtuales y una asamblea general del gremio con tres centenares de participantes y un petitorio con el propósito de reclamar el retiro de la ley que, entre otras implicancias le da la facultad al ejecutivo de congelar el salario y pagarlo en cuotas así reorientar recursos de la ciudad contra los intereses de los trabajadores. Es algo que están tratando de hacer otros gobernadores de distintos signos políticos.”
Sobre la modificación del articulado y el retiro del polémico artículo 19, que se oficializó en el propio recinto, Martin explicó que, “queda en pie el artículo 17 que congela el salario cuando además tenemos una cuota pendiente en paritarias planteada para el mes de junio. Además el artículo 12 permite el despido de trabajadores contratados en la ciudad que son más de 18 mil”.
Sobre un total de 59 legisladores presentes con el voto positivo de 38 la ley se aprobó con las modificaciones. Sobre la modificación del articulado y el retiro del polémico artículo 19, que se oficializó en el propio recinto, Martin explicó que, “queda en pie el artículo 17 que congela el salario cuando además tenemos una cuota pendiente en paritarias planteada para el mes de junio. Además el artículo 12 permite el despido de trabajadores contratados en la ciudad que son más de 18 mil”.
Sobre un total de 59 legisladores presentes con el voto positivo de 38 la ley se aprobó con las modificaciones.