31.5.2020
Por Federico Puy
Las víctimas fatales y la expansión del COVID 19 en un territorio que está separado apenas por unos metros de los grandes hoteles de Retiro, es el capítulo más dramático de una situación general donde el hacinamiento y la pobreza conviven con enormes dificultades para acceder a servicios básicos como el agua.
En el Barrio Carlos Múgica (Villa 31) habitan aproximadamente 60.000 personas. Entre ellos, muchos de los trabajadores que hoy se consideran esenciales para que funcione la ciudad: los tercerizados de las aerolíneas, gastronómicos, comercio y la lista sigue. También vive gran parte del personal de limpieza de los hospitales, muchas enfermeras como Lesly, vecina del bajo autopista a la que, al inicio de la cuarentena le ofrecieron trabajo en los hoteles donde alojaban a los repatriados; a ella le ofrecieron un “sueldo” de 15.000 pesos para estar 24 horas a su cuidado. Trabajadores no registrados, cuentapropistas, pero también jóvenes de las apps y tantos otros, como los de la construcción, que levantan los cientos de edificios a los que después no pueden acceder. Más del 50 % de los habitantes de la 31 son jóvenes precarios.
La pandemia saltó sobre el gobierno porteño con las problemáticas de siempre en las zonas vulnerables y en medio de un operativo de reasentamiento de 1.000 familias en la 31. Asistimos hasce unos días al crimen social de Ramona (militante de la organización la Garganta Poderosa), y todo el foco sobre la aparición de casos de COVID 19 en los barrios populares puso a la orden del día una discusión estructural en la Ciudad de Buenos Aires ¿El aislamiento es igual para todos?
Desde que comenzó el proceso de “urbanización” del Barrio Carlos Mugica en 2018, 364 familias se mudaron a los 25 edificios de tres pisos que construyó Larreta con un préstamo del Banco Mundial y fondos provenientes de la venta de terrenos del Tiro Federal [1]. Los frágiles edificios de tres pisos no tienen agua, no tienen gas y no tienen cloacas. Pero según los funcionarios, los habitantes no valoran el “cemento alisado” (sic) [2]. Pero como vimos, en poco tiempo instalaron una sede del Banco Santander y un MacDonald’s en los ingresos del barrio, una zona estratégica para la logística portuaria y la especulación del suelo.
¿Esto es la urbanización tan mentada? Para colmo, tanto el Banco Santander y el McDonald’s no están pagando servicios y deben tener sus “escrituras” en regla. Ambas sedes tuvieron agua, luz y durante la pandemia; significa que tienen su propia conexión. El barrio no.
¿Por qué vale tanto la zona de Retiro?
Esta situación particular es más bien un plan general que viene hace muchos años de “gentrificación”, que es la transformación de espacios urbanos, impulsada por la especulación inmobiliaria y la inversión privada, que convierte barrios y zonas populares en productos atractivos. Por lo general, la inversión privada se combina con iniciativas de gobiernos locales y regionales para mejorar accesos de transporte, generar condiciones para la instalación de negocios y actividades destinadas a sectores medios y altos. Estos procesos resultan en la suba de los alquileres de viviendas y locales (por el aumento del precio del metro cuadrado, el objetivo de empresas inmobiliarias), el aumento del costo de vida en general y la expulsión de familias de clase media baja y trabajadoras, así como el cierre de pequeños comercios locales. Este proceso implica el desplazamiento de la población original de un área por presión del mercado: se mejora la infraestructura en el mejor de los casos, o se “inventa” un nuevo barrio (distritos de arte, de diseño, de gastronomía, etc.), o se desarrolla comercialmente una zona más o menos espontáneamente.
Es que para los capitalistas, los terrenos y suelo de estas grandes ciudades son usadas para sus ganancias. En general, la política del capitalismo, como estudia el geógrafo marxista David Harvey [3], se ve afectada por la perpetua necesidad de encontrar campos rentables para la producción y absorción de un excedente de capital. Para esto, la urbanización desempeña un papel particularmente activo (junto con otros fenómenos) en la absorción del producto excedente que los capitalistas producen continuamente en su búsqueda de plusvalor. Según Harvey,
La absorción del excedente mediante la transformación urbana tiene empero un aspecto aún más tenebroso: ha supuesto repetidas rachas de reestructuración urbana mediante una “destrucción creativa” que casi siempre tiene una dimensión de clase, ya que suelen ser los más pobres y menos privilegiados, los marginados del poder político, los que más sufren en esos procesos. Para hacer surgir la nueva geografía urbana del derrumbe de la antigua, se requiere siempre violencia [4].
En concreto, este fenómeno aquí se expresa en la proximidad de grandes concentraciones que van desde la terminal de trenes y ómnibus de Retiro, el aeropuerto, el puerto y hacia la zona Sur, por solo dar un ejemplo; muestra por un lado el potencial de la concentración de la clase trabajadora en una zona determinada y por el otro, las zonas de concentración del capital en sus respectivas expresiones. La zona de Retiro, con la proximidad a un núcleo importante del transporte que va desde diferentes líneas de colectivo, la terminal de ómnibus de larga distancia, subte y trenes, va determinando su importancia para los negocios. Además, son terrenos muy importantes para el transporte de mercaderías y la logística, y su proximidad a un centro financiero puede dar lugar a un provecho directo o también indirecto, arrendando el terreno a una cadena hotelera que lo utiliza para sus propios propósitos.
Si lo vemos con otros ojos, el Paseo del Bajo es también una muestra de esto. Una obra que costó un total de US$ 700 millones, de los cuales 340 fueron financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata a lo largo de siete kilómetros pasando por Retiro y la villa 31. Esta autopista tiene como fin acelerar el tiempo de salida de las mercaderías desde el puerto, para llegar más rápido a las fábricas del primer cordón de la Provincia de Buenos Aires con el método “just in time”. Y no asombra para nada que esta obra se pagó, entre otros negociados, con la venta de un grupo de terrenos que están dentro de la villa 31 [5]. O también, y desde otro ángulo, el reflote del proyecto “Puerto Madero 2” para extender Puerto Madero, el barrio más caro y ocioso de la Ciudad. El plan comenzó con la construcción de Catalinas I y II, el antepuerto y el Paseo del Bajo que ya mencionamos, y se completará con el traslado del Puerto de Buenos Aires a terrenos ganados al río para liberar las terminales actuales y habilitar negocios inmobiliarios, comerciales y turísticos, junto con poblar a la vera del Río desde la Isla Demarchi hasta el partido de Vicente López con torres de 50 pisos [6].
Dos caras de una misma moneda, transporte y logística en las grandes ciudades, permiten reconocer que las contradicciones del capital son tales que, mientras intenta expulsar de las grandes urbes a los explotados y dividirlos, sin embargo ha alcanzado el momento de mayor concentración espacial de la clase obrera, los pobres y oprimidos en la historia de la humanidad en nodos urbanos donde confluyen trabajadores registrados, subcontratados, precarios y desdempleados, de distintas zonas periurbanas, lo que vuelve al transporte público en un eslabón esencial para la producción –como se ve ahora con la crisis saitaria– y que potencialmente es también un eslabón débil en caso de acciones de lucha. En ese marco, por ejemplo, transformaron al transporte urbano en una necesidad determinante para acceder a lo más básico –a un trabajo, a educación o la salud–, y a las familias trabajadoras en rehenes de los costos –en tiempo de vida y en dinero– y a ser parte del proceso de la producción del gran capital.
El Banco Mundial y una ciudad de los grandes negocios
Como vimos, para el proceso de urbanización, el Banco Mundial “prestó” dinero al gobierno de la ciudad. La función del Banco Mundial (u otros organismos de créditos internacionales), según David Harvey, es la una política de favorecer abiertamente al capital especulativo por encima del pueblo. También explica que entre otros mecanismos, los capitalistas necesitan de los poderes de los promotores respaldados por el capital financiero y empresarial, y un aparato estatal con rentabilidad de negociante, junto al financiamiento a través de toma de deuda,
Un organismo que por su creación y propios intereses nunca cuestiona la idea de que a una ciudad le puede ir bien (en términos de acumulación de capital) aunque a su población (aparte de un sector privilegiado) y al medio ambiente les vaya mal [7].
Para muestra de esto, en la Ciudad de Buenos Aires, hace menos de un mes, Larreta volvió a tomar deuda, y por si quedaban dudas, la normativa no especifica el destino de este nuevo endeudamiento por US$ 150 millones, junto a la creación de bonos públicos para pagar 9.000 millones de pesos a proveedores. Todos los bloques, desde el oficialismo, pasando por el PS, Evolución, Consenso Federal y hasta el bloque completo del Frente de Todos, votaron afirmativamente, a excepción del Frente de Izquierda. Pero lo que está en juego es mucho: los terrenos, el suelo, el metro cuadrado del Barrio Carlos Mugica, se quieren vender para pagar deuda contraida por la ciudad con organismos internacionales de crédito y encarar multimillonarios negocios capitalistas. Mientras el contagio del virus se extendía, ya se anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo tendrá una concesión en una parcela de la Villa 31 por 100 años , para la construcción de su sede en un “edificio-puente” que uniría la villa con el barrio de Recoleta. ¿Casualidad?
Hace muchos años que se habla de los grandes negociados para la especulación inmobiliaria. El macrismo, desde la asunción de Mauricio como Jefe de Gobierno hasta el segundo mandato en curso de Horacio Rodriguez Larreta, ataron a la Ciudad a una disciplina presupuestaria junto a la liberalización del mercado del suelo y de la vivienda, y crearon un gran negocio con la especulación inmobiliaria y la recalificación del suelo urbano, para los usos que generan la tasa de ganancia financiera más alta.
Pero no pudo hacerlo solo: contó para votaciones en la Legislatura de ventas de terrenos y negocios inmobiliarios, con aquellos que hoy son parte del gobierno nacional del Frente de Todos de Alberto Fernández. No por nada a esa época se la llamó, periodísticamente, como la del Pacto PRO-K, ocurrido en el 2012, y pasó a la historia como una política histórica del peronismo en la Ciudad de “toma y daca” para negociar leyes por cargos políticos y grandes negocios inmobiliarios.
Demos tan solo algunos ejemplos: venta de terrenos lindantes al ferrocarril Sarmiento en los barrios de Caballito, Palermo y Liniers, para entregar a “emprendedores” privados y hacer torres; la autorización para la venta en subasta pública del Edificio del Plata en US$ 80 millones para financiar la construcción del Centro Cívico; polo artístico en la Boca y Barracas llamado “Distrito de las Artes”; Centro Cívico en los terrenos del sur de la ciudad –donde los beneficios se estiman en más de US$ 200 millones para las constructoras Teximco, EMA S.A. y Dal Construcciones–;cesión de 37 hectáreas del Parque Roca para la construcción de un playón de carga y descarga por 30 años a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, entre otros proyectos.
Más adelante, estos negociados continuaron sin tanto escándalo y con el peronismo aportando tan solo los votos necesarios, con la concesión de un predio lindero al Parque Thays para construir el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y la concesión de la Plaza Houssay. Luego, con la craeción de la Agencia de Bienes, el PRO logró una de sus mayores conquistas para su plan privatista. A través de esta Agencia, que se suma a la Corporación Puerto Madero y a la Corporación Buenos Aires Sur, todos los terrenos propiedad de la Ciudad de Buenos Aires estarán bajo la órbita de estas tres corporaciones para ser vendidos a los pulpos privados [8].
Por una salida de las y los trabajadores
De conjunto, la Ciudad de Buenos Aires es una fortaleza del gran capital, pero a su vez una gran concentración obrera. Es la sede de las instituciones del Estado, del poder político y también del comando de la economía, las oficinas centrales de las grandes empresas y las sedes más importantes de los bancos públicos y privados. La interrupción del funcionamiento normal de estas contribuye a desorganizar la economía de una manera mucho más amplia que la de la Ciudad. La Capital, además, no se puede pensar –por la población que entra a trabajar y por su economía– de manera separada al GBA. Más de 2.000.000 personas cruzan a diario para trabajar y provienen del Gran Buenos Aires. Lo vemos hoy claramente con los análisis sobre la flexibilización o no de la cuarentena respecto al AMBA (Área Metropolitana) donde la prohibición de circulación es una de las claves del confinamiento.
La situación actual es totalmente crítica y puede escalar. Se necesita en forma urgente construir una alianza desde la clase obrera ocupada y desocupada, junto a la juventud, el movimiento de mujeres y las organizaciones sociales, con los sindicatos en primera línea paralizando la Ciudad ante cada hecho ante cada crimen social, para parar esta embestida, están asesinando a trabajadores y trabajadoras.
Hay salida a esta crisis social y no es confiando en los distintos gobiernos, que mientras hacen demagogia en los medios y las redes sociales, se disputan las tierras más codiciadas de la ciudad, sino confiando en la propia fuerza de los trabajadores y trabajadoras del barrio, convocando a la más amplia movilización, respetando todas las medidas de distanciamiento social y sanitarias de protección personal, en coordinación con otros trabajadores y familias de las villas y asentamientos de CABA, exigiendo y peleando en los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras porque tomen estas demandas, siendo que viven allí miles de trabajadores, como sucede en el caso de los aeronáuticos.
Como veremos, en la ciudad, las consecuencias de este proceso de urbanización para la economía global y para la absorción de capital excedente han sido y son enormes. Las formas que acogen las ciudades van de la mano del desarrollo y las necesidades de la propia producción capitalista. Como parece probable, y ante una crisis histórica como la que estamos viviendo, las dificultades fiscales de la actual coyuntura aumentan, y la fase hasta ahora exitosa, neoliberal, posmodernista y consumista de absorción capitalista del excedente mediante la urbanización, entra en total contradicción. Solo cuando se entienda que quienes construyen y mantienen la vida urbana tienen un derecho primordial a lo que han producido, y que una de sus reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus necesidades, llegaremos a una política de lo urbano que tenga sentido comunitario.
Partimos de la necesidad urgente de un plan integral de viviendas que dé respuesta a los distintos sectores de la clase trabajadora. No hay una salida posible a este problema sistémico si no se ataca la concentración de la propiedad privada en manos de los grandes pulpos inmobiliarios y desarrolladores. Por eso, no alcanza con un impuesto a las viviendas ociosas que se encuentran deshabitadas producto de la especulación inmobiliaria –como, por ejemplo, gran parte de Puerto Madero-: es preciso expropiar dichos inmuebles sin pago para resolver lo más urgente declarando la Emergencia Habitacional que incluya la prohibición de los desalojos, así como la creación de una inmobiliaria social con control de les trabajadores y habitantes, que cuente con un registro y banco de inmuebles disponibles para administrar el acceso a los inmuebles expropiados. Para esto se debe hacer público el registro de propiedad de los inmuebles. La urbanización real de las villas y asentamientos, con participación de sus propios habitantes, como reclaman las distintas coordinadoras por vivienda. Poner en pie organismos de autoorganización comunales o barriales que nucleen y releven la demanda habitacional de forma territorial.
Estas demandas no son solo urgentes sino realizables. No podemos seguir financiando la fuga de capitales que habilitó la contracción de deuda cuando lo que está en juego son las vidas de millones. Una reforma urbana integral, para terminar con el hacinamiento y la falta de vivienda que hoy agobia a las tres millones y medio de familias que se encuentran en emergencia habitacional, y donde casi un millón de las mismas habitan en alguna de las 4.300 villas y asentamientos que hay en nuestro país. En la ciudad la clase obrera tiene poderosos sindicatos que controlan posiciones y zonas estratégicas del gran capital, desde los bancos y sus finanzas, pasando por escuelas y hospitales, hasta el transporte y las comunicaciones. Es necesaria y urgente su pronta intervención.
NOTAS AL PIE
[1] El plan para relocalizar a las más de 600 familias que quedan tenía como fecha límite noviembre, pero se adelantó primero para agosto y ahora para fines de junio, lo cual obliga a una velocidad récord en plena pandemia. Estas semanas, sin ir más lejos, el operativo incluye la mudanza de 77 familias. El Covid 19 incentivó a algunos vecinos que tenían dudas a apurar su mudanza. De acuerdo a la ley de reurbanización 6129 aprobada en la Legislatura, 364 familias fueron mudadas del Bajo Autopista de la Ilia hasta las viviendas nuevas en las cercanías del Ministerio de Educación, en un proceso largo en el que muchos habitantes tenían reparos y se quejaban de no haber sido consultados.
[2] “Las trampas de la urbanización de la villa 31”, informe especial, Página/12, por Luci Cavallero y Verónica Gago.
[3] Harvey, David, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, Madrid, Ediciones Akal, 2013.
[4] Ibídem, p. 36.
[5] Esta obra contó con innumerables denuncias por un proceso licitatorio que fue defectuoso e irregular en favor de IECSA, la empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, para adjudicarle los tramos más caros de la construcción del Paseo del Bajo.
[6] Lo cierto es que la modificación en los pliegos de licitación a último momento fue lograda en sintonía con la designación en su momento de Nicolás Caputo como cónsul en Singapur. La multinacional PSA Singapure es una de los posibles licitatarios del puerto, como así la monopólica APM terminal Maersk del grupo AP Moller de origen danés.
[7] Harvey, ob. cit., p. 53.
[8] Exp. 2485-J-2015: votan a favor Taiana, Muiños, Pokoik y Cerruti.
