Red de radios

13.5.2020

Por María Agustina Chaves

Este miércoles se realizó una reunión convocada por la Comisión de Vivienda, donde se presentó un informe a cargo de Diego Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad. Las respuestas para paliar la dramática situación que se vive en el barrio de Retiro, donde ya hay 572 casos positivos de Covid-19, brillaron por su ausencia.

La reunión, a la que asistieron varios legisladores porteños, se inició con una exposición del funcionario macrista que se encontraba arriba de su automóvil. Tal es la importancia que desde el gobierno de la Ciudad le dan a la situación de las más de 45.000 personas que viven en el barrio, que hoy es el principal foco de contagio de Covid-19. En el informe, no hubo prácticamente mención, y ninguna solución, a los graves problemas estructurales que provocan la cada vez más preocupante extensión de la enfermedad en el Barrio Padre Mugica y que hoy son los principales reclamos.
Temas como el agua y el hacinamiento que sufren los 45.000 habitantes de la 31, recién se tocaron cuando llegó el turno de las intervenciones. Y a pesar de los innumerables reclamos que sigue habiendo, y de los ejemplos concretos que se plantearon, Diego Fernández insistió con que el problema del agua está solucionado porque “desde hace 5 días que no hay reclamos por falta de agua”, además de lanzar una afirmación que sonó a una tomada de pelo: “El Barrio 31 tiene la mejor red de agua potable de cualquier otro barrio vulnerable de la República Argentina”.
En el informe propiamente dicho, el funcionario resaltó el trabajo de comunicación con cartelería interna y “un recurso interesante”: motocarros con parlantes con mensajes de prevención y concientización. Además de una red de grupos de Whasapp, y un sistema de “evacuación de dudas telefónicas”. Medidas que tienden a volcar la responsabilidad en las prácticas individuales y nada tienen que ver con las soluciones que tendría que garantizar el Gobierno porteño frente a esta crisis.
Luego pasó a contar acerca del “Operativo Detectar” que están llevando adelante junto con el Gobierno Nacional, para detectar personas puerta a puerta con síntomas y realizar hisopados. Como un gran hecho, también mencionó la instalación de 3 “puntos de detección”: dos fijos y uno móvil para los 7 puntos de acceso al barrio. Allí les toman la temperatura y si hay síntomas los derivan al Polo Educativo María Elena Walsh, donde se les realiza un hisopado. Si es positivo “se suben a un colectivo para trasladarlos a una de las 21 Unidades Febriles de Urgencia (UFU)”.
El resultado del operativo hasta el momento es mínimo para las necesidades que tienen los habitantes del barrio: 605 hogares relevados, 1.844 personas entrevistadas, y 320 hisopados de los cuales 176 dieron positivo. Además, como denunció la diputada porteña por el FIT Alejandrina Barry, las condiciones a las que se ven sometidas las personas que son trasladadas son deplorables, según denunció.
En ese sentido, Barry también reclamó que no existen protocolos específicos para los barrios vulnerables, una medida que se hace absolutamente necesaria. Con respecto a este punto, el Secretario de Integración Social y Urbana planteó que el protocolo que utilizan es el mismo que el Ministerio de Salud Nacional. Evidentemente ni el Gobierno nacional ni el de la Ciudad tienen en cuenta el flagelo de los barrios populares que hoy son visibilizados en la Ciudad de Buenos Aires pero que están a lo largo y ancho del país. No hay ningún protocolo específico para esos sectores. Al hacer testeos sólo a quienes presentan síntomas, esto provoca que siga proliferando el virus que es lo que vemos estos días. La necesidad de testeos masivos que plantearon los diputados del FIT Barry y Solano, y un protocolo acorde a la situación en las villas son elementos esenciales para parar el crimen social en estos barrios donde la gente se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Con respecto al aislamiento, el funcionario argumentó de manera vaga que “todo positivo tiene dos opciones: hospital u hotel”, sin dar mayores precisiones. Y del procedimiento para contactos estrechos, dijo que se hacen en conjunto con el Ministerio de Salud “para identificar rápidamente a quienes estuvieron en contacto con los infectados y así lograr cumplir la cuarentena y el aislamiento”. En este punto dijo que se implementan “mecanismos para facilitar el cumplimiento del aislamiento con un soporte telefónico 1 o 2 veces por día”. Definiciones muy vagas para los requerimientos necesarios.
Sobre este tema, la diputada Barry planteó una inquietud que le trasladaron vecinas y vecinos de la 31 y que demuestra que la medida tomada por el Gobierno porteño es totalmente insuficiente: hay cerca de 1.000 casos de contacto estrecho que están haciendo la cuarentena en sus casas. En las mismas condiciones de hacinamiento, junto con sus familias, y sin agua. Lo que podría decirse un caldo de cultivo para que los números de infectados en vez de disminuir, crezcan. Un triste hecho que sucedió mientras se llevaba adelante la reunión y que denunció la diputada en su cuenta de Twitter, refuerza este reclamo: la noticia de Ramona, vecina del barrio que había salido en los medios denunciando las condiciones infrahumanas que padecía en la 31, cuyo test dio positivo para Covid-19.
Por último y no por eso menos indignante, en su informe Fernández mencionó a los comedores. Otro punto polémico, ya que ha habido innumerables denuncias de las viandas miserables que se les entrega a las familias. Incluso, a raíz de un amparo presentado por las diputadas porteñas por el FIT, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, se dictaminó que la comida entregada no cumplía con el requerimiento nutricional, eran insuficientes, y debían mejorarse. La Ciudad no lo cumplió, pero el secretario de Integración Urbana dijo que “aumentaron un 35% la cantidad de raciones” para todos los chicos que lo necesitan. Cinismo puro.
Durante la reunión surgió además una denuncia que mencionó Solano: la contratación de una consultora por parte de la Secretaría de Fernández por la suma de 2 millones de dólares para servicios de “consultoría para la contratación de recursos humanos” para la relocalización de las personas que viven bajo la autopista. Un escándalo más del gobierno de Cambiemos, que se suma a los barbijos vencidos y los fideos con sobre precios.
Mientras el sector más vulnerable de la población padece los riesgos de la pandemia de Covid-19, los funcionarios del gobierno porteño siguen haciendo agua sobre los problemas más profundos como el estado del sistema sanitario, la vivienda, y los servicios que datan de años y que hoy, a la luz de esta pandemia mundial, profundizan las desigualdades. Es necesario que se atiendan los reclamos de la red de agua y servicios básicos como el agua, y que se pongan a disposición los hoteles y viviendas ociosas para que aquellos que lo necesitan puedan hacer aislamiento en condiciones. Es fundamental también que el sistema de salud se unifique, basta de salud de primera y de segunda.

13.5.2020

El subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio porteño, Ezequiel Jarvis, precisó que el empleo cayó un 2% en la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, lo que supone una pérdida de 25.000 puestos.

«Aún no podemos identificar cuántos pertenecen a trabajadores asalariados y cuántos a autónomos, pero se estima que el empleo cayó un 2%, que en números serían alrededor de unos 25.000 trabajadores», dijo el funcionario ante la Comisión parlamentaria de Legislación del Trabajo de la Legislatura porteña.
En ese marco, Jarvis destacó que en la Ley de emergencia económica, aprobada la semana pasada por la Legislatura, «la Ciudad planteó la necesidad de generar un plan de acción para poder enfrentar la crisis y generar medidas que puedan impulsar a determinados sectores» que fueron afectados por la cuarentena.
Agregó que el Gobierno de la Ciudad se fijó como táctica principal «mantener y fortalecer las negociaciones laborales para evitar despidos, suspensiones y otras circunstancias que perjudiquen a los trabajadores».
Apuntó que, desde el comienzo de las medidas restrictivas, la Subsecretaría a su cargo lleva alcanzados unos 2.000 acuerdos entre empresarios o cámaras patronales y obreros o empleados, de manera individual o colectiva, a través de los sindicatos.
Y resaltó que los entendimientos se hacen «articulando con las autoridades y disposiciones nacionales».
Por otro lado, el funcionario respondió una consulta efectuada por la legisladora del Frente de Todos Lucía Cámpora respecto de las condiciones de trabajo de los empleados de las empresas de plataformas de pedidos on line en el contexto de la pandemia por el Covid-19.
«Conformamos una mesa con las empresas y los gremios que representan a ese sector de la economía y en ese marco les venimos insistiendo que doten a los trabajadores de todos los elementos de seguridad y protección», explicó Jarvis.

12.5.2020

Las diputadas por el FIT realizaron una presentación en la Legislatura porteña para que el gobierno de la Ciudad responda ante la situación crítica de los vecinos y vecinas de la villa 31, trasladados al hospital Durand con riesgo de contagio de Covid-19. Junto a los y las trabajadores de la salud, denuncian falta de calefacción y comida caliente en el hospital y condiciones de hacinamiento. Desidia, abandono y maltrato del Gobierno hacia la población más vulnerable.

La situación en los barrios vulnerables de la Ciudad es cada día más alarmante. Según informó el Ministerio de Salud porteño, ya hay 685 personas contagiadas de Covid-19 en las villas porteñas. Y cada día va en aumento. Los barrios con mayor cantidad de casos positivos de Covid-19 son la villa 31 de Retiro y la 1-11-14 del bajo Flores.
“La situación de abandono que viven las y los vecinos de la Villa 31 no se termina en su barrio. Cuando van al hospital, también sufren condiciones deplorables. Desde el Frente de izquierda lo venimos denunciando y exigimos respuestas y soluciones urgentes”, manifestó la diputada Bregman sobre esta situación acuciante.
A través de este diario ya se denunció que el Gobierno distribuye en micros repletos a vecinos y vecinas de los barrios populares para que sean atendidos en los hospitales porteños, algunos ya con resultados de hisopados positivos.
En los hospitales son recibidos por las y los trabajadores de la salud, como en el hospital Durand, donde deben “esperar durante horas hasta que se decida si son internados en el hospital o llevados a hoteles (que no se conoce donde se encuentran ubicados ni en qué condiciones están). No hay en el hospital alimento caliente, ni calefacción ni frazadas”, según nos cuenta una enfermera del hospital.
Por la gravedad de esta situación, las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del FIT, presentaron un pedido de informes en la Legislatura Porteña, para que el gobierno de la Ciudad de explicaciones sobre la grave situación del hospital Durand y los vecinos del barrio Padre Mugica.
Al respecto, Barry señaló: “Con Myriam estamos recorriendo hospitales para conocer cómo están atravesando esta situación los pacientes y trabajadores. En el día de ayer, estuvimos en el Hospital Durand, donde la situación es gravísima. Los médicos nos han relatado el carácter improvisado del operativo conjunto realizado por los Ministerios de Salud de Ciudad y de Nación, donde fueron trasladados tres micros con familias provenientes del barrio “Padre Mugica”.
Y agregó: “Los vecinos llegaron durante la noche con frío y hambre. Los trabajadores fueron avisados con poco tiempo de anticipación y la cocina estaba cerrada. Tampoco hay provisión de agua caliente ni calefacción en las distintas áreas del hospital. Ellos mismos debieron proveerlos de alimentos, ropa y abrigo para pasar la noche a la intemperie esperando ser atendidos, ya que las Unidad de Febriles de Urgencia está armada con containers en lo que era el estacionamiento del hospital. Estos vecinos podrían haber sido derivados para ser internados o trasladados a hoteles, ni siquiera cuentan con frazadas o ropa de abrigo para los pacientes internados. Dependen únicamente de las donaciones”.
Una situación de desidia, que tiene como víctimas, una vez más, a los más pobres.

Situación crítica y falta de testeos masivos

Los casos de contagios de Covid-19 en villas y asentamientos porteños dieron un salto, desde que se conocieron los primeros casos, a comienzos de abril, hasta ahora. Las organizaciones sociales y territoriales vienen alertando y denunciando esta situación hace semanas, cuando el gobierno porteño ocultaba información y recién el 5 de mayo el gobierno nacional y el de la Ciudad “llegaron” al barrio. Para esa fecha, ya eran 300 los contagiados.
En el marco de los operativos de detección que la Ciudad lleva adelante en conjunto con el Gobierno nacional, en la villa 31 se evaluaron 1.721 personas, de las cuales se testearon solamente 345. De estas últimas, la mitad de los testeados, o sea 173, dieron positivos para Covid-19. Mientras, en la villa 1-11-14 del bajo Flores el 80% de los casos testeados dieron positivo.
Esto muestra un escenario crítico, en el que tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad, deberían haber actuado muchísimo antes, cuando desde las organizaciones sociales y barriales se venía alertando sobre las difíciles condiciones para sostener la cuarentena en los barrios donde no hay sistema de cloacas, y se vive en condiciones extremadamente precarias y de hacinamiento.
Es necesario realizar un testeo masivo a todos los habitantes de los barrios vulnerables de la Ciudad, no sólo a los casos “sospechosos”, para identificar lo más rápido posible a los asintomáticos y aislarlos. Así como poner a disposición todos los hoteles y viviendas sin utilizar, ociosas, para las y los vecinos de los barrios vulnerables, en lugar de trasladarlos en micros repletos y mantenerlos hacinados en hospitales, sin calefacción ni comida caliente.

12.5.2020

Por Patricio Abalos Testoni

El viernes se detectó una persona contagiada en el Parador Retiro, y se empezaron a realizar los testeos. En estos días ya 79 personas más dieron positivo. Los trabajadores ya venían denunciando faltante de insumos sanitarios en los paradores, que la mayoría se encuentran colapsados y era imposible mantener el distanciamiento social necesario.

Hoy se dieron a conocer los resultados de los testeos a las personas en situación de calle que residen en el Parador Retiro, así también a los trabajadores. Son 79 los casos positivos al virus Covid-19. Esto hizo que los funcionarios decidan cerrar el parador para poder hacer una desinfección del edificio.
El viernes 9 de mayo se conoció el primer caso de coronavirus al presentar síntomas, y fue trasladado para su internación. Ahí se inició un protocolo que en un primer momento solo significó un hisopado a los que habían tenido contacto directo con el primer caso y se le dio cuarentena solo a los trabajadores del turno noche. Como empezaron a surgir más casos positivos de coronavirus durante el fin de semana, recién ahí se le hizo a la totalidad de residentes y hasta el momento tenemos estos 79 casos confirmados, más unos 13 en estudio a la espera del resultado.
Hay que destacar que el viernes eran 92 personas las que dormían en el parador, por ende la gran mayoría se encuentra contagiada, y una vez más vemos la desidia para hacer los testeos necesarios, y ni hablar de tomar los recaudos preventivos.
El Parador Retiro, que es solo para hombres, se encuentra en Gendarmería Nacional 522 a metros de la Villa 31, donde los habitantes están viviendo una situación alarmante con un creciente número de contagiados por el Covid, y donde recién hace unos días se empezaron a hacer más testeos.
Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y especialmente los de paradores o centros de asistencia, vienen denunciando desde el principio de la cuarentena que no cuentan con los insumos sanitarios necesarios. También se venía manifestando la imposibilidad de cumplir con el distanciamiento social preventivo, sobre todo en los paradores, donde hay mucha gente conviviendo 24 horas, en espacios reducidos, ya hace casi dos meses. Los baños, los dormitorios y los comedores son colectivos y es muy difícil respetar el metro y medio que se recomienda. En consecuencia es clara la responsabilidad del Gobierno porteño, porque se conocía esta situación. Encima los testeos recién se realizaron con el primer caso una vez que presentó síntomas, en un principio solo a unos pocos.
Aunque el Gobierno de la Ciudad abrió nuevos paradores a partir de la pandemia, los mismos están llenos de gente. No hay que olvidar que hasta empezar la cuarentena el propio GCBA afirmaba que había solo alrededor de unas 1.000 personas en situación de calle, mientras que un censo hecho por organizaciones populares dio a conocer que en realidad eran unas 7.251 con 4.300 viviendo directamente en la calle y unas 2.951 en paradores, albergues, y hogares. Lo más preocupante es que de estas personas, unos 871 son niños, niñas o adolescentes. A partir de la apertura de los paradores, según datos del gobierno de Larreta, ya hay más de 2000 camas ocupadas por lo que queda en evidencia la falsedad de los números oficiales sobre la cantidad de personas en situación de calle.
Además ahora el propio gobierno de Larreta le asigna hoteles a los casos positivos asintomáticos, pero esta medida se podría haber tomado hace dos meses con la cantidad de gente en situación de calle y los hoteles desocupados, para descomprimir los paradores que están repletos. E incluso con la cantidad de viviendas ociosas que hay en la Ciudad, se podría haber puesto a disposición para las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Queda claro una vez más las que los sectores más vulnerables no son prioridad.

12.5.2020

Por Gisele Kleidermacher (Conicet/IIGG-UBA) y Nélida Murguía (Conicet/UBA)

Durante estas semanas estuvimos comunicándonos con distintos miembros y referentes de la comunidad senegalesa para conocer cómo están atravesando esta particular situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hicimos a través de conversaciones telefónicas y mediante el trabajo directo con organizaciones en las que participan, o bien, con las que se relacionan.

La población de origen senegalés en Argentina se estima en 4.000 personas, la mayoría de las cuales son hombres jóvenes que suelen insertarse laboralmente en la venta ambulante. Esta actividad los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a las fuerzas de seguridad, sobre todo con la gestión de Rodríguez Larreta, que se ha caracterizado por su política contra este medio de subsistencia y por generar numerosos casos de violencia policial. En ello, además, se combina el racismo, cuando advertimos que la mayoría de las víctimas extranjeras de violencia institucional son senegaleses.1
Cuando el 20 de marzo se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Argentina, a aquellas personas que trabajan en la economía informal les resultó imposible seguir generando ingresos. Como muchos, este grupo migrante se vio obligado a utilizar sus ahorros ante la prohibición de salir a la calle -su lugar de trabajo- y al mismo hecho de la falta de transeúntes a quienes vender. De todos modos, ha habido un total acatamiento a la medida de permanecer en sus hogares.
Su preocupación principal para ese momento era la imposibilidad de enviar remesas a sus familias ampliadas que permanecen en Senegal: “Para mí lo más importante es mi familia. Mi principal problema es que si yo no trabajo, no les puedo mandar plata, y si nosotros no enviamos plata, ellos no tienen nada para comprar”, dice Papa Diaw, un trabajador de Flores.2 Una de las razones más recurrentes de la migración senegalesa es el envío de remesas a su país; con frecuencia se trata de un proyecto familiar donde este ingreso representa gran parte del presupuesto. Algunas familias son poligámicas y otras no, pero en todos los casos suelen convivir varios hermanos con sus respectivas parejas e hijos, así como los padres y otros familiares como tíos o primos.
Con el transcurrir de las semanas, los ahorros se fueron agotando: “Antes de esta situación, tenía muchas cosas para comer, pero ahora ya casi no me queda nada. Mi mayor problema es Bamba, mi hijo de 2 años; es muy chiquito, no puede saber si hay o no hay, él no sabe nada de eso. Él, cuando necesita, lo reclama”, menciona Penda, una migrante que estudió administración de empresas y que en CABA suele vender jugos.
Si bien el Estado puso en marcha el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para asistir a las personas con menores ingresos o que trabajan informalmente, escasos migrantes lo han obtenido y casi ninguno de Senegal. ¿A qué se debe esta situación?
Para ello debemos retrotraernos a las condiciones de desigualdad previas a la pandemia en las que se encuentra este grupo migrante, especialmente en materia documentaria. En pocas palabras, podemos mencionar que la Argentina no tiene representación diplomática en Senegal ni viceversa desde 2002 y, por tanto, aquellos potenciales migrantes deben dirigirse a la embajada más cercana en Nigeria, un camino lejano y riesgoso que pocos pueden o desean realizar. De este modo, impedidos para obtener el visado que Argentina les exige, viajan a Brasil, o bien, a Ecuador, donde hasta hace unos años no se solicitaban visados. Desde allí se trasladan vía terrestre hasta la Argentina e ingresan de forma irregular.
Una vez en el país, la propia legislación migratoria les clausura la posibilidad de regularizarse, ya que los criterios que ofrece la Ley N°25.871 como el de “radicación por trabajo”, no incluye la posibilidad de ser trabajadores por cuenta propia, actividad que realizan, y tampoco les es condonada su entrada irregular al territorio. Algunos pudieron acceder a un programa de regularización especial para este colectivo que se puso en marcha entre enero y julio de 2013, para el cual debían inscribirse en el monotributo y pagarlo todos los meses. Sin embargo, tampoco todos los que cuentan con esta documentación y que lógicamente tienen más de dos años de permanencia en el país han podido acceder al IFE, debido a problemas derivados de inconsistencias en los datos, como cambios de dirección, de teléfono o de correo electrónico.
Afortunadamente, se trata de una comunidad acostumbrada a sobrellevar situaciones difíciles y que se caracteriza por la solidaridad entre sus miembros. Ante este panorama, han activado todo tipo de ayudas, gracias a su capacidad para construir redes y relaciones en las sociedades en las que se insertan, dentro de las posibilidades y limitaciones que el idioma, el acceso a Internet y otras circunstancias determinan.
Con esto, queremos recalcar el papel activo que ha tenido la comunidad desde el principio de la pandemia; en primer lugar, a través de sus redes internas, la mayoría de ellas articuladas en torno a las cofradías religiosas sufíes que los aglutinan. La más importante es la Federación Argentina de Dahiras Mourides (FADM),3 que cuenta con representantes y células en todo el país, a partir de las cuales, aquellos que estaban en una mejor posición han podido ayudar a aquellos que no contaban con ningún recurso, y también se han organizado para obtener ayuda de diferentes áreas del gobierno, ONG y, sobre todo, organizaciones populares.
De la misma forma, se ha organizado el Act de los senegaleses en Argentina, una agrupación que aún no cuenta con personería jurídica, pero que está en camino para obtenerla y funciona desde hace tiempo. El Act es la asociación que está trabajando articuladamente para luchar por las causas de los senegaleses y más aún en la crisis por la pandemia. El rol de las tecnologías es fundamental; de esta manera la mayoría de los senegaleses del país se encuentra en el grupo de WhatsApp de Act y desde allí la comunidad coordina los apoyos. Alpha, uno de los referentes, menciona: “Hoy estamos juntos con los jefes de los grupos de dahiras, estamos trabajando juntos para ayudarnos entre los senegaleses. Justamente ahora nos encontramos trabajando para salir de estos problemas que estamos viviendo todos en el mundo”.
Por otro lado, diversas organizaciones de migrantes o trabajadores de la economía popular han continuado aún con más énfasis el trabajo junto a ellos, y han incluido a la comunidad en los apoyos generados para sus integrantes y poblaciones afines. Esto ha sido posible gracias a las relaciones previas que los senegaleses en Argentina fueron tejiendo con las agrupaciones a partir de su condición migratoria o laboral.
Es el caso del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), que en agosto de 2018 empezó a coordinarse con senegaleses de Flores para impartir clases de español como una herramienta de defensa ante la represión y la violencia institucional. En este espacio se generó un vínculo desde la identidad migrante y el trabajo se extendió a otras áreas, como el acompañamiento en los procesos ante las detenciones, acoso policial y secuestro de mercadería. A partir de la cuarentena y de la creación del IFE, el BTM puso en marcha un dispositivo para ayudar a los migrantes a tramitarlo, así como para recibir y distribuir donaciones tanto de personas particulares, como de otras organizaciones. Hasta ahora han podido llevar ayuda a más de 100 familias, lo que engloba a casi 500 personas, de las cuales casi 40 % son de origen senegalés.
Otro tanto ha ocurrido con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP, antes CTEP), a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), con el cual varios senegaleses vienen relacionándose y trabajando desde 2015 en la sede central de Constitución, a partir de un episodio de violencia policial. Dentro de ese espacio realizan asambleas y dahiras, se da acompañamiento en trámites migratorios, de detenciones y secuestro de mercadería, y además, se realizan cursos de español, oficializados por la Universidad de Buenos Aires. Este año, un grupo de senegaleses creó la Asociación de Estudiantes de la ENOCEP4. En conjunto con la UTEP y ante la situación desencadenada por la pandemia, referentes de la comunidad senegalesa se encargan de repartir mercadería cada vez que llegan donaciones.
Algo similar ocurre con la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), con la que senegaleses de Once comenzaron a relacionarse en 2018, en un escenario bastante parecido al de Constitución. Nuevamente: la represión y la violencia institucional de parte del gobierno de la Ciudad llevó a un acercamiento con la organización, el cual derivó en acompañamiento legal, clases de español y de derechos humanos para la comunidad de la zona. De igual forma, ante la crisis actual, los estudiantes se coordinaron con la organización para gestionar y repartir recursos.
Queremos resaltar en este punto que los senegaleses organizados se articulan para gestionar los apoyos entre la comunidad también desde sus propias organizaciones, especialmente el Act de los senegaleses de Argentina y la FADM. Incluso han decidido abrir una cuenta bancaria para poder centralizar las ayudas y canalizarlas de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
Como mencionamos, se trata de relaciones que fueron tejidas con anterioridad al desarrollo de la pandemia, a través de su inserción en la sociedad argentina y migrante del país, y de sus procesos de organización interna. Por otro lado, estas redes también han llegado hasta dependencias estatales, como es el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, donde el afrodescendiente Carlos Álvarez ha articulado ayuda para la comunidad mediante el otorgamiento de bolsones de alimentos.
Diversas ONG internacionales como ACNUR y OIM también se han hecho presentes, colaborando con la adquisición de alimentos en el Mercado Central, donde consiguen mejores precios para las compras comunitarias que realiza la comunidad senegalesa con las donaciones.
El panorama de solidaridad y organización que aquí describimos tiene su correlato negativo: no existe una política de Estado concreta para que migrantes como los senegaleses puedan obtener la residencia y subsistir durante la cuarentena. Ellos también son habitantes de este país, contribuyen en él y están cumpliendo con el Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
La pandemia ha perjudicado a toda la sociedad, pero sin duda lo ha hecho mucho más con aquellos sectores afectados por la desigualdad social; trabajadores excluidos y comunidades migrantes son los que más padecen, aquellos que desde antes de la crisis, se encontraban luchando por conseguir derechos que otros ya tienen, como un documento, o la posibilidad de trabajar para ganar unos ingresos mínimos que permitan su supervivencia y la de los suyos.
Lo mismo está ocurriendo con otros sectores y también en otras latitudes: la pandemia profundiza las desigualdades, y frente a ello los estados se muestran ausentes o vacilantes. Pese a que las donaciones y recursos resultan siempre insuficientes y se terminan pronto, la organización y la solidaridad de distintos sectores populares crece en el país. Aún así, pronto tendrán que surgir otras alternativas para que los miles de migrantes y trabajadores excluidos, entre ellos los senegaleses, puedan enfrentar el tiempo que se avecina.

1 Véase el Informe Estadístico del Ministerio Público de la Defensa de CABA, correspondiente al período Marzo-Diciembre de 2018 https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/informe_vi_2018_ok_1.pdf y el Informe de Presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, correspondiente al año 2019 https://es.scribd.com/document/441051011/Informe-Presidencia-de-Comision-contra-la-Violencia-Institucional-Legislatura-CABA-2019#from_embed
2 Los testimonios de Papa Diaw y Penda Gueye fueron extraídos de “La pandemia desde el pie: crónica de la migración senegalesa en Flores”, en Marcha: https://www.marcha.org.ar/la-pandemia-desde-el-pie-cronica-de-la-migracion-senegalesa-en-flores/
3 Las dahiras son reuniones semanales de los migrantes senegaleses de las cofradías islámicas sufíes.
4 La Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular, de la UTEP.