Red de radios

4.4.2020

La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha le hizo llegar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una carta con una serie de reclamos, entre los que se encuentra que ponga a disposición los recursos con los que cuenta el distrito para atender las necesidades de la población estudiantil y garantizar el derecho a la educación y a la alimentación.

Reproducimos la carta abierta a Horacio Rodríguez Larreta:
Buenos Aires, 2 de abril de 2020
Al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En estos momentos de total incertidumbre que atravesamos toda la sociedad en su conjunto, ¿no cree usted necesario poner a disposición los recursos con que cuenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Nación Argentina, para atender las necesidades de la población estudiantil y garantizar el derecho a la educación y a la alimentación?
Nos sentimos obligados a dirigirnos a su persona, ante la falta de respuesta de las autoridades competentes, que entendemos ilógica e insensible.
En fechas 28 y 30 de marzo del corriente año, los Bachilleratos Populares pertenecientes a la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha peticionamos ante las autoridades de la Dirección de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de CABA, área de la cual dependen los bachilleratos, la provisión para estas instituciones educativas de “canastas escolares nutritivas” para el conjunto de sus estudiantes, la reanudación de las inscripciones on-line a las Becas de Inclusión Escolar, suspendida unilateralmente por el Ministerio, su pago en una sola cuota, la entrega de elementos de limpieza y protección y la designación de dos auxiliares docentes en los bachilleratos que no cuentan con nombramiento docente, auxiliar y directivo alguno, a los efectos de realizar la recepción y entrega de las canastas.
Sólo tres bachilleratos recibieron las canastas. Veintidós instituciones educativas no fueron tenidas en cuenta en la distribución de las mismas, incumpliendo el Gobierno de la Ciudad en garantizar el derecho a alimentación de 2.087 estudiantes del Área de Jóvenes y Adultos.
Ninguna de las veinticinco instituciones recibió artículos de limpieza y de protección para enfrentar la pandemia.
Ninguno de los quince bachilleratos, que hace años no cuentan con personal alguno remunerado, recibió designaciones de personal auxiliar para efectuar las tareas necesarias para el reparto de las canastas.
Los Bachilleratos Populares que recibieron un bolsón de comida que ustedes entienden como ¡CANASTA ESCOLAR NUTRITIVA¡ y que cubriría las necesidades durante el plazo de 15 días de un/a estudiante, el cual consta escasamente de: 400 gramos de leche en polvo, 4 unidades de naranjas, 5 saquitos de té, 5 de mate cocido, 5 barritas de cereal y 5 paquetes de galletitas.
Quisiéramos saber cuál es el criterio para utilizar los recursos económicos con que cuenta la Ciudad más rica del país, que deja sin provisión de canastas alimentarias a un importante conjunto de escuelas de jóvenes y adultos, y en los casos que sí lo hicieron, hacerlo de manera tan paupérrima. Quizás usted, desde su comodidad, crea que alguien en su sano juicio pueda desplazarse para obtener esas migajas poniendo en riesgo su salud y la de todo su grupo familiar, ¡algo realmente inconcebible a nuestro entender!
Del mismo modo, desconocemos la falta de capacidad del Ministerio de Educación para realizar las inscripciones on-line al sistema de Becas de Inclusión, la cuales están destinadas a favorecer la permanencia en el sistema educativo de las poblaciones estudiantes que presentan dificultades económicas para continuar con sus estudios. El Ministerio, debería, efectuar el desembolso extraordinariamente en un solo pago, de modo tal que ayude a mitigar los efectos de la crisis económica por la que atraviesan les estudiantes.
Los bachilleratos populares sostenemos desde hace 15 años experiencias de educación reconocidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad y atendemos las necesidades de la población joven y adulta más vulnerable de la Ciudad en los barrios y barriadas más pobres.
Por lo expuesto, es necesario que el gobierno de la Ciudad arbitre los medios para:
– realizar la entrega de “las canastas escolares nutritivas” a los bachilleratos que aún no las recibieron;
– disponer la composición y entrega de una nueva canasta que satisfaga realmente la alimentación de les estudiantes y sus familias para enfrentar la crisis alimentaria por la que atravesamos;
– entregar a las instituciones elementos de limpieza y protección; y
– reanudar la inscripción al programa de Becas de Inclusión Escolar y efectuar un solo pago de las mismas.
Ante la urgencia y falta de respuesta hacia el conjunto de Bachilleratos que integramos la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, intentamos por este medio apelar a su persona, y que tenga a bien dar curso a los medios a su alcance para subsanar esta situación. Esperando una pronta resolución de estas peticiones. Saludamos atentamente.

Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha
Bachilleratos Populares 20 Flores, Alberto Chejolán, Bartolina Sisa, Berta Cáceres, Carlos Fuentealba, Darío Santillán Barracas, Darío Santillán Constitución, IMPA, Ernesto ‘Che’ Guevara, Farmacoop, Germán Abdala, Graciela Acosta, Independencia, Maderera Córdoba, Marielle Franco, Miguelito Pepe, Parque Patricios, Paulo Freire, Puños de Libertad, Raymundo Gleyzer, Salvador Herrera, Sergio Karakachoff, Sol del Sur, Vientos del Pueblo, Voces de Latinoamérica.

2.4.2020

Griselda Galarza, docente de la Escuela 3 del 19 del Bajo Flores y miembro de la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, dialogó sobre la situación que se vive en el barrio, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio.

¿Cuál es la intervención que estás viendo por parte del Estado en el barrio Rodolfo Ricciardelli (Villa 1.11.14)?

GG: En principio las acciones del Estado llegan con algún retraso sobre todo porque no hubo ningún tipo de previsión y de un esquema serio de distribución hacia los sectores más populares; de hecho el tema del bolsón estuvo en negociación hasta último momento.

¿Cuál es la discusión sobre los criterios con que se distribuyen los bolsones de alimentos?

GG: Ahora hay que ver con exactitud a qué escuelas llegan y ver cuál va a ser el criterio de distribución. Ahí nos encontramos con algunos problemas porque muchos docentes y desde la red exigimos que sobre todo las escuelas de algunos distritos escolares sean los considerados porque son los más complicados: el distrito 19 dónde está la villa 1.11.14 del barrio Rodolfo Ricciardelli, el distrito 5º que es donde está la 21.24 Barrio Zavaleta, el distrito 20 que está en Lugano, el 21 en Soldati.
Se dijo que se trabajará sobre la matrícula completa. Ahí hay un problema y es que las escuelas que pertenecen a estos distritos, sobre todo las escuelas medias y también las escuelas primarias no tienen sistematizado toda la matrícula porque hay un montón de pibes que se incorporan más tarde, sobre todo en la escuela media, a partir de abril. También en la escuela primaria está el problema de las vacantes que es un problema histórico de esos distritos.

El problema de las vacantes que viene hace años…

GG: Hay muchísimos pibes que se quedaron sin vacantes y al estar cerrados los distritos y las supervisiones esos pibes ahora no tienen ninguna escuela. Creo que más o menos hay 8.000 pibes sin vacantes en toda la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces antes esta realidad, que evidentemente el Ministerio de Educación de Caba no tuvo para nada en consideración, nosotros seguimos insistiendo con que por más que se pongan rigurosos en la cuestión del número, hay que avanzar en la distribución de algo tan básico como el tema de la comida.
Por otro lado nosotros venimos ya hace bastante tiempo en una discusión con el gobierno de la ciudad acerca de la calidad de las viandas y el tema de los concesionarios. Antes, la dirección de comedores escolares no estaba tercerizada. La Ciudad de Buenos Aires está dividida por concesionarios y es como precisamente un arreglo te diría económico entre el gobierno de la ciudad y estas empresas que son empresas privadas.
Eso con respecto a cómo llega el Estado a los sectores populares. La manera en que se llega es deficiente, tarde y sin criterio. O sea, siempre nos encontramos con los mismos problemas. Y acá ya no se trata de ver de qué lado estás en el sentido de este River-Boca que siempre planteó el gobierno de la Ciudad.
Se trata de que ellos como responsables políticos tienen que dar respuestas políticas y las respuestas políticas se instrumentan, no se debaten solamente, no se negocian. Tienen que pensar cuales son los dispositivos para hacer frente a esta situación.

¿Cómo están viendo la cuestión sanitaria?

GG: En el barrio nosotros venimos denunciando desde el año pasado y pidiendo que se declaren la emergencia sanitaria. Tenemos un montón de casos de tuberculosis. Ahora se suma el tema del dengue. Como nunca hubo ni se destinó recursos para poder sanear esta situación, ahora nos encontramos que no solamente tenemos dengue y tuberculosis sino que además se suma la problemática del Coronavirus, lo que marca una irresponsabilidad enorme en lo que tiene que ver con pensar la salud pública.
El otro tema es la cuestión de la basura y los servicios cloacales. El barrio Padre Ricciardelli no está urbanizado. Fue una discusión siempre bastante ardua y eso hace que en muchísimas manzanas la única manera de ingresar sea a través de los pasillos. El tema de la basura y los servicios cloacales, si no se garantiza y no se piensa un esquema para que de algún modo toda la basura y todos los deshechos estén resueltos desde el Estado nuevamente, es otro foco que claramente potencia cualquier tipo de propagación de la epidemia y de los problemas que ya tenemos de antes.

Denunciaron también los hechos de violencia institucional de Gendarmería Nacional en el barrio…

GG: Denunciamos los abusos que hubieron por parte de la Gendarmería. Una de las consignas que lanzamos fue “cuarentena sin hambre” porque ante la dificultad del acceso a algo tan básico como la comida nosotros no podemos pretender que la gente hacia el interior del territorio no se mueva. Tienen que ir a los comedores comunitarios, tienen que salir a comprar. Tiene que haber en ese sentido libertad de movimiento. Hubieron algunas situaciones de violencia policial y de verdugueo con lo cual, claramente, lo que nosotros decimos, es que en este caso las fuerzas de seguridad deberían cumplir un rol de cuidado comunitario y no un rol represivo.
O sea la cuarentena acompañada de represión no es lo mismo que la cuarentena acompañada de políticas públicas e instrumentación de dispositivos que garanticen el acceso de los sectores populares a todos los derechos que históricamente siempre fueron vulnerados y que en esta situación se vulneran mucho más.

2.4.2020

Por Gessica Britez

Las redes feministas surgen cuando el Estado no da respuestas ante la violencia patriarcal de todos los días. Hoy, en “La pandemia desde el pie”, Gessica cuenta cómo se vive el aislamiento en la Villa 31 con la presencia, nunca grata, de la policía.

Soy Gessica Britez, vecina del barrio 31 y estudiante del Bachillerato Alberto Chejolán de la CTA Autónoma.
La relación con las fuerzas de seguridad en este contexto de crisis y de pandemia se ha vivido como situaciones en las que hubo abusos hacia compañeros y madres que tienen que salir a buscar un plato de comida a los comedores y a retirar las viandas escolares. Hoy en día aumentó la necesidad de salir a buscar algo para traer a nuestras mesas.
Muchos vecinos hemos sido retenidos a pesar de declarar que salimos para buscar alimentos para nuestros hijos, sufriendo abusos, chicanas por parte de las fuerzas de seguridad en una situación que tampoco tenemos vacantes escolares para nuestros hijos que producto de eso muchos quedan excluidos de los comedores y no pueden acceder a una copa de leche o a lo que manda el gobierno para que se puedan sobrellevar estos días. Muchas somos madres solas o con vínculos violentos que hoy estamos al acecho de los agresores.
A todo esto nos preguntamos, ¿dónde está la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) para ayudar con la emergencia alimentaria? En este contexto nos preguntamos, ¿dónde está para ayudar con la emergencia sanitaria?
Estamos en constante articulación con organizaciones y redes feministas del barrio para poder estar en alerta y ayudar en los casos que van surgiendo, siempre sin muchos recursos pero acompañando las situaciones de violencia y generando redes entre nosotras.
Hoy las organizaciones de redes feministas del barrio exigimos un comité de crisis para una garantía de los derechos básicos, emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, contra las violencias institucionales y de género.

2.4.2020

Por Paula Sabatés

El Gobierno de la Ciudad tiene una deuda de seis meses con Eternautas, la empresa en la que terciarizó el servicio de guías, y que envió los telegramas «porque no había otra». En el GCBA admiten la deuda; los despedidos piden la intervención del Ministerio de Trabajo.

El primer día de la extensión de la cuarentena obligatoria llegó con la peor de las noticias para el mundo cultural: veinticinco guías terciarizados del Teatro Colón (es decir, la totalidad del área) fueron despedidos por la empresa que los contrataba, que adujo deudas de meses del propio Gobierno de la Ciudad. En el contexto del teatro cerrado, les mandaron carta documento y un mail que decía que no podían continuar con la relación laboral y que ponían a disposición la liquidación por la indemnización. A raíz del decreto del gobierno nacional que prohíbe las cesantías y suspensiones por 60 días, les trabajadores solicitaron formalmente la nulidad de los despidos y están a la expectativa de la respuesta del Ministerio de Trabajo, que en las últimas horas llamó a conciliación obligatoria en casos similares.
La relación de la empresa, el teatro y los trabajadores comenzó en 2011 con la polémica y demorada reapertura del Colón, en plena gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. En ese momento quien se encargaba del servicio de guías era la Fundación Teatro Colón, una institución sin fines de lucro ligada al teatro que para tal fin contrató a una empresa de turismo reconocida en su sector. Se trata de Eternautas (ese es su nombre comercial) y se destaca por el enfoque histórico de los recorridos que ofrece desde 1999. Prestó servicios a la Fundación hasta que hubo un quiebre entre ésta y el teatro y este último llamó a una licitación. Fue en 2014 y, equipo armado y expertise mediante, Eternautas concursó y ganó, accediendo a un contrato directo con el gobierno de la Ciudad.
Desde entonces la empresa está a cargo de los coordinadores y los guías, caras visibles del teatro y trabajadores esenciales para el área de visitas, una de las que más recauda en todo el Colón. Aunque en los últimos meses, ya con varias licitaciones vencidas, la relación de la empresa con el Estado se transformó y en la actualidad se da a través de órdenes de compra que se renuevan mes a mes. El problema está, según explica la empresa, en que el Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta le debe seis meses de canon, razón por la cual tomó la decisión de despedir, según argumentó. Consultados por este diario, sus dueños negaron además recibir un proporcional de las entradas vendidas en el marco de las visitas guiadas, algo que había trascendido en las últimas horas.
El problema tiene, entonces, dos caras. Por un lado están los trabajadores que se quedan sin su fuente de ingresos en plena pandemia y que consideran que los despidos son ilegales dado el contexto, y que les tienen que seguir pagando igual. Por otro la firma, que asegura que se hará responsable de lo que por ley le toque como parte empresaria pero que alega que no puede «seguir cubriendo al Gobierno de la Ciudad”. ¿Qué dice este último? Que la deuda de meses efectivamente existe, que iba a pagarse en dos tramos en los últimos días de marzo pero que la pandemia obligó a desviar esos fondos a la cartera de Salud y que “cuando termine todo sin dudas se va a pagar”. Eso es al menos lo que indicaron a este diario fuentes cercanas al Colón. Claro que la cosa no puede esperar.
“A nosotros quien nos despide es la empresa, que es quien nos contrató. No sabemos si tiene que ver con una puja con el teatro o si como es una empresa de turismo ven que su actividad en general no va a repuntar. Como sea, sabemos que el teatro le debe varios meses pero por contrato tienen que tener espalda, por lo cual está contemplado que nos tienen que pagar igual”, sostuvo uno de los despedidos. “Nuestra intención es que el Ministerio de Trabajo nos dé la razón y declare que despedir así y ahora es un acto ilegal”, sentencia.
“No había otra”, dice Lucas Rentero, co-fundador y director de Eternautas junto a Ricardo Watson, quien firmó los telegramas de despido. “No puedo seguir pagando sueldos ni cubriendo al teatro, tengo un rojo de seis meses, previos incluso a que el Colón decidiera cerrar por la pandemia”, cuenta el empresario, que apunta que la cláusula a la que refieren los trabajadores -esa que indica que deben pagar aún teniendo deudas- estaba efectivamente en los pliegos de licitación pero no en las órdenes de compra, la actual modalidad de contratación. “Esta decisión es la ultima que queríamos tomar. El Gobierno de la Ciudad tendría que hacerse cargo porque nosotros lo hicimos durante meses. Las deudas que tienen con nosotros no es algo de ahora, son cosa de años. Les vengo avisando que esto es un problema que tienen que solucionar, me prometieron que iban a pagar y no lo hicieron. Yo también me quedo sin empresa”, sentencia.
Además del panorama desesperante de les trabajadores, la situación pone de manifiesto una vez más la modalidad de terciarización, cuestionada ampliamente en el mundo laboral y responsabilidad tanto del Estado como de la empresa. Subyace la pregunta sobre por qué el teatro público con más presupuesto de la Ciudad hace años terciariza un servicio básico como el de guías y coordinadores, que si bien no están afectados a los espectáculos, son el nexo entre la institución y los visitantes y los colegios, además de los encargados de visibilizar ese patrimonio cultural nacional. También obliga a prestar atención a todas las modalidades de contratación dentro del teatro, conocido por su amplísima e inconcebible precarización. En diálogo con este diario, de hecho, los trabajadores despedidos contaron que están en comunicación con otros sectores del teatro y que varios de ellos refirieron haber recibido aprietes y pedidos de renuncia en los últimos días, en el marco del asilamiento social. “La situación es desde siempre muy irregular en todo el teatro”, contaron.
En las próximas horas, por lo pronto, el ministerio de Trabajo deberá responder si hace lugar al pedido de nulidad de los despidos, tal como sucedió con el caso Techint y la editorial Publiexpress, entre otros. También deberá repensar la empresa si, tal como reza el referido DNU, se dispone a “garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable en aras de preservar la paz social” o si por el contrario insiste en la medida unilateral. “Nosotros ya mandamos los telegramas y nos estamos organizando entre nosotros en comisiones y con el sindicato de Comercio. También estamos en diálogo con la planta permanente del Teatro. Nuestro objetivo, conociendo en DNU del gobierno, es que se declare pronto la nulidad”, cuentan les trabajadores, que se encuentran en estado de alerta hasta que se revierta la situación.

1.4.2020

El 29 de marzo se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 320/2020 que establece medidas de protección para inquilinos/as en este contexto de crisis sanitaria y económica. Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, aporta su análisis sobre el alcance de las mismas.

¿Qué implican las medidas dispuestas por el Presidente Alberto Fernández? ¿Son acertadas? ¿Resuelven todos los conflictos? ¿Qué cargas deberá soportar el propietario, cuáles el inquilino y cuáles el Estado? ¿Cuáles son las medidas de protección del derecho a la vivienda de las familias inquilinas? ¿Qué pasará luego de los seis meses de suspensión de pagos y prohibición de desalojos? ¿Qué pasará con las familias inquilinas que viven en las villas? ¿Se frenan todos los desalojos o sólo los que involucren locaciones formales?
En su artículo aborda estos interrogantes como parte del análisis del alcance de las medidas contenidas en el Decreto (1) y las implicancias que tienen tanto para los locadores como para los locatarios.
1. El DNU en forma indirecta autoriza a los inquilinos a no pagar el alquiler por seis meses, es decir, desde el 29 de marzo hasta el 30 de septiembre.
Evidentemente este es el derecho máximo que otorga el DNU que puede ser utilizado en menor medida por el inquilino. El monto no pagado genera una deuda que deberá ser saldada, a derecho del inquilino, en un plazo máximo de seis meses (3 a 6 cuotas, una cuota por mes). Cabe resaltar, que esto no implica que la deuda desaparece, sino que se autoriza a postergar su pago.
El DNU presupone que en octubre la situación económica de estas familias habrá mejorado de tal forma que tendrán capacidad, por ejemplo, de pagar el monto de dos alquileres sin problemas (el correspondiente al mes de octubre y el correspondiente a la primera cuota. Ojalá la situación económica del país permita esa bonanza económica, pero creemos que el problema no se ha resuelto definitivamente, sino que se ha postergado su resolución 6 meses. No está mal, es una medida urgente y necesaria que de acuerdo a la evolución de la economía tendrá que ir afinándose.
2. La posibilidad de que los inquilinos no paguen por 6 meses, desde la otra perspectiva, consiste en que el propietario financia al inquilino esta deuda que se saldará, en el caso extremo, de acá a un año.
En esta ecuación el Estado decidió no intervenir soportando alguna carga económica, sino que decidió trasladar al propietario todo el esfuerzo económico. Esta decisión parte del fundamento de que el precio del alquiler surge de una actividad rentística inmobiliaria y no productiva, por lo tanto, en épocas de crisis se considera justo que el rentista absorba las cargas que un sector de la población no puede absorber.
3. Se puede acordar con esta mirada, pero necesariamente deben realizarse algunas apreciaciones:
A) El actual sistema y las decisiones que hemos tomado socialmente son las que estimularon una comunidad donde un sector de la población vive de la renta inmobiliaria o financiera. Sería conveniente repensar el sistema para que esto no suceda, mucho menos, con los niveles actuales. Tenemos la oportunidad de adoptar este camino en el presente y no conformarnos con hacer recaer el peso de las equivocaciones colectivas (del grupo hegemónico) sólo en algunos rentistas.
B) Es una verdad de Perogrullo, pero tenemos que considerar que hay rentistas que obtienen ese dinero para sobrevivir, que sin él verían en grave riesgo su manutención. Hay otros que acumulan gran cantidad de suelo urbano, decenas de viviendas, edificios enteros hasta superficies equivalentes a barrios porteños como, por ejemplo, la empresa IRSA. En un futuro, se debería empezar a afinar el trazo para diferenciar estas situaciones y realizar una distribución de las cargas más equitativa. No es lo mismo que dejar de pagar el alquiler a un fideicomiso dueño de todo un edificio que dejar de pagar el alquiler durante meses a unos jubilados que cobran la mínima.
Para esto se requiere analizar los datos que el Estado tiene sobre la capacidad económica de propietarios e inquilinos, pero sobre todo los datos que ha recabado sobre la acumulación de la propiedad de la tierra e inmuebles urbanos. Sería muy oportuno que también los gobiernos nacionales y provinciales transparentaran esta información para pensar una solución democráticamente. Esta información suele estar bajo varios candados solo disponible para los grandes desarrolladores inmobiliarios y los funcionarios de los gobiernos de turno.
En España, por ejemplo, el 85 % de las viviendas en alquiler corresponden a propietarios que tienen una sola vivienda en alquiler (2). Este dato se desconoce en Argentina. Por esta razón, en España se está preparando una línea de crédito a tasa cero para que las familias inquilinas puedan pagar su alquiler. En esta política, la financiación la daría el Estado y no el propietario. El sentido es que la carga no la reciba unilateralmente un propietario que también necesita ese dinero para atender sus necesidades básicas.
En Argentina, el DNU no establece la tasa cero para el pago de lo adeudado porque estamos en inflación. Se establecen intereses compensatorios para que el monto de la deuda no se desprecie y no se permiten ningún otro tipo de interés. Sería una especie de financiamiento del propietario a tasa cero, pero con intereses para conservar el mismo poder de compra.
C) El DNU ha considerado la vulnerabilidad del locador (cuando el canon del alquiler resulta necesario para cubrir sus necesidades básicas) considerando este supuesto como una excepción a la medida de congelamiento de los alquileres.
No se extendió esta excepción a las medidas de suspensión de desalojos o al tratamiento de deudas por falta de pago. El destino de estos propietarios seguramente no está sellado y habrá nuevas discusiones a futuro para atender sus derechos y necesidades.
Toda la carga la absorben los propietarios. Hay un problema para los propietarios que necesitan este ingreso para vivir y que solo pueden plantear la excepción en el caso del congelamiento.
4. Se suspenden los desalojos por falta de pago total o parcial.
Este es un reclamo histórico para los que venimos impulsando la declaración de la emergencia habitacional. Pero surgen dos preocupaciones importantes:
A) Esta medida seguramente será respetada con una adhesión casi total en el sector formal de la ciudad. Pero en las villas (Barrios Populares según la Ley N° 27.453) por experiencias previas habrá un alto grado de irrespeto dejando a las familias inquilinas totalmente desprotegidas. ¿A qué experiencias nos referimos? En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existen muchas leyes de re-urbanización de villas que prohíben los desalojos tanto del estado como de privados. Este mandato en los barrios es inexistente. Familia que no paga o no puede pagar las subas arbitrarias de los alquileres es desalojada por la fuerza por los propietarios. Esto sucede porque el Estado nunca ha querido asumir su poder de policía en estos barrios ni adoptar medidas para proteger a las familias inquilinas. Resulta más llamativo cuando esto sucede en villas que están asentadas en tierras propias del Estado Nacional o de la Ciudad. El mercado inmobiliario en las villas es más salvaje porque no tiene ningún tipo de control ni administrativo ni judicial. Si no se respetaron leyes que prohibían los desalojos, ¿Porque respetarían esta nueva ley? Para que una ley se respete tiene que existir una estructura estatal predispuesta a actuar para obligar su acatamiento. El DNU no dice nada al respecto. Esperamos que las autoridades locales actúen en consecuencia para lograr el efectivo cumplimiento de la prohibición de desalojos en los barrios populares.
En los Barrios Populares de la ciudad habitan aproximadamente 400 mil personas, 1 de cada 7 porteños/as. Entre un 40% y 50% son inquilinos/as dependiendo de cada barrio. Si estas familias no pagan su alquiler, van a generar escenarios de mucha violencia y afectación, si no interviene en forma prioritaria el Estado.
B) La suspensión de desalojo alcanza a los que tienen contratos formales de locación. Reiteramos que el país y la ciudad se encontraban antes del Covid-19 en emergencia habitacional, la cual se manifestaba en los miles de familias desalojadas mensualmente sin soluciones habitacionales adecuadas, muchas de ellas por encontrarse en situación de ocupación sin contar con contratos de alquiler firmados por el propietario registral. Así como se está anteponiendo la salud a la economía, ésta pudo ser la oportunidad para anteponer el derecho a la vivienda de estas familias a los intereses económicos de los propietarios. Esto no implica que impulsemos una solución donde los propietarios asuman toda la carga nuevamente, sino que solicitemos al Estado que intervenga en estos conflictos para buscar soluciones de equilibrio que satisfagan el derecho a la vivienda y los intereses de los propietarios. Esto no sucedió. Luego de que se levante la cuarentena y que los tribunales vuelvan a su funcionamiento normal, se reactivarán cientos de desalojos que involucran a miles de familias en la ciudad.
5. En la enumeración de los contratos de locación se ha tomado la postura más laxa sin establecer restricciones en cada categoría.
Por ejemplo, no importa el monto del precio del alquiler, ni la superficie o suntuosidad de la vivienda alquilada, es indiferente la capacidad económica del inquilino. Creemos que a futuro también deberán afinarse las situaciones alanzadas por el DNU para evitar situaciones injustas y de desequilibrios de la ecuación económica intolerables. Ejemplificamos con casos extremos: Jubilados que cobran la mínima alquilando una oficina a un profesional muy exitoso, familias inquilinas ambos directivos en blanco de empresa importante alquilando una vivienda a una familia actualmente desempleada o que no pudo trabajar por el aislamiento social obligatorio, etc.
6. Existe un tratamiento igualitario frente al rentista inmobiliario y el rentista financiero.
El 29 de marzo también se publicó el DNU que protege a los que tomaron créditos hipotecarios para vivienda única. También se dispone el congelamiento del valor de las cuotas y el diferimiento del pago de las deudas. Para el primer caso se prohíbe el cobro de intereses compensatorios y moratorios. Para el segundo caso se autoriza el cobro de intereses compensatorios. Igual solución se dispuso en el DNU de alquileres. Hasta aquí un trato igualitario. Pero, si se exige un esfuerzo también a pequeños rentistas inmobiliarios, debería el Estado exigir un esfuerzo a todos los sectores financieros con los cuáles gran parte de la población se encuentra endeudada y en dificultades para pagar dichas deudas.
7. En los últimos años ha proliferado la garantía bancaria para acceder a un alquiler.
Un banco se compromete a ser garante a cambio de un monto de dinero (más o menos, el valor correspondiente a un mes o mes y medio de alquiler). Muchas familias acceden a este servicio pagando el monto correspondiente en cuotas con intereses. Creemos que estos bancos también deberían soportar parte de la carga de esta crisis.
Por último, alquilar una vivienda no sólo implica el pago del alquiler, sino también el de los impuestos inmobiliarios, las expensas y los servicios públicos.
El GCBA debería asumir un esfuerzo equivalente al realizado por los propietarios con relación al monto de los impuestos y, también en esta dirección, disponer una nueva modalidad de tarifa social de los servicios públicos de agua y electricidad que son de su competencia

[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227247/20200329
[2] https://cadenaser.com/ser/2020/03/28/economia/1585400451_047463.amp.html