Red de radios

4.4.2020

Ya es hora de valorizarlo. No al retroceso de las condiciones contractuales de lxs trabajadorxs en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Desde la Junta Interna de ATE Promoción Social, hacemos expreso nuestro repudio y preocupación a las medidas tomadas por las autoridades de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Ministra María Migliore.
En este sentido, el mes de marzo del corriente tres trabajadorxs de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones fueron conminadxs a renunciar a sus contratos de Locación de Servicios convenidos con el GCBA a los fines de pasarlxs a la modalidad contractual de Asistencia Técnica, lo cual implica un retroceso de sus derechos laborales y un avance de la tercerización y precarización de la política pública. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat manifiestan que la decisión proviene del Ministerio de Hacienda. No obstante, desde el Ministerio a cargo de la Ministra Migliore, no se ejerció ninguna resistencia ni defensa de las condiciones contractuales de dichxs trabajadorxs, por lo que la decisión avanzó.
Desde este colectivo se respondió de inmediato frente a este atropello y se obtuvo por parte de lxs funcionarixs el compromiso de palabra de revisar la decisión tomada. A los pocos días se declaró la cuarentena por la pandemia de COVID 19 y, en esta coyuntura, las tareas ejercidas por estxs compañerxs, como las de todxs lxs trabajadorxs de las Direcciones Generales de Niñez y Adolescencia; Políticas Sociales en Adicciones, Mujer y distintos efectores que abordamos situaciones de vulnerabilidad dentro del Gobierno de la CABA, fueron categorizadas como esenciales.
Ambas modalidades de contratación referidas (Locación de servicios y Asistencia Técnica) son consideradas fraudulentas al encubrir la relación de dependencia con el empleador, en este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado que quienes se encuentran contratadxs bajo estas modalidades no prestan servicios de forma transitoria, sino por el contrario, realizan las mismas tareas y cumplen la misma cantidad de horas que lxs trabajadorxs de la Planta Permanente de manera sostenida en el tiempo.
La emergencia social y sanitaria decretada a nivel nacional nos encuentra en un contexto de extrema precarización del trabajo y de las políticas públicas, con un vaciamiento sistemático de los distintos programas y dispositivos y un ataque feroz a quienes desarrollamos la inmensa tarea de encarnar las políticas públicas destinadas a dar respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables del pueblo.
Que la rescisión de los contratos se dé en el contexto de la cuarentena y que afecte a los sectores declarados esenciales muestran de modo claro un accionar repudiable. Ahora que se jactan de que nuestro trabajo es esencial, es hora de revalorizarlo destinando mayor partida presupuestaria e implementando planes acordes a las situaciones de gravedad que acompañamos en el día a día.
Por todo ello, exigimos que la única modificación contractual sea el pase a planta permanente para todxs lxs trabajadorxs del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para revertir de forma definitiva la situación de precarización laboral que padecemos miles de trabajadorxs.
Esta Junta Interna se declara en estado de alerta y movilización hasta tanto no se dé marcha atrás en esta decisión injusta, arrogándonos el derecho a desarrollar las medidas que creamos necesarias para tal fin.

4.4.2020

La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha le hizo llegar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una carta con una serie de reclamos, entre los que se encuentra que ponga a disposición los recursos con los que cuenta el distrito para atender las necesidades de la población estudiantil y garantizar el derecho a la educación y a la alimentación.

Reproducimos la carta abierta a Horacio Rodríguez Larreta:
Buenos Aires, 2 de abril de 2020
Al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En estos momentos de total incertidumbre que atravesamos toda la sociedad en su conjunto, ¿no cree usted necesario poner a disposición los recursos con que cuenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Nación Argentina, para atender las necesidades de la población estudiantil y garantizar el derecho a la educación y a la alimentación?
Nos sentimos obligados a dirigirnos a su persona, ante la falta de respuesta de las autoridades competentes, que entendemos ilógica e insensible.
En fechas 28 y 30 de marzo del corriente año, los Bachilleratos Populares pertenecientes a la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha peticionamos ante las autoridades de la Dirección de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de CABA, área de la cual dependen los bachilleratos, la provisión para estas instituciones educativas de “canastas escolares nutritivas” para el conjunto de sus estudiantes, la reanudación de las inscripciones on-line a las Becas de Inclusión Escolar, suspendida unilateralmente por el Ministerio, su pago en una sola cuota, la entrega de elementos de limpieza y protección y la designación de dos auxiliares docentes en los bachilleratos que no cuentan con nombramiento docente, auxiliar y directivo alguno, a los efectos de realizar la recepción y entrega de las canastas.
Sólo tres bachilleratos recibieron las canastas. Veintidós instituciones educativas no fueron tenidas en cuenta en la distribución de las mismas, incumpliendo el Gobierno de la Ciudad en garantizar el derecho a alimentación de 2.087 estudiantes del Área de Jóvenes y Adultos.
Ninguna de las veinticinco instituciones recibió artículos de limpieza y de protección para enfrentar la pandemia.
Ninguno de los quince bachilleratos, que hace años no cuentan con personal alguno remunerado, recibió designaciones de personal auxiliar para efectuar las tareas necesarias para el reparto de las canastas.
Los Bachilleratos Populares que recibieron un bolsón de comida que ustedes entienden como ¡CANASTA ESCOLAR NUTRITIVA¡ y que cubriría las necesidades durante el plazo de 15 días de un/a estudiante, el cual consta escasamente de: 400 gramos de leche en polvo, 4 unidades de naranjas, 5 saquitos de té, 5 de mate cocido, 5 barritas de cereal y 5 paquetes de galletitas.
Quisiéramos saber cuál es el criterio para utilizar los recursos económicos con que cuenta la Ciudad más rica del país, que deja sin provisión de canastas alimentarias a un importante conjunto de escuelas de jóvenes y adultos, y en los casos que sí lo hicieron, hacerlo de manera tan paupérrima. Quizás usted, desde su comodidad, crea que alguien en su sano juicio pueda desplazarse para obtener esas migajas poniendo en riesgo su salud y la de todo su grupo familiar, ¡algo realmente inconcebible a nuestro entender!
Del mismo modo, desconocemos la falta de capacidad del Ministerio de Educación para realizar las inscripciones on-line al sistema de Becas de Inclusión, la cuales están destinadas a favorecer la permanencia en el sistema educativo de las poblaciones estudiantes que presentan dificultades económicas para continuar con sus estudios. El Ministerio, debería, efectuar el desembolso extraordinariamente en un solo pago, de modo tal que ayude a mitigar los efectos de la crisis económica por la que atraviesan les estudiantes.
Los bachilleratos populares sostenemos desde hace 15 años experiencias de educación reconocidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad y atendemos las necesidades de la población joven y adulta más vulnerable de la Ciudad en los barrios y barriadas más pobres.
Por lo expuesto, es necesario que el gobierno de la Ciudad arbitre los medios para:
– realizar la entrega de “las canastas escolares nutritivas” a los bachilleratos que aún no las recibieron;
– disponer la composición y entrega de una nueva canasta que satisfaga realmente la alimentación de les estudiantes y sus familias para enfrentar la crisis alimentaria por la que atravesamos;
– entregar a las instituciones elementos de limpieza y protección; y
– reanudar la inscripción al programa de Becas de Inclusión Escolar y efectuar un solo pago de las mismas.
Ante la urgencia y falta de respuesta hacia el conjunto de Bachilleratos que integramos la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, intentamos por este medio apelar a su persona, y que tenga a bien dar curso a los medios a su alcance para subsanar esta situación. Esperando una pronta resolución de estas peticiones. Saludamos atentamente.

Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha
Bachilleratos Populares 20 Flores, Alberto Chejolán, Bartolina Sisa, Berta Cáceres, Carlos Fuentealba, Darío Santillán Barracas, Darío Santillán Constitución, IMPA, Ernesto ‘Che’ Guevara, Farmacoop, Germán Abdala, Graciela Acosta, Independencia, Maderera Córdoba, Marielle Franco, Miguelito Pepe, Parque Patricios, Paulo Freire, Puños de Libertad, Raymundo Gleyzer, Salvador Herrera, Sergio Karakachoff, Sol del Sur, Vientos del Pueblo, Voces de Latinoamérica.

2.4.2020

Griselda Galarza, docente de la Escuela 3 del 19 del Bajo Flores y miembro de la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, dialogó sobre la situación que se vive en el barrio, en el marco del aislamiento preventivo obligatorio.

¿Cuál es la intervención que estás viendo por parte del Estado en el barrio Rodolfo Ricciardelli (Villa 1.11.14)?

GG: En principio las acciones del Estado llegan con algún retraso sobre todo porque no hubo ningún tipo de previsión y de un esquema serio de distribución hacia los sectores más populares; de hecho el tema del bolsón estuvo en negociación hasta último momento.

¿Cuál es la discusión sobre los criterios con que se distribuyen los bolsones de alimentos?

GG: Ahora hay que ver con exactitud a qué escuelas llegan y ver cuál va a ser el criterio de distribución. Ahí nos encontramos con algunos problemas porque muchos docentes y desde la red exigimos que sobre todo las escuelas de algunos distritos escolares sean los considerados porque son los más complicados: el distrito 19 dónde está la villa 1.11.14 del barrio Rodolfo Ricciardelli, el distrito 5º que es donde está la 21.24 Barrio Zavaleta, el distrito 20 que está en Lugano, el 21 en Soldati.
Se dijo que se trabajará sobre la matrícula completa. Ahí hay un problema y es que las escuelas que pertenecen a estos distritos, sobre todo las escuelas medias y también las escuelas primarias no tienen sistematizado toda la matrícula porque hay un montón de pibes que se incorporan más tarde, sobre todo en la escuela media, a partir de abril. También en la escuela primaria está el problema de las vacantes que es un problema histórico de esos distritos.

El problema de las vacantes que viene hace años…

GG: Hay muchísimos pibes que se quedaron sin vacantes y al estar cerrados los distritos y las supervisiones esos pibes ahora no tienen ninguna escuela. Creo que más o menos hay 8.000 pibes sin vacantes en toda la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces antes esta realidad, que evidentemente el Ministerio de Educación de Caba no tuvo para nada en consideración, nosotros seguimos insistiendo con que por más que se pongan rigurosos en la cuestión del número, hay que avanzar en la distribución de algo tan básico como el tema de la comida.
Por otro lado nosotros venimos ya hace bastante tiempo en una discusión con el gobierno de la ciudad acerca de la calidad de las viandas y el tema de los concesionarios. Antes, la dirección de comedores escolares no estaba tercerizada. La Ciudad de Buenos Aires está dividida por concesionarios y es como precisamente un arreglo te diría económico entre el gobierno de la ciudad y estas empresas que son empresas privadas.
Eso con respecto a cómo llega el Estado a los sectores populares. La manera en que se llega es deficiente, tarde y sin criterio. O sea, siempre nos encontramos con los mismos problemas. Y acá ya no se trata de ver de qué lado estás en el sentido de este River-Boca que siempre planteó el gobierno de la Ciudad.
Se trata de que ellos como responsables políticos tienen que dar respuestas políticas y las respuestas políticas se instrumentan, no se debaten solamente, no se negocian. Tienen que pensar cuales son los dispositivos para hacer frente a esta situación.

¿Cómo están viendo la cuestión sanitaria?

GG: En el barrio nosotros venimos denunciando desde el año pasado y pidiendo que se declaren la emergencia sanitaria. Tenemos un montón de casos de tuberculosis. Ahora se suma el tema del dengue. Como nunca hubo ni se destinó recursos para poder sanear esta situación, ahora nos encontramos que no solamente tenemos dengue y tuberculosis sino que además se suma la problemática del Coronavirus, lo que marca una irresponsabilidad enorme en lo que tiene que ver con pensar la salud pública.
El otro tema es la cuestión de la basura y los servicios cloacales. El barrio Padre Ricciardelli no está urbanizado. Fue una discusión siempre bastante ardua y eso hace que en muchísimas manzanas la única manera de ingresar sea a través de los pasillos. El tema de la basura y los servicios cloacales, si no se garantiza y no se piensa un esquema para que de algún modo toda la basura y todos los deshechos estén resueltos desde el Estado nuevamente, es otro foco que claramente potencia cualquier tipo de propagación de la epidemia y de los problemas que ya tenemos de antes.

Denunciaron también los hechos de violencia institucional de Gendarmería Nacional en el barrio…

GG: Denunciamos los abusos que hubieron por parte de la Gendarmería. Una de las consignas que lanzamos fue “cuarentena sin hambre” porque ante la dificultad del acceso a algo tan básico como la comida nosotros no podemos pretender que la gente hacia el interior del territorio no se mueva. Tienen que ir a los comedores comunitarios, tienen que salir a comprar. Tiene que haber en ese sentido libertad de movimiento. Hubieron algunas situaciones de violencia policial y de verdugueo con lo cual, claramente, lo que nosotros decimos, es que en este caso las fuerzas de seguridad deberían cumplir un rol de cuidado comunitario y no un rol represivo.
O sea la cuarentena acompañada de represión no es lo mismo que la cuarentena acompañada de políticas públicas e instrumentación de dispositivos que garanticen el acceso de los sectores populares a todos los derechos que históricamente siempre fueron vulnerados y que en esta situación se vulneran mucho más.

2.4.2020

Por Gessica Britez

Las redes feministas surgen cuando el Estado no da respuestas ante la violencia patriarcal de todos los días. Hoy, en “La pandemia desde el pie”, Gessica cuenta cómo se vive el aislamiento en la Villa 31 con la presencia, nunca grata, de la policía.

Soy Gessica Britez, vecina del barrio 31 y estudiante del Bachillerato Alberto Chejolán de la CTA Autónoma.
La relación con las fuerzas de seguridad en este contexto de crisis y de pandemia se ha vivido como situaciones en las que hubo abusos hacia compañeros y madres que tienen que salir a buscar un plato de comida a los comedores y a retirar las viandas escolares. Hoy en día aumentó la necesidad de salir a buscar algo para traer a nuestras mesas.
Muchos vecinos hemos sido retenidos a pesar de declarar que salimos para buscar alimentos para nuestros hijos, sufriendo abusos, chicanas por parte de las fuerzas de seguridad en una situación que tampoco tenemos vacantes escolares para nuestros hijos que producto de eso muchos quedan excluidos de los comedores y no pueden acceder a una copa de leche o a lo que manda el gobierno para que se puedan sobrellevar estos días. Muchas somos madres solas o con vínculos violentos que hoy estamos al acecho de los agresores.
A todo esto nos preguntamos, ¿dónde está la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) para ayudar con la emergencia alimentaria? En este contexto nos preguntamos, ¿dónde está para ayudar con la emergencia sanitaria?
Estamos en constante articulación con organizaciones y redes feministas del barrio para poder estar en alerta y ayudar en los casos que van surgiendo, siempre sin muchos recursos pero acompañando las situaciones de violencia y generando redes entre nosotras.
Hoy las organizaciones de redes feministas del barrio exigimos un comité de crisis para una garantía de los derechos básicos, emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, contra las violencias institucionales y de género.

2.4.2020

Por Paula Sabatés

El Gobierno de la Ciudad tiene una deuda de seis meses con Eternautas, la empresa en la que terciarizó el servicio de guías, y que envió los telegramas «porque no había otra». En el GCBA admiten la deuda; los despedidos piden la intervención del Ministerio de Trabajo.

El primer día de la extensión de la cuarentena obligatoria llegó con la peor de las noticias para el mundo cultural: veinticinco guías terciarizados del Teatro Colón (es decir, la totalidad del área) fueron despedidos por la empresa que los contrataba, que adujo deudas de meses del propio Gobierno de la Ciudad. En el contexto del teatro cerrado, les mandaron carta documento y un mail que decía que no podían continuar con la relación laboral y que ponían a disposición la liquidación por la indemnización. A raíz del decreto del gobierno nacional que prohíbe las cesantías y suspensiones por 60 días, les trabajadores solicitaron formalmente la nulidad de los despidos y están a la expectativa de la respuesta del Ministerio de Trabajo, que en las últimas horas llamó a conciliación obligatoria en casos similares.
La relación de la empresa, el teatro y los trabajadores comenzó en 2011 con la polémica y demorada reapertura del Colón, en plena gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. En ese momento quien se encargaba del servicio de guías era la Fundación Teatro Colón, una institución sin fines de lucro ligada al teatro que para tal fin contrató a una empresa de turismo reconocida en su sector. Se trata de Eternautas (ese es su nombre comercial) y se destaca por el enfoque histórico de los recorridos que ofrece desde 1999. Prestó servicios a la Fundación hasta que hubo un quiebre entre ésta y el teatro y este último llamó a una licitación. Fue en 2014 y, equipo armado y expertise mediante, Eternautas concursó y ganó, accediendo a un contrato directo con el gobierno de la Ciudad.
Desde entonces la empresa está a cargo de los coordinadores y los guías, caras visibles del teatro y trabajadores esenciales para el área de visitas, una de las que más recauda en todo el Colón. Aunque en los últimos meses, ya con varias licitaciones vencidas, la relación de la empresa con el Estado se transformó y en la actualidad se da a través de órdenes de compra que se renuevan mes a mes. El problema está, según explica la empresa, en que el Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta le debe seis meses de canon, razón por la cual tomó la decisión de despedir, según argumentó. Consultados por este diario, sus dueños negaron además recibir un proporcional de las entradas vendidas en el marco de las visitas guiadas, algo que había trascendido en las últimas horas.
El problema tiene, entonces, dos caras. Por un lado están los trabajadores que se quedan sin su fuente de ingresos en plena pandemia y que consideran que los despidos son ilegales dado el contexto, y que les tienen que seguir pagando igual. Por otro la firma, que asegura que se hará responsable de lo que por ley le toque como parte empresaria pero que alega que no puede «seguir cubriendo al Gobierno de la Ciudad”. ¿Qué dice este último? Que la deuda de meses efectivamente existe, que iba a pagarse en dos tramos en los últimos días de marzo pero que la pandemia obligó a desviar esos fondos a la cartera de Salud y que “cuando termine todo sin dudas se va a pagar”. Eso es al menos lo que indicaron a este diario fuentes cercanas al Colón. Claro que la cosa no puede esperar.
“A nosotros quien nos despide es la empresa, que es quien nos contrató. No sabemos si tiene que ver con una puja con el teatro o si como es una empresa de turismo ven que su actividad en general no va a repuntar. Como sea, sabemos que el teatro le debe varios meses pero por contrato tienen que tener espalda, por lo cual está contemplado que nos tienen que pagar igual”, sostuvo uno de los despedidos. “Nuestra intención es que el Ministerio de Trabajo nos dé la razón y declare que despedir así y ahora es un acto ilegal”, sentencia.
“No había otra”, dice Lucas Rentero, co-fundador y director de Eternautas junto a Ricardo Watson, quien firmó los telegramas de despido. “No puedo seguir pagando sueldos ni cubriendo al teatro, tengo un rojo de seis meses, previos incluso a que el Colón decidiera cerrar por la pandemia”, cuenta el empresario, que apunta que la cláusula a la que refieren los trabajadores -esa que indica que deben pagar aún teniendo deudas- estaba efectivamente en los pliegos de licitación pero no en las órdenes de compra, la actual modalidad de contratación. “Esta decisión es la ultima que queríamos tomar. El Gobierno de la Ciudad tendría que hacerse cargo porque nosotros lo hicimos durante meses. Las deudas que tienen con nosotros no es algo de ahora, son cosa de años. Les vengo avisando que esto es un problema que tienen que solucionar, me prometieron que iban a pagar y no lo hicieron. Yo también me quedo sin empresa”, sentencia.
Además del panorama desesperante de les trabajadores, la situación pone de manifiesto una vez más la modalidad de terciarización, cuestionada ampliamente en el mundo laboral y responsabilidad tanto del Estado como de la empresa. Subyace la pregunta sobre por qué el teatro público con más presupuesto de la Ciudad hace años terciariza un servicio básico como el de guías y coordinadores, que si bien no están afectados a los espectáculos, son el nexo entre la institución y los visitantes y los colegios, además de los encargados de visibilizar ese patrimonio cultural nacional. También obliga a prestar atención a todas las modalidades de contratación dentro del teatro, conocido por su amplísima e inconcebible precarización. En diálogo con este diario, de hecho, los trabajadores despedidos contaron que están en comunicación con otros sectores del teatro y que varios de ellos refirieron haber recibido aprietes y pedidos de renuncia en los últimos días, en el marco del asilamiento social. “La situación es desde siempre muy irregular en todo el teatro”, contaron.
En las próximas horas, por lo pronto, el ministerio de Trabajo deberá responder si hace lugar al pedido de nulidad de los despidos, tal como sucedió con el caso Techint y la editorial Publiexpress, entre otros. También deberá repensar la empresa si, tal como reza el referido DNU, se dispone a “garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable en aras de preservar la paz social” o si por el contrario insiste en la medida unilateral. “Nosotros ya mandamos los telegramas y nos estamos organizando entre nosotros en comisiones y con el sindicato de Comercio. También estamos en diálogo con la planta permanente del Teatro. Nuestro objetivo, conociendo en DNU del gobierno, es que se declare pronto la nulidad”, cuentan les trabajadores, que se encuentran en estado de alerta hasta que se revierta la situación.